Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2431/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Estado Provincial en PE52592-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE66584-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2431/21-TSJ Interlocutorio N°: 3644 Actor: CACERES DIEGO MARTÍN Demandada: ESTADO PROVINCIAL Y OTRA Objeto: LABORAL - ACCIDENTE DE TRABAJO Fecha: 26-11-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3644 FOLIO Nº 6375/6381 PROT. ELECT. TSS1 065 I.211
Río Gallegos, 26 de noviembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “CACERES DIEGO MARTÍN c/ ESTADO PROVINCIAL Y OTRA s/ LABORAL - ACCIDENTE DE TRABAJO”, Expte. Nº C-14.904/2012 (C-2431/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el Estado Provincial, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. María Daniela Vázquez (cfr. PE52592-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 727/734, que confirmó, en todo, la sentencia de Primera Instancia. Esta última había hecho lugar a la demanda y condenado al Estado Provincial a abonar al actor, en concepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de pesos setecientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta con veintisiete centavos ($789.150, 27) (más intereses) y las costas del juicio (cfr. fs. 678/687 vta.).-
II. La accionada recurre el fallo de Segunda Instancia, aduciendo violación de la ley, absurdo en la valoración de la prueba y arbitrariedad.-
Dicho recurso la cuestiona, únicamente, por la forma mediante la cual se arribó al monto indemnizatorio. No controvierte la tasa de interés, activa, que estableció la Cámara, ni la forma de cálculo de intereses (establecida en Primera Instancia a foja 687 y confirmada por la Alzada).-
Centra su crítica, en la forma en que se realizó el cálculo como así también los rubros indemnizatorios que se incluyeron y agrega que estos no guardan relación con las probanzas de autos. Asimismo indica cómo, a su entender, debieron hacerse dichas cuentas. (cfr. PE52592-2021).-
Señala sobre la cuestión: “Al respecto como venimos indicando, las variables se atendieron solamente en forma matemática, por lo que no se analizó que el trabajador no tuvo una lesión física, por lo que no generó un impedimento para que pueda seguir desarrollando su vida deportiva o laboral o la imposibilidad de ascender a otros cargos de mayor rango así como una disminución en el rédito económico, por lo que todo se conjeturó y se sobrevaloró en función al grado de incapacidad sobre una tabla que se encuentra determinada sobre el sistema laboral que atiende a la Ley de Riesgos del Trabajos (sic), la que fue declarada inconstitucional. Por otra parte, la condición psicológica también es una variable que se tuvo en consideración para la determinación de la indemnización a fin de prorrogarlo en el tiempo en función de la edad de 75 años, cuando el trastorno en la psiquis que ostenta es de carácter transitorio, teniendo amplia probabilidad de ser revertido. Es de esta manera que solamente nos encontramos con un simple análisis matemático donde se desiste de la facultad de fijar el importe de daños y perjuicios conforme a las reglas de la sana crítica.” (PE cit.).- Ataca al fallo de Cámara tachándolo de arbitrario porque, dice:
“La interpretación efectuada en el resolutorio, incurre en afirmaciones netamente dogmáticas, no constituye una derivación razonada con arreglo a las circunstancias del caso, es por ello que el resolutorio incurre en arbitrariedad.” (cfr. PE cit.).-
Si bien no es claro en su planteo, podemos advertir que en este acápite, la recurrente refiere a que, desde su óptica, se ha producido un absurdo en la valoración de la prueba, ello al señalar: “El a quo, descalifica prueba cargosa objetivamente eficiente, sin otra base que una impresión personalísima carente de sustento fáctico y sin acudir a otro medio probatorio que la contradiga o permita entenderla como falsa, más allá de un argumento por demás voluntarista, desprovisto de razonabilidad…” (cfr. PE cit.). Sin embargo omite indicar a que pruebas hace referencia y en qué consiste el error que le endilga a la Cámara en su apreciación.- Finalmente hace reserva del caso federal.-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE66584-2021).-
En PE119203-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio. (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3639 Folio 6356/6360).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido, a la par que debe demostrar el error que le atribuye al fallo que ataca.-
IV. A la luz de estas premisas, podemos anticipar que la pieza recursiva no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
En efecto, de lo que se agravia la accionada es de la manera en la cual el Tribunal de Alzada cuantificó la indemnización derivada de un accidente laboral y ello es, en principio, materia propia de los jueces de grado.-
Reiterada jurisprudencia se ha pronunciado en tal sentido: “…la cuantificación de los perjuicios constituye una cuestión de hecho y como tal sólo puede ser analizada en esta instancia cuando la prerrogativa de los jueces de grado no ha sido ejercida con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir cuando ha mediado absurdo…” (cfr. SCBA, “Godoy Rubén Gustavo c/ Andrada, Sergio Daniel y otro s/ Daños y perjuicios” causa 80919 del 04/09/2002; www.rubinzal.com.ar. Cita on line RC J 14213/10). En igual sentido: “Determinar si están o no acreditados la existencia del daño y su cuantificación, constituye una típica cuestión de hecho y prueba, abordables únicamente en el supuesto de absurdo.” (cfr. SCBA, sum. “Grosso Alberto y otro c/ Chutchurru Roberto Ricardo y otro s/ Daños y perjuicios”; del 30/03/2005; www.rubinzal.com.ar. Cita on line, RC J 681/09).- También se ha sostenido que: “Es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo cuya reparación se reclamó por vía del derecho común y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente” (cfr. SCBA, sum. “ F., G. c/ B., R. s/ Daños y perjuicios”, causa L 95849 del 09/09/2009).-
Coincidente con dicho criterio este Tribunal Superior de Justicia ha señalado en reiterados precedentes que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación. En esta línea ha expresado: “…que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios como la del sub lite, sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque ‘…el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 481, Folio 2612/2618).- En igual sentido que la determinación del monto del juicio o la indemnización constituyen una cuestión de carácter fáctico y procesal que queda en el espacio de la razonable discreción del juzgador y es inescrutable por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 217, Folio 1171/1175; ídem, Interlocutorio, Tomo XVIII, Reg. 2310, Folio 3403/3408).-
Consecuentemente, la materia sobre la que versan los agravios es ajena al recurso de casación.-
V. Entonces, sólo demostrando que se ha configurado un caso de absurdo, podría la recurrente lograr el ingreso a la máxima instancia provincial.-
Sabido es que tratándose de una cuestión de índole fáctica, no procede la revisión en esta instancia de la tarea realizada por el órgano jurisdiccional de Alzada en uso de sus facultades privativas. Regla ésta que solo puede alterarse mediante la invocación y acabada demostración del absurdo. Consecuentemente, quien lo alegue debe acreditar que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; es necesario, por el contrario, que se acredite la existencia de un importante desarreglo en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma.
Cámara de Apelaciones, vale decir, una anomalía extrema.- Sobre el particular hemos señalado: “…si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de casación’, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente…” (cfr .
TSJ Santa Cruz, Tomo XX -Interlocutorio-, Reg. 2638, Folio 3963/3966). (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocurio, Tomo XXXI, Reg. 3522, Folio 6045/6049).- En este caso la recurrente circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar acabadamente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado. El casacionista pretende lograr la revisión de las circunstancias fácticas ante esta instancia extraordinaria sin hacerse cargo de los argumentos brindados por el Tribunal a quo y así no logra demostrar, puntualmente, que el razonamiento empleado por el Tribunal de Alzada fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes, por lo que los agravios esgrimidos en este sentido resultan a todas luces insuficientes.- En el caso bajo análisis no se observa en el fallo de Cámara la configuración del vicio referido, toda vez que el Tribunal a quo brindó sólidos y razonables fundamentos para justificar la cuantificación del daño que efectuó, teniendo en cuenta las lesiones, secuelas padecidas, más la edad del actor, ingresos, y demás aspectos que deben considerarse para la reparación integral de los perjuicios sufridos.
A ello sumó los precedentes jurisprudenciales que han servido como guía en dicha tarea.-
La Cámara ha brindado las explicaciones en base a las cuales conformó su criterio y analizado, en concreto, los antecedentes de la causa, justificando, de ese modo, la decisión adoptada, la cual puede no compartirse, pero satisface el recaudo de una sentencia fundada en ley, basada en las circunstancias probadas de la causa. Razón por la cual no se advierte una equivocación grosera o un desvío lógico que pudiera dar cabida al planteo de absurdo.-
VI. A mayor abundamiento, vale la pena acotar que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante ‘...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial...” (cfr. Sentencia Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- Asimismo, la recurrente no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria -como alega-.
Vale acotar que arbitrarias, se considera a aquéllas sentencias que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’.
Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas…’” (cfr. SCBA, Ac. 24739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54 citado por Hitters, Juan Carlos, en su obra ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2ª.
Edición, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, págs. 479/480).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorio Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
VII. Cabe resaltar que la utilización de fórmulas matemáticas para cuantificar el daño, es una de las posibles, entre otras, a la cual pueden recurrir los Jueces a la hora de fijar las indemnizaciones. “En la praxis judicial argentina pueden distinguirse dos tendencias extremas en relación al procedimiento para cuantificar indemnizaciones correspondientes al daño patrimonial derivado de la muerte o la incapacidad de personas. Una de estas líneas emplea fórmulas para determinar el monto de la condena; la opuesta, sencillamente, las rechaza. Entre ambos polos, se dan algunas posibilidades intermedias y mixtas” (cf. Acciarri, Hugo A., Irigoyen Testa, Matías, “La Utilidad, Significado y Componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes”), www.informaciónlegal.com.ar cita on line: AR/DOC/311/2011).- Así pues si los Magistrados preopinantes optaron para dicha tarea por una de las formas admitidas al efecto y fundaron debidamente su postura, tal materia no puede ser objeto de censura en casación. Conforme lo ha señalado este Cuerpo, cuando existen distintas visiones sobre el “thema decidendum”, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad; máxime cuando, como en este caso, numerosa doctrina y jurisprudencia son contestes con la misma (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia Tomo XVII Reg. 568, Folio Nº 3231/3237.).-
VIII. En resumen, del libelo recursivo surge que los agravios de la recurrente se basan en cuestiones fácticas, propias de los jueces de grado; sin lograr demostrar que el fallo impugnado sea arbitrario, o se hubiera apartado de la solución normativa prevista para el caso o careciera de fundamentación; tampoco la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria.-
Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por el Estado Provincial en PE52592-2021, no ha logrado habilitar la presente instancia ordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE66584-2021 de conformidad con lo establecido en los arts. 7 y ccs. del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Estado Provincial en PE52592-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE66584-2021.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1065I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3644 Folio N°: 6375/6378 Secretaría: 1
Fin de la sentencia