Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39867900-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso intentado por La Cachuera SA, revocar el pronunciamiento del 25/9/2024 y, en consecuencia, revocar la resolución DV RPOS 20/2024 en todos sus términos, con costas tanto relativas a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial a cargo del Fisco Nacional; y
2Declarar inoficioso pronunciarse respecto del recurso intentado contra el auto regulatorio, debiendo adecuarse los honorarios fijados respecto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación a lo aquí decidido (Considerando XIV).
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2025.
VISTOS estos autos CAF4923/2025 “La Cachuera SA (TF 39867900-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución DV RPOS 20/2024 (conf. esp. fs. 68/115 del hipervínculo que antecede), la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la ex AFIP - DGI:
-determinó de oficio, con carácter parcial, la materia imponible, respecto del IVA, por los períodos fiscales 2/2017 a 7/2021, de La Cachuera SA, determinando un saldo a ingresar por los períodos 4/2017, 3/2018, 2/2019, 12/2019 y 3/2020, de $636.201,86 (conf. su artículo 1°), intimando a la contribuyente a cancelar tal monto bajo apercibimiento de exigirlo por ejecución fiscal (conf. su artículo 2°), con más intereses (conf. su artículo 3°); y -aplicó una multa de $1.908.605,58, equivalente a tres veces el importe evadido en concepto del IVA durante los períodos bajo referencia, ello conforme lo normado por los artículos 46 y 47, literal b), de la ley 11.683 (conf. su artículo 4°); intimando a la contribuyente a cancelar lo así debido bajo apercibimiento de exigirlo por ejecución fiscal (conf. sus artículos 5°).
En sustancial síntesis, cuadra mencionar que el ajuste practicado se sustentó en la improcedencia de tomar el crédito fiscal resultante de ciertos servicios facturados a La Cachuera SA por parte de siete proveedores (en concreto, los señores Márquez, Nacimiento, Ritter y Dallabrida, de las señoras Bozzo y Chuquel y la firma MDC Logística SRL), entendiendo al efecto la autoridad actuante que no resultaban operaciones suficientemente acreditadas.
A esos fines, en definitiva, el funcionario decisor, por un lado, hizo alusión a la prueba recabada a lo largo de la fiscalización seguida, que daba cuenta que los proveedores objetados se encontraban incluidos en la base E-Apoc, y, por otro, restó trascendencia defensiva tanto al cumplimiento de los deberes de índole formal por parte de la contribuyente, así como al informe pericial contable practicado en su propia sede.
Asimismo, refiérase que a efectos de justificar el reproche infraccional, aplicado según el tipo previsto en los artículos 46 de la ley 11.683, la autoridad decisora destacó que el fraude contemplado resultaba del tipo engañoso, quedando ello configurado con la presentación de las declaraciones juradas engañosas y la concurrente evasión del ingreso del tributo en su justa medida, siendo que, por haber registrado comprobantes falsos, computando créditos fiscales, improcedentes y exponiendo menores montos de impuesto a ingresar, permitía tener por acreditado los hechos base descriptos en el artículo 47, literal b), de la ley 11.683.
Al respecto, destacó que la contribuyente no justificó mediante ningún eximente de responsabilidad la utilización de las facturas impugnadas, por manera que correspondía tener por comprobada la materialidad de la acción de la cual válidamente podía, mediante los datos de la experiencia, inferir de los hechos probados, el dolo resultante de los mismos, es decir, que la conducta subjetiva surgía de la comisión de los hechos constatados.
II. Solicitada la revisión de dicho acto (conf. esp. fs. 6/65 del hipervínculo que antecede), por resolución del 25/9/2024 (conf. esp. fs. 820/829 del hipervínculo que antecede), la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución apelada, con costas a cargo del recurrente, y reguló los honorarios de los profesionales actuantes en defensa del Fisco Nacional.
Para así decidir, ante todo, descartó la alegada falta de acción del Fisco Nacional, toda vez que dicha autoridad habría actuado dentro de las previsiones que establecen los artículos 33 y 35 de la ley 11.683, sustanciando el procedimiento reglado por los artículos 16 y 17 de dicha norma.
En este sentido, precisó que el Fisco Nacional no cuestionó la actividad de la firma, sino ciertas inconsistencias detectadas a determinados proveedores que figuraban en la base E-apoc;
entendiendo que la facturación declarada reflejaría operaciones no llevadas a cabo por los emisores de tales comprobantes.
Acordado ello, siempre en cuanto al ajuste tributario practicado en sí, tras examinar los antecedentes del caso (refiriendo los extremos considerados al impugnar la autoridad fiscal la facturación recibida por La Cachuera SA de los señores Márquez, Nacimiento, Ritter y Dallabrida, de las señoras Bozzo y Chuquel y de la firma MDC Logística SRL), entendió, por un lado, que los datos colectados durante la investigación, plasmados en el acto apelado, vislumbran un razonamiento congruente sobre la inexistencia de las operatorias entre la apelante y los proveedores cuestionados, ello en atención a las irregularidades detectadas, situación que no se agotaba en la mera existencia de incumplimientos formales por parte de terceros; y, por otro, que no existían elementos suficientes para desvirtuar el criterio fiscal, todo lo cual, llevaba a confirmar el acto determinativo.
En este sentido, puso de resalto que cuando las pruebas rendidas por la recurrente se sustentaban en las copias de las facturas, comprobantes del pago y registraciones contables de la actora, las mismas resultaban insuficientes para rebatir la tesis fiscal y acreditar la materialidad, mas no la instrumentación, de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados; y que la adecuación extrínseca de las facturas objetadas no implicaba que las operaciones en cuestión hubieran sido efectivamente realizadas por el proveedor involucrado, máxime cuando, existían fundadas dudas sobre la veracidad de las transacciones objetadas.
Recordó que el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado, subordinaba el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia que el hecho imponible se hubiera perfeccionado, en este caso, respecto de los proveedores objetados; extremo que no se cumpliría en autos, ello ante la falta de acreditación de la realidad de las operaciones que dijo haber efectuado con aquellos.
