Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 39.365
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13133 y confirmarse la intimación de depósito previo, dejándose aclarado que el depósito que hiciere alguno de los demandados beneficia al resto, más allá de las acciones de regreso que pudieran corresponder.
2ENCOMENDAR al juez de primera instancia la apertura de una cuenta judicial a plazo fijo renovable automáticamente, a los efectos de depositar en ella las sumas referidas
3CON COSTAS al apelante vencido. (art. 68 del CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL “CALDERON MARCOS JUAN Y OTRO C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
EXTE.39365/2014 JUZGADO C Y C N° 4 R.S.I Nº: / FOLIO Nº:
A los 02 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “CALDERON MARCOS JUAN Y OTRO C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA SA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (EXTE.39365/2014 ), habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Airesresultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA- TARABORRELLI- PÉREZ CATELLA- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13133?
V O T A C I O N A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. RAMON DOMINGO POSCA
dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 24/08/2020 el sentenciante de grado resolvió: “Hacer lugar a la demanda instaurada, y en consecuencia, condenar a ESPASA SA y a VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, al señor MARCOS JUAN CALDERON la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) y al señor MATIAS GRECO la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000), con más los intereses establecidos en el considerando VI), desde la fecha de su exigibilidad (21 de Marzo de 2014) y hasta su efectivo pago. 2°) Imponer las costas del presente proceso a los demandados vencidos (art. 68 del CPCC). Hágase saber que oportunamente deberá dar cumplimiento con el pago de la tasa y sobretasa de justicia (art. 337 del Código Fiscal y ley 8455), bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento a los organismos respectivos. 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad”. Contra dicha forma de decidir, apelaron la sentencia la parte actora y parte demandada (véase presentaciones de fecha 26/08/2020, 28/08/2020 y 31/08/2020), recursos que fueran concedidos libremente (véanse proveídos de fecha 27/08/2020, 28/08/2020 y 31/08/2020).
Sin perjuicio de ello, tras un nuevo estudio de la cuestión, se advierte que los codemandados debían dar cumplimiento con el art. 29 de la ley 13133 en virtud de la relación que uniría a las partes (relación de consumo), por lo cual S.S. exige depósito previo. La parte Volkswagen Argentina S.A. consciente dicho auto, practica liquidaciones y solicita prórroga. Por su parte, la codemandada Espasa SA apela dicho auto y plantea la inconstitucionalidad del art. 29 de la citada normativa (véase presentación de fecha 14/10/2020) y su concesión en relación mediante despacho del mismo día.
Mediante presentación electrónica de fecha 16/10/2020 presenta el memorial de agravios, el cual no recibiera réplica por la contraria. Una vez en condiciones, se elevan las presentes actuaciones, siendo radicadas ante esta Sala Primera. Habiéndose corrido previamente vista al Fiscal interviniente sobre dicho planteo de inconstitucionalidad, pasaron los autos para sentencia.
De los agravios expuestos por la parte codemandada, se observa que esta se queja por la intimación efectuada por S.S. a que en el término de 5 días cumplan con el pago del depósito conforme art. 29 de la ley 13.133, bajo apercibimiento de declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos.
Expone que el art. 29 de la Ley 13133, dispone como requisito para la procedencia del recurso, el depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente. Que dicha, norma resulta a todas luces inconstitucional –entiende-, por evidente violación al derecho de raigambre constitucional de acceso a la justicia, el debido proceso, ejercicio del correspondiente derecho de defensa, y de propiedad, reconocidos no solo en nuestra constitución, sino también en tratados de derechos humanos, de raigambre constitucional. Que la posibilidad de que una persona se vea expuesta a tener que pagar una sentencia antes de que exista sentencia firme, se encuentra en contradicción con las previsiones del art. 8º, inc. 1º y 2°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del artículo 14 inciso 1,2,3 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas de expresa jerarquía constitucional de conformidad con lo prescripto en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Reitera que dicha normativa resulta manifiestamente inconstitucional, al no existir una instancia Superior de revisión, siendo la doble instancia una garantía indispensable. Que previa a la sanción de la citada normativa atacada, no se establecía dicha exigencia del depósito de capital, intereses y costas, como requisito de admisibilidad del recurso contra la sentencia. Sumado a que no hay antecedentes de otras jurisdicciones en tal sentido, en dicha materia. Qué asimismo, se estaría vulnerando el principio de inocencia, además de un excesivo rigorismo formal, que vulneraría derechos constitucionales de los condenados.
Por otra parte, expone que, no existiendo sentencia firme, de cumplir con dicha normativa no solo se verá privada de la utilización de las sumas durante todo el proceso hasta el arribo de la sentencia firme, con los daños que ello ocasiona, sino que en caso de rechazarse la demanda- esta parte se verá obligada en incurrir en mayores costos para poder recuperar las sumas abonadas, y sin posibilidad de recupero de los daños sufridos. Finalmente, refiere que en caso de que exista sentencia firme, igualmente se ocasionaría un perjuicio irreparable a esta parte, dado que la liquidación a pagar es una, mientras que las condenadas son dos, y si ambas depositan las sumas requeridas, se produciría una duplicidad en los pagos, ya que cada condenada realizaría el depósito total de la sentencia, para cumplir con la citada normativa.
En consecuencia, solicita se declare la inconstitucionalidad de la norma o en su defecto, que con el pago que oportunamente pudiere realizar la otra codemandada se tenga por cumplido con el depósito requerido.
III. La solución A los fines de dar solución al caso bajo examen, debo dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III.1 La declaración de inconstitucionalidad La Corte Suprema de la Nación en la causa C 866 XLII “Candy S.A. c/AFIP y ot. s/acción de amparo” de fecha 3 de julio de 2009 ha sostenido que “…según una inveterada jurisprudencia, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico (Fallos: 303.248; 312.920; 324.920, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 315.923, 328.4542)”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia Provincial, ha afirmado que: “La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, última ratio del orden jurídico.” (SCBA LP Ac 36570 S 23/09/1986 Bianchi, Constantino c/Fisco de la Pcia. de Buenos Aires s/Expropiación JUBA 9087)
Esta Sala en los autos “Asociación Mutual Asis c/ Alasina Celia Rosa s/ Cobro Ejecutivo” causa Nº 3275/1” RSD Nº 58/14 sentencia del 15 de mayo de 2014, con voto del Dr. Taraborrelli, ha decidido; “El único mecanismo jurisdiccional para dejar de aplicar una ley es su declaración de inconstitucionalidad, ya que los Tribunales solo en ese caso pueden prescindir de ella, no siendo práctica aceptable eludir la aplicación de la norma sobre la base de argumentos valorativos, de justicia e injusticia, conveniencia o inconveniencia, oportunidad o inoportunidad (Rivera, “Limites de las facultades judiciales…”, L.L., 24.8.99, párr. 3, citado por esta Cámara, Sala I, en causa nº 40587, “Maquiavello…” del 17.08.99, y por esta Sala I, en causa nº 47.084, “Banco Galicia y Bs.As….”, del 11.03.04). Sólo la declaración de inconstitucionalidad de la ley habilita al juez a soslayar su aplicación, lo que –ahora-puede decretar de oficio, conforme doctrina legal casatoria".
Sentado ello, cabe realizar en autos el correspondiente examen del artículo 29 de la Ley 13133, motivo de agravio de la parte codemandada, debiendo para ello efectuar las siguientes consideraciones, a saber:
IV. El dialogo de fuentes La Constitución Nacional ya no es sólo una norma programática porque sus cláusulas son operativas y se ha convertido en la principal fuente del ordenamiento jurídico, siendo de directa aplicación sus normas jurídicas. En consecuencia, las leyes deben obedecer a la Constitución para no ser declaradas inconstitucionales. La Constitución es la ley reguladora de las demás fuentes del derecho. Resulta indudable que quedan derogadas las leyes que se opongan a la Constitución.
Lo explica el Dr. Lorenzetti, coautor del proyecto. “El Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la doctrina jurídica argentina”. (LORENZETTI, Ricardo: “Aspectos valorativos y principios preliminares”, Introducción al “Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina”, Visión Jurídica Ediciones, Buenos Aires 2014).
Stiglitz considera la aplicación del Derecho del Consumidor si bien emergente de la ley especial 24.240, en diálogo con aquellas incorporadas en el Código Civil y Comercial de la Nación, al cobijo de la Constitución Nacional (arts. 42, 43, e instrumentos internacionales incorporados por el art. 75 inc.22), “y con un notorio direccionamiento en favor del consumidor, en función del principio protectorio.” Defensa del consumidor, diálogo de fuentes y principio de protección: “Stiglitz, Gabriel A. Publicación: Revista de Derecho del Consumidor - Número 1 - Noviembre 2016 30-11-2016); (“El principio de interpretación del Derecho y del contrato, a favor del consumidor (arts. 3 y 37, ley 24.240 y 1094 y 1095, Cód. Civil y Comercial). “B) Las normas de protección del consumidor son de orden público (art. 65, ley 24.240).“ C) El principio protectorio se fortalece, dentro de esta mecánica de armonización, a través de un proceso de constitucionalización e internacionalización, en cuanto: “a) debe efectuarse inexorablemente en función de los mandatos constitucionales, arts. 42 y 43 C.N.; “b) y en conexión con los derechos incorporados, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), emergentes de los Tratados Internacionales, de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales” (Obra citada). Entonces si bien no todo es derecho del consumidor, todo es derecho derivado de la Constitución Nacional.
Ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “En efecto: “Interpretar el texto legal para encontrarle una significación compatible con el bloque constitucional a la luz de un necesario diálogo de fuentes, no es ya una mera opción para el juez sino un imperativo constitucional y convencional” (SCBA LP C 119616 S 05/04/2017 Juez DE LÁZZARI (OP) Carátula: Álvarez, Carlos Alberto contra Estancia El Alba S.A. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual B4203054 JUBA).
“Así, hoy día podemos observar la tendencia del llamado "derecho civil constitucional", a partir del cual se advierte el reconocimiento de la incidencia de los valores y principios constitucionales en el derecho civil, lo cual no resulta apenas una tendencia metodológica, sino la preocupación en la construcción de un orden jurídico más sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, entre los cuales está el de disponer de un derecho contractual que, más allá de estampar operaciones económicas, sea primordialmente volcado a la promoción de la dignidad de la persona humana (arts. 11, Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22, Const. nac.).”
La suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, destaca, en la causa citada, la función judicial de controlar la convencionalidad y constitucionalidad de las leyes. “Así la judicatura en su rol de control de convencionalidad y constitucionalidad “tiene como cometido determinar el alcance que tiene el derecho invocado en nuestro sistema desde una óptica que asegure su mayor operatividad en relación con el caso concreto. Toda norma debe "garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos" ("Fallos" 327:3677; 332:2043).”
“Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha dado la pauta de que la ley se torna arbitraria cuando los medios que se adoptan para lograr esos fines no guardan adecuada proporción con ellos o con las circunstancias que la motivaron ("Fallos" 98:20; 147:402; 171:348; 200:450; 249:252; 256:341; 263:460; 288:325; 299:428).”(Caso “Älvarez” citado)”. (Doctrina citada en “Rombo Compañía Financiera S. A. C/ Ruiz Fuentes, Juana S/ Acción De Secuestro (Art. 39 Ley 12962)” (Causa Nº 5040/1) RSD N°40/18 sentencia del13/03/18, entre otros).
Por otra parte, en igual corriente, la jurisprudencia ha reconocido que: “De esta manera y tras la lectura de los fundamentos del proyecto, no caben dudas acerca de que el derecho patrimonial no es ajeno a estas circunstancias, ya que desde hace años se puso de manifiesto la importancia de la aplicación de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales para la solución de casos de derecho privado (GIL DOMÍNGUEZ, Andrés: "Estado constitucional y proyecto de Código Civil", en La Ley Online). Este paradigma de constitucionalización y convencionalización del derecho privado ha definido la orientación de la última reforma. De esta manera el Código Civil y Comercial es el resultado de estos cambios en la cultura jurídica y ya no alcanza para dar solución a un caso las disposiciones contenidas en un solo cuerpo legal, sino que estas deberán ser adaptadas a los principios y valores constitucionales y convencionales. El tópico es complejo, extenso e impactó de manera profunda en la interpretación de las normas ya que en nuestro país el control constitucional no es concentrado, sino difuso. Ello implica que, al no existir tribunales constitucionales (como sí los hay en otros países) y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea la última intérprete - en la mayoría de los casos- de nuestra norma fundamental, los jueces deben tener un cabal conocimiento de todas las normas, valores y principios que se encuentran en juego (conf. ZAGREBELSKY Gustavo; "Constitucionalismo"; Revista DERECHOS Y LIBERTADES; Número 29, Época II; junio 2013; pp. 19-38; FAVOREU, Louis J; "La Constitucionalización del Derecho"; Artículo publicado en las Misceláneas en homenaje a Roland Drago, "La unidad del derecho", París, Económica, 1996, pp. 25 y siguiente). La ley ya no es concebida como una especie de ente aislado, sino interpretada conforme la Constitución y los Tratados Internacionales, sus principios y valores”. ("Aguilar María Del Rosario Y/O C/ Arcos Dorados Argentina SA S/ Daños Y Perjuicios" causa nº 52682, Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, 19/11/2020).
IV. Los derechos del consumidor y su raigambre constitucional. El recurso de apelación en los procesos de consumo. Artículo 29 de la ley 13133. El depósito previo El art. 42 de la C. N. establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos (…) La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
Por su parte, el artículo 38 de la Const. de la Pcia. de Bs.As., regula que: “Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz. La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores”.
Del mismo modo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el texto del art. 7 regula pertinentemente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Además, agrega que en las relaciones de consumo se aplican las normas más favorables al consumidor y deben ser aplicadas e interpretadas conforme con los principios de protección del consumidor, y en los supuestos de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. (art. 1094 del C. C. y C. N.).
Por lo cual, a los fines de dar respuesta a los mandatos y garantías constitucionales a favor de los consumidores y usuarios es que se dictó la ley 13133 titulada como “Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y usuarios”.
Dicha normativa dispone en su artículo 29 que: “Cuando la sentencia acogiere la pretensión, la apelación será concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente, al solo efecto devolutivo”.
Como se adelantó, el apelante centra sus críticas en el depósito previo que se impone, refiriendo que la misma conculca derechos constitucionales de acceso a la justicia, el debido proceso, derecho de defensa y de propiedad.
Por lo cual, considero que a los fines de resolver la presente cuestión se deberá tener como norte lo previsto en la Constitución Nacional y Provincial, bloque constitucional y el dialogo de fuentes. Es así que se adelanta que el recurso no podrá prosperar, veamos.
En el caso de autos, se observa que la parte actora Marcos Juan Calderón y Matías Greco, han iniciado demanda de daños y perjuicios por supuesto incumplimiento contractual de Volkswagen Argentina SA y Espasa SA, en función de un automóvil que habrían adquirido los actores y que según relatan contenía defectos de fabricación.
El sentenciante de grado, dispuso en el primer auto de fs. 125 que entre las partes existiría una relación de consumo y por ello, aplicable al caso bajo examen la ley 13133, lo cual incluso fuera sostenido por el agente fiscal interviniente a fs. 127. Asimismo, dicho análisis fue reiterado en la sentencia definitiva por mi Colega de grado.
Ahora bien, no escapa a este juzgador que la sentencia no se encuentra firme y que la parte codemandada habría negado que entre ellos existiría una relación de consumo. Sin perjuicio de ello, conforme quedara trabada la litis y demás actuaciones, considero que “prima facie” y sin que implique emitir opinión sobre la cuestión de fondo, existen elementos serios que me hacen presumir que en la especie existiría una relación de consumo y por lo tanto, aplicable dicha normativa. Nótese, que en el memorial de agravios tampoco existe una crítica por parte del apelante respecto al acierto o no de la aplicación de dicha norma.
Sentado ello, y pasando a la cuestión de fondo, se vislumbra que la disposición legal hoy cuestionada tiene como finalidad otorgar herramientas que permitan establecer procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos entre proveedores y consumidores.
Vale recordar que con sostén constitucional y en el derecho de fondo, el régimen que consagra los derechos del consumidor (arts. 42, Const. nac., los pertinentes de la LDC; art. 38 Const. pcial., y los de la ley 13.1330), se trata de un conjunto de normas pensadas para la protección de quien se considera la parte más débil en una gran cantidad de vínculos jurídicos (conf. SCBA doct. causa 121.684, sent. del 14-VIII-2019). Al igual que lo que sucede con otros grupos especialmente protegidos por el legislador (vg., art. 20 y 56, ley 11.653 en el campo de la tutela de los derechos de trabajadores), la normativa en cuestión ha establecido una serie de mecanismos procesales tendientes a equilibrar aquella disparidad. (274.634 "GALLO, GRISELDA MARIA C/ ALTIUM SA Y OTRO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" CAMARA I DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA II - LA PLATA. 30/12/2020).
La Cámara vecina del Departamento Judicial de Azul, ha sostenido que: “La exigencia del depósito previo previsto en el precepto resulta ser requisito de admisibilidad del recurso, tal como lo ha resuelto con anterioridad este Tribunal, y como lógica conclusión de lo expuesto, cabe entender que el artículo 29 de la Ley Provincial 13.133 resulta aplicable a las apelaciones vinculadas a procesos en los que se encuentre en juego una relación de consumo. Así, lo ha sostenido esta Cámara, a través de ambas Salas al expresar: "resulta claro que el art. 29 de la ley 13.133 ha introducido una exigencia de cumplimiento de determinadas cargas económicas como requisito objetivo de admisibilidad de la apelación (conf. Azpelicueta - Tessone; "La Alzada", p. 12 y 13)" (Sala I, causa n° 62808, "Tolosa ...", del 27/03/2018; esta Sala, causas n°64350, “Barcelonna…” del 03/09/19; n°65.107, “Cabrera…..” del 30/04/20 y n° 65.107, “Emiliozzi” del 30/04/20 ) (Causa nº: 2-65533-2020 "CABRERA ANDREA DANIELA C/ BAHIA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO/A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, Sala II. Voto del Dr. Galdós).
Por otra parte, las críticas que hace el apelante respecto al acceso a la segunda instancia, generan la necesidad de traer a la memoria que en primer lugar que: “La posibilidad de revisión de las decisiones de grado por un tribunal de segunda instancia responde al diseño general de los órganos de la administración de justicia. La constitución deja librado este diseño al legislador, abriendo igualmente las posibilidades de acceso a esta instancia mediante los respectivos recursos. En consecuencia, la doble instancia en materia civil no reviste la condición de garantía constitucional, pudiéndose limitar su aplicación. En este sentido la Corte Suprema tiene dicho que "la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio". Lo que legitima la posibilidad de cerrar el acceso a esta revisión por cuestiones de política legislativa (conf. Moia, Ángel Luis; "La limitación económica al recurso de apelación y los procesos concursales"; Cita Online: AR/DOC/2531/2014).Del mismo modo, se expuso en dicho fallo citado que: “ Las restricciones de este tipo no están exentas de cuestionamientos de tipo constitucional, en tanto cabalgan sobre el delicado equilibrio que existe entre la eficiencia del sistema judicial y la efectividad del derecho de defensa en juicio (conf. doc. cit. ut supra), pero será una cuestión a decidir en cada caso particular…”.
("BARCELONI DANIEL EDUARDOC/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS y otro/a S/RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES. Mar del Plata, 14 de Mayo de 2015, el subrayado me pertenece).
Incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien en referencia a los recursos extraordinarios, ha reconocido la validez de las normas que establecen el requisito del depósito previo para la intervención judicial, a la par que estableció excepciones que contemplan fundamentalmente situaciones patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. (CSJN, Fallos 215:225; 287:473/474). (Causa nº: 2-65533-2020 "CABRERA ANDREA DANIELA C/ BAHIA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO/A S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, Sala II. Voto del Dr. Galdós). A mayor abundamiento, esta Alzada recientemente en los autos caratulados: “ROBLEDO MARIA CRISTINA C/ NUEVO IDEAL S.A Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
LM-28398/2014” (04/02/2021, Nro. De registro 660) y ante la manifestación de imposibilidad de cumplimiento del depósito previo por cuestiones económicas, las cuales se ven agravadas por el contexto actual de pandemia, esta Sala resolvió: “En este caso, al contrario de lo que ocurre con la citada en garantía, la apelante ha manifestado una imposibilidad económica de afrontar dicho depósito, ofreciendo prueba al respecto, la que no ha sido valorada en la instancia de origen. Por una cuestión de celeridad procesal, atendiendo que el recurso de apelación concedido en relación veda la posibilidad de abrir la facultad revisora en materia de prueba de la Alzada (conf. art. 270 CPCC) considero que debe revocarse parcialmente la resolución apelada, en cuanto al recurso interpuesto por la demandada. En efecto, los extremos alegados por la demandada en su memorial de agravios, tornan verosímil las imposibilidades alegadas, debiendo estarse al ofrecimiento del depósito de la franquicia a su cargo, lo que se encomienda al Sr. Juez de grado”.
