Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 45.391-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en relación con el gravámen y períodos fiscales apelados en autos y por remitidos los intereses en la proporción que correspondan, con el alcance, términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541 2) Imponer las costas a la recurrente por los importes regularizados y por su orden respecto de los intereses remitidos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-135657740-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 16 de Diciembre de 2022 En la ciudad autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº 45.391-I, caratulado “CAGLIERO, JAVIER EDUARDO s/ recurso de apelación”, y La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 17/23 vta. el Sr. Javier Eduardo Cagliero interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 185/2015 dictada por el Jefe (int.) a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la AFIP-DGI, por la que se determina de oficio su responsabilidad solidaria en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales febrero, marzo y julio de 2009, adeudados por “Nexo Servicios S.A.”, firma en la cual el rubrado revestía el carácter de Presidente.
Que a fs. 37/45 el organismo recaudador contesta el recurso interpuesto y solicita se rechace el mismo, por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en dicho escrito, con costas.
II. Que a fs. 66/67 (RE-2022-29634918-APN-SGAI#TFN) el recurrente informa que, a los fines de acogerse a los beneficios de la moratoria sancionada por ley 27.653, se ha presentado en sede administrativa y pagado la totalidad de la deuda en discusión en los presentes autos mediante “Mis Facilidades – Ley 27.653 – Responsable solidario – Deuda impositiva y previsional Nº P969887”. Agrega que en cumplimiento de lo dispuesto en la citada ley y la RG 5101/2021 se allanó respecto de las obligaciones y desistió de las acciones, reclamos y recurso en trámite, así como de toda acción y derecho, incluso el de repetición. Finalmente, manifiesta en carácter de declaración jurada no encontrarse incurso en las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27.541. A fs. 63/65 vta. (RE-2022-29635111-APN-SGAI#TFN) lucen el acuse de recibo de la presentación del F.408 en sede administrativa, F.1003 Plan Ley 27.653 Nº P969887 consolidado con fecha 22/03/2022 y detalle de pago al contado efectuado y detalle de obligaciones regularizadas.
Por presentación del 24/5/2022 (RE-2022-51807670-APN-SGAI#TFN) el representante fiscal contesta el traslado conferido y hace saber que de acuerdo con la información recabada, el recurrente regularizó el total de la deuda intimada mediante acogimiento al citado Plan P969887 que se encuentra vigente y que no se encuentra incurso en las causales de exclusión previstas en los incisos a) y b) de la ley 27.541. En virtud de ello, manifiesta que frente al acogimiento que inexorablemente importa un desistimiento total e incondicional, sin perjuicio del control de los requisitos exigidos.
Finalmente, cabe destacar que a través de la consulta efectuada al sitio web https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/ se constató que el apelante verifica condición PYME, con certificado vigente hasta el día 30/04/2023, por lo que se encuentra incluido en el universo de sujetos contemplados en el artículo 8 de la ley citada ley Nº 27.541 (y modif.) y el artículo 4 de la RG 4816/2020. A fs. 91 se elevan los autos a consideración de la Sala C III.- Que la ley N° 27.653 (B.O. 11/11/2021) en su Título II, Capítulo III regula el régimen de “Promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de fiscalización”, el que en su artículo 7 prevé: “Con efecto exclusivo para las y los contribuyentes que pretendan regularizar sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, amplíase la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones”.
“En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.”
Asimismo, en el artículo 8 se establece: “A los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultarán de aplicación, en primer lugar, todas las disposiciones previstas en el título II de la presente ley y, subsidiariamente -y en las condiciones que establezca la reglamentación-, en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562…”. En tal sentido, el Capítulo II de la ley 27.653 (artículo 6) dispone que a los efectos de dicha ampliación, resultarán de aplicación tales disposiciones con las siguientes excepciones y/o consideraciones -en lo que aquí interesa-: “a) Se podrán regularizar las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera vencidas al 31 de agosto de 2021, inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, no pudiendo reformularse planes de pago vigentes de las leyes indicadas, excepto los condicionales mencionados en el inciso c) del artículo 13 de la ley 27.541 y sus modificaciones; b) Se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias [...] en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que se indica a continuación: 1. i) Micro y Pequeñas empresas [...] diez por ciento (10%) del capital adeudado; 2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: treinta y cinco (35%) del capital adeudado...”
Se incluye dentro de los sujetos abarcados por dicho régimen, en lo que aquí interesa, a quienes revistan la condición de MiPymes, y en tal sentido el párrafo 2° del inciso f) pto. 6.6 del citado artículo 6 establece: “...se entiende por contribuyentes Mipyme a aquellos o aquellas que encuadren y se encuentren inscritos o inscritas como micro, pequeñas o medianas empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, y demás normas complementarias. A tal fin, deberán acreditar su inscripción con el certificado Mipyme, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por el presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria, conforme lo establecido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo”. Ello así, en tanto no se configure, respecto del contribuyente o responsable, alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27.541, de aplicación complementaria al presente régimen.
Por otra parte, el artículo 57, segundo párrafo de la RG 5101/2021 contempla que “El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen junto al detalle de las obligaciones regularizadas ”.
IV. Asimismo, cabe destacar lo estipulado en relación a los beneficios establecidos por el artículo 11 de la ley 27.541 y su modificatoria, en cuanto a que los sujetos que se acojan al régimen bajo análisis y cumplan con los pagos pertinentes, gozarán de las siguientes exenciones y/o condonaciones: a) de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11683 (t.o. en 1998 y modifs.), que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en el presente capítulo… c) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias… en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje establecido en dicho artículo, según el período fiscal de que se trate, con la salvedad prevista en el artículo 6 inciso d) de la ley 27.653 que dispone: “Respecto a lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, modificada por la ley 27.562, establézcase que la exención y/o condonación estipulada en dicho artículo será de aplicación respecto de los conceptos mencionados en el mismo que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de agosto de 2021”. Su procedencia quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 6 inciso c) del cuerpo normativo, cuyo control oportuno corresponde al organismo recaudador, así como la verificación de los requisitos exigidos para hacer uso de los beneficios contemplados por el régimen.
V. Teniendo en consideración el acogimiento total a la pretensión fiscal en los términos de la ley 27.653 efectuado por el recurrente, su manifestación en el sentido que no le alcanzan las causales de exclusión del régimen, el certificado MiPyME vigente y lo explicitado por el Fisco Nacional en su presentación de fs. 88/90, corresponde que este Tribunal lo tenga por desistido de toda acción y derecho, incluso el de repetición. Asimismo procede tener por remitidos los intereses en la proporción que corresponda, con el alcance, en los términos y condiciones referidas precedentemente; ello sin perjuicio de lo previsto por los artículos 30 a 33 de la RG 5101/21.
VI. Respecto de las costas, la ley 27.653 clara e inequívocamente impone -como condición para el ingreso al régimen- que el sujeto que regularice desista de toda acción y derecho, incluso el de repetición, “…asumiendo el responsable las costas y gastos causídicos” (art. 7), sin excluir concepto alguno para su determinación. En tal sentido, recuérdese que la primera fuente de interpretación de la ley debe ser la que emerge de su letra, de manera que cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que resulte admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (Fallos 343:2158 entre otros), y en el caso, es clara la norma en cuanto no excluye de la condena en costas los importes representativos del beneficio (parte de los intereses y la multa), no correspondiendo presumir la inobservancia del legislador a su respecto (Fallos 343:1434 entre otros). Es que, si bien por la parte de intereses remitidos no puede inferirse que existió parte vencida, lo que ameritaría la imposición de las costas por su orden, lo cierto es que la ley 27.541 representa un régimen “especial” de pago de obligaciones tributarias; y también –consecuentemente- un régimen “especial” en materia de costas para esos casos, desplazante –por aplicación del principio de especificidad- del criterio general rector del CPCCN en materia de costas. Después de todo, la ley 27.541 es una norma de idéntica jerarquía que la 17.454, y representa una norma “especial” que desplaza, en este caso, las del CPCCN. Por ello, las costas debieran imponerse a la parte actora que desistió, sin exclusión de concepto alguno.
Dicho ello, razones de economía procesal llevan a aplicar el criterio establecido por la Alzada in re “Alpargatas SAIC c/ DGI” del 16/12/2020, y por ende, imponerlas a la actora en la proporción de los importes regularizados, y por su orden respecto de la proporción de los intereses remitidos.
Los Dres Luis y Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en relación con el gravámen y períodos fiscales apelados en autos y por remitidos los intereses en la proporción que correspondan, con el alcance, términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541 2) Imponer las costas a la recurrente por los importes regularizados y por su orden respecto de los intereses remitidos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.15 14:28:42 -03:00 Date: 2022.12.16 15:29:51 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.16 15:41:13 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.16 15:41:14 -03:00
Fin de la sentencia