Explicó que el libramiento de cheques a favor de los proveedores y la constatación de un débito al respecto, no enervaba el criterio del organismo fiscal, ya que ello no resultaba apto para determinar cuál fue la contraprestación que la actora recibió, ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quien recibió los fondos; de modo que, al haberse realizado actos y presentado documentación carente de sinceridad se ignoraba cuál fue la operación económica realmente realizada y quiénes y en qué proporción obtuvieron beneficios pecuniarios en consecuencia.
Agregó que uno de los requisitos para tener por acreditada la veracidad de las operaciones comerciales y con ello la viabilidad del cómputo de créditos fiscales o gastos deducibles consistía en acreditar la capacidad económica de los proveedores.
A continuación, postuló que del acto apelado y las constancias administrativas se desprendía, como rasgo común de los proveedores impugnados, la falta de capacidad económica, operativa y/o financiera; situación que debía ser considerada, mal pudiendo ser catalogada como meros incumplimientos formales de terceros.
Al punto, explicó que tal incapacidad fáctica para desarrollar las actividades facturadas impedía considerar a los pretendidos proveedores como generadores genuinos del crédito fiscal, puesto que las anomalías expuestas no se limitaban a la situación fiscal de los proveedores, sino que se respondían a la forma en que aquellos supuestamente desarrollaban su actividad comercial con la recurrente; como carecer de una mínima infraestructura exteriorizado ello en la ausencia de empleados, inexistencia de acreditaciones bancarias, bienes registrables, o, en su caso, en los domicilios verificados no observarse elementos que indiquen que en los mismos se desarrollan las actividades declaradas.
Además, en cuanto al peritaje practicado, refirió que más allá que los pagos se hubieran materializado por medios bancarios, lo cierto era que no podía correlacionarse el importe que la empresa alegó haber abonado a cada proveedor cuestionado, con las operatorias supuestamente celebradas, puesto que el Fisco Nacional, a través de los elementos colectados a lo largo de distintas fiscalizaciones iniciadas a los citados proveedores, poseía indicios suficientes para concluir que tales sujetos se dedicaban a actividades disímiles con las que se declaró que realizaron, o bien no poseían capacidad económica, operativa y financiera suficiente al efecto.
A todo evento, añadió que el recurrente no ofreció medio probatorio alguno ni en sede administrativa ni ante el Tribunal Fiscal de la Nación, dirigido a tratar de localizar a aquellos proveedores que no fueron ubicados por la ex AFIP (actual ARCA) en sus domicilios o a sus responsables, en el caso de la SRL.
Luego, en lo que respecta a la multa, entendió que, en el caso, se verificaban elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el artículo 46 de la ley 11.683, como así también la debida utilización de la presunción establecida en el artículo 47, literal b), de la mencionada norma, sin verificarse -por el contrario- constancia que acredite la falta de dolo en su obrar.
Al respecto, añadió que las razones y argumentos expuestos por el funcionario decisor para aplicar la multa bajo revisión, que no fueron conmovidos, resultaban suficientemente aptos para fundar el encuadre infraccional, así como la graduación del reproche.
IV. Disconforme con lo resuelto, La Cachuera SA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 858 y 865/938 del hipervínculo que antecede).
Tras referir los antecedentes del caso, en lo que respecta al ajuste fiscal en sí, tildó al pronunciamiento de arbitrario, desatendiendo la realidad de los hechos probados en la causa, imponiéndole exigencias que normativamente no se encontraban contempladas y omitiendo abordar sus argumentos oportunamente introducidos.
En este sentido, explicó:
-que en el informe final de inspección del 5/5/2023, se habría afirmado la existencia y veracidad de las operaciones y la prestación de los servicios de mano obra agrícola, que importó un gasto cuya deducibilidad habría sido admitida por la ex AFIP en lo que respecta al impuesto a las ganancias.
-que resultaría improcedente la referencia a la interpretación del artículo 12 de la ley del IVA que subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia que el hecho imponible se hubiera perfeccionado, puesto que, justamente, en su entendimiento, el hecho imponible se perfeccionó, por lo que, en consecuencia, efectuó las retenciones legales;
-que la principal proveedora objetada habría sido localizada por la propia ex AFIP, reconociendo las operaciones así como resultar su principal cliente, habiendo sujetado sus deudas impositivas en un plan de pago;
-que el peritaje contable corroboraría que los pagos efectuados habrían sido cobrados por los proveedores impugnados, en virtud de la acreditación en las cuentas bancarias de cada uno de ellos; -que el pronunciamiento recurrido tergiversaría lo informado por el peritaje contable, siendo que el hecho que los montos diferirían de los facturados respondía al método utilizado por el experto para determinar y corroborar que los proveedores fueron quienes realizaron la operación y cobraron por ello;
-que, en todo caso, de confirmar la tesitura fiscal, el Tribunal Fiscal de la Nación debería haber detraído de los importes determinados los montos de las retenciones practicadas en la medida en que éstas se correspondieran con los comprobantes impugnados y se probara su ingreso a las arcas fiscales, condiciones de procedencia que precisamente se encontrarán acreditadas en el presente caso a tenor del propio informe pericial contable rendido en sede administrativa; caso contrario se estaría consagrando un reclamo duplicado de un mismo tributo, dando lugar a un enriquecimiento sin causa por parte del Fisco Nacional;
-que la autoridad administrativa actuante no habría practicado determinación de oficio de materia imponible alguna a los proveedores impugnados (señores Chuquel y Ritter);
-que los proveedores objetados por la fiscalización actuante fueron incorporados tardíamente a la base de contribuyentes E- apoc;
-que el actuar de la Administración se basó en meras sospechas acerca de la supuesta falta de capacidad operativa y financiera de los proveedores declarados de la recurrente, ello a partir de su falta de localización o ubicación en sus respectivos domicilios fiscales, sumado a inobservancias incurridas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto formales como sustantivas;
-que la autoridad fiscal se limitó a efectuar un análisis meramente sistémico de sus propias bases y registros informáticos con los antecedentes de los proveedores en cuestión y la compulsa de los libros y registraciones contables y demás documentación respaldatoria aportada por la contribuyente en respuesta los numerosos requerimientos cursados; omitiendo efectuar una circularización a los bancos girados para demostrar la cancelación de las facturas impugnadas, así como realizar mayores pesquisas, tendientes a localizar y relevar a los proveedores.
Al punto, resaltó que el Fisco Nacional se habría limitado a llevar a cabo constataciones “periféricas” sobre algunos de los domicilios denunciados por los proveedores y a tomarle declaraciones a sujetos supuestamente relacionados con aquéllos, que no habrían sido debidamente identificados en cada diligencia de constatación o toma de testimonios; probanzas, por cierto, realizadas ex post a las operaciones celebradas, sin control alguno de su parte.
-que la autoridad fiscal habría direccionado erróneamente su investigación hacia su persona, en lugar de perseguir a los contribuyentes de derecho emisores de las facturas impugnadas, verdaderos receptores de los importes abonados con cheques y transferencias bancarias a sus propios CBU declarados, quienes, eventualmente, resultarían deudores de los tributos reclamados. Al efecto, refirió que, en los hechos, con lo resuelto, se lo habría transformado en responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros (sus proveedores), avalando que el Fisco Nacional se libere de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por los contribuyentes, en razón de su tarea de recaudador de las rentas públicas.
-que resultaba por completo ajena a las eventuales maniobras que habrían llevado a cabo sus proveedores, no siendo responsable respecto de las obligaciones tributarias que aquellos hubieran omitido ingresar;
-que las operaciones motivo de fiscalización no habrían sido impugnadas por el Fisco Nacional al ser declaradas como gastos deducibles en lo que respecta al impuesto a las ganancias, ni tampoco dieron lugar a la aplicación de la figura de salidas no documentadas prevista en el artículo 40 de la ley que regula dicho tributo; -la prueba rendida en autos daba cuenta suficiente de la verdadera capacidad operativa y económica de los proveedores en cuestión, al menos al momento de concertar las operaciones fiscalizadas, así como la legitimidad y validez de las facturas observadas, la coincidencia entre la actividad desarrollada por cada proveedor y la correspondencia entre los servicios prestados y su relación y vinculación con el giro comercial y productivo del negocio principal que desarrolla en el sector de la producción y elaboración de yerba mate.
En particular, afirmó que la señora Chuquel y el señor Ritter, fueron quienes prestaron servicios de mano de obra para las tareas de cultivo y cosecha de yerba mate y que, al momento de concertar las operaciones, en forma previa, obtuvieron su inscripción ante la ex AFIP como contribuyentes prestadores de servicios validados, emitiendo en cada caso facturas habilitantes por las operaciones realizadas percibiendo sus pagos en forma bancaria y sufriendo las retenciones impositivas pertinentes.
-que no tenía obligación de fiscalizar a sus proveedores a efectos de computar el crédito fiscal resultante, máxime atento a la nimiedad del gasto que representan en su flujo comercial (el 0,10% del total de compras netas del período fiscalizado);
-que las operaciones facturadas, motivo de impugnación, contarían con el suficiente respaldo documental y registral, siendo los servicios prestados (básicamente, mano de obra agrícola para las tareas de siembra y cosecha de yerba mate y la adquisición de las materias primas), indispensables para su giro productivo;
-que el informe final de inspección de fs. 332/346 del Cuerpo II de IVA hizo mérito de la cuantiosa documentación aportada como prueba y, en virtud de ello, habría reconocido la existencia de las operaciones de compra de yerba mate y de los servicios de mano de obra agrícola prestados por los proveedores en trato; reconociendo -por lo demás- la deducibilidad de dichos gastos en el impuesto a las ganancias; -que los precedentes citados por el Tribunal Fiscal de la Nación no resultarían aplicables al caso bajo examen, por responder a extremos fácticos distintos;
-que se encontraba efectivamente probada la real existencia, así como la capacidad operativa y económica, de los servicios contratados y su forma de cancelación bancaria; dando cuenta la documentación obrante en autos del circuito de los pagos bajo las modalidades autorizadas por el ordenamiento vigente y las retenciones practicadas a los proveedores, refiriendo al efecto al informe pericial practicado, a prueba informativa producida y a los extractos bancarios; -que cumplió estrictamente con las validaciones de la CUIT de cada uno de los proveedores y además verificó que los CAI y los CAE de cada uno de los comprobantes estuvieran debidamente autorizados por la AFIP, habiendo asimismo realizado oportunamente las pertinentes consultas vía Internet en las bases de datos que administra la AFIP que informan la conducta fiscal y la eventual condición de apócrifo, siendo que, en ese entonces, la situación fiscal de cada uno de los contribuyentes objetados se encontraba en regla.
Al respecto, advirtió que la inclusión o publicación bajo la categoría de apócrifa de cada proveedor se produjo mucho tiempo después de haber operado; lo que impide tomar dicha circunstancia como un indicio de la inexistencia de las operaciones impugnadas.
-que se encontraba infundada la posición asumida por el Fisco Nacional, plasmada en el acto motivo de revisión, resultando insuficientes las consideraciones expuestas al fin de poner en tela de juicio la validez de las facturas y la existencia de las operaciones fiscalizadas, máxime ante los contraindicios y múltiples pruebas que acreditaron la su efectiva realización;
-que los agentes fiscales intervinientes en la actuación seguida en su contra, habrían dado validez a aseveraciones o dichos de pretensos vecinos, moradores, amigos o familiares de los contribuyentes observados, sin proceder a identificarlos debidamente ni demostrar su relación directa con aquellos; ello sumado a que las supuestas constataciones a los domicilios de los proveedores, fueron efectuadas años después de concertadas las operaciones en cuestión, lo que le resta aún más valor a lo inferido al respecto;
-que, en particular, uno de los proveedores en cuestión, la señora Chuquel, fue localizada, dando precisiones respecto del vínculo contractual y en torno a la efectiva prestación de los servicios facturados; -que el Fisco Nacional habría desplegado con suma ineficacia su tarea investigativa;
-que los presuntos incumplimientos de los proveedores bajo trato, sin perjuicio de su falta de veracidad, en sí, no constituirían indicios probados que permitan al Fisco Nacional a impugnar los créditos fiscales computados, básicamente por no guardar relación directa con los presupuestos de hecho que sustentarían la inexistencia e invalidez de las operaciones;
-que habría actuado de buena fe con relación a sus proveedores, con el debido cuidado que las normas legales y reglamentarias exigen al respecto; y -que de confirmarse lo resuelto, se estaría convalidando extender el reclamo del tributo generado por el vendedor del bien o por el prestador de los servicios al comprador o al contratante de aquellos, sin ley previa que así lo autorice, violentando el principio de legalidad.
