Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de Quilmes · Causa 20064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 (art 99, inc 3 de la Constitución Nacional, conf. doc. legal SCBA, causa L. 129.800 "Muzychuk", sent. del 14-VII-2025).
II. Hacer lugar a la demanda promovida por LEONARDO ADRIAN CACERES contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , condenándola a abonar a la parte actora, en un plazo de DIEZ (10) días , la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA CON 70/100 ($ 4.817.030,70 ) , en concepto de prestaciones indemnizatorias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias y complementarias 26.773 y 27.348, por el 31.41 % de incapacidad parcial, permanente y carácter definitivo que padece como consecuencia de las ENFERMEDADES PROFESIONALES con toma de conocimiento en fecha 19/10/2022 , con más los intereses devengados entre la PMI y la fecha de esta sentencia conforme lo decidido en el apartado III se la segunda cuestión, calculados en la forma prevista en el art. 55 ley 27.802 (art. 12, inc. 2° LRT, según art. 11 de la ley 27.348) por Secretaría (art. 59, ley 15.057) de acuerdo al método reglamentado para la "Calculadora de intereses | Créditos laborales judicializados" del BCRA mediante en la Res. Directorio 45/26, su anexo y nota complementaria. ( https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/).. …
En la ciudad de Quilmes, se reúnen los Señores Jueces que integran el Tribunal del Trabajo Nº 4 de ésta ciudad, Doctores Luisina Ortiz, María Alejandra Weiss y Gustavo Francisco Ginocchio, con la presidencia de la primera de los nombrados a efectos de dictar Sentencia en la causa Nº 20064 caratulada " CACERES LEONARDO ADRIAN C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " .
Practicada la designación que determina el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial (Art. 89 Ley 15.057) resultó el siguiente orden de votación:
ORTIZ - GINOCCHIO - WEISS
El Tribunal resuelve plantear las siguientes cuestiones para ser votadas en el orden establecido precedentemente.
PRIMERA CUESTION : De los hechos que forman parte del objeto del proceso, ¿Cuáles fueron reconocidos y de los debatidos cuales se han probado?
SEGUNDA CUESTION : ¿Es procedente la demanda?
TERCERA CUESTION : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ORTIZ DIJO :
I. ANTECEDENTES (inc. 2 y 3 del art. 57 ley 15057) :
1. Inició demanda el actor LEONARDO ADRIAN CACERES , representado por su letrado apoderado Juan Cruz MASETTI, contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , reclamando las prestaciones dinerarias previstas en el sistema de riesgos del trabajo (leyes 24.557, 26.773 y 27.348) por las incapacidades que aseguró padecer de enfermedades profesionales como consecuencia de las tareas que cumplía y demás circunstancias laborales que detalló, con fecha de toma de conocimiento el 19/10/2022.
Relató las circunstancias fácticas del contrato de trabajo y del infortunio objeto del reclamo.
Acreditó haber agotado la vía administrativa previo y obligatoria ante la Comisión Médica Jurisdiccional con el trámite de los Exptes SRT: 282066/23; 282055/23; 282029/23; 282036/23; 282048/23; 282015/23.
Practicó liquidación, ofreció prueba y fundó en derecho.
2. Se presentó a contestar la demandada el letrado Lisandro Diego DOMINGO, en representación de PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. .
Efectuó una pormenorizada negativa de los hechos alegados.
Reconoció que su representada celebró un contrato de afiliación con la empleadora LINEA 17 S.A en los términos de la ley 24.557; que recibió una denuncia por el siniestro de fecha 19/10/2022, y que como consecuencia de ello brindó tratamiento y prestaciones al damnificado hasta el alta.
Impugnó la incapacidad estimada por la parte actora y cuestionó la relación de causalidad con las patologías reclamadas.
Ofreció pruebas y peticionó el rechazo de la demanda.
3. La parte actora contestó el traslado previsto en el art. 34 de la ley 15.057 y, posteriormente se abrió a prueba la causa, ordenándose la medidas de pruebas ofrecidas que resultaban conducente al caso.
Se agregó a la causa el dictamen pericial médico y la prueba informativa producida por las partes. Asimismo, se efectuó por Secretaría el calculo del valor del salario promedio previsto en el art. 12, inc. 1 de la ley 24.557.
En fecha 12/1172026 se llevó a cabo la audiencia de vista de la causa en la que prestaron declaración testimonial, Luis Alberto Castillo (DNI: 16.024.509), Victor Gustavo Aquino (DNI: 16.679.784) y Rodolfo Raul Garcia (DNI: 18.005.113). En dicho acto se resolvió declarar negligente a la accionada en la producción de sus pruebas pendientes se tuvieron presentes los desistimientos formulados y finalmente la causa pasó al Acuerdo del Tribunal para el dictado de sentencia definitiva.
II. HECHOS ACREDITADOS Y NO ACREDITADOS (inc. 4 del art. 57 ley 15057).
1. Relación laboral y cobertura del seguro de riesgos del trabajo:
Con los escritos constitutivos del proceso y las constancias de los expedientes SRT: 282066/23; 282055/23; 282029/23; 282036/23; 282048/23; 282015/23. que constan agregados a la causa, en lo que no resulta controvertido por las partes, a mérito de los términos en que fue contestada la demanda, tengo despejados los interrogantes aquí planteados.
En efecto, y sin perjuicio de la negativa generalizada efectuada por la accionada, que considero más una cuestión formal por imperativo procesal, debo concluir que no existe controversia respecto de la existencia del vínculo laboral invocado por la actora.
En ese orden, y a mérito del reconocimiento expreso formulado por la demandada en su conteste, no existe controversia respecto del contrato celebrado entre la empleadora LINEA 17 S.A y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , registrado bajo el Nº 204788, con vigencia desde el 01/09/2016 al 31/08/2024.
2. Contingencia/s reclamadas . Consecuencias.
2.a. El demandante relató en su escrito de inicio que ingreso a trabajar en el año 1989 como conductor de transporte público de pasajeros en la línea 10, categoría prevista en el CCT 460/73. Indicó que posteriormente, desde el 11 de mayo de 2018, continuó desempeñándose como chofer para la empresa Línea 17 S.A.,hasta el 19 de octubre de 2022.
Sostuvo que al inicio del vínculo laboral se encontraba en óptimas condiciones de salud y refirió que cumplía jornadas de ocho horas diarias en turnos rotativos, con seis francos mensuales.
Explicó que desarrollaba recorridos entre Facultad de Derecho y Wilde, conduciendo por distintos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Señaló que las unidades asignadas contaban con motor delantero ubicado junto al puesto de conducción, caja de cambios manual y comandos mecánicos que exigían la utilización constante de brazos y piernas durante toda la jornada laboral.
Relató que permanecía sentado la totalidad de su jornada conduciendo vehículos de gran porte sometidos a vibraciones permanentes derivadas del funcionamiento del motor y del tránsito por calles, avenidas y caminos en mal estado, badenes y sectores empedrados, circunstancias que, según afirmó, repercutían negativamente sobre su columna vertebral.
Asimismo, sostuvo que los asientos carecían de adecuada amortiguación, obligándolo a adoptar posturas que calificó como anti ergonómicas. Agregó que debía realizar movimientos repetitivos de cuello y cabeza para controlar espejos retrovisores e interiores, así como maniobras permanentes con volante, palanca de cambios y pedales.
Indicó además que sus tareas incluían el control del vehículo y de la circulación vial, la observación de señales de tránsito, el ascenso y descenso de pasajeros, la expedición de boletos, la apertura y cierre de puertas, el cumplimiento de horarios y la atención de reclamos de pasajeros e inspectores, todo ello bajo condiciones variables de tránsito, clima y luminosidad. En ese contexto, alegó haber estado expuesto durante décadas a elevados niveles de ruido provenientes del motor, a situaciones de inseguridad, agresiones verbales, escasos períodos de descanso y una permanente exigencia de atención y concentración. Sostuvo que tales condiciones le generaron estrés, ansiedad, insomnio e hipertensión arterial, constituyendo un ambiente laboral perjudicial para su salud física y psíquica.
Atribuyó asimismo responsabilidad a la ART demandada por incumplimiento de sus deberes de prevención y control, afirmando que no efectuó inspecciones del puesto de trabajo, evaluaciones ergonómicas, controles de carga horaria ni exámenes médicos periódicos destinados a detectar tempranamente las patologías que denuncia.
Finalmente, manifestó que como consecuencia de las tareas desarrolladas padeció lesiones en columna cervical y lumbosacra, hipoacusia, afecciones en rodillas, várices, diabetes agravada y trastornos psíquicos vinculados al estrés laboral. Refirió haber efectuado denuncia ante la ART en marzo de 2023, la cual rechazó la cobertura por considerar que las patologías invocadas no constituían enfermedades profesionales reconocidas, circunstancia que motivó la promoción de la presente acción judicial en procura del reconocimiento de las prestaciones previstas en las Leyes 24.557 y 26.773
La demandada, por su parte, sin perjuicio de la pormenorizada negativa de los hechos alegados por el accionante sostuvo que la incapacidad reclamada carece de respaldo médico y legal suficiente, por cuanto fue estimada unilateralmente por el actor sin contar con dictamen alguno emanado de los organismos técnicos competentes que avale la existencia de una incapacidad laboral permanente ni su porcentaje.
Indicó que la demanda se funda en apreciaciones subjetivas, presunciones y cálculos ajenos al sistema de riesgos del trabajo, prescindiendo de los procedimientos especialmente diseñados por la legislación para la determinación de enfermedades profesionales e incapacidades laborales.
Opuso la falta de legitimación pasiva, argumentando que su responsabilidad sólo puede surgir cuando se verifica una contingencia cubierta por la LRT y previamente reconocida mediante los procedimientos establecidos por dicha normativa, extremos que, según sostuvo, no se encuentran configurados en el caso.
Por otra parte, afirmó que las afecciones denunciadas por el actor no integran el listado de enfermedades profesionales previsto en el artículo 6 de la LRT y que tampoco fue impulsado el procedimiento especial destinado a obtener el reconocimiento de enfermedades no listadas ante la Comisión Médica Central.
En esa línea, sostuvo que las patologías invocadas tendrían carácter inculpable o extra laboral, respondiendo a factores personales, evolutivos, genéticos o ajenos al trabajo, negando la existencia de una relación causal entre las tareas desarrolladas y las dolencias reclamadas por el accionante.
Finalmente, concluyó que no existe obligación indemnizatoria alguna a cargo de la ART por no haberse cumplido los presupuestos legales exigidos por la LRT para habilitar su responsabilidad, solicitando el rechazo de la acción.
2.b. De los Exptes. SRT: 282036/23; 282015/23. surge que el Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica Jurisdiccional dictó las Disposiciones de Alcance Particular en fechas 29/09/2023 y 02/10/2023 respectivamente DIAPA-2023-25.406-APN-SHC37#SRT y DIAPA-2023-25.553-APN-SHC37#SRT , en la cual se aprobó que las enfermedades reclamadas cuyo reconocimiento se reclamó eran de carácter no profesional . En los expedientes SRT 282066/23; 282055/23; 282029/23; se emitió dictamen médico en fecha 09/08/2023 y 10/08/2023 considerando asimismo que las enfermedades reclamadas eran de carácter inculpable. Para el expediente SRT 282048/23 no se emitió dictamen a la fecha de interposición de la demanda.
Entonces, en el marco de los hechos alegados por las partes y lo resuelto en el trámite administrativo previo, le correspondía a la actora probar las tareas, las circunstancias laborales, la existencia del agente de riesgo que describió en la demanda y, consecuentemente, la relación de causalidad etio-cronológica entre las patologías que reclama con carácter profesional y naturaleza laboral (art. 375, CPCC).
Declararon en la audiencia de vista de la causa los testigos Luis Alberto Castillo (DNI: 16.024.509), Victor Gustavo Aquino (DNI: 16.679.784) y Rodolfo Raul Garcia (DNI: 18.005.113).
De las declaraciones testimoniales producidas por los compañeros de trabajo del actor, todos ellos choferes de las líneas 10 y 17 se desprende en forma coincidente que las unidades que conducían no se encontraban en óptimas condiciones, destacando especialmente el deficiente estado de los asientos, los cuales carecían de adecuada amortiguación y generaban rebotes cada vez que el vehículo frenaba. Asimismo, refirieron que durante los primeros años de labor debían utilizar boleteras manuales para la expedición de boletos y que habitualmente transitaban por calles de superficies irregulares y pedregosas, particularmente en la zona de Barracas, circunstancias que intensificaban las vibraciones y el impacto percibido durante la conducción.
También indicaron que las palancas de cambio eran manuales y que las unidades más modernas eran asignadas preferentemente a los choferes de menor antigüedad, por lo que el actor y a los testigos les tocaba conducir vehículos de características más antiguas.
Agregaron que los motores se encontraban ubicados en la parte delantera de las unidades, generando de manera constante elevados niveles de ruido durante la jornada laboral, situación que se mantuvo hasta el año 2022 y asimismo coincidieron en señalar que no contaban con elementos de seguridad o protección adecuados para el desempeño de sus tareas ni tampoco tenían tiempo de descanso entre cada viaje realizado.
La pericia médica presentada por el perito médico Dr. OSCAR EDUARDO ALVAREZ , y la contestación de impugnación, da cuenta que el actor presenta secuelas incapacitantes consistentes en:
a. Lesiones de columna cervical (6%) y lumbosacra (4%),
b. Síndromes meniscales en rodilla izquierda (8%) con limitación de la flexión y edema perirrotuliano palpable.
c. Síndromes meniscales en rodilla derecha (8%) con limitación de la flexión y edema perirrotuliano palpable.
c. Disminución auditiva valorada en un 2,48%.
No obstante, se advierte una inconsistencia en la cuantificación efectuada por el experto, toda vez que asigna un 4% de incapacidad a la columna cervical y un 6% a la lumbosacra, que luego computa un 14% por ambas afecciones.
Sentado ello, y considerando la preexistencia acreditada del 11,5%, la capacidad restante del actor resulta equivalente al 88,5%, por lo que la incapacidad física valuada en autos debe reducirse al 25,20% de la total obrera.
Sobre dicho porcentual corresponde aplicar los factores de ponderación previstos en el Decreto 659/96, esto es, un 15% por dificultad intermedia para la realización de las tareas habituales, equivalente a 3,78%, y el factor edad del 2% por ser el trabajador mayor de 31 años, sin que proceda adicionar porcentaje alguno por recalificación profesional.
En consecuencia, la incapacidad laboral permanente parcial y definitiva se establece en el 30,98% de la total obrera. Asimismo, cabe señalar que el perito médico no constató la existencia de una afección psíquica que genere incapacidad indemnizable, por lo que no corresponde adicionar porcentaje alguno por daño psicológico
En efecto, analizada la prueba testimonial y pericial médica, de la que no hallo mérito para apartarme, por considerarla científicamente fundada , siguiendo la regla de la sana critica; tengo por probado los dichos del actor en relación a las tareas laborales y demás circunstancias que alegó en su demanda y, consecuentemente, el riesgo creado por las mismas.
En virtud de ello, encuentro acreditado que las afecciones determinadas por el perito médico: Lesiones incapacitantes de la columna cervical y lumbosacra - Sindrome meniscal rodilla derecha /izquierda . incapacidad auditiva guardan adecuada relación de causalidad con las tareas desarrolladas por el actor a lo largo de relación laboral con LINEA 17 S-A , y que lo incapacitan en un 30.98 % de la t.o. (art. 6 del Decreto 717/96, texto según Decreto 491/97; Dec. 658/96, 659/96 y 49/14; art. 263 del Código Civil y Comercial; art. 375 del CPCC; 89 de la ley 15.057 )
Descarto las observaciones formuladas a la pericia médica, puesto que, reitero, la encuentro suficientemente fundada en el conocimiento científico del experto. Además, el grado de convicción que se logra a partir de que el dictamen pericial no depende de la actitud que asumen los justiciables frente al mismo, sino del modo en que ha sido confeccionado, su seriedad y el rigor científico (artículo 474 del C.P.C. y C. y 89 de la Ley 15.057).
Preexistencia : Con lo informado por la Superintendencia de Riegos del trabajo, tengo por cierto que el actor cuenta con preexistencias por ILPPD, determinados con anterioridad que totalizan un 11.50 % de la TO .
El decreto 659/96, respecto a los criterios de utilización de las tablas de incapacidad Laboral, dispone que, " La incapacidad que surgiere de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo se medirá en porcentaje de incapacidad funcional total del individuo. En los trabajadores que, en los exámenes de ingreso, se constaten limitaciones anatomo funcionales, estas deberán ser asentadas en su legajo personal, siendo el Ciento por ciento (100%) de la incapacidad funcional del trabajador, su capacidad restante ". Esto implica, por lo tanto, que para la evaluación de la incapacidad de un trabajador afectado por siniestros sucesivos se empleará el criterio de la capacidad restante. Es decir que la valoración del deterioro se hará sobre el total de la capacidad restante. Así pues, el baremo nacional establece taxativos supuestos en los que deberá emplearse el criterio de la "capacidad restante", a saber: l) Cuando se constate en el trabajador limitaciones anatomofuncionales al momento de practicársele el examen preocupacional. 2) Existencia de siniestros sucesivos. 3) valuación de la incapacidad de un gran siniestrado, producto de un único accidente.
En ese sentido, se ha acreditado que el trabajador presenta preexistencia de 11.50%, (Expte C!-H-01956/07 con fecha de dictamen medico 07/06/2007) y por lo tanto una capacidad restante del 88.50% .
Siendo que la tabla de evaluación de incapacidades laborales aprobada por decreto 659/96 (a la que remite el art. 9 de la ley 26.773), dispone en forma expresa que "para la evaluación de la incapacidad de un trabajador afectado por siniestros sucesivos se empleará el criterio de la capacidad restante corresponde descontar de la capacidad funcional total del trabajador, la incapacidad definitiva que ya había sido previamente determinada (por contingencias profesionales diferentes y anteriores) en sede administrativa, conforme lo denunciado por la parte demandada máxime cuando dicha circunstancia no fue negada por el accionante.
2.d. En conclusión, tomando en consideración que las secuelas padecidas por el actor en el caso y el criterio de la incapacidad restante , tengo por acreditado que presenta una incapacidad parcial, permanente y carácter definitivo del 30.98 % de la TO , de las ENFERMEDADES PROFESIONALES que padece, de carácter profesional y vinculadas a la naturaleza de sus labores .
3. Edad. Remuneraciones y Valor del salario promedio.
3.a. Con la prueba documental acompaña por la parte actora, lo cotejado en el expedientes tramitados por ante la SRT y lo verificado con la base de datos del Re.Na.Per. vinculada al sistema de gestión judicial; tengo por acreditado que LEONARDO ADRIAN CACERES (DNI 18143231) nació el 03/09/1966, y que, por lo tanto, a la fecha de la PMI (19/10/2022), tenía 56 a ños de edad.
3.b. No hallo mérito para apartarme del cálculo del valor del salario promedio liquidado por el Actuario en fecha 26/02/2026, con sustento en las remuneraciones devengadas por el actor durante los 12 meses anteriores al infortunio sufrido que fueron acreditadas en la causa, ajustadas mes a mes con la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles de los Trabajadores Estatales) conforme los términos establecidos en el art. 12, inc. 1°, de la 24.557.
Entonces, tengo por probado que el valor del salario promedio calculado y ajustado a la fecha del hecho, tal como lo prevé el apartado 1 del art. 12 de la ley 24.557, asciende a la suma de $ 210.575,90 .
Más adelante, al proponer la decisión del caso, me expediré acerca de la actualización de ese valor conforme lo establece el 2° inciso del art. 12 de la LRT citado, en tanto implica previamente analizar y dirimir cuestiones de derecho.
Así voto (artículo 57 inc. 4) Ley 15.057)
A la cuestión planteada, el Sr. Juez GINOCCHIO y la Sra. Jueza WEISS , por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ORTIZ DIJO :
I. LA DECISION PROPUESTA (inc. 6 y 7 del art. 57 ley 15057)
1. Primeramente cabe señalar que el actor reclamó en autos la reparación del infortunio denunciado en los términos de las leyes 24.557 y sus modificatorias 26.773 y 27.348, y que la cuestión de la competencia del Tribunal arriba a este estadio del proceso firme y consentida por las partes (art. 6, ley 15.057).
2. Habiéndose tenido por probado en el apartado II de la cuestión anterior que LEONARDO ADRIAN CACERES padece las ENFERMEDADES PROFESIONALES mencionadas, con primera manifestación invalidante el 19/10/2022 , y visto los términos de su pretensión; resultan aplicables al caso las leyes 26.773 y 27.348 y DNU 669/19, modificatorias y complementarias del régimen de riesgos del trabajo instituido por la ley 24.557.
2.a. A mérito de la doctrina legal sentada por nuestra Suprema Corte de Justicia en el precedente " Marchetti " (L. 121.939), ratificado en " Szakacs " (L.123.792) y " Delgadillo " (L.124.309), es indudable que el presente proceso se encuadra dentro de la vía de acción prevista en el art. 2 inc. j de la ley 15.057 (cfr. art 103 de la misma norma).
Así, y con fundamento en los argumentos vertidos por nuestra Suprema Corte en el fallo " Bustos Torres " (L. 124.285) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nació en la causa "Pogonza" (CNT 14604/2018/1/RH1), a los que me remito en honor a la brevedad, los hechos ventilados en esta litis deben ser abordados en sentido amplio y sin restricciones probatorias más que las estipuladas en la ley de rito y en el ordenamiento procesal de aplicación supletoria.
Dado lo expuesto, y lo que ha quedado establecido en la primera cuestión, deviene inoficioso el tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad articulados por la parte actora dirigidos a atacar el procedimiento administrativo, en tanto resultan abstractos.
2.b. La Suprema Corte de Justicia provincial, en los autos " Muzychuk, Claudio Ruben c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ accidente de trabajo- acción especial " (SCBA, L. 129.800 , sent. del 14-VII-2025), declaró la invalidez constitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/19.
Sostuvo la Dra Kogan en el punto III.2.e. de su voto: "... el decreto de necesidad y urgencia 669/19 resulta palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional establece -inexorablemente- para su dictado ..."
Si bien este Tribunal aplicó el mentado DNU en todos aquellos casos en las cuales se dirimían infortunios laborales ocurridos a partir de su entrada en vigencia (09/10/2019), por razones de celeridad y economía procesal, imponen acatar la doctrina legal sentada por la Suprema Corte y, consecuentemente, declarar en el caso -de oficio- su inconstitucionalidad (SCBA, causa L. 83.781, "Zaniratto", sent. del 22-XII-2004).
Cabe recordar que el Superior Tribunal tiene dicho que si bien la doctrina legal emanada de aquel no es vinculante directamente, lo es en forma "indirecta" a través de los motivos o causales de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad (violación o errónea aplicación de la doctrina legal; art. 279, CPCC), por cuanto cuenta con la facultad de casar las sentencias que se aparten de sus pronunciamientos y de dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina que se declare aplicable (art. 289, CPCC; SCBA, causa C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-VII-2015). En definitiva, su función radica en mantener la unidad en la jurisprudencia bonaerense y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándonos del criterio establecido, insistiéramos en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos emitidos por la Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según nuestra ciencia y conciencia, en tanto, tal como lo ha dicho nuestro más Alto Tribunal, basta -llegado el caso- con dejar a salvo las opiniones personales (conf. causas Ac. 92.695, "Fisco", sent. de 8-III-2007; C. 101.186, "Schwerdt", sent. de 24-VI-2009; C. 101.548, "Basconcellos", sent. de 14-IV-2010; C. 116.994, "Supermercado Toledo S. A.", sent. de 11-XII-2013).
2.c. El artículo 6 de la Ley 24.557 considera enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el baremo aprobado por Decreto 658/96 y las que Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo; mientras que el artículo 14 de la misma norma establece el método de cálculo y extensión del resarcimiento que será responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo o empleadores autoasegurados satisfacer.
Dado lo cual, con los hechos que han quedado acreditados en autos, el reclamo de la demanda debe prosperar con los alcances que seguidamente se expondrán.
1. Se estableció en la primera cuestión que LEONARDO ADRIAN CACERES se encuentra incapacitado en forma parcial y permanente en un 30.98 % de la T.O como consecuencia de las ENFERMEDADES PROFESIONAL que padece, con primera manifestación invalidante (PMI) el 19/10/2022 .
Además, que su edad al momento de la PMI era de 56 años y que el valor del salario promedio en calculado conforme las pautas del inc. 1° del 12, de ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348) era de $ 210.575,90 .
2. Tomando como punto de partida tales extremos y el calculo de la fórmula polinómica establecida en el art. 14. 2 a) de la Ley 24.557 ( 53 x $ 210.575,90 x 65/ 56 [ 1.161 ] x 30.98 % ), el monto de condena que prevé la norma citada asciende a la suma: $ 4.014.192,25 .
El importe de la prestación supera el piso mínimo indemnizatorio fijado por el artículo 14.2 a) de la Ley 24.557 (conf. RES. 51/2022 , aplicable al periodo que corresponde al momento de ocurrencia del accidente debatido, cuyo valor absoluto -100%- es de $ 8.433.218 ) que para el caso (31.41 %) es de $ 2.648.873.77 .
3. El art. 3 de la ley 26.773, establece que: " Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en éste régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte (20%) de esa suma ".
Entonces, corresponde adicionar al cálculo de las prestaciones del art. 14 2 a) de la ley 24.557, el 20% del importe establecido en la norma citada, que para el caso asciende a 802.838,45 .
4. Por todo lo expuesto, la indemnización tarifada total fijada por el sistema de riesgos del trabajo, para el caso de autos, alcanza la suma de $ 4.817.030,70 (arts. 14.2 a de la Ley 24.557 y 3 de la ley 26.773).
III. INTERESES :
Resta determinar el modo en que deberán recomponerse las prestaciones dinerarias reconocidas en autos, desde la primera manifestación invalidante y hasta la fecha de la presente sentencia.
III.1. Primeramente cabe señalar que habiendo ya propuesto la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 con fundamento en la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Muzychuk, Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo - acción especial" (SCBA, L. 129.800, sent. del 14-VII-2025), de acompañar mis colegas tal propuesta, corresponde estar al texto del art. 12 de la ley 24.557 según la sustitución dispuesta por el art. 11 de la ley 27.348.
Ahora, también la Suprema Corte, al resolver en la causa "Galarza, Daniel Alejandro c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in itinere" (SCBA, L. 132.729, sent. del 30-III-2026), señaló que en el marco de la ley 27.348 la cuantificación de las prestaciones no se efectúa a valores históricos, pues el propio legislador previó la actualización de los salarios computables mediante RIPTE y, luego, la adición de intereses desde la PMI, con el propósito de evitar que los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del IBM. Desde esa perspectiva, declaró inaplicable en los casos LRT la doctrina del precedente C. 124.096, "Barrios" (sent. del 17-IV-2024), en tanto entendió que el régimen sistémico de la ley 27.348 provee un mecanismo suficiente de preservación del valor mediante la conjunción RIPTE (inc. 1°) con más los intereses calculados a la tasa activa BNA (inc. 2°).
En ese contexto, entiendo que cabe efectuar un nuevo análisis y examen del criterio que he venido sosteniendo en materia de actualización de los créditos derivados de la aplicación de la LRT.
III.2. El art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 de la ley 27.348) aplicable al caso, instituyó un mecanismo específico de recomposición del ingreso base que opera en dos tramos sucesivos y complementarios: En el primero, regulado por el inc. 1° , los salarios mensuales devengados durante el año anterior a la PMI -o durante el tiempo de prestación de servicios si fuere menor- se actualizan mes a mes mediante la variación del índice RIPTE , a fin de establecer el valor del Ingreso Base Mensual (IBM). En el segundo, regulado por el inc. 2° , desde la fecha de la PMI y hasta el momento de la liquidación , ese IBM devenga un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina .
Por otro lado, encontramos el art. 55 de ley 27.802 que más recientemente sancionado (B.O. el 6-III-2026) establece el siguiente régimen de actualización de los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo :
El inc. a) dispone que la actualización se efectuará mediante intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (tasa pasiva BCRA) para el período correspondiente.
El inc. b) (techo) establece que en ningún caso el resultado podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la variación del IPC más una tasa anual del 3 %.
El inc. c) -piso- establece que el valor resultante no podrá ser inferior al 67% del IPC + 3% anual .
Su estructura crea una banda de actualización acotada entre el piso (67% × [IPC + 3%]) y el techo (100% × [IPC + 3%]), siendo la tasa pasiva BCRA el mecanismo base que opera dentro de esa banda.
Además, la norma contiene así tres atributos definitorios: (a) aplicabilidad inmediata; (b) carácter de orden público; y (c) mandato de aplicación de oficio.
III.3. El art. 55 de la ley 27.802 no fue incorporado al articulado de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se advierte de su redacción como una regla limitada a los créditos estrictamente contractuales o derivados de los institutos típicos de la LCT, sino como una disposición autónoma, con vocación de regular la actualización de los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo, y cuanto menos a los iniciados con anterioridad a su vigencia. La técnica legislativa no resulta indiferente: al emplear una categoría amplia y no introducir exclusiones fundadas en la fuente inmediata, naturaleza o régimen jurídico específico del crédito, el legislador evitó restringir su ámbito de aplicación a las indemnizaciones por despido, diferencias salariales u otros rubros propios del contrato de trabajo en sentido estricto.
En ese marco, los créditos derivados de del sistema de riesgos del trabajo, tienen causa suficiente en una relación individual de trabajo y, por ello, no pueden ser excluidos apriorísticamente del campo de aplicación de la norma. Máxime cuando el art. 55 de la ley 27.802 es posterior a la ley 27.348 y establece una pauta específica de actualización para créditos laborales, sin formular salvedad o distinción alguna respecto de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgos del trabajo.
De tal modo, la especialidad de la LRT no opera como un obstáculo sino como un elemento de compatibilidad sistémica que debe ser ponderado en el caso concreto En ausencia de la exclusión o distinción expresa por parte del legislador, corresponde integrar armónicamente ambos regímenes, entendiendo que la pauta de actualización prevista por el art. 55 incide sobre el modo de actualización -y por ende de conservación- del valor del crédito.
En efecto, el art. 12 de la ley 24.557 (texto ley 27.348) y el art. 55 de la ley 27.802 son dos normas laborales de orden público que regulan -en momentos históricos diferentes una misma realidad: La actualización del valor de un crédito proveniente o con origen en una relación individual de trabajo. No existe entre ambas una derogación expresa ni implícita total. Lo que existe es una concurrencia normativa respecto de un aspecto puntual -el mecanismo de actualización dineraria- que debe resolverse conforme a las reglas propias del Derecho del Trabajo.
No es ocioso recordar la reiterada e invariable doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye "la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia" y un acto de gravedad institucional al que sólo cabe acudir cuando no existe otra forma de resolver la controversia (Fallos: 260:153; 285:369; 300:241; 302:1149; 315:923; 328:1491). Antes de acudir a ese remedio extremo, el juzgador tiene el deber de agotar las vías interpretativas que permitan compatibilizar la norma cuestionada con el ordenamiento jurídico superior.
Ese mandato hermenéutico, adelanto, es plenamente compatible con la solución que propondré adoptar. Pues, la vía alternativa a la tensión normativa identificada se resuelve mediante la compatibilización de normas concurrentes, con selección de aquella que resulta más favorable al trabajador en el supuesto concreto por imperio del art. 9 de LCT, de aplicación al sistema de riesgos cuando, como en el caso, la regla permite mejorar las prestaciones y compatibilizar el sistema.
Desde la perspectiva del Cód. Civil y Comercial de la Nación, el art. 2 establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta "sus finalidades" y "de modo coherente con todo el ordenamiento" y el art. 768, inc. b), del Código Civil y Comercial de la Nación, establece la jerarquía de fuentes para la determinación de la tasa de interés moratorio, fijando como segundo estrato las leyes especiales. En tanto el art. 12 de la ley 24.557 como el art. 55 de la ley 27.802 son leyes especiales de igual rango normativo, ante esa concurrencia, la regla de resolución del conflicto es el principio que fija el art. 9 de la LCT.
No puede obviarse que el principio sentado sobre la base del art. 9 de la LCT posee jerarquía constitucional implícita a través del art. 14 bis de la Constitución Nacional y del art. 39, inc. 3°, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que expresamente consagra -en materia laboral y de seguridad social- los principios de "progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador". También encuentra apoyo supranacional en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la adopción de medidas regresivas respecto de los derechos sociales ya reconocidos.
Entonces, la solución a la que arribo no importará modificar la arquitectura de la ley 24.557 texto según ley 27.348, ni de modo alguno aplicar el régimen de la ley de contrato de trabajo a la especialidad del sistema de riesgos del trabajo . Consiste en recurrir a una operación hermenéutica entre lo dispuesto en el art. 12 de la LRT citada y el art. 55 de la ley 27.802 , en tanto este último aparece legislado como un método de actualización autónomo y complementario de los créditos derivadas de las relaciones individuales del trabajo y que no fue introducido al texto de la LCT por lo que no puede considerarse de aplicación exclusiva o excluyente a las obligaciones emergentes de ese cuerpo normativo . Ello así, en concreto propongo:
(a) Conservar íntegramente la actualización del IBM mediante el índice RIPTE (art. 12, inc. 1°, ley 24.557).
(b) Adicionar a las prestaciones, desde la PMI y hasta la sentencia, los INTERESES devengados que resulten de seleccionar el mecanismo que arroje el mejor resultado entre la tasa activa BNA (art. 12, inc. 2°, ley 24.557) y la Tasa Pasiva del BCRA prevista en el art. 55 de la ley 27.802 , garantizando el piso del inc. c) y jamás superando el techo del inc. b) de esa misma norma .
De este modo, en los períodos en que la tasa activa BNA supere a la tasa pasiva del BCRA o el piso del art. 55 de la ley 27.802, continuará aplicándose la primera. Y solo en los períodos en que la tasa pasiva del BCRA o el piso garantizado de la ley 27.802 supere a la tasa activa BNA, se aplicará la tasa y esquema previsto en el art. 55 de esa ley.
El resultado de aquella operación garantizará el estándar del mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional; art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (desarrollo progresivo) y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina CSJN: "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (Fallos: 327:3753, 21-IX-2004), "Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas" (Fallos: 330:1989, 3-V-2007) y "Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A." (Fallos: 333:2306, 7-XII-2010). También resulta compatible con lo precisado en "Barrios" (C. 124.096, cit.) en cuanto que el intérprete tiene el deber de indagar si la norma aplicada, en el contexto concreto de cada caso, produce un resultado razonable y proporcionado, habilitando al juzgador a apartarse de ella cuando su aplicación produzca consecuencias irrazonables.
Por otro lado, la solución que propongo no contraviene la doctrina legal de la SCBA sentada en el caso "Galarza" (L. 132.729, cit.), ya que el thema decidendum allí no se circunscribía a la actualización con los intereses que introdujo el art. 55 de la ley 27.802.
III.4. A los fines de verificar la divergencia entre los regímenes normativos concurrentes en este caso concreto, corresponde practicar la siguiente comparación aritmética para el período comprendido entre la PMI 19/10/2022 y la fecha de la presente sentencia:
a) Tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina (art. 12, inc. 2°, ley 24.557): 266,70% , equivalente a la suma de $ 12.847.131,73 en concepto de intereses estimados sobre el importe indemnizatorio;
b) Tasa pasiva determinada por el BCRA (art. 55, inc. a), ley 27.802): 738,91% , equivalente a la suma de $ 35.593.368,96 en concepto de intereses estimados sobre el importe indemnizatorio;
c) Techo máximo legal: variación íntegra del IPC + 3% anual (art. 55, inc. b), ley 27.802): 1.442,45% , equivalente a la suma de $ 69.483.212,63 en concepto de ajuste estimado sobre el importe indemnizatorio; y
d) Piso mínimo legal: 67% del ajuste total por IPC más 3% anual (art. 55, inc. c), ley 27.802): 966,44% , equivalente a la suma de $ 46.553.752,46 en concepto de ajuste estimado sobre el importe indemnizatorio.
De esa comparación surge que la Tasa Pasiva del BCRA supera en 177,05% la Tasa Activa del BNA. El ajuste por IPC más 3% anual supera en 440,85% la Tasa Activa del BNA y el piso del 67% de ese ajuste supera en 262,37% la Tasa Activa del BNA.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente " Vizzoti " (Fallos: 327:3677, 14-IX-2004), estableció que la evaluación de la razonabilidad de una norma laboral exige la comprobación de una disparidad cuantitativamente significativa entre el resultado que arroja la norma cuestionada y el que resultaría de aplicar el estándar constitucional de la reparación equitativa. El umbral del 33% de diferencia ha sido reconocido en aquel precedente como el piso a partir del cual la disparidad adquiere trascendencia constitucional y justifica la intervención correctora del órgano jurisdiccional.
Bajo esas premisas, propongo entonces aplicar ese parámetro objetivo de razonabilidad para decidir sobre los intereses devengados en el caso, ya que la diferencia entre los dos regímenes concurrentes supera el 33% , quedando acreditado aritméticamente que la aplicación aislada del art. 12 inc. 2° LRT, con los intereses a la Tasa Activa del BNA, no satisface en este caso concreto el estándar de la reparación equitativa; imponiéndose en este caso la solución prevista en el art. 55 inc. c) de la ley 27.802 (67% del IPC + 3%) .
III.5. Aunque el art. 12, inc. 2°, de la ley 24.557 refiere literalmente al interés que devenga el IBM, en la práctica del caso los intereses se aplicarán sobre el resultado final de las prestaciones dinerarias reconocidas, luego de haber efectuado la comparación con los pisos mínimos indemnizatorios establecidos por las normas complementarias.
Esta modalidad no altera el resultado económico de la fórmula polinómica: aplicar el factor de intereses al IBM y luego multiplicar por los restantes componentes conduce al mismo resultado que calcular primero la prestación con el IBM actualizado sólo por RIPTE y adicionar después el mismo factor de intereses al capital indemnizatorio así obtenido.
La razón para proceder de este modo es estrictamente metodológica. Si los intereses del art. 12, inc. 2°, se incorporaran previamente al IBM al solo efecto de obtener el resultado de la fórmula, podría confundirse el capital indemnizatorio con sus accesorios y, en consecuencia, distorsionarse la comparación con los pisos legales.
III.6. Por lo expuesto, verificándose una divergencia superior al 33% con la Tasa Activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, dada la evidente depreciación observada, corresponde en este caso adicionar al capital de las prestaciones dinerarias reconocidas en este pronunciamiento los INTERESES devengados entre la PMI y la fecha de esta sentencia (art. 12, inc. 2, LRT), calculados conforme al art. 55 de la ley 27.802 .
A tal fin, se practicará la liquidación por Secretaría (art. 59, ley 15.057) conforme el método reglamentado para la "Calculadora de intereses | Créditos laborales judicializados" del BCRA mediante la Res. Directorio 45/26, su anexo y nota complementaria ( https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/).
IV. COSTAS:
En tanto no advierto razón para apartarme del principio general de la derrota, las costas del juicio deberán ser impuestas a la demandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. en su condición de vencida (artículos 24, ley 15.057).
IV. MODALIDAD DE PAGO :
Los créditos reconocidos a favor del trabajador y/o de los profesionales que intervinieron en la causa deberán ser depositados por la/s parte/es condenada/s y obligada/s al pago, mediante deposito o transferencia directa en las cuentas titularidad de cada beneficiario , dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la providencia tiene por denunciados los datos bancarios y documentos exigidos para el pago (art. 17 de la ley 27.348; 124 y 277 inc. a, LCT; RG ARCA 5824/26).
Para el supuesto en que se dedujera/n Recurso/s Extraordinario/s y corresponda el cumplimiento del requisito establecido en el art. 83 de la ley 15.057, el DEPÓSITO PREVIO deberá efectuarse ÚNICAMENTE en la CUENTA JUDICIAL a nombre de estos autos y a la orden de este Tribunal.
Así voto (artículo 57 inc. 4) Ley 15.057)
A la cuestión planteada, el Sr. Juez GINOCCHIO y la Sra. Jueza WEISS , por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ORTIZ DIJO :
Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde: I- Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 (art 99, inc 3 de la Constitución Nacional, conf. doc. legal SCBA, causa L. 129.800 "Muzychuk", sent. del 14-VII-2025). II- Hacer lugar a la demanda promovida por LEONARDO ADRIAN CACERES contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , condenándola a abonar a la parte actora, en un plazo de DIEZ (10) días , la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA CON 70/100 ($ 4.817.030,70 ) , en concepto de prestaciones indemnizatorias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias y complementarias 26.773 y 27.348, por el 31.41 % de incapacidad parcial, permanente y carácter definitivo qu e padece como consecuencia de las ENFERMEDADES PROFESIONALES con toma de conocimiento en fecha 19/10/2022 , con más los intereses devengados entre la PMI y la fecha de esta sentencia conforme lo decidido en el apartado III se la segunda cuestión, calculados en la forma prevista en el art. 55 ley 27.802 ( art. 12, inc. 2° LRT, según art. 11 de la ley 27.348) por Secretaría (art. 59, ley 15.057) de acuerdo al método reglamentado para la "Calculadora de intereses | Créditos laborales judicializados" del BCRA mediante en la Res.
Directorio 45/26, su anexo y nota complementaria. ( https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/) .. III- Establecer en el caso de incumplimiento en el pago de las sumas de condena (capital e intereses), el saldo que resulte impago devengará el interés previsto en art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, texto según ley 27.348 , equivalente al promedio de la Tasa Activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación, con aplicación del art. 770 inc. c) del Código Civil y Comercial. IV- Imponer las costas del juicio a la demandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , en su condición de vencida (art. 24 y 26, ley 15.057), quedando diferida la regulación de los honorarios para el momento en que se haya practicado por Secretaría la liquidación de la Tasa de Justicia (art. 59, ley 15.057).
VI. Disponer la siguiente MODALIDAD DE PAGO Y ACREDITACIÓN: 1- CRÉDITO DEL TRABAJADOR/A : Las sumas por el CAPITAL de condena que se liquide, deberá depositarse en la "Cuenta Sueldo" de la parte actora (art. 17 de la ley 27.348; 124 y 277 inc. a, LCT). A falta de esta, en otra cuenta bancaria de su exclusiva titularidad que se denuncie en autos. - Carga de Información : La parte actora debe acreditar en el expediente: Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias, DNI y CUIL/CUIT. - Cómputo del Plazo y Mora : El plazo para el pago quedará sujeto al previo cumplimiento de la "Carga de Información" y comenzará a correr una vez que la obligada quede notificada electronicamente del auto que tiene por denunciados los datos bancarios.
El vencimiento operará la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses dispuestos. 2- HONORARIOS PROFESIONALES : Los HONORARIOS de letrados y peritos deberán abonarse mediante transferencia a sus cuentas personales. - Carga de Información : Cada profesional deberá denunciar en el expediente sus datos bancarios (Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias) y su CUIT, y acreditar su condición frente al impuesto al valor agregado mediante la constancia de inscripción (art. 2 y 8, RG AFIP 689/99).- Plazo de Pago y Mora : Los honorarios deberán abonarse dentro de los DIEZ (10) días de haber sido notificada la obligada a pago de los datos bancarios denunciados por el profesional acreedor, operando al vencimiento la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses que correspondan.
Al solicitar la ejecución, los abogados deberán indicar si optan por las pautas del inc. a) o del inc. b) del art. 54 de la ley 14.967. - Facturación : Cada profesional emitirá el comprobante electrónico (Factura/Recibo) a nombre de quien efectuó el pago y por el importe efectivamente percibido, discriminando los rubros que correspondan, a más tardar en la fecha de cada percepción total o parcial, y lo remitirá al pagador y acompañará al expediente dentro de los DIEZ (10) días corridos de emitido (art. 13, RG 1415, texto según RG ARCA 5866/2026; ARCA, consulta frecuente ID 26146199 - https://servicioscf.arca.gob.ar/publico/abc/ABCpaso1.aspx). La emisión y entrega del comprobante no condicionan la exigibilidad del honorario, el cómputo del plazo de pago ni la mora.
Ante la falta de presentación y entrega, a pedido de parte interesada, se intimará al profesional bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (art. 804, CCyCN; art. 37, CPCC). 3- CARGA DE ACREDITACIÓN DEL PAGO : La parte obligada deberá acompañar el/los comprobante/s de transferencia/s al expediente digital, dentro del plazo de 5 días de efectuado, indicando los montos y conceptos imputados que dio en pago. 4- CARGA DE ACREDITACIÓN DE APORTES PREVISIONALES : Los profesionales beneficiarios deberán acreditar el ingreso de los aportes a la Caja que corresponda a su profesión, dentro de los sesenta (60) días de percibido el honorario. 5- DEPÓSITO PREVIO que exige el art. 83 de la ley 15.057 para la interposición de Recurso/s Extraordinario/s , deberá efectuarse ÚNICAMENTE en la CUENTA JUDICIAL a nombre de estos autos y a la orden de este Tribunal.
Así voto (artículo 57 inc. 4) Ley 15.057)
A la cuestión planteada, el Sr. Juez GINOCCHIO y la Sra. Jueza WEISS , por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los Señores Jueces a continuación de la parte dispositiva, de lo que doy fe.
-------------------------------------- S E N T E N C I A ----------------------------------------
CONSIDERANDO : Lo decidido en el Acuerdo que antecede y los fundamentos que lo sustentan, el Tribunal
I. Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 (art 99, inc 3 de la Constitución Nacional, conf. doc. legal SCBA, causa L. 129.800 "Muzychuk", sent. del 14-VII-2025).
II. Hacer lugar a la demanda promovida por LEONARDO ADRIAN CACERES contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , condenándola a abonar a la parte actora, en un plazo de DIEZ (10) días , la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA CON 70/100 ($ 4.817.030,70 ) , en concepto de prestaciones indemnizatorias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias y complementarias 26.773 y 27.348, por el 31.41 % de incapacidad parcial, permanente y carácter definitivo que padece como consecuencia de las ENFERMEDADES PROFESIONALES con toma de conocimiento en fecha 19/10/2022 , con más los intereses devengados entre la PMI y la fecha de esta sentencia conforme lo decidido en el apartado III se la segunda cuestión, calculados en la forma prevista en el art. 55 ley 27.802 (art. 12, inc. 2° LRT, según art. 11 de la ley 27.348) por Secretaría (art. 59, ley 15.057) de acuerdo al método reglamentado para la "Calculadora de intereses | Créditos laborales judicializados" del BCRA mediante en la Res. Directorio 45/26, su anexo y nota complementaria. ( https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/)..
III. Establecer en el caso de incumplimiento en el pago de las sumas de condena (capital e intereses), el saldo que resulte impago devengará el interés previsto en art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, texto según ley 27.348 , equivalente al promedio de la Tasa Activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación, con aplicación del art. 770 inc. c) del Código Civil y Comercial.
IV. Imponer las costas del juicio a la demandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , en su condición de vencida (art. 24 y 26, ley 15.057), quedando diferida la regulación de los honorarios para el momento en que se haya practicado por Secretaría la liquidación de la Tasa de Justicia (art. 59, ley 15.057).
V. Disponer la siguiente MODALIDAD DE PAGO Y ACREDITACIÓN:
1. CRÉDITO DEL TRABAJADOR/A : Las sumas por el CAPITAL de condena que se liquide, deberán depositarse en la "Cuenta Sueldo" de la parte actora (art. 17 de la ley 27.348; 124 y 277 inc. a, LCT). A falta de esta, en otra cuenta bancaria de su exclusiva titularidad que se denuncie en autos.
- Carga de Información : La parte actora debe acreditar en el expediente: Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias, DNI y CUIL/CUIT.
- Cómputo del Plazo y Mora : El plazo para el pago quedará sujeto al previo cumplimiento de la "Carga de Información" y comenzará a correr una vez que la obligada quede notificada electronicamente del auto que tiene por denunciados los datos bancarios. El vencimiento operará la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses dispuestos.
2. HONORARIOS PROFESIONALES : Los HONORARIOS de letrados y peritos deberán abonarse mediante transferencia a sus cuentas personales.
- Carga de Información : Cada profesional deberá denunciar en el expediente sus datos bancarios (Banco, Sucursal, N° de Cuenta, CBU/Alias) y su CUIT, y acreditar su condición frente al impuesto al valor agregado mediante la constancia de inscripción (art. 2 y 8, RG AFIP 689/99).
- Plazo de Pago y Mora : Los honorarios deberán abonarse dentro de los DIEZ (10) días de haber sido notificada la obligada a pago de los datos bancarios denunciados por el profesional acreedor, operando al vencimiento la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, autorizando la inmediata ejecución con más los intereses que correspondan. Al solicitar la ejecución, los abogados deberán indicar si optan por las pautas del inc. a) o del inc. b) del art. 54 de la ley 14.967.
- Facturación : Cada profesional emitirá el comprobante electrónico (Factura/Recibo) a nombre de quien efectuó el pago y por el importe efectivamente percibido, discriminando los rubros que correspondan, a más tardar en la fecha de cada percepción total o parcial, y lo remitirá al pagador y acompañará al expediente dentro de los DIEZ (10) días corridos de emitido (art. 13, RG 1415, texto según RG ARCA 5866/2026; ARCA, consulta frecuente ID 26146199 - https://servicioscf.arca.gob.ar/publico/abc/ABCpaso1.aspx). La emisión y entrega del comprobante no condicionan la exigibilidad del honorario, el cómputo del plazo de pago ni la mora. Ante la falta de presentación y entrega, a pedido de parte interesada, se intimará al profesional bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (art. 804, CCyCN; art. 37, CPCC).
3. CARGA DE ACREDITACIÓN DEL PAGO : La parte obligada deberá acompañar el/los comprobante/s de transferencia/s al expediente digital, dentro del plazo de 5 días de efectuado, indicando los montos y conceptos imputados que dio en pago.
4. CARGA DE ACREDITACIÓN DE APORTES PREVISIONALES : Los profesionales beneficiarios deberán acreditar el ingreso de los aportes a la Caja que corresponda a su profesión, dentro de los sesenta (60) días de percibido el honorario.
5. DEPÓSITO PREVIO que exige el art. 83 de la ley 15.057 para la interposición de Recurso/s Extraordinario/s , deberá efectuarse ÚNICAMENTE en la CUENTA JUDICIAL a nombre de estos autos y a la orden de este Tribunal, radicada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5087 (Quilmes Centro), CBU 0140027427508710259985 .
Regístrese, notifíquese y practicada la liquidación por Secretaría (art. 59, ley 15.057), vuelvan los autos al Acuerdo para la regulación de honorarios.
La presente resolución se remite por Secretaría al/los domicilio/s electrónico/s:
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
(art. 10 y 13, Anexo I, Ac. 4013 SCBA, texto según Ac. 4039 SCBA).
Firmas
Funcionario firmante: ORTIZ Luisina - JUEZA
Funcionario firmante: GINOCCHIO Gustavo Francisco - JUEZ
Funcionario firmante: WEISS Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: BARREIRO Matias Javier - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1308-2026
Fin de la sentencia