Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2532/22-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2532/22-TSJ Sentencia Nº: 761 Actor: CAJA DE SERVICIOS SOCIALES Y OTRA EN AUTOS CARATULADOS: ‘TOMADIN PAOLA VANESA Demandada: MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN JULIAN Y OTRA Objeto: ACCION DE AMPARO’ Expte. Nº T-13.191/22 s/ INCIDENTE DE APELACIÓN Fecha: 09-10-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 761 FOLIO Nº 4683/4686 PROT. ELECT. TSS1 019 S.241
Río Gallegos, 9 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “CAJA DE SERVICIOS SOCIALES Y OTRA EN AUTOS CARATULADOS: ‘TOMADIN PAOLA VANESA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN JULIAN Y OTRA s/ ACCION DE AMPARO’ Expte. Nº T-13.191/22 s/ INCIDENTE DE APELACIÓN”, Expte Nº C-13.246/22 (C-2532/22-TSJ) venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpuestos por las demandadas, Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz, (cfr. PE645774-2022), y la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Fernanda A. Loncón Paredes (cfr. PE645847-2022, INR00000094.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que, en lo que aquí interesa, rechazó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las nombradas (cfr. PE620880-2022).-
II. En la especie la parte actora promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Puerto San Julián y la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz con la finalidad de ordenar su afiliación inmediata a esta última. Sostiene que es empleada de la Municipalidad de Puerto San Julián desde el año 2017 y que durante el curso de la relación laboral le descontaron -de su sueldo- el porcentaje que por ley corresponde a la afiliación obligada a la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz como prestador de servicios de salud; sin embargo, nunca estuvo afiliada y no aparece en el padrón de beneficiarios. Afirma que esa situación irregular no la afectaba de forma personal hasta que -por indicación de una profesional- debía someterse a una intervención médica inmediata (operación de meniscos de rodilla derecha) y el retraso en la misma implicaría un menoscabo en su salud y movilidad (cfr. PE411165-2022 código de validación: ffluua).- Que, requerido el informe prescripto en el artículo 7º de la Ley Nº 1117, las demandadas solicitan se rechace la acción promovida con costas (cfr. PE472938-2022 código de validación: b8hulz, PE457519-2022 código de validación: 06lmt9 y PE 459260-2022 código de validación: t2nsrt).-
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la localidad de Puerto San Julián, hizo lugar a la acción promovida disponiendo: “…I)…que la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz arbitre los medios necesarios, a los efectos que disponga dentro del plazo de diez -10- días el alta de la Sra. Paola Vanesa Tomadin…en su condición de afiliada trabajadora de la Municipalidad de Puerto San Julián, brindándole las prestaciones médico asistenciales que les corresponden ello conforme (sic.) dispuesto en los considerandos…y desestimando las defensas opuestas por la Fiscalía de Estado, todo con costas a las perdidosas.” (cfr. PE479825-2022 código de validación: 3ppfht).- Apelada dicha decisión por la Caja de Servicios Sociales y el Estado Provincial (cfr. PE485553-2022 y PE485070-2022), la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial resolvió rechazar los recursos de apelación interpuestos por las apelantes respecto del punto primero de la sentencia, admitiendo solo el agravio referido a la situación procesal de la Municipalidad de Puerto San Julián. Asimismo resolvió ampliar el punto primero del fallo impugnado ordenando a la Municipalidad de Puerto San Julián que en el plazo de diez días adhiera a la Ley Nº 3677 (art. 3º) y efectúe los aportes -que retiene de los haberes de la Sra. Paola Vanesa Tomadin- a la Caja de Servicios Sociales. Seguidamente rechaza el agravio respecto de las costas procesales e impone las de Primera Instancia a las demandadas perdidosas y las de Segunda Instancia por su orden (cfr. PE620880-2022).-
III. Contra esta decisión la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial dedujeron recurso de casación.-
La primera de las recurrentes entiende que: “…se ha configurado una situación de: 1) Quebrantamiento de las formas establecidas en la ley; 2) Arbitrariedad por omisión de tratar cuestiones esenciales; y 3) Violación y aplicación errónea de la ley.” (cfr. PE645774-2022, pág. 2).-
Afirma que el decisorio presenta fallas en su coherencia, carece de lógica y congruencia. Considera en tal sentido que: “Si se reconoce que los aportes son vitales para la sustentabilidad del sistema de la obra social, no puede luego ordenarse a la CSS que dé el alta a una persona cuyos aportes no han sido efectivamente acreditados.” (cfr. PE cit., pág. 4.).-
Sostiene que: “La lógica conclusión a la que debió haberse arribado si se parte de esa premisa es condenar solo a la Municipalidad de Puerto San Julián, que reconoció la deuda de aportes, sin extender la condena a quien no es responsable por la falta de integración o transferencias de los aportes.” (cfr. PE y pág. cit.).-
Agrega que: “…si bien la Cámara ordena a la Municipalidad a transferir los aportes que retiene a la amparista, no sujeta ni condiciona la afiliación a la CSS a la efectiva integración de ese aporte […] Aquí radica la contradicción del ad quem que demuestra la incompatibilidad entre la premisa de la trascendencia del aporte para los sistemas de seguridad social y la parte dispositiva de la sentencia que ordena afiliar a la amparista aun cuando no se hayan acreditado los aportes por parte de su empleadora.” (cfr. PE cit., págs. 4/5).- En cuanto al segundo de los agravios, afirma que la Cámara omite adentrarse en el análisis del sistema de seguridad social que rige en la Provincia. Para fundar su embate argumenta que: “…Una cosa es que el Estado Provincial deba garantizar el derecho a la salud de la población en general a través del sistema de salud público y otra muy distinta son las prestaciones médico-asistenciales que debe otorgar la CSS como obra social provincial a sus afiliados.
Tampoco distingue que el caso trata de una empleada pública municipal y no sobre una empleada del estado provincial […] En este caso no es el Estado Provincial el empleador, sino la Municipalidad de Puerto San Julián, quien tiene la posibilidad de adherir al régimen de la Ley 3677 para garantizar a sus empleados las prestaciones que brinda la CSS […] Frente a esa estructura no puede obligarse a una obra social a afiliar una persona que no acredita la transferencia de aportes y si el tribunal entiende que esa obligación sí existe debe explicar los fundamentos en el marco de la ley aplicable […] Es claro que ni la CSS ni el Estado provincial resultan titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión…desde que la relación jurídica sustancial es de naturaleza laboral y tiene por partes a los empleados municipales y a la Municipalidad de Puerto San Julián […] En fin, la discusión queda reducida al derecho a la salud de la amparista, sin considerarse quiénes son las partes de la relación jurídica sustancial en que se funda el reclamo, quién vulnera el derecho de la amparista, quién actúa de forma arbitraria e ilegítima, ni tampoco se valoran las razones…de la CSS para no darle el alta.” (cfr.
PE cit., págs. 6/7).- Al sustentar la última de las causales invocadas, esto es errónea aplicación de la ley, afirma que: “…ya se vislumbra el yerro de la Cámara al mantener la condena contra la CSS y el Estado Provincial sin que surja de forma clara y obvia de la sentencia cuál es el acto u omisión que les imputa para hacer lugar a la acción. Tampoco queda claro cuál es el fundamento jurídico que da sustento a la decisión judicial de ordenar a la CSS que otorgue el alta a un afiliado sin contar con sus aportes. De la lectura de la Ley 3677 no resulta la obligación del organismo de otorgar cobertura si no se reciben los aportes destinados a tal fin. Y del derecho a la salud, en la forma abstracta y genérica a la que alude la Cámara, no es suficiente para poner en cabeza de la CSS la obligación de afiliar a empleados de una Municipalidad que no se encuentra adherida al régimen vigente y que no gira los aportes para el sostenimiento de la cobertura de la obra social […] No hay entonces arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte de la CSS ni tampoco del Estado Provincial, cuando además…la amparista ha sido intervenida quirúrgicamente en el Hospital Distrital Lombardich de San Julián. […] La Cámara ha incurrido en un exceso en la función jurisdiccional al pretender administrar y distribuir los escasos recursos de la CSS a quienes no están en condiciones de ser beneficiarios…” (cfr.
PE cit. págs. 8/9).- Finalmente cita Jurisprudencia de este Alto Cuerpo (cfr. PE cit., pág. 10).-
A su turno, el Estado Provincial expone idénticos argumentos a los de la Caja de Servicios Sociales los que, en honor a la brevedad, no serán transcriptos (cfr. PE645847-2022, INR00000094.pdf).-
En PE685019-2022 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible los recursos de casación interpuestos y en PE964100-2023 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolos bien concedidos, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de esa facultad sólo la parte demandada, Estado de la Provincia de Santa Cruz en PE985239-2023 y Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz en PE988094-2023.- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar a los recursos de Casación interpuestos...” (cfr. PE1037752-2023).-
En PE1052642-2023 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1074462-2023 pasan a estudio.-
IV. De inicio, corresponde dejar sentado un aspecto medular para la decisión de este caso que impide a este Tribunal Superior de Justicia ingresar en el análisis de los agravios canalizados mediante los recursos de casación articulados por el Estado Provincial y la Caja de Servicios Sociales.-
En efecto, en PE1358771-2024 este Alto Cuerpo dispuso como medida para mejor proveer se libre oficio a la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz a afectos de informar si la actora Sra. Paola Vanesa Tomadin, D.N.I. Nº 26.768.365, es afiliada titular de dicho organismo.-
En PE1399832-2024 se encuentra agregada la respuesta del Dr. Matias P. Barría, en su carácter de apoderado del mencionado organismo, informando que la Sra. Tomadin Paola Vanesa se encuentra afiliada y que el alta se dio en cumplimiento a la sentencia dictada en autos.-
Recordemos que la presente contienda se había iniciado con el objeto de ordenar la afiliación de la Sra. Tomadin a la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz. Esta medida se encuentra íntegramente cumplida por parte del organismo demandado modificándose sustancialmente las circunstancias de hecho existentes en el momento de iniciación del litigio, tornando ineficaz e innecesaria una decisión judicial en tal sentido.- En estas condiciones una decisión acerca del fondo del asunto -reiteramos si corresponde o no la afiliación de la Sra. Tomadin a la Caja de Servicios Sociales-, cuando la sentencia sobre este punto ya se encuentra cumplida sólo tendría carácter teórico y, como es sabido, los pronunciamientos de este tipo resultan ajenos a la función judicial.-
Ante este escenario cobra vigencia la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la presentación del recurso extraordinario (Fallos 318:342 y más reciente Fallos 339:222), estándole vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos 329:1898, entre otros).- Asimismo, se ha expresado que debe expedirse: “…‘…sobre la plataforma fáctica existente al momento de resolver’ (cfr. Fallos: 269:31; 308:1087; 316:1824; 317:704; y 330:642) y que ‘no corresponde pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han quitado virtualidad a la cuestión propuesta tornando carente de utilidad la resolución pendiente’ (Fallos: 267:499; 285:353 y 328:339)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 610, Folio 3498/3509).- Idéntico temperamento ha adoptado este Alto Tribunal en similares circunstancias, al afirmar que: “…cuando media el ‘ius superviniens’ (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis)…razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada…” concluyendo que “…no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.-” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446).- Finalmente, cabe expresar que: “Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir al tiempo de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta…La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577; Reg. 2893, Folio 4578/4581 y XXVII, Reg. 3232, Folio 5347/5348).- En definitiva, las casaciones incoadas no pueden ser atendidas, porque hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia impugnada, han tornado abstractas las cuestiones sometidas a decisión.-
En cuanto a las costas, compartimos la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ante supuestos como el que nos ocupa, ha señalado que al no existir en esta instancia una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, corresponde distribuirlas en el orden causado (Fallos 329:1898).- Que, por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1019S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 761 Folio N°: 4683/4686 Secretaría: 1
Fin de la sentencia