Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8817/25 Sentencia: Definitiva Actor: Cabrera Marcelo Javier Demandada: Prevención ART SA Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 16-10-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 16 del mes de Octubre de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “CABRERA, MARCELO JAVIER C/PREVENCIÓN ART SA S/ACCIDENTE DE TRABAJO", Expte. Nº 38.237 del año 2.022 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8817/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Humberto E. Monelos y Mario Albarran para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A PE 1747060-2025 la Dra. Griselda I. Bard se excusa de intervenir en estos autos por actuar su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González, en carácter de apoderado de la demandada. Se da de esta forma la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC, y por ello corresponde admitir la excusación formulada y apartar a la Dra. Griselda I. Bard del conocimiento y trámite de estas actuaciones. Así lo propongo al Acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL Dr. Humberto Monelos dijo:
II. Surge de autos la intervención del Dr. Eduardo Rubén González como apoderado de la demandada. Por ello se encuentra incursa la Dra. Griselda Bard en una de las causales de excusación que, por esa razón, resulta procedente. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que mediante PE389997-2022 se presenta el Sr. Marcelo Javier Cabrera por su propio derecho y con el patrocinio letrado de los Dres. Hernan Kustich, Julián Michavila y Ramiro Castillo y promueve demanda laboral en contra de PREVENCIÓN ART persiguiendo el cobro de la suma de Pesos Siete Millones Quinientos Veintinueve Mil Sesenta y Ocho con 16/100 ($ 7.529.068,16) con más el ajuste por el índice RIPTE e intereses, o lo que en más o menos surja de la prueba a rendirse en autos, en concepto de las prestaciones tarifadas previstas en el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales definido por el Art. 1 de la ley 26.773. Funda la competencia material en lo dispuesto por los Arts. 1 y 3 de la ley Nro. 1114 y manifiesta que la normativa procesal es aplicable en función del art. 5 de la CN y 131 de la Constitución Provincial.
Invoca la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1) de la ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y cita los precedentes de la CSJN “Castillo C/Cerámica Alberdi S.A.” y el precedente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en autos “Monteros C/Consolidar ART S.A –Incapacidad-Apelación-Rec.de Casación”. Al relatar los hechos, aduce que ingreso a trabajar para la empresa SEAVE S.A. el día 23/11/2.010 hasta la actualidad, desempeñando tareas pesadas y que el día 7/7/2.021 sufrió un accidente de trabajo. Refiere que el Ingreso Base Mensual es de $ 273.778,28 y que según certificado médico de fecha 31/8/2.021, la que denuncia como fecha de primera manifestación invalidante, presenta una pérdida de la capacidad laboral del 27,94% como consecuencia de la enfermedad profesional-accidentes denunciados, sin considerar compromiso nervioso por electromiograma de miembros inferiores al momento del examen.
Describe las distintas tareas que desempeño para la empresa SEAVE S.A., detalla el accidente de trabajo del día 7 de Julio de 2.021, cuando siendo las 10:00 hs. aproximadamente, mientras se encontraba realizando sus tareas habituales, al hacer fuerza con el cuerpo entero y tirar hacia atrás el freno de un equipo de bombeo, sintió un tirón en la columna seguido de un intenso dolor, razonando que las tareas que realizo para el empresa le demandaron intensos esfuerzos físicos, excesivos, sostenidos, repetitivos y los realizo sin ninún tipo de protección en su columna vertebral, siempre en posiciones anti-ergonómicas, con movimientos manuales de cargas, expuesto gran parte del día a las vibraciones del cuerpo entero, experimentando intensos dolores en la zona lumbar de su columna vertebral.
Cuantifica el monto de las prestaciones reclamadas y fundamenta jurídicamente el reclamo. Plantea la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del trámite previsto ante las Comisiones Médicas impuesto por el arts. 8,21 y 22 de la LRT, Decreto 717/96 y Decreto 1278/00 y la inconstitucionalidad del Dec. 669/19. Ofrece prueba y hace su petición final.
II. Mediante PE560270-2022 se presentan los Dres. Eduardo Gonzalez y Federico Pereyra en carácter de apoderados de PREVENCION ART S.A. y contestan demanda. Formulan la negativa de rigor, desconocen la documental aportada e impugnan la liquidación practicada por la parte actora.
Manifiestan que el actor relata los hechos en forma vaga e imprecisa y la falta de certeza viola el derecho de defensa dispuesto por el art. 18 de la CN. Aducen que reclama una incapacidad laboral del 27,94% sin fundamento que la sostenga, señalando que el dictamen de la Comisión Médica incorporado deja plasmado con claridad que la patología que refiere el actor, no guarda relación con el trabajo sino que se trata de una enfermedad inculpable ajena al Dec. 658/96, ya que se está ante otros agentes ergonómicos causantes de la patología.
Agregan que no está probado que la exposición ocupacional del trabajador, la actividad del establecimiento y su puesto de trabajo puedan generar la patología que introduce en la demanda, señalando que no obstante a que PREVENCION ART SA rechazo el reclamo, hubo de asistir al actor con las prestaciones en especie durante el tiempo en que se investigó el siniestro. Concluyen en que las imputaciones que realiza el actor son totalmente falaces, la demanda no posee fundamentos ni justificaciones, ni tampoco hay en el proceso estudios médicos que respalden sus dichos, por lo que esta ausencia de nexo causal entre las patologías alegadas y la enfermedad profesional denunciada conducen indefectiblemente al rechazo de la demanda. Señalan que PREVENCION ART cumplió con la totalidad de las obligaciones a su cargo y que presentado el reclamo administrativo ante la demandada, procedió a la investigación del asunto, llegando a la conclusión de que la patología del actor es una enfermedad profesional inculpable. Manifiesta que toda indemnización que pretenda en exceso o por fuera de esa cobertura debe ser exigido a su empleadora ya que la aseguradora cumplió con sus obligaciones que las leyes y contratos imponen.
Sostiene en otro apartado la validez de la actuación de la Comisión Médica 201 y que el perito médico no puede aplicar otros baremos distintos a los previstos en la LRT y que por ello no puede pretenderse una indemnización en base a un 27,94% de incapacidad determinado por un agente externo al sistema de la LRT, expresando que es contrario a la seguridad jurídica entablar una acción sistémica sosteniendo que, en el asunto, el baremo se deje de lado y pretender un 35 % de manera voluntaria, ya que el mismo surge de la sola estimación del obrero.
En acápite aparte expone que siguiendo el procedimiento de ponderación de la incapacidad física por medio del Dec. 659/96 y de las CMJ se reduce el nivel de inseguridad, arbitrariedad o discrecionalidad de parte de los médicos evaluadores.
Impugna la liquidación, la aplicación del RIPTE y la determinación del ingreso base mensual con fundamento legal y doctrinario. Señala que la liquidación practicada no explica como se llega a la suma de $ 7.529.068,16 y que no determina el valor del Ingreso Mensual, remarcando que los cálculos matemáticos son realizados sobre supuestos impidiendo un adecuado derecho de defensa ya que se limita poder cuestionar el valor del Ingreso Base Mensual, los intereses, forma de determinación y sobre un porcentaje de incapacidad (27,94%) que solo se funda en la voluntad de quien reclama. Ofrece prueba y hace su petición final.
III. Mediante PE1673566-2024 se dicta sentencia que resuelve declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la LRT 24.557, de los Decretos 717/96, 1278/00 y 54/2.017, declarar abstracto el tratamiento de inconstitucionalidad del listado de enfermedades profesionales articulado por la parte actora, declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y hacer lugar a la demanda interpuesta por Cabrera, Marcelo Javier, DNI Nro. 26.972.133 en contra de PREVENCIÓN ART S.A. condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 por la incapacidad sufrida del 24,4 de la T.O. con más el incremento del 20 % (art. 3 Ley 26.773) a consecuencia de la enfermedad profesional padecida cuya primera manifestación invalidante tuvo lugar el 31/08/2021, debiéndose abonar en el plazo de diez (10) días de encontrarse notificada y firme la liquidación practicada. Ordena el pase al gabinete contable oficial, difiere la regulación de los honorarios y la determinación de la tasa de justicia para el momento procesal oportuno y condena en costas a la parte demandada en calidad de vencida.
IV. La sentencia es recurrida por la parte demandada por PE1705745-2025.
V. El primer agravio se direcciona a criticar la liquidación allí practicada. El recurrente sustenta su postura invocando que la resolución dictada incurre en anatocismo, señalando que se aplicó incorrectamente el índice RIPTE para determinar el cálculo del ingreso base (IBM) dispuesto por el Decreto 669/19 y también es incorrecta la tasa de interés con la que se actualizó el ingreso base. Señala que apoya su defensa en el precedente “Espósito” de la CSJN, razonando que la liquidación confeccionada está equivocada ya que luego de actualizar el IBM por índice RIPTE incrementó sobre ello intereses que los calcula sobre el IBM de acuerdo a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina confundiendo lo indicado por el DNU 669/19, incurriendo en anatocismo.