En consecuencia, de dichos fundamentos considero que si bien la normativa cuestionada, la cual exige un depósito previo para acceder a la segunda instancia responde a la protección de los derechos de los consumidores, los cuales se reconocen como la parte más débil de la relación, esta Alzada se ha enrolado en un criterio que admite excepciones, a los fines de no vulnerar los derechos constitucionales de ambas partes dentro de un proceso.
Sin perjuicio de lo expuesto, tales excepciones previstas no resultan de aplicación en autos, pues, de la atenta lectura de los agravios relatados por el apelante no se observa dificultad económica/financiera para afrontar dicho depósito previo que impone la normativa aplicable.
Por otra parte, en relación al derecho de igualdad, ha señalado la SCBA que: “Conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la garantía constitucional del art. 16 significa que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, deben ser tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Ello implica, para el legislador, la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (Fallos 123:106).” “Las distinciones establecidas en las normas resultan valederas en tanto no obedezcan a propósitos de injusta persecución o un indebido privilegio (Fallos 303:1580; 304:390; 305:823; 306:1844; 307:582, 1121 y 321:92; entre muchos otros).” “De allí que para que pueda alegarse que existe desmedro a la garantía constitucional de igualdad ante la ley (arts. 16 de la Const. nacional y 11 de la Const. prov.) es necesario que la desigualdad o la discriminación inválida resulten del texto mismo de la norma.” (SCBA causa A. 68.418, "Asenjo, Daniel Horacio y otros contra Direction General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires. Proceso sumario de ilegitimidad", sentencia de 15 de abril de 2009,voto del Dr. de Lazzari). Asimismo, se ha resuelto que. “En las relaciones de consumo se parte de un principio protector en base a la relación asimétrica que se da entre el proveedor y el consumidor. En este aspecto, si bien la sentencia de primera instancia no se encuentra firme, lo cierto es que la juez de grado ha encuadrado dicho vínculo jurídico entre las partes en los términos del art. 3 de la ley 24.240.
Así, la normativa protectoria del consumidor se funda en esa desigualdad estructural que se da entre las partes que se plasma en una ventaja por parte del proveedor técnica, jurídica, informativa, económica, entre otras. (…). Aquí no se privilegió a un proveedor por sobre otro, lo que eventualmente en determinadas circunstancias merecería reproche en virtud del art. 16 de la C.N; sino que por el contrario, la normativa prevista en el art. 29 de la ley 13.133 se funda en el hecho de que al existir una diferencia entre el consumidor y el proveedor, a los fines de poder acceder a la instancia revisora, este último cuando es condenado debe poner a disposición la suma de dinero fijada para resarcir los daños provocados. Distintos colegas se han pronunciado también por la validez de este precepto legal. (conf. CCC, MDP, causa 158886 , r.i. 219, 15/05/15, CCC, LP, "STREMI ARIEL BALTAZAR C/ FERRO JOSE ENRIQUE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE", 17/07/19). (Fallo citado "Aguilar María Del Rosario Y/O C/ Arcos Dorados Argentina SA S/ Daños Y Perjuicios" causa nº 52682, Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro 19/11/2020).
Este último razonamiento citado se hace atendiendo –reitero- no solo al pie de desigualdad en la que puedan encontrarse consumidor y proveedor sino también en la medida que los proveedores se encuentren en similares circunstancias, ello conforme lo ha resuelto recientemente esta Sala Primera (fallo citado “ut supra” por esta sala in re “ROBLEDO MARIA CRISTINA C/ NUEVO IDEAL S.A Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) LM-28398/2014” (04/02/2021, Nro. De registro 660). No escapa a este juzgador que pueden presentarse condiciones particulares que deben valorarse en cada caso en concreto, sin que por ello se vea afectado el derecho a la igualdad.
Del mismo modo, el apelante refiere que en la especie pretender que ambos coaccionados y condenados apelantes efectúen depósitos por el total de la condena en los términos del art. 29 de la ley 13133 implicaría una duplicidad de pagos. Considero que en este punto asiste razón al quejoso, pues con el depósito que hiciera uno de los condenados, debe resultar suficiente para todos los apelantes accionados, más allá de la responsabilidad solidaria que podría existir o las acciones de regreso que podrían plantearse.
Sobre este tópico también se ha expedido la jurisprudencia, refiriendo que: “Yendo ahora al otro agravio formulado (en cuanto a la exigencia del depósito de capital de condena más intereses y costas "únicamente" a la recurrente), corresponde señalar que el cumplimiento de este recaudo resulta exigible a la parte que apela la sentencia y en el caso de marras únicamente "Chevrolet SA" mantiene su recurso de apelación. (…). Así las cosas el único recurso en trámite resulta ser el de la demandada "Chevrolet S.A". (…) De tal modo, si los demandados conforman un litisconsorcio facultativo y uno solo de ellos apela la sentencia, aunque la deuda tenga carácter solidario, deberá afrontar el depósito total de lo exigido en el art. 29 de la ley 13.133, sin perjuicio de las pretensiones regresivas a las que se considere con derecho y deduzca en reclamos autónomos. Por el contrario, si ambos litisconsortes apelan, bastará que uno de ellos integre el total para que quede exento el segundo, sin perjuicio de las acciones regresivas referidas anteriormente”. (fallo citado Barceloni…).
Finalmente, tampoco resultan atendibles los agravios que giran en torno a la indisponibilidad de los fondos y el principio de inocencia, pues no debe perderse de vista que la norma procesal permite –reflexión realizada por analogía- la traba de medidas cautelares sin que por ello se vean afectados tales derechos. En efecto, el código procesal provincial dispone que: “Durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo: (…) 3. Si quien lo solicita hubiere obtenido sentencia favorable aunque estuviera recurrida”. (Art. 212 inc. 3 del Código de rito). Por lo tanto, si bien en este último supuesto (traba de un embargo) no condiciona la concesión de un recurso contra una sentencia definitiva –como sucede en autos-, si otorga suficiente verosimilitud en el derecho, sin que por ello pueda verse perjudicado el principio de inocencia.
En suma, toda vez que el fundamento lógico de la norma bajo examen es evitar la disparidad existente entre consumidores y proveedores, como así también, evitar que el mecanismo impugnativo se utilice con un fin dilatorio en perjuicio de los derechos de la parte "débil" en la relación consumeril y considerando que el apelante no ha logrado dar verdaderos fundamentos que logren demostrar que la cuestionada normativa vulnere realmente el derecho de garantía constitucional, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 29 de la ley 13133. Por otra parte, tampoco existe en autos constancia alguna que haga presumir la imposibilidad de efectuar dicho depósito exigido, no correspondiendo en la especie excepción alguna al principio general.
Sin perjuicio de lo expuesto, siendo que también ha apelado la sentencia “Volkswagen Argentina SA”, quien incluso habría practicado liquidación, deben hacerse parcialmente lugar a los agravios en el sentido de que el depósito que hiciere alguno de los demandados beneficia al resto de los apelantes, más allá de las acciones de regreso que entre ambos pudieran corresponder.
A su vez, se encomienda al juez de primera instancia la apertura de una cuenta judicial a plazo fijo renovable automáticamente, a los efectos de depositar en ella las sumas referidas, evitando así la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Atenta a la forma en que se resuelve y los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el resto de los agravios articulados por el apelante. Finalmente, propongo que las costas sean impuestas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
Por las consideraciones legales, doctrinaria y jurisprudencia expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos, los Dres. TARABORRELLI y PEREZ CATELLA también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A:
AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal RESUELVE: 1°) RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13133 y confirmarse la intimación de depósito previo, dejándose aclarado que el depósito que hiciere alguno de los demandados beneficia al resto, más allá de las acciones de regreso que pudieran corresponder. 2°) ENCOMENDAR al juez de primera instancia la apertura de una cuenta judicial a plazo fijo renovable automáticamente, a los efectos de depositar en ella las sumas referidas 3°) CON COSTAS al apelante vencido. (art. 68 del CPCC). REGISTRESE. DEVUELVASE, encomendándose al Sr. Juez de la instancia de origen la notificación de la presente.
Fin de la sentencia