En este sentido, afirmó que el Fisco Nacional no se encontraría legitimado para reclamarle el pago del tributo que, en el peor de los casos, habría sido generado por terceros ajenos, por los cuales no resulta responsable.
Respecto de los distintos argumentos defensivos hasta aquí expuestos, citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaba su postura.
Luego, en cuanto a la multa, postuló la inexistencia de infracción alguna de su parte en los términos del artículo 46 de la ley 11.683.
Al respecto, sostuvo que las mismas circunstancias y argumentos expuestos a efectos de desvirtuar la pretensión tributaria resultante del acto, revelaban que, en el caso, no se configuró defraudación alguna merecedora del reproche recibido.
Asimismo, con carácter subsidiario, señaló que tampoco se encontraría configurado en el caso concreto el elemento subjetivo a título de dolo que requiere la figura infraccional achacada. En lo que al actuar doloso respecta, ahondó en punto a que, en el caso, no existiría material probatorio concreto que avalara tal atribución; deficiencia que no podía ser subsanada, mediante dogmáticas y mecánicas referencias a las presunciones del artículo 47 de la ley 11.683.
En línea con lo que se viene desarrollando, advirtió que, de convalidarse el castigo aplicado, estaría siendo sancionado por el hecho de otros sujetos (sus proveedores), desoyendo así el principio de la personalidad de la pena.
Alegó la improcedencia de la aplicación de un castigo infraccional, a cuyos efectos se aplicó una presunción sobre otra presunción; es decir, ante la sospecha de tener por apócrifa la facturación declarada, se presumió dolosa la conducta a efectos sancionatorios. Por tanto, continuó en su razonamiento, en tanto el Fisco Nacional no elaboró una presunción sino que creó una “ficción” a partir de una mera conjetura, ello configura un vicio que no solo invalida la determinación presuntiva del impuesto reclamado, sino que también resultaba vulneratorio de principios y garantías constitucionales del derecho sancionador que torna improcedente al castigo recibido. Refirió que la carga de la prueba del elemento subjetivo incumbía al Fisco Nacional, correspondiendo aplicar las presunciones que contempla el artículo 47 de la ley 11.683 sin desoír derechos constitucionales.
Al punto, reiteró la insignificancia porcentual de la operatoria cuestionada respecto de los gastos de la empresa.
Por lo expuesto, La Cachuera SA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, fuera dejada sin efecto la resolución DV RPOS 20/2024, en todos sus términos, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Dicha presentación mereció réplica de su contraria (conf. esp. fs. 974/1015 del hipervínculo que antecede).
V. La regulación de honorarios efectuada en favor de los profesionales del Fisco, también fue motivo de recurso interpuesto por la actora -por considerarlos elevados-, siendo dicha presentación oportunamente replicada (conf. esp. fs. 840/841 y 969/971 del hipervínculo que antecede).
VI. En cuanto al reclamo tributario, conviene aclarar que el Fisco Nacional, con asiento en las tareas investigativas de las que da cuenta el propio acto, con referencia al informe final de inspección (conf. esp. fs. 876/911 del hipervínculo que antecede), objetó a La Cachuera SA, firma con actividad principal declarada la elaboración y cultivo de yerba mate y arroz, la inclusión de ciertas operaciones en sus declaraciones juradas respecto del IVA por los períodos fiscales 2/2017 a 7/2021, determinando un saldo a ingresar por los períodos 4/2017, 3/2018, 2/2019, 12/2019 y 3/2020, de $636.201,86; ello por cuanto -en su entendimiento, en definitiva- existían serias dudas en cuanto a su efectiva realización, teniéndolas por inválidas a los fines impositivos. En este sentido, cuadra mencionar que el Fisco Nacional hizo foco en los servicios facturados por parte de siete proveedores objetados, considerando al efecto que la documentación respaldatoria presentada no reflejaría la realidad de los hechos; resultando -por tanto- medios falaces a los fines de justificar el cómputo del crédito fiscal resultante de las operaciones en lo que respecta al IVA. En particular, vale mencionar que la autoridad administrativa actuante impugnó el crédito fiscal relacionado a operaciones declaradas por La Cachuera SA, como celebradas con los siguientes proveedores:
i) el señor Márquez.
Al respecto, la autoridad fiscal destacó que el declarado proveedor: se encontraba inscripto como contribuyente respecto del IVA y del impuesto a las ganancias a partir del período 9/2019; declaró como actividad la prestación de servicios de transporte automotor de carga y cultivo de algodón; registraba numerosas irregularidades en el período inspeccionado (léase: falta de presentación de declaraciones juradas, incumplimientos de pagos), omitiendo declarar personal en relación de dependencia, siendo que los montos de ventas y débito fiscal resultante de las facturas electrónicas emitidas o guardaban relación con los libros IVA compras y ventas, sumado a que los montos de las acreditaciones bancarias resultaban muy inferiores a los volúmenes facturados, no habiendo informado consumos relevantes de servicios públicos como telefonía o energía eléctrica que permitieran advertir la existencia de instalaciones o capacidad operativa acorde a lo declarado.
Estas circunstancias, llevaron a la autoridad administrativa actuante a incluirlo en la base de contribuyentes no confiables, bajo la condición de usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera.
ii) la firma MDC Logística SRL.
Al respecto, la autoridad administrativa destacó que la firma: declaró como actividad el servicio de transporte automotor no clasificado previamente; dispuso su incorporación a la base E-Apoc bajo la condición usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera desde el período 6/2019 producto de no dar cumplimiento al requerimiento de documentación, la falta de presentación de declaraciones juradas e incumplimientos de pago, omitiendo dar observancia al régimen de transparencia electrónica de estados contables, no existiendo regularidad en la presentación de declaraciones juradas respecto del IVA, ni concordancia entre los saldos a su favor expuestos en diferentes períodos, informando por ante la seguridad social apenas un empleado en relación de dependencia por los períodos 1/2019, 7/2019 y 8/2019, no informando -pese a declarar la prestación de servicios de transporte de carga automotor- vehículos a su nombre con capacidad de carga ni acreditando que le fuera realizada su contratación o tenencia, ello sumado a no haber declarado otro tipo de bienes registrables a su nombre ni consumos relevantes de servicios públicos de los que se indujera la existencia de instalaciones o capacidad operativa acorde a los servicios declarados, representando las acreditaciones bancarias montos muy inferiores a los volúmenes facturados en el período 2019, sin contar con información respecto del períodos posteriores.
iii) la señora Chuquel.
Al respecto, la autoridad administrativa actuante resaltó que: se encontraba inscripta como prestadora de servicios de contratistas de mano de obra agrícola desde el período 7/2016; que fue caracterizada como usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera e incorporada en la base E-Apoc, producto de no aportar registros de IVA compras o ventas, manifestando al efecto que se encontraban en poder de su contador, no contar con bienes registrables tales como automotores ni maquinaria, resultando las acreditaciones bancarias muy inferiores a los montos de venta declarados, existiendo un desbalance entre compras y ventas, no contaba con capacidad de transporte o personas declarada para cubrir la facturación emitida por servicio de cosecha y flete, macheteo y transporte de personal, no se registraban pagos directos en concepto de impuestos, encontrándose caducos los planes de pago generados por deudas impositivas, sin contar tampoco con tenencia de estructura o bienes y/o capacidad operativa necesaria para el desarrollo de la actividad declarada, así como tampoco la contratación de bienes o servicios que permitiera tener por real la labor en la cual se inscribiera.
iv) la señora Bozzo.
Al respecto, la autoridad administrativa destacó que fue incluida en la base E-Apoc bajo la caracterización sin capacidad económica, a cuyos efectos resaltó la falta de presentación de declaraciones juradas e incumplimientos a regímenes de información vigentes, sin declarar personal en relación de dependencia, ni informando consumos relevantes en servicios públicos, omitiendo aportar documentación respaldatoria de las compras, gastos y crédito fiscal computado en sus declaraciones juradas respecto del IVA, ello sumado a la detección de un desfasaje entre su facturación como vendedor y comprador y las bajas acreditaciones bancarias informadas respecto de las ventas facturadas.
v) el señor Nacimiento.
Al respecto, la autoridad administrativa actuante destacó: que se encontraba inscripto como prestador de servicios de contratistas de mano de obra agrícola y cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones, no siendo localizado en el domicilio fiscal denunciado, sitio en el cual no se identificaron elementos que indicaran la realización de la actividad económica declarada; que registraba incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas y pagos; que las ventas exteriorizadas en sus presentaciones resultaban inferiores a las resultantes de las facturas electrónicas emitidas con su CUIT; que las acreditaciones bancarias representaban solo el 33% del importe de las facturas electrónicas emitidas durante el período fiscal 2018; que no se registraba a su nombre vehículos con capacidad de carga ni otros bienes tales como maquinaria agrícola o inmuebles que le hubieran permitido desarrollar los conceptos detallados en las facturas electrónicas emitidas y fiscalizadas, así como tampoco la existencia de galpones o depósitos; no informando consumos relevantes en servicios públicos; sumado a que si bien entre enero y septiembre de 2018 declaró una nómina de personal de entre 1 y 95 empleados, no indicó pagos directos relacionados con la seguridad social, encontrándose todos los planes de pagos solicitados en estado caducos.
Estas circunstancias, llevaron a la autoridad administrativa actuante a incluirla en la base de contribuyentes no confiables, bajo la condición de usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera.
vi) señor Ritter.
Al respecto, cabe señalar que la autoridad fiscal lo consideró también como una usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera, determinando a partir de tal circunstancia su inclusión en el listado de contribuyentes no confiables, ello producto: de haber detectado que el domicilio fiscal denunciado correspondía a una vivienda familiar de un tercero sin que allí se desarrolle actividad económica alguna, que se desconocía su residencia al tiempo del dictado del acto; que se registraban incumplimientos en lo que respecta a la presentación de declaraciones juradas y sus pagos; que las ventas exteriorizadas en el régimen informativo de compras y ventas eran inferiores a las resultantes de su facturación bajo su CUIT; que sus acreditaciones bancarias representaban el 40% del importe facturados; que en los comprobantes emitidos se detallaban conceptos muy disimiles (trabajos de soldadura, reparaciones y pintura, arenado fabricación de bases metálicas para camiones y semirremolques, colocación de ejes neumáticos en camiones, hoja verde de té puesta en secadero o fábrica de distintas localidades de la Provincia de Misiones, hoja verde de té no certificado, hoja verde de yerba mate, entre otros), sin localizarse instalaciones, depósitos o talleres de la envergadura necesaria para su realización; que no se registraban vehículos con capacidad suficiente para transportar carga o personas, ni otros bienes tales como maquinaria agrícola o inmuebles; que no registraba consumos relevantes de servicios públicos; que si bien declaró una nómina de personal de entre 10 y 35 empleados, únicamente se verificaban pagos parciales relacionados a la seguridad social, encontrándose caducos los planes de pagos generados.
vii) señor Dallabrida.
Al respecto, cabe señalar que la autoridad fiscal lo consideró como sujeto sin capacidad económica, determinando a partir de tal circunstancia su inclusión en el listado de contribuyentes no confiables, ello producto de advertir que el domicilio fiscal declarado correspondía a una vivienda familiar, en la que el proveedor no fue hallado; que indagado que fuera el sujeto, indicó que si bien su actividad económica era el secado y planchado de yerba mate hoja verde y canchada, no contaba con bienes propios, alquilando tanto el secadero como las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades; que registraba compras con sujetos previamente declarados no confiables, no habiendo podido justificar los medios de pago utilizados para su cancelación; que registraba incumplimientos en la presentación de sus declaraciones juradas y los pagos correspondientes, así como inobservancias a requerimientos fiscales, estado erróneo de domicilio y categoría de muy alto riesgo desde el período 3/2017; que las ventas exteriorizadas en el régimen informativo de compras y ventas del período fiscal 2017 resultaban muy inferiores a las ventas que le fueran atribuidas por terceros, representando menos del 30% los montos de sus acreditaciones bancarias del importe de las ventas realizadas durante dicho período; que no fueron localizadas instalaciones o depósitos en funcionamiento, así como tampoco acreditó la posesión o contratación de los automotores necesarios para el desarrollo de la actividad que aseguró vender, puesta en domicilio de los compradores; que no se registraban a su nombre vehículos con capacidad de carga, ni inmuebles ni maquinaria agrícola; que no registraba consumos de servicios públicos relevantes a su nombre; que si bien entre enero y octubre de 2017 declaró entre 2 y 6 empleados, al respecto únicamente se verificaban pagos parciales relativos a la seguridad social, encontrándose los planes de pago generados caducos.
Así las cosas, como resultado de las tareas de fiscalización y sobre la base de la prueba recabada, dando especial atención a las circunstancias que se acaban de mencionar, tal como se viene explicando, la autoridad administrativa actuante concluyó que, en el caso, existían serias dudas en cuanto a la efectiva prestación de los servicios facturados, teniéndolas por inválidas a los fines impositivos; conllevando ello la impugnación del crédito fiscal computado por La Cachuera SA en sus declaraciones juradas respecto del IVA por los períodos fiscalizados.
Al respecto, según se reseñó en el Considerando II, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, tras resaltar los antecedentes tenidos en consideración por la autoridad administrativa para dictar el acto determinativo motivo de revisión y luego de revisar las constancias de la causa y la prueba rendida (en particular, la pericial contable) y las contestaciones expuestas en la resolución impugnada al informe del experto actuante, con referencia a distintos precedentes jurisprudenciales, consideró, en definitiva, por un lado, que las anomalías advertidas por el Fisco Nacional no se limitaban a la situación fiscal de los proveedores, sino con la forma en que aquellos supuestamente desarrollaban su actividad comercial con la aquí recurrente, tales como carecer de una mínima infraestructura exteriorizado ello en la ausencia de empleados, inexistencia de acreditaciones bancarias, bienes registrables; o en su caso, en los domicilios verificados no observarse elementos que indicaran que en los mismos se desarrollaran las actividades declaradas; y, por otro, que las manifestaciones de la recurrente no se encontraban avaladas por elementos fehacientes que permitieran desvirtuar el criterio fiscal.
VII. Precisado lo anterior, recuérdese que el artículo 86 de la ley 11.683 contempla que, en los recursos de revisión y apelación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en materia de tributos o sanciones, esta Cámara de Apelaciones ha de resolver la cuestión teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados; pudiendo apartarse de aquellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autorizaran a suponer error en la apreciación efectuada de los hechos. Por tanto, la valoración del Tribunal Fiscal de la Nación respecto a la prueba y su suficiencia resulta una cuestión de hecho reservada a dicho organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara, a menos que se pruebe que se hubiera incurrido en arbitrariedad en su decisión.
Sobre el punto, el criterio jurisprudencial imperante en la materia da cuenta que la excepción a tener por válida la valoración efectuada de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación, se apoya en la existencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad en las conclusiones alcanzadas en lo que al punto refiere, lo que no se verificaría cuando en el recurso ante la Cámara se manifiesta solamente una discrepancia respecto de la selección y valoración de prueba; debiendo resaltarse que el hecho que por el pronunciamiento recurrido se hubiera dado preferencia a determinada prueba no configura, per se, un supuesto de arbitrariedad (conf. esta Sala, en autos 2709/2024 “Bocanera, Rubén Mario (TF 47940-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 23/8/2024; entre muchos otros).
VIII. Sin perder de vista ello, examinados los antecedentes del caso, a la luz de los agravios propuestos por la recurrente, en el entendimiento del Tribunal, según a continuación se explicará, existen razones suficientes que exigen apartarse de la apreciación de los hechos resultante del pronunciamiento dictado por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, que luce arbitraria; determinando ello, en una nueva revisión de la resolución DV RPOS 20/2024, su revocación por falta de fundamentación suficiente.
A esos fines, recuérdese que la obligación del contribuyente fiscalizado respecto de quienes le brindan bienes y servicios, ha de considerarse -en líneas generales, como principio- ceñida a verificar que los proveedores elegidos posean CUIT activos, que las facturas cuenten con CAI vigente y que no se encuentren incluidos en la base E-Apoc al tiempo de la celebración de las operaciones (conf. esta Sala, en autos CAF60.674/2016 “JBS Argentina SA c/EN - AFIP - DGI”, resol. del 26/11/2021 y 25.849/2023 “CHS de Argentina SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/7/2024; entre otros). Por tanto, en principio, no resulta reprochable o cuestionable la conducta asumida por un contribuyente respecto del proveedor observado cuando las irregularidades e inconsistencias detectadas a su respecto por la fiscalización son ajenas al receptor de los bienes y servicios; acotándose su obligación a verificar que su proveedor posea CUIT activa, que las facturas cuenten con CAI vigente y que no se encuentren incluidos en la base E-Apoc al tiempo de la celebración de las operaciones.
Precisamente, tal resulta la doctrina que emana del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown SA c/Fisco Nacional (AFIP - DGI)”, resol. del 27/12/2011 (Fallos, 334:1854); pauta que fuera recepcionada por esta Sala en anteriores ocasiones (conf., a título ejemplificativo, en autos CAF29.395/2013 “Catter Meat SA c/EN - AFIP - DGI - Resol. 13/13 (RDEX) s/Dirección General Impositiva”, resol. del 22/8/2019;
CAF11.148/2013 “Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFIA c/EN - AFIP - DGI - Resol. 12/12 13/12 (períodos 2005/2006) s/Dirección General Impositiva”, resol. del 11/6/2021 y CAF12.109/2021 “VZ Bath & Body SA (TF 36087-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/4/2022; entre muchos otros).
Desde esta perspectiva, y sin perjuicio de advertir que la fiscalización rendida en autos revela, a fin de cuentas, ciertas inconsistencias respecto de la situación de los proveedores objetados, las cuales -según se expuso- determinaron su inclusión en el registro E-Apoc, en modo alguno poseen, en el entendimiento del Tribunal, atento al tiempo en que fueran concretadas las inscripciones en la base antes aludida y bajo la modalidad empleada, fuerza autónoma suficiente como para respaldar el ajuste practicado respecto de La Cachuera SA, contratante de servicios prestados por aquéllos.
Al punto, partiendo de consideraciones previamente postuladas en torno al alcance del control que ha de efectuar el contribuyente respecto de sus proveedores y la imposibilidad de trasladar automáticamente y sin más las observaciones que pudieran predicarse respecto de aquellos, cabe advertir que, en la especie, las objeciones expuestas por la autoridad administrativa actuante no revelan extremos suficientes que permitan tener por debidamente acreditada la objeción fiscal al uso del crédito fiscal resultante de la facturación incluida en sus declaraciones juradas respecto del IVA.
En efecto, las distintas irregularidades y reproches expuestos en torno de los proveedores, no resultan, al menos, en el caso, tal como fueran desarrollados, susceptibles de ser trasladadas lineal y directamente a la responsabilidad del adquirente de los servicios, ello así en atención al momento en que fue materializada la publicación de la condición de apócrifo en el registro correspondiente, a los fines de justificar el ajuste fiscal materializado en el acto motivo de revisión. Al punto, cuadra mencionar que la resolución atacada y su antecedente principal (esto es, el informe final de inspección, op. cit.), revelan un razonamiento lineal y acotado como sustento de la objeción a lo reflejado por La Cachuera SA en sus declaraciones juradas del IVA por los períodos 2/2017 a 7/2021: haber detectado, producto de un cruce de registros de la fiscalizada con base de datos propias, que los proveedores de los servicios facturados se encontraban incluidos en la base E-Apoc. En este aspecto, cobran relevancia las fechas en que fueron incluidos en la base E-Apoc cada uno de aquéllos; siendo el propio Fisco Nacional quien reconociera que los proveedores emisores de las facturas impugnadas, contaban al momento de prestación de los servicios y consiguiente emisión de los documentos pertinentes, con CAE/CAI vigente, a lo que se añade que la publicación de su incorporación a la base E-Apoc resultó posterior a la realización de las tareas facturadas. Adviértase que la carga en la base de apócrifos, es decir, la publicidad de la condición de sujetos apócrifos que les fuera atribuida, se habría verificado con posterioridad a la realización de las operaciones o, en el mejor de los escenarios, concomitantemente a ello; debiéndose recordar que tal incorporación en la base de datos se encuentra exclusivamente a cargo de la autoridad administrativa (conf. esta Sala, en autos CAF45.600/2018 “CHS de Argentina SA c/EN - AFIP - DGI s/proceso de conocimiento”, resol. del 15/7/2025).
Ello, sumado a la regular situación formal de cada uno de los proveedores al tiempo de emisión de los documentos en cuestión, - cuestión también reconocida por la Administración a lo largo de la actuación seguida en su propia sede y expuesta en el acto determinativo-, resultan factores que, a falta de otros elementos relevantes, llevan al Tribunal a adoptar la postura que se viene desarrollando.
De este modo, lo relativo a la incorporación de los proveedores declarados por La Cachuera SA, en el caso, y en razón del elemento temporal destacado, resulta un factor inatendible para adoptar una decisión en lo que respecta a la procedencia o no del ajuste tributario; máxime siendo que, formal y documentalmente, con respecto a la facturación y los proveedores, al tiempo de los hechos (eso es, de la prestación de los servicios declarados), no fueron puestas de resalto objeciones; más bien, por el contrario, fue minimizada tal circunstancia por la autoridad administrativa actuante.
A mayor abundamiento, el informe pericial practicado en sede administrativa (conf. fs. 627/655 del hipervínculo que antecede), no obstante el enfoque dado por la autoridad decisora en el acto determinativo, por el que pretendió quitar entidad a las respuestas del experto interviniente, da cuenta: de los comprobantes emitidos por cada proveedor y su respectiva registración contable (Anexo I; esp. fs. 638/640), con más la información relativa a la cancelación de las facturas y la identificación del receptor del pago (Anexo II; fs. 641/644), a cuyos efectos el dictaminante indicó haber efectuado el cruce de datos entre débitos bancarios, órdenes de pago y resumen de cuenta corriente de los proveedores; en cuanto al circuito de pagos, que la documental examinada reflejaba la existencia de un débito en la cuenta corriente en concepto de transferencias a efectos de pagar, por mandato de la fiscalizada, a la cuenta corriente individualizada por cada proveedor; que la firma fiscalizada practicó las retenciones correspondientes en concepto del impuesto a las ganancias e IVA (Anexo III; fs. 645/648), destacando la baja incidencia de las operaciones en cuestión respecto del volumen operado por la firma; que los CAI/CAE obrantes en las facturas impugnadas por el Fisco Nacional se encontraban aprobados y vigentes al tiempo de su emisión.
Así, en el caso, se advierte, por un lado, que se encuentra probado y reconocido el aspecto formal en lo concerniente a los documentos emitidos, presentados a efectos del cómputo del crédito fiscal.
Y, por otro lado, se advierte también que las objeciones expuestas en el acto determinativo, con asiento en la fiscalización practicada, lucen -en el entender del Tribunal; examinadas a la luz de la sana crítica (conf. arg. artículo 386 del CPCCN), como insuficientes y/o improcedentes, atenta la ya referida época de publicación (publicidad oponible a terceros, incluído claro está el adquirente de servicios) de la inclusión en la base E-Apoc de los proveedores emisores de las facturas bajo sospecha, a los fines de proceder al ajuste de las declaraciones juradas presentadas por La Cachuera SA en lo que respecta al IVA. Es que, las consideraciones resultantes del acto determinativo motivo de revisión, así como sus antecedentes, en lo que estrictamente tiene que ver con la alegada duda suficiente en torno a la efectiva prestación de los servicios facturados, en el caso, responden a factores que, sustancialmente, hacen a la situación individual de los proveedores, cuya traslación directa y automática a la contribuyente fiscalizada, atento a la fecha de inclusión de aquellos en la base E-Apoc, de conformidad con el criterio jurisprudencial referido previamente, luce improcedente con ajuste a las pautas interpretativas que resultan de los precedentes aquí citados.
Por tanto, no se advierte fundamento suficiente en lo que hace al cumplimiento de aquéllos recaudos que se encuentran bajo la órbita de la contribuyente, en torno a la situación de quienes le brindaran los servicios facturados, para sustentar la objeción formulada por el fisco.
X. Resulta atinado destacar que lo dicho, en modo alguno importa sino un pronunciamiento en torno a la objeción fiscal, bajo los fundamentos resultantes de la investigación seguida, sin que ello justifique y posibilite una traslación acrítica de tales consideraciones respecto de otras facturas y/u/o declaraciones juradas vinculadas a alguno de los prestadores de servicios; así como tampoco implica un pronunciamiento respecto de la corrección de lo asentado en las declaraciones juradas fiscalizadas en lo que respecta al IVA.
En otras palabras, la decisión que por la presente adopta el Tribunal refiere y responde pura y exclusivamente a la insuficiencia argumental y probatoria del ajuste fiscal seguido respecto de las declaraciones juradas presentadas por La Cachuera SA en lo concerniente al IVA por los períodos sujetos a revisión, de lo cual -por cierto- dio cuenta desde un inicio la contribuyente en las distintas oportunidades en las que ejerciera su derecho de defensa.
Por tanto, en el entendimiento del Tribunal, examinados los antecedentes del caso, según la regla de la sana crítica (conf. arg. artículo 386 del CPCCN), la fundamentación expuesta por la autoridad administrativa luce insuficiente para tener por debidamente respaldada la alegada duda suficiente en torno a la real prestación de los servicios facturados por los siete proveedores objetados, reflejada en las declaraciones juradas del IVA presentadas por La Cachuera SA.
Al punto, recuérdese que, por aplicación de las pautas resultantes del artículo 386 del CPCCN, los jueces formarán su convicción ponderando las pruebas producidas y que estimen adecuadas para la resolución del conflicto, examinándolas detenidamente con un criterio lógico jurídico, y asignándoles su valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia (conf. esta Sala, en autos CAF5853/2013 “Compañía Procesadora de Carnes SA y otro c/EN - AFIP - DGI s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/3/2018; entre otros).
Y si bien las críticas consisten en el cuestionamiento de la valoración de la prueba en torno a los proveedores involucrados, se observa que la Sala actuante del Tribunal Fiscal de la Nación ha efectuado una interpretación que se aparta de las pautas de hermenéutica a las que se ha hecho referencia precedentemente y a la doctrina jurisprudencial que corresponde aplicar a este tipo de casos.
Al ser ello así, es dable concluir que las argumentaciones expuestas por la recurrente resultan suficientes y conducentes para tener por acreditada la arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, resultando idóneas a efectos de habilitar la intervención de este Tribunal, en orden a la previsión normativa del artículo 86 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde admitir el planteo recursivo bajo examen, lo que importa revocar el pronunciamiento dictado por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación y, por consiguiente, dejar sin efecto el ajuste fiscal resultante de la resolución DV RPOS 20/2024.
XI. A su vez, la admisión de la apelación en lo concerniente al ajuste tributario, determina -por lógica implicancia- la revocación del reproche infraccional aplicado; tornando ello inoficioso tratar los restantes argumentos traídos a conocimiento del Tribunal por la recurrente.
XII. Lo expuesto basta para admitir el recurso intentado por La Cachuera SA, revocar el pronunciamiento dictado por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación y, por consiguiente, dejar sin efecto la resolución DV RPOS 20/2024, en todos sus términos; sin resultar necesario considerar las demás cuestiones planteadas, ya que quienes suscriben no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros).
XIII. La debida adecuación de la distribución de las costas al resultado final del proceso, dando plena vigencia al principio general rector en la materia, a efectos de reflejar el resultado final del proceso, determina que tanto las vinculadas a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, queden en su totalidad a cargo del Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN, y artículo 184 de la ley 11.683).
XIV. Resta añadir que, atento lo resuelto precedentemente, deviene -a su vez- inoficioso pronunciarse respecto de los recursos intentados contra el auto regulatorio incluido en la resolución del 25/9/2024; debiendo adecuarse los honorarios relativos a lo actuado ante el Tribunal Fiscal de la Nación a lo aquí decidido.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso intentado por La Cachuera SA, revocar el pronunciamiento del 25/9/2024 y, en consecuencia, revocar la resolución DV RPOS 20/2024 en todos sus términos, con costas tanto relativas a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial a cargo del Fisco Nacional; y 2°) declarar inoficioso pronunciarse respecto del recurso intentado contra el auto regulatorio, debiendo adecuarse los honorarios fijados respecto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación a lo aquí decidido (Considerando XIV).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese al Tribunal Fiscal de la Nación.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia