Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33662091-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
3198/2024 CADENAS, RICARDO LUCIO (TF 33662091-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2024.
Estos autos caratulados “Cadenas, Ricardo Lucio (TF 33662091-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, mediante sentencia del 26/10/23, el organismo jurisdiccional declaró la nulidad de la resolución apelada, con costas.
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, sostuvo que el actor aceptó los cargos formulados a través del acogimiento a los beneficios de las leyes de moratoria, por los conceptos y montos cuestionados por el organismo fiscal. En ese sentido, precisó que el contribuyente había presentado las declaraciones juradas rectificativas del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 7/2017 a 01/2018, cuatro meses antes de la determinación de oficio apelada. Señaló que la variación de los presupuestos fácticos que justifican el dictado del acto implica la modificación del procedimiento, elemento esencial del acto administrativo por cuanto resulta vinculante y comporta una USO OFICIAL garantía jurídica a favor del administrado. Consideró que la falta de comunicación por parte del actor respecto a su decisión de acogerse a los beneficios de las leyes 27.541 y 27.562 al área donde se estaba sustanciando el procedimiento de determinación de oficio, no resulta suficiente para validar la determinación efectuada. Por último, consignó que el juez puede declarar la nulidad de oficio cuando estén en juego cuestiones de orden público o se vean palmariamente afectadas garantías constitucionales, con independencia de la existencia de un perjuicio, puesto que la irregularidad con características de gravedad permite presumir el daño.
2. Que, disconforme con dicha resolución, el 14/12/23 la demandada interpuso recurso de apelación y el 7/02/24 expresó agravios, que fueron contestados por su contraria el 4/03/24.
Alega que desistió de recurrir la nulidad declarada por el a quo por cuanto “aceptó que la falta de comunicación advertida NO validaría el acto finalmente dictado”. Sin embargo, esgrime que “NO se considera razonable que las costas sean impuestas al Fisco, cuando fue el propio contribuyente quien indujo a error a los funcionarios actuantes”. En ese sentido, indica que el segundo párrafo del artículo 9° de la resolución general (AFIP) 4816 establece la obligación del contribuyente de “presentar ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen, junto al detalle de las obligaciones regularizadas”. Por lo tanto, concluye que se ha configurado una excepción al principio objetivo de la derrota en materia de imposición de costas ya que “si el contribuyente hubiera cumplido con su deber de informar la regularización impositiva de conformidad al artículo 9 de la Resolución General N° 4816, el litigio no habría tenido lugar”.
3. Que, conforme surge de las constancias de la causa, el 24/10/2020, la AFIP notificó la vista que dio inicio al procedimiento determinativo de oficio y el 30/11/2020 el actor regularizó la pretensión fiscal (v. páginas 16/21, 391 y 586/604 del deo nº 13060617). El 29/03/21, la demandada notificó la resolución determinativa de oficio que fue recurrida ante el a quo el 19/04/21 (conf. páginas 1 y 440 del deo nº 13060617).
Una vez corrido el pertinente traslado, la AFIP manifestó que la regularización de la pretensión fiscal sustantiva y de parte de sus intereses había sido perfeccionada en los términos de las leyes 27.541 y 27.562, con posterioridad a la notificación de la vista administrativa. Sin embargo, aseveró que “NO fue comunicada a la División Revisión y Recursos interviniente, área donde se sustanciaba el procedimiento de determinación de oficio, fue dictado el acto aquí cuestionado no afectándose su validez y vigencia, por lo que cabe tener a dicho acogimiento a la ley 27541, durante la vigencia de la Ley 27562, informado en el marco de la presente instancia, como un desistimiento de la acción y del derecho incluso el de repetición con costas” (cfr. página 162 del deo nº 13060617). En dicha ocasión y en el escenario descripto, la demandada solicitó ante el Tribunal Fiscal que “se dicte sentencia teniendo por desistido al actor de la acción y del derecho incluso el de repetición con costas” (conf. página 164 del deo nº 13060617)
4. Que, según la parte pertinente del art. 70 del código de rito, “No se impondrán costas al vencido: 1) Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. 2) Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo”.
En el caso y si bien la falta de comunicación de la regularización en el marco de procedimiento determinativo de oficio no es un hecho controvertido, cabe advertir que la demandada —después de haber tomado conocimiento de la mencionada regularización— no se allanó al recurso deducido: por el contrario, insistió con respecto a la validez de la resolución determinativa y solicitó que el Tribunal Fiscal tuviera por desistido al actor, con costas; circunstancias suficientes para considerar inaplicable la eximición de los gastos causídicos prevista en el art. 70 supra citado, confirmar el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3198/2024 CADENAS, RICARDO LUCIO (TF 33662091-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pronunciamiento apelado —en cuanto ha sido materia de agravio— y rechazar el recurso intentado, con costas (art. 68, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
5. Que, con relación al recurso de apelación interpuesto el 21/11/2023 contra la regulación de honorarios del 9/11/23 —por altos—, cabe destacar que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada relativa a la cuestión involucrada corresponde REDUCIR los emolumentos fijados por el a quo a $1.090.560 —equivalentes a la cantidad de 24 UMA — por la representación y el patrocinio del Dr. Roberto Omar Condoleo a favor de la parte actora (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 44, inc. a, 51 y ccdtes. de la ley 27.423 y resol.
CSJN 3369/23).
Por su parte, en atención a lo dispuesto en los artículos 30 y concordantes de la ley 27.423, y teniendo en cuenta la trascendencia de las cuestiones resueltas y la calidad y eficacia de la totalidad de las tareas realizadas ante la alzada, REGÚLANSE en las sumas de $381.696 ―equivalentes a la cantidad de 8,4 UMA― los emolumentos de la dirección letrada y representación de la actora (arts. 16, 19, 30, 51 y concordantes de la ley 27.423).
Se deja constancia que la regulación que antecede deberá cancelarse de USO OFICIAL acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. ASÍ SE DECIDE.
6. Que, según el artículo 2° de la acordada de la CSJN 66/90, cuando el Estado Nacional debe integrar la tasa judicial antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento. Por ello, corresponde hacer lugar al pedido de diferir el pago de la tasa de justicia respecto de la suma de $2.350, debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los quince días, las medidas adoptadas por su Superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ SE DISPONE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia