Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2521/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar las excusaciones deducidas por el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández y por la Sra. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE588366-2022 y PE592187-2022, respectivamente.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte incidentada en PE535521-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE568653-2022-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2521/22-TSJ Interlocutorio N°: 3704 Actor: A. M. V. Y OTRO Demandada: CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO Objeto: INCIDENTE DE APELACIÓN Fecha: 19-08-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3704 FOLIO Nº 6565/6569 PROT. ELECT. TSS1 053 I.221
Río Gallegos, 19 de agosto de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO EN AUTOS: ‘A. M. V. Y OTRO c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO EXPTE. 21649/22 s/ INCIDENTE DE APELACIÓN”, Expte. Nº C-21.649/22INC (C-2521/22-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, las excusaciones formuladas por el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández en PE588366-2022 y la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE592187-2022, ambos en los términos del artículo 30 del CPCyC..-
El Dr. Fernández, postula que: “…vengo a inhibirme de intervenir en los presentes…conforme razones de decoro y delicadeza en tanto la actora Dra. V. A. oportunamente se ha desempeñado bajo las órdenes del suscripto…Por otra parte su progenitor el C.P.N. G. A. brinda servicios contables al suscripto mensualmente desde larga data. En razón de lo prescripto…considero que corresponde inhibirme de actuar…entendiendo que dicha decisión coadyuvará a brindar mayores garantías de transparencia a la decisión jurisdiccional en la presente causa…”.- Por su parte la Dra. Fernández expresa que: “…considero que median razones de decoro y delicadeza que tornan pertinente mi inhibición a efectos de aventar cualquier eventual sospecha sobre la ecuanimidad de la resolución que se adopte en este proceso. Anteriormente integré la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. En ese marco, entablé una relación de trabajo directa con la agente M. V. A. -actora en la presente causa- y, con el transcurso del tiempo, se forjó un lazo de estima que trascendió ese ámbito. Bajo este marco, debo subrayar que mi inhibición tiene por objeto evitar cualquier recelo sobre el equilibrio y objetividad que debe guiar la actuación de los jueces, velando, de este modo, por el mantenimiento de la imparcialidad de los magistrados al momento de resolver una causa.”.- Que, en razón de los escrúpulos fundados por el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo y la Sra. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en las circunstancias explicitadas que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos, y en virtud de lo normado en el artículo 30 del CPCyC, corresponde hacer lugar a las excusaciones deducidas.-
II. Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo, en virtud del recurso de casación articulado por la parte incidentada por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Claudia E. Guerra (cfr. PE535521-2022), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE529605-2022 por cuanto hizo lugar al recurso de apelación deducido por las demandadas y resolvió revocar la resolución dictada en Primera Instancia (cfr. PE455015-2022 de los autos principales) rechazando la medida cautelar promovida por los actores y difiriendo la imposición de costas para el momento procesal oportuno.-
III. Como punto de partida la casacionista sostiene que la resolución es equiparable a definitiva ya que el perjuicio que se causa es de imposible reparación ulterior atento que -de no efectuarse el tratamiento en tiempo oportuno- los efectos positivos para S. se frustrarían al quedar privada de lograr los niveles más óptimos de crecimiento, afectándose su salud integral (cfr. PE535521-2022, págs. 4/5).-
Considera que el fallo atacado es arbitrario por cuanto: “…lo decidido por la Alzada…surge…del excesivo rigorismo formal con el cual se ha resuelto dejar sin efecto la medida cautelar innovativa que permitía a S. acceder a su tratamiento farmacológico, configurándose entonces una ‘real privación de justicia incompatible con los derechos constitucionales y convencionales en conflicto, que suscitan un perjuicio objetivo y concreto para S. merecedora de un (sic) doble protección constitucional tutelar por su doble condición de niña con discapacidad, que evidentemente será de muy difícil o imposible reparación ulterior’.” (cfr. PE cit., pág. 5).- Argumenta que: “…el rechazo de una cautelar basado...en que este decreto precautorio otorgado por el Juez de primera Instancia ‘coincide con el fondo del conflicto de intereses que conforma el amparo en trámite’, no resulta razonable ni constitucionalmente admisible como argumento jurisdiccionalmente válido cuando las circunstancias de hecho, definitivamente exigen y compelen convencional y constitucionalmente a los Magistrados a brindar un grado de protección diferente como lo es en estas actuaciones que están en juego los derechos de una niña de 5 años con discapacidad […] No hay dudas que VE se ha desentendido de los ribetes especiales de este caso, y de la gama de derechos humanos constitucionales invocados en la demanda, especialmente a) el derecho a una vida digna…b) derecho a la salud…incurriendo en un rigorismo formal y procesal que da por tierra con los derechos sustanciales reclamados de S., a quien se le ha privado también a partir de este fallo de la Alzada del derecho de acceso a la justicia…” (cfr.
PE cit., págs. 21/22).- Seguidamente agrega que: “…tal fundamentación…es descalificable por ser aparente, dogmática, tergiversando las propias constancias probatorias del proceso, siendo claro que el análisis de los Jueces que conforman la mayoría no ha sido imparcial ni se ha sujetado a las reglas de la sana crítica, ni mucho menos al respeto de la Jurisprudencia que emana de la CSJN sobre los criterios de ‘razonabilidad que toda decisión judicial debe contener para ser considerada válida en los términos del art. 28 CN y art. 3 y c.c. del C,.C.C...” (cfr. PE cit., págs. 22/23).- Con relación a la verosimilitud del derecho manifiesta que lo resuelto “…se ha basado en…‘apreciaciones subjetivas’ de VE al opinar incluso de manera inoportuna, intempestiva y contraria a la prueba específica agregada (informe pericial que no fuera impugnado por la parte contraria), cuestionando de manera categórica el apoyo científico del fármaco que se reclama como cobertura de la prestadora de salud para S. […] La verosimilitud del derecho…está efectiva y suficientemente probada ya que no hay dudas de la enfermedad de S., de su discapacidad, de su afiliación a la obra social demandada, todo ello apoyado en los documentos específicos que se anexaron a la demanda…” (cfr.
PE cit., pág. 23).- En cuanto al peligro en la demora considera que lo sostenido por la Cámara: “…configura un argumento aparente alejado de toda apreciación cierta, objetiva y lógica del tiempo prolongado que en acciones judiciales de esta naturaleza implica obtener una sentencia final con posibilidad efectiva de ejecución.” (cfr. PE cit., pág. 24).-
Agregando además que: “…VE debió efectuar un análisis minucioso de los hechos que ya están probados con la presentación de la demanda, y ponderar de qué manera incide en la postergación del inicio del tratamiento farmacológico la conducta mantenida por la propia obra social, pues el reclamo…se inició...ante la propia entidad de salud…el 18 de noviembre del pasado año…el fármaco en cuestión no se comercializa en el país, por lo cual su proceso de adquisición e importación consume también tiempo útil […] postergar sin certezas en el tiempo la atención farmacológica de S. en el marco del dogmatismo analizado, constituye de parte de uno de los poderes del Estado (en este caso VE) una clara violación a derechos humanos básicos de S., comprometiendo sin duda alguna la responsabilidad internacional del propio Estado, ello en tanto no hay dudas que el ‘retardo injustificado e irrazonable’ en el suministro del medicamento…genera para S. la afección a su salud integral y calidad de vida…” (cfr. PE cit., págs. 24 y 26).- Por otro lado, alega que: “...la tutela judicial efectiva no sólo implica la posibilidad de acceder a tribunales imparciales e independientes sino, en lo que importa aquí, la de obtener el efectivo cumplimiento de la resolución estimatoria que recaiga en el marco del proceso de que se trate…” (cfr. PE cit., pág. 26)
Dice que: “…no existe motivo razonable desde la perspectiva de los derechos humanos citados que pueda negar a S. en este mismo momento procesal, el acceso inmediato al tratamiento farmacológico que todos los médicos que han dado su opinión en este proceso judicial…han coincidido en resaltar los beneficios que implica para la salud y calidad de vida de la niña, como de la necesidad de que ello ocurra cuanto antes, para evitar que se frustren los efectos positivos del fármaco. El comienzo tardío del tratamiento impide a S. lograr un crecimiento óseo más armónico y acorde al desarrollo normal y esperable para una niña de su edad, dejándola así expuesta a dolorosas enfermedades, accidentes y operaciones quirúrgicas.” (cfr. PE cit., pág. 27).- Hace reserva del caso federal y finalmente solicita que se revoque o anule la resolución de la Alzada estableciendo la vigencia de la medida cautelar innovativa decretada por el Juez de Primera Instancia (cfr. PE cit., págs. 29/30).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE568653-2022).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE592244-2022.-
IV. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- En el caso bajo examen la parte recurrente impugna la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones que, haciendo lugar al recurso de apelación de la contraria, revocó la decisión del Sr. Juez de Primera Instancia rechazando una medida cautelar (en el caso la provisión de un medicamento hasta tanto se encuentre firme la sentencia definitiva), ignorando o soslayando la recurrente su naturaleza jurídica.-
Conforme nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz, la resolución atacada no reviste el carácter de sentencia definitiva ni es asimilable a ella (cfr. art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Recordemos que las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión, en cambio las resoluciones equiparables a sentencia definitiva, tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; y c) las que conllevan gravedad institucional (cfr. Sagües, Néstor Pedro, “Recurso Extraordinario”, Ed. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, pág. 326) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3640, Folio 6361/6365).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que: “‘Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación’ (Acuerdos y Sentencias, serie 2ª-VII-298; causas Ac. 29.611; 25-XI-80; Ac. 34.307, 12-II-85; Ac.34.913, 2-VII-85; Ac. 50.922, 18-VIII-92; Ac. 54.244, 28-IX-93; Ac. 62.349, 5-3-96).” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinario y de la casación”, 2da. edición, Ed. LEP S.R.L., 1998, pág. 512).- Como ya adelantamos, mediante el recurso de casación se ataca una resolución que decide sobre una medida cautelar.-
Estas medidas cautelares: “…‘...no causan estado ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos recaudos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional, por cuyo motivo la parte interesada está legitimada para solicitar nuevamente su traba aportando otros elementos que demuestren su derecho a obtenerla.’ (cfr. Arazi, Roland y Rojas, Jorge A.: ‘Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales’, 3º Edición, ampliada y actualizada. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, Tomo I, págs. 934/935).” (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- No obstante lo expuesto, este Tribunal Superior de Justicia también ha entendiendo que la invocación de las causales de arbitrariedad y de violación de las garantías constitucionales que se entienden conculcadas no suple la falta de aquél requisito de definitividad a los fines de la procedencia del remedio intentado (cfr. Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1741, Folio 2534/2536).-
Nuestro más Alto Tribunal Nacional también se ha expedido en el sentido indicado al decir: “…las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria…” (Fallos: 326:25; 323:2205); y que: “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48 y son, como principio, insusceptibles del recurso extraordinario…” (Fallos 315:2401).- Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha entendido que las resoluciones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas a los fines de los recursos extraordinarios, a menos que puedan advertir razones que permitan apartarse de este criterio general (cfr. sum. “Ritondo Cristian Adrian c/ Club Atlético Independiente s/ Amparo”, causa LP Rc 125.459 I, del 02/02/2022).-
Con relación a ello, es preciso destacar que la casacionista no ha bosquejado ni intentado probar, en el escrito recursivo, que la medida produce un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior con lo cual este Tribunal Superior de Justicia no encuentra motivos para apartarse de su inveterada práctica.-
Queda claro en base a los antecedentes normativos y jurisprudenciales enunciados que la casación propuesta es inadmisible. Esto, en tanto y en cuanto los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial respecto de los recursos extraordinarios ante este Alto Tribunal no son solemnidades sacramentales que hubieren perdido su justificación procesal, sino que responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos ante este Tribunal Superior de Justicia su carácter de medios de impugnación verdaderamente extraordinarios, que supone por eso mismo, el cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya en desvirtuarlas (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1722, Folio 2502/2504). Más teniendo en cuenta que la parte recurrente no ha acreditado la existencia actual de un daño irreparable, lo que nos aleja irremediablemente de toda alternativa lógica de ingresar al limitado ámbito de admisibilidad de la vía extraordinaria, pues no se está conculcando su garantía a ejercer su derecho nuevamente en las instancias ordinarias.-
V. Que si bien lo precedentemente señalado obsta a la apertura de esta instancia extraordinaria provincial, también debemos destacar que la recurrente no logra poner de manifiesto los vicios endilgados a la resolución en crisis.-
De una atenta lectura del escrito recursivo se puede apreciar que el mismo carece del fundamento necesario para sostener una crítica concreta y razonada contra la resolución que con este recurso pretende derribar. Se constata que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia el decisivo error o arbitrariedad que torne operativa la casación a los fines de revocar el rechazo de la medida cautelar.- En efecto, las críticas expuestas por los actores sólo traducen diferencias de criterio con el juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218). Es que para impugnar eficazmente una resolución judicial a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados por los que la recurrente pretende.- En cuanto a la alegada violación de los derechos constitucionales y convencionales se advierte que la impugnante se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVIII, Reg. 3275, Folio 5434/5437).- En lo tocante a la arbitrariedad denunciada nuevamente debemos sostener que los fundamentos esgrimidos -en los términos planteados- tampoco resultan suficientes a los fines de la apertura del presente recurso.-
La impugnante no demuestra que la resolución recurrida sea arbitraria, es decir, aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 629, Folio 3621/3625).- La casacionista no ha logrado demostrar el vicio alegado. Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la resolución impugnada, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento objetado, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- La decisión que adoptó la Excma. Cámara de Apelaciones, no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Alzada.-
Por otra parte, también se advierte que la presentante menciona, a lo largo de su escrito, varias citas jurisprudenciales, en su mayoría de Primera Instancia, en las cuales se habría autorizado la aplicación del medicamento objeto de la medida cautelar no logrando en ningún momento vincularlos de modo concreto con la resolución impugnada.-
Así pues, cuando la recurrente no brinda -como es imprescindible- razones idóneas, que se basen en las circunstancias concretas de la causa, para sostener sus propios argumentos, el recurso no constituye la crítica concreta y razonada del fallo que se impugna, exigida para la apertura de una instancia de revisión como ésta.-
En tales condiciones, las expresiones de la recurrente constituyen meras discrepancias de orden dogmático y, por lo tanto, resultan insuficientes, en los términos del artículo 4º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, para fundar adecuadamente el recurso presentado.-
En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
VI. Finalmente, no debe perderse de vista que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (Fallos: 327:2490; 329:3464 y 4161; 330:2186 y 4076; entre otros). En efecto, corresponde descalificar como medida cautelar aquella que produce efectos análogos a la sentencia, pues la finalidad de dichas decisiones es asegurar el cumplimiento de un eventual pronunciamiento favorable mas no lograr el fin perseguido anticipadamente (Fallos: 325:388; 326:2261). En ese orden, quien pretenda una tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, extremos que deben evidenciar fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 323:337 y 1849; 329:4161 y 5160; 339:225; 340:1129, entre otros) (cfr. CSJN, Fallos 343:1086, disidencia de los Jueces Dres. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti).- Así también lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al disponer: “No resulta posible a título de medida cautelar y menos aún a través de la medida innovativa excepcional, obtener la satisfacción anticipada de lo que constituye el motivo del pleito (arts. 163 inc. 6º, CPCC; 15 ley 7166).” (cfr. sum “Fabbi Virginia V. A. c/ Pcia. Bs. As. (Inst. Prev. Social) s/ Recurso amparo”, causa LP 233.316 I, del 15/04/1999).-
En resumen, no se observa en el recurso incoado fundamentos suficientes que habiliten la vía casatoria, más allá de la discrepancia con la postura asumida por los Magistrados, que la recurrente pudiera tener. Así pues, el recurso en examen carece del sustento que habilite la instancia extraordinaria provincial.-
VII. Que, de conformidad a todo lo expuesto, el recurso de casación interpuesto por la parte incidentada (cfr. PE535521-2022), no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por consiguiente corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE568653-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Aceptar las excusaciones deducidas por el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández y por la Sra. Vocal de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en PE588366-2022 y PE592187-2022, respectivamente.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte incidentada en PE535521-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE568653-2022-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1053I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3704 Folio N°: 6565/6569 Secretaría: 1
Fin de la sentencia