Concluye argumentando que en virtud al criterio sustentado por la CSJN en el precedente “Esposito”, en el cual se sentó la vigencia del índice RIPTE, no puede éste Tribunal consentir el anatocismo como un sistema de doble actualización ya que no concurren en éste caso los presupuestos para que proceda. Se agravia también porque según aduce, el Juez de grado, de oficio declaro la inconstitucionalidad del Dec. 669/19. En ese sentido y bajo el título “Constitucionalidad del decreto 669/19” señala que el juez de grado, sin que el interesado lo haya pedido, declaro su inconstitucionalidad, remarcando que esa normativa modifica parcialmente el mecanismo de actualización de la ley 27.348, entendiendo que es de plena aplicación ya que su dictado se dio en el marco de las prerrogativas que el Poder Ejecutivo tiene conforme a la Constitución Nacional.
Refuerza su opinión sosteniendo que el control de mérito y conveniencia está garantizado con el procedimiento de aprobación del DNU establecido por la ley 26.122 por lo que será el Congreso de la Nación quien controle la validez constitucional del mismo, agregando que no lesiona intereses tutelados por el orden público laboral y que únicamente modifico el apartado 2 de la ley 27.348 adecuando intereses que devengarán las indemnizaciones sustituyendo la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para calcularlo por el equivalente a la variación del RIPTE. Sostiene que no se modifican los cálculos de las indemnizaciones sino sólo los intereses que devengan y que ningún ciudadano tiene derechos adquiridos sobre cuestiones de índole formal.
Concluye afirmando que no hay derecho adquirido a ser indemnizado con tal o cual tasa de interés, solicitando la aplicación del DNU 669/19. En un capítulo que titula “Prohibición Anatocismo” rechaza la aplicación de esa figura contemplada en el art. 770 inc. b del CCYC por entender que no nos encontramos frente al supuesto que la norma sanciona con la capitalización de intereses. Dice en ese entendimiento que atenerse a la literalidad de la norma para aplicarlo al caso de autos es incorrecto e injusto, ya que lo que se debe considerar es su finalidad. Afirma que la intención del legislador fue la de sancionar al deudor moroso incrementando el valor de la deuda impaga mediante la capitalización de intereses y en el caso de autos ese supuesto no se da ya que no hay morosidad de la demandada que la coloque en las circunstancias de la norma.
En ese sentido afirma que no hay conducta morosa de Prevencion ART S.A. ya que nada debía pagar que no haya pagado, por lo que es gravosa e injusta la aplicación de intereses sobre los intereses. Finaliza su discurso razonando que el interés nunca debe conllevar a un enriquecimiento en detrimento de quien lo debe afrontar, lo que ocurriría en el caso si se capitalizan intereses de manera arbitraria ya que no es lo que la norma verdaderamente legisla. Por último, en el punto 3 del título “Fundamentos” apela todos los honorarios por altos y los de la representación de la demandada por altos y bajos solicitando a la alzada se regulen prudencialmente.
VI. La parte actora contesto los agravios por PE 1717756-2025. Respecto del primer agravio referido a que el juez de grado aplica erróneamente el índice RIPTE, y que consiente una doble actualización, señala que la actualización del IBM mediante índice RIPTE no ha sido materia de modificación del Dec. 669/19 y que se advierte una errónea interpretación respecto de la naturaleza jurídica de ambos conceptos. Sostiene así que el mecanismo de actualización del salario del trabajador se actualiza conforme a la variación del índice RIPTE hasta el momento de la primera manifestación invalidante y luego hasta la liquidación de montos corresponde aplicar intereses, es decir, que de ninguna manera puede interpretarse que hay superposición de intereses. Agrega que calcular la indemnización por incapacidad permanente con base en un valor salarial irreal violaría los objetivos de la propia ley 24557 y el mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional de proteger al trabajo en todas sus formas. En cuanto al agravio sobre la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 669/19 aclara que su parte, si ha solicitado al interponer demanda la inconstitucionalidad del Decreto. Manifiesta que la CSJN admite la posibilidad que tribunales inferiores declaren la inconstitucionalidad de las leyes federales, nacionales o locales, decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, reglamentos y autónomos así como resoluciones administrativas y actos jurídicos, aun cuando no existiera petición de parte. Sostiene en lo que hace al análisis de constitucionalidad de la norma en cuestión, que ha sustituido el segundo párrafo de la norma sancionada por el Poder Legislativo (Art. 11 ley 27.348) en una clara afectación desmejorativa de los créditos por infortunios laborales. Razona que el Poder Ejecutivo ha sustituido funciones indelegables del Poder Legislativo y que no se verifica ni necesidad ni urgencia sino una medida para hacer prevalecer la rentabilidad extremas de las ART cuando el sujeto de preferente tutela es el trabajador. Formula otras críticas, cita jurisprudencia y concluye razonando que los lineamientos de la CSJN determinan la inconstitucionalidad del DNU 669/19 por no estar configurados los requisitos de “necesidad y urgencia” y por su manifiesta ilegalidad al asumir facultades legislativas vedadas, no existiendo los recaudos excepcionales previstos en la Constitución Nacional y quebrantar el principio de legalidad.
VII. Que abordando el estudio de las críticas que dirige la recurrente hacia la sentencia de grado, debo tratar como primer punto, la queja planteada en contra de la inconstitucionalidad del DNU 669/19 declarada en aquella instancia, pues, en virtud de esa decisión, la liquidación practicada utiliza como método de actualización el previsto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 según redacción ley 27.348.
En esa dirección, advierto primero que a la quejosa no le asiste razón cuando sostiene que el Juez de la instancia anterior dispuso de oficio la inconstitucionalidad del DNU en cuestión, pues, surge del capítulo VI) punto d) del memorial de demanda, que aquella fue expresamente planteada.
Aclarado ello e introduciéndome al estudio del agravio de que se trata, opino que las razones que lo cimientan son insuficientes para revertir lo dispuesto en la resolución de grado, pues comparto en un todo el criterio sobre el que se apoya el magistrado para declararla en razón de que adhiero a los precedentes de éste Tribunal que integro en los que se han inclinado por pronunciarse con idéntica postura.
En ese entendimiento parto de la base de que el examen de constitucionalidad de la norma de que se trata, encuentra anclaje en el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, que establece, al regular las atribuciones del Presidente de la Nación, que: “…3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hiciera imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…” Se sostuvo en el precedente de éste Tribunal caratulado “Luna, Roberto Oscar c/Provincia ART S.A.s/Accidente de Trabajo- acción especial” Expte. 19.772 – Nro. de Cámara 8576, que “….la situación no requería apartarse del procedimiento ordinario fijado por la constitución para la formación de las leyes ni que existiera una urgencia que debiera ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite legislativo. Por otro lado, importó una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo, que estaba funcionando, y por otro lado importó contradecir abierta y groseramente la voluntad del congreso expuesta en la Ley 27.348” Conforme con ello, soy de la opinión de que el Dec. 669/19 debe ser descalificado en su validez constitucional por haberse dictado sin concurrir las circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia que habilitan la facultad legislativa del Poder Ejecutivo, por lo que, habiéndose excedido dicho Poder del marco de prerrogativas que constitucionalmente ostenta debe confirmarse en éste aspecto la sentencia de grado y por ende mantenerse la declaración de inconstitucionalidad allí dispuesta.
Por dichas razones considero que debe rechazarse el agravio y así lo propongo al acuerdo.
VIII. Resuelta así la queja tratada, corresponde ahora abocarme al análisis del agravio en el que se achaca al Juez de la instancia anterior, haber incurrido en anatocismo al practicar la liquidación del monto de la indemnización reconocida. Para sostener esa postura afirma el recurrente que se aplicó incorrectamente el índice RIPTE para determinar el cálculo del ingreso base (IBM) dispuesto por el Decreto 669/19 y también es incorrecta la tasa de interés con la que se actualizó.
Definido así sucintamente el planteo y conforme a lo decidido en párrafos anteriores respecto a la constitucionalidad del Decreto mencionado, la cuestión debe por lógica ser juzgada a luz del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 según reforma introducida por el art. 11 de la ley 27.348.
Así las cosas, observo que la liquidación practicada, no ha incurrido en cálculos que importaron duplicar el crédito laboral reconocido, pues, no se ha hecho más que ajustarse al método previsto en la ley citada. En este sentido es necesario recordar que dicha normativa estableció tres reglas para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva. La primera de ellas está destinada a la determinación de la referencia remuneratoria sobre cuya base se establecerán los montos indemnizatorios, es decir, el “ingreso base” y es expresa al determinar que para el cálculo de su valor se tomará el promedio mensual de los salarios devengados en el último año anterior a la primera manifestación invalidante. Para el cálculo del promedio, los salarios mensuales deberán ser actualizados tomando como referencia la variación del RIPTE. En virtud de la segunda regla, el monto del ingreso base calculado según lo establecido en el apartado I, devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa Cartera General Nominal Anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización.
La tercera regla no se refiere al ingreso base sino a la mora.
Analizada entonces la liquidación practicada en grado a la luz de tales conceptos, observo que ésta fue llevada a cabo respetando el método previsto en la norma sin que se hayan excedido los límites allí fijados, por lo que no se advierte que nos encontremos ante un caso de “anatocismo”.
Para así opinar tengo presente que dicha práctica consiste en la capitalización de intereses que también pasa a devengar intereses, es decir, el interés se convierte en capital. De allí que aplicado indiscriminadamente distorsiona la deuda de dinero y no puede ser admitido cuando su aplicación lleva a una consecuencia patrimonial que equivale a un despojo del deudor. El art. 12 de la ley 24.557 según redacción Ley 27.348, lo admite en su tercer párrafo para el supuesto de mora, tal como se detalló párrafos arriba.
Pero en el caso, no se hizo más que disponer la actualización del IBM de acuerdo con la tasa fijada por el apartado 2 de la norma, la que ciertamente no supone una compensación por mora ni cumple una función punitoria sino que sustituye al RIPTE como mecanismo de actualización del valor del ingreso base.
Por otra parte, el quejoso, al exponer el agravio en cuestión, no ahondo en argumentos que sostengan la procedencia de su postura, es decir, no explicó con suficiencia porque la liquidación que cuestiona incurriría en afectación a principios que pueden verse alcanzados frente a resultados desproporcionados, pues, no ensayo un análisis que detalle cual ha sido el porcentaje superado para considerar confiscatorio el monto liquidado.
Máxime cuando el recurrente, expresamente invoca en el punto 3.3 que rechaza la aplicación del anatocismo contemplado en el art. 770 inc. b) del CCYC que, según aduce, sostiene la sentencia. Sobre este aspecto, observo que la resolución criticada por el demandado, no dispone la aplicación de la norma invocada, esto es, la capitalización desde la fecha de la notificación de la demanda.
Va de suyo que éste Tribunal que integro se ha expedido sobre el particular, inclinándose por el rechazo de la aplicación de ésta práctica. Nuestro Cimero Tribunal, en el precedente “Oliva”, dijo que “El artículo 770 de dicho Código establece una regla clara según la cual “no se deben intereses de los intereses” y por consiguiente, las excepciones que el mismo artículo contempla son taxativas y de interpretación restrictiva” (“Oliva” - Fallos 347:100). Afirmó también que, aunque los jueces tienen discreción en la aplicación de intereses en causas laborales, ello no justifica resultados desproporcionados ignorantes de la realidad económica. Con ese entendimiento, es acertado el argumento relativo a que la parte demandada, no ha incurrido en mora y por ende no corresponde la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC. No obstante, claro está, que la sentencia de grado ninguna disposición contiene que ordene la capitalización referida. Que por último, destaco que el precedente “Espósito c/Provincia ART” que se invoca en agravios, no es aplicable al caso de autos, ya que la fecha de la primera manifestación invalidante es el 31 de agosto de 2.021, y dicho precedente se emitió el 7 de Junio de 2.016. Tengamos presente que lo allí resuelto por nuestra CSJN tiene que ver con que el reajuste de indemnizaciones por accidentes de trabajo dispuesto por la ley 26.773 (promulgada en 2012) no puede aplicarse retroactivamente a accidentes ocurridos antes de su publicación, hipótesis que no es la del hecho que se juzga ya que no estamos ante un supuesto de aplicación retroactiva de la norma. Que por tanto no se desconoce la doctrina legal sentada por nuestro más alto tribunal. Por todo lo ante expuesto, considero que se debe rechazar el agravio tratado y así lo propongo al acuerdo.
IX. Que en cuanto al tercer y último agravio, en el cual se apelan todos los honorarios por altos y los de la representación demandada por altos y bajos, él mismo debe ser rechazado en razón de que en la sentencia de grado se ha diferido la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno, por lo que la queja en tratamiento deviene abstracta.
X. Por estas razones entiendo que la sentencia es justa y debe confirmarse en todo lo que fue materia de apelación.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo: XIII.- En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda Bard, por encontrarse incursa en la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada, debiendo confirmarse la sentencia de grado obrante a PE 1673566-2024 inscripta al T° III/2024, Registro: 52, Fº 414/423 3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
XIV. Que coincido con el Dr. Fernandez por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 16 de Octubre de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda Bard, por encontrarse incursa en la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada, debiendo confirmarse la sentencia de grado obrante a PE 1673566-2024 inscripta al T° III/2024, Registro: 52, Fº414/423. 3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada. 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Mario Albarran no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes. Fdo: Humberto Monelos- Juez de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.- Protocolización: A201054S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3150 Folio Nº: 001/007 Secretaria: 1
Fin de la sentencia