Abriendo la norma
Cámara de Apel
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar –por mayoría- el recurso de apelación articulado en lo que fue materia de agravios y confirmar el pronunciamiento de la instancia atacado, con costas al apelante vencido [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos profesionales ante esta alzada para su oportunidad (art. 31 decreto ley 8904/77).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-5079-BB0 “RUTSCH CARLOS FEDERICO s. APELA SANCION (Causa N° 1162/13 – N° 3592)”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Méndez, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en lo que aquí resulta de interés, confirmó la resolución del Juzgado de Faltas del Partido de Bahía Blanca en cuanto había sido materia de apelación. Además, reguló honorarios profesionales a favor de la letrada patrocinante del sancionado [cfr. fs. 152/155].
II. El 09-05-2014 se notificó al sancionado el citado fallo [cfr. fs. 167/170 vta.] y el 07-05-2014 se cumplió igual recaudo en relación con la Comuna [cfr. fs. 183/184].
III. El 14-05-2014 el infractor interpuso recurso de apelación fundado contra el citado pronunciamiento [cfr. fs. 171/179 vta.], el que fuera declarado formalmente admisible por resolución de esta Cámara de fs. 200/207.
IV. Puestos los autos para sentencia [cfr. fs. 207 in fine] corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso articulado?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo, en lo que aquí resulta de interés reseñar, sostuvo que el art. 24 de la Constitución provincial habilita a las autoridades municipales a viabilizar un allanamiento. Postula que la citada decisión puede disponerse aun sin intervención de juez alguno, bastando que la orden escrita sea emitida por las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a ese solo objeto, lo que resulta congruente con las previsiones del art. 26 del Dec.-Ley 6769/58 y con el citado art. 24 da la Carta Magna local. Refiere que la norma constitucional analizada es operativa por sí sola y clara en cuanto a sus alcances, complementándose con lo previsto en el art. 4 del Dec.-Ley 8751/77 -en cuanto considera faltas de especial gravedad aquellas que atenten contra las condiciones ambientales y de salubridad pública, en especial las infracciones a las ordenanzas que regulan condiciones de higiene y salubridad-. En la misma línea argumental, sostiene que el Departamento Ejecutivo municipal se encuentra facultado para, entre otras cuestiones, allanar domicilios en concordancia con lo previsto en el art. 24 de la Constitución provincial (art. 108 inc. 5° del Dec.-Ley 6769/58).
Descarta, consecuentemente, el planteo que formulara el sancionado respecto del allanamiento y del secuestro cumplido en su propiedad.
En torno a la presunta extralimitación en la que habrían incurrido los funcionarios municipales al tiempo de cumplirse la medida ordenada a fs. 39 y vta., señaló el a quo que el impugnante omitió indicar puntualmente cuáles serían los fundamentos que sustentarían la exclusión de los objetos retirados de su predio del concepto legal de Residuo Sólido Urbano (RSU) para apuntalar su particular postura de requerir el restablecimiento de la situación al anterior estado de cosas. En esa línea, proclama el juzgador que el planteo del sancionado se resume a brindar su particular punto de vista, comentando la norma que define la composición de los residuos sólidos urbanos -RSU- (art. 1 de la Ordenanza 12.672), sin explicitar razón alguna que justifique por qué las toneladas de basura acumulada en su domicilio no deben incluirse en la citada categoría.
Frente a la ausencia de fundamentos en el planteo formulado por el infraccionado que justifiquen lo pretendido y lo acreditado en la presente causa, pregona el sentenciante que los desechos encontrados en el predio del accionante no pueden más que ser categorizados conforme lo prevé la citada norma.
Con todo, desecha la impugnación formulada y decide confirmar la resolución del Juez de Faltas.
2. El infraccionado fundó su embate a fs. 171/179 vta. Su crítica se estructura a través de los siguientes ejes de agravio.
Vulneración de la garantía de la inviolabilidad del domicilio.
Afirma que el Municipio al ordenar –por intermedio del Juez de Faltas- el allanamiento de su domicilio, violó en forma palmaria la garantía de la inviolabilidad del domicilio contemplada en el art. 18 de la Carta Magna nacional, el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio. En su visión, el único autorizado para librar una orden de allanamiento en el ámbito provincial es el Juez de Garantías y no el Juez de Faltas.
Con ello en mira, interpreta que el allanamiento y el secuestro de los elementos hallados en su propiedad devienen nulos y consecuentemente -por aplicación al caso de la regla de exclusión que surge del artículo 211 del C.P.P.- se impone “… la devolución de toda la chatarra secuestrada…” [cfr. fs. 176 vta., párr. 2°].
Extralimitación de los funcionarios municipales actuantes en la diligencia ordenada a fs. 39.
Sostiene que la chatarra que se encontraba en su domicilio no se encuentra incluida en el concepto legal de residuos sólidos urbanos (RSU) previsto en la Ordenanza N° 12.671.
Postula, entonces, que los agentes municipales se excedieron en la ejecución de la orden impartida por el Juez de Faltas, quien los autorizó a secuestrar solamente residuos sólidos urbanos –RSU- mas no llevarse consigo la chatarra que obraba en el lugar [cfr. fs. 177 vta., párr. 3°]. Ello, en su visión, vulneraría su derecho de propiedad desde que los funcionarios actuantes decomisaron elementos férreos con valor pecuniario que el sancionado “acumulaba a fin de comercializarlos, siendo su única fuente de ingresos” [fs. 177].
Con los fundamentos antes esgrimidos, pretende se acoja su planteo, declarando la nulidad de todo lo actuado – especialmente la orden de allanamiento emitida y ejecutada en exceso por los funcionarios municipales- y, consecuentemente, se disponga la inmediata devolución de la totalidad de los bienes muebles secuestrados en exceso y la recomposición del lugar al estado de cosas anterior.
3. La Municipalidad de Bahía Blanca, por apoderado, replica el memorial de agravios del sancionado solicitando el rechazo del remedio articulado.
II. El recurso prospera