Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución dictada con fecha 1 de septiembre por el Juez Pedro F. Hooft, que desestima in límine la querella promovida por Daniel Mendez. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el letrado Germán Corti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP, 109, 110 y 115; CPP, 21, 106, 210, 383 y ss., 421, 434, 439, 440 y cctes.).
c. 33620 "MENDEZ DANIEL C/ TRIMBOLI JOSEFINA ANDREA S/ CALUMNIAS".
En la ciudad de Mar del Plata, a los 9 días del mes de Diciembre de 2020, se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 33620 caratulados MENDEZ DANIEL C/ TRIMBOLI JOSEFINA ANDREA S/ CALUMNIAS, y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini (CPP, 440).
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por Daniel Mendez con el patrocinio letrado de Germán Corti, contra la resolución dictada con fecha 1 de septiembre por el Juez Pedro F. Hooft, que desestima in límine la querella promovida por Daniel Mendez.
Alegan que el resolutorio ha vulnerado el derecho a la defensa en juicio e inobservado las normas procesales, incurriendo en un excesivo rigor formal.
Entiende que en el caso se encuentran cumplidos todos los requisitos de forma exigidos por la legislación formal para la interposición de la querella, pues se identificó el querellante y querellado, se hizo una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, se acompaño la prueba documental y se ofreció la restante, además de estar firmada.
Advierte que la norma permite al Juez declarar la inadmisibilidad de la querella solo cuando no se de cumplimiento a esos requisitos.
Critica que el fundamento alegado por el Juez configura un anticipo jurisdiccional que soslaya las reglas que el CPP establece para el juzgamiento de los delitos de acción privada, y que resultan del debate entre las partes. Cita jurisprudencia que entiende aplicable.
Entiende que si el hecho denunciado es típico, antijurídico, culpable y punible, es materia de un necesario debate, por lo que el rechazo de la querella debe revocarse.
En cuanto a la tipicidad de la conducta, contrariamente a lo sostenido por el Juez, destaca que el conflicto laboral es entre la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales y la denunciada, mientras que la conducta atribuida a Trimboli, afecta el honor del presentante, siendo dos situaciones distintas e independientes. Remarca que en dicho expediente se efectuaron alegaciones en su contra, imputándole falsamente la comisión de un delito y se realizaron una serie de afirmaciones que además deshonran o desacreditan como persona.
Alega que el conflicto laboral no puede oficiar como justificativo para dicha conducta, sosteniendo que se ha sentido afectado en su honor, buen nombre y dignidad al ser acusado de ser un acosador sexual y laboral.
Hace hincapié en su rol de Secretario General de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, habiendo trascendido esta cuestión al ámbito laboral, pues lo denunciado por Trimboli se ha divulgado entre el resto de las autoridades, empleados y afiliados. Agrega que este año hay elecciones para la renovación de autoridades.
Por ello, entiende reunidos los elementos típicos exigidos por los arts. 109 y 110 del CPP, transcribiendo los dichos de la querellada, y solicitando se revoque el resolutorio impugnado.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Poggetto dijo:
Luego de analizadas las constancias de autos entiendo que la sentencia debe ser confirmada.
La cuestión, radica en la acreditación de las conductas constitutivas de los delitos de calumnias e injurias, entendiendo el Juez que las mismas se producen dentro de un conflicto laboral que serán objeto de debate en el expediente que se encuentra en trámite en ese fuero, careciendo los dichos enunciados de calidad injuriante conforme los recaudos típicos que debe abastecer. Finalmente, el Juez sostiene que de admitirse la querella resultaría de palmaria identidad con la materia objeto del expediente laboral en trámite, rechazando in limine la presentación.
En primer término resulta determinante analizar el objeto procesal fijado en el escrito de acusación o querella, y por el que se promueve y ejercen las acciones penales infraccionadas a entender del presentante.
En este orden de ideas, es del caso recordar que "... En los juicios por delitos de acción privada se elimina la etapa de instrucción y comienzan directamente con el plenario, con la presentación de la querella que debe revestir las características de una acusación y donde el querellante exclusivo debe acompañar y ofrecer todas las pruebas de cargo. Entre las exigencias de ese escrito se encuentra una relación clara y precisa del hecho, para que el querellado acuda a la audiencia de conciliación perfectamente compenetrado de los hechos que le otorgan legitimación activa al actor, su contradictor, y de esa manera, encontrarse en la posibilidad de aportar prueba para refutar la imputación (en el juicio) o bien conciliar, retractarse. Como la querella por delito de acción privada es una acusación, no bastan las meras narraciones imputativas, ni la descripción de hechos generales, sino que exige la imputación al presunto autor de su intervención objetiva y subjetiva en hechos concretos que encuadran en las figuras penales de que se trate, y la relación de las pruebas en las que se funda tal afirmación...". (De Luca, Javier, "La investigación preliminar en los juicios por calumnias e injurias cometidos por medio de la prensa", en AAVV, Estudios en homenaje al Dr. Francisco D'Albora, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, págs. 266 y 267).
En la especie, la demanda penal contiene una enunciación abstracta de los hechos imputados, cuya extensión semántica carece de correlato fáctico que permita la concreta individualización de una conducta identificable como hecho histórico y que se adecue objetiva y subjetivamente a los predicados de los tipos penales denunciados como infraccionados; y esto representa un grado de indeterminabilidad en la imputación fáctica que conlleva a la disolución de la garantía de defensa en juicio cuyo efectivo ejercicio sólo puede salvaguardarse con una imputación correctamente formulada, pues sino de la manera expuesta entonces resulta inadmisible por su indeterminación o subsidiriamente atípica por su inadecuación.
Como afirma Maier, "... para que la posibilidad de ser oído sea un medio eficiente de ejercitar la defensa, ella no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o usurpación) acudiendo al nombre de la infracción, sino que por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, del a vida de una persona . Ello significa describir un acontecimiento -que se supone real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta; el lenguaje se debe utilizar como descriptivo de un acontecimiento concreto ya ocurrido, ubicable en el tiempo y en el espacio, y no para mentar categorías conceptuales. De otro modo, quien es oído no podrá ensayar una defensa eficiente, pues no podrá negar ni afirmar hechos concretos, sino, a lo sumo, le será posible afirmar o negar calidades o calificativos (no soy homicida, no soy malo, soy bueno, etc.)...". (Maier, Julio B. J., Op. Cit. pág. 553).
Entiendo que debe primar la aplicación razonable de los principios constitucionales en materia penal, con arreglo al principio pro homine, que fue reconocido en múltiples fallos por nuestra Corte Suprema de Justicia (entre ellos ?Acosta? y ?Arriola?), como así también por la Corte Interamericana de Justicia, que ha dicho sobre el particular: ?De acuerdo con el artículo 5° del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana, siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos."
Así, cuando unas normas ofrezcan mayor protección, éstas habrán de primar, de la misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental comprometido? (CIDH, Opinión Consultiva 5-85).
Véase en relación al criterio sentado precedentemente en este voto que el presentante señala que en la demanda laboral la Sra. Josefina Andrea Timboli expresó: "en el año 2015 se renuevan las autoridades y es electo como presidente el señor Rubén Méndez, asumiendo Carlos Gaitan como tesorero". Seguidamente expone que "A partir de ahí todo cambio, comenzó el maltrato personal y el acoso laboral. El presidente me maltrataba constantemente... Llego a decirme que era dueño de todas las empleadas. Nos cosificaba por ser mujeres... Comencé a sentirme cada vez mas acosada... " Agrega que "los acosos se incrementaron con el tiempo. Mi jefe me decía día a día que soñaba conmigo, que estaba enamorado, que quería hacerme muchas cosas. Cada vez que subíamos juntos al ascensor, el no paraba de acosarme... ponía baja la temperatura del aire acondicionado para que se me marque la remera...".
Observo, ya no en referencia a las exigencias de la determinación del objeto sino en cuanto a su tipicidad en relación a las supuestas calumnias que las manifestaciones del querellante no logran acreditar que se le esté atribuyendo la comisión de un delito. Si bien podría tratarse de una conducta inapropiada, moralmente cuestionable e irrespetuosa de la condición de mujer, el acoso laboral referido no resulta claramente demostrativo del delito de acoso sexual tipificado en el art. 119 del Código Penal. Ello requeriría una interpretación totalmente extensiva de la norma pues jamás se denunciaron tocamientos. En este punto, la doctrina ha sostenido que "ni las palabras, por lujuriosas que resulten, ni la simple contemplación constituyen un abuso sexual" (D'Alessio, Andrés José, "Código Penal de la Nación. Comentado y anotado". Ed. La ley. Tomo 2, Pág. 227). Tampoco existe una denuncia penal en trámite, debiendo también valorarse que se trata de un delito dependiente de instancia privada, no siendo unánime la doctrina respecto de la posibilidad de promoverse querella por la falsa imputación de un delito como el que aquí se trata cuando no se ha formulado denuncia penal.
Completando, en relación a las supuestas injurias, entiendo que resulta aplicable el art. 115 del Código Penal, en tanto más allá de la manifestación del querellante, en cuanto a que habría trascendido del escrito judicial, en su presentación no se explica, aclara, ni detalla de ningún modo cómo ello sucedió, ni dónde, ni cuándo, ni a quién se lo expresó, a fin de configurar el delito sorteando la valla legal del citada norma.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se confirme la sentencia en su totalidad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 1 de septiembre por el Juez Pedro F. Hooft, que desestima in límine la querella promovida por Daniel Mendez. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el letrado Germán Corti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CP, 109, 110 y 115; CPP, 21, 106, 210, 383 y ss., 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia