Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 39018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución de la instancia, en cuanto desestimó in límine la querella promovida por Carlos Julián Santillán contra María Verónica Lorenzo y Aníbal Castellano. Todo, en cuanto fuera materia de recurso por el querellante, con el patrocinio letrado de Horacio Iván Cartolano y Matías Agustín Moyano. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Const. Prov. Bs. As.; 109 y 110 "a contrario" CP; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 39018. "SANTILLAN CARLOS JULIAN C/ LORENZO MARIA VERONICA Y CASTELLANO ANIBAL S/ CALUMNIAS E INJURIAS".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, registrados bajo el n° 39018, y de cuyas constancias,
a) Que el Magistrado subrogante del Juzgado Correccional N° 4 Departamental, Dr. Juan Manuel Sueyro, resolvió desestimar in límine la querella promovida por Carlos Julián Santillán contra María Verónica Lorenzo y Aníbal Castellano.
b) Que contra la referida resolución interpuso recurso de apelación el querellante, con el patrocinio letrado de los Dres. Horacio Iván Cartolano y Matías Agustín Moyano, expresando los siguientes motivos de agravio:
Considera que el Magistrado de grado efectuó un análisis sesgado y restrictivo de la plataforma fáctica, reduciendo los hechos a un mero conflicto consorcial y omitiendo ponderar las expresiones difamatorias vertidas por los denunciados a través de redes sociales y en una entrevista radial, las que -según sostiene- habrían tenido amplia difusión y afectado gravemente su honor y reputación profesional.
Asimismo, cuestiona que se haya considerado insuficiente su presentación, afirmando que su parte cumplió con los recaudos previstos en el art. 383 del CPP, individualizando los hechos, a sus presuntos responsables, individualizando la calificación legal y acompañando prueba documental -actas notariales de constatación de las publicaciones y expresiones difundidas-.
Finalmente, sostiene que la decisión recurrida implica un indebido adelantamiento de opinión, vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y desnaturaliza el trámite propio de los delitos de acción privada, al impedir el desarrollo del debate y la producción de la prueba ofrecida.
En base a tales lineamientos, solicita se revoque la resolución impugnada, declarándose admisible la querella interpuesta y disponiéndose, a su vez, la intervención de un nuevo Juzgado correccional.
Que los hechos denunciados se inscriben en un contexto de conflictividad entre el querellante Carlos Julián Santillán, en su carácter de administrador del consorcio del edificio "Demetrio Elíades" ("Havanna") y las personas contra quienes se dirige la querella, María Verónica Lorenzo y Aníbal Castellano, en su calidad de copropietarios, derivado de discrepancias en torno a la gestión consorcial -en particular, vinculadas al presupuesto de trabajos de pintura del edificio-, escenario en el cual se habrían producido diversas manifestaciones vertidas en redes sociales y en un medio radial, vinculadas al desempeño de Santillan.
Que, asimismo, surge que Lorenzo promovió una denuncia contra Santillán ante el Registro Público de Administradores de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien la presente querella se dirige contra Lorenzo y Castellano, el desarrollo argumental del recurrente se centra principalmente en las manifestaciones atribuidas a la primera.
En este marco, aun tomando como hipótesis la veracidad de los hechos denunciados, corresponde analizar si los mismos revisten entidad suficiente para ser subsumidos en los tipos penales invocados (arts. 109 y 110 del Código Penal).
A ese efecto, tal como expresara el magistrado de grado en su resolución, las manifestaciones cuestionadas deben ser valoradas en su contexto circunstancial, el cual da cuenta de un conflicto preexistente en el ámbito consorcial, sin que se advierta -con el grado de exigencia necesario para habilitar la vía penal- la configuración de una conducta típicamente relevante en los términos de los delitos de calumnias o injurias, en tanto no se verifica un obrar que, prima facie, permita tener por acreditado el dolo requerido por dichas figuras, que no es otro que la inteligencia y voluntad de provocar un descrédito ante terceros, esto es, formular las manifestaciones con conocimiento del significado injurioso de la conducta y con el puro deseo de ofender.
Contrariamente a ello, en autos se ha verificado que la querellada María Verónica Lorenzo ha canalizado sus reclamos contra el aquí querellante Santillán, en su carácter de administrador del Consorcio, precisamente ante el órgano legalmente creado para recibir las denuncias por eventuales incumplimientos de sus obligaciones (Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires), que incluso prevé una instancia especial que permite al administrador enmendar la conducta, ante lo cual se dispone el archivo de las actuaciones, sin imponer sanciones (conf. Ley 14701, reglamentada por Dec. 1734/22 y Disposición 27/23).
Ese obrar de la querellada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho es el que no permite tener por acreditada la intención de injuriar que le asigna el querellante tanto en dicha presentación judicial como en las entrevistas en las que se hiciera referencia a los hechos denunciados o en la información que circulara en las redes sociales a ese respecto.
Que, en consecuencia, la decisión de desestimar in limine la querella aparece ajustada a derecho, sin perjuicio de la facultad con la que cuenta el accionante de ocurrir a la vía civil, en caso de estimarlo procedente a los efectos reparatorios.
Por todo ello, esta Alzada resuelve: confirmar la resolución de la instancia, en cuanto desestimó in límine la querella promovida por Carlos Julián Santillán contra María Verónica Lorenzo y Aníbal Castellano. Todo, en cuanto fuera materia de recurso por el querellante, con el patrocinio letrado de Horacio Iván Cartolano y Matías Agustín Moyano. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Const. Prov. Bs. As.; 109 y 110 "a contrario" CP; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2026 11:44:36 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2026 11:45:24 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2026 12:19:46 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 25/03/2026 12:23:28 hs. bajo el número RR-192-2026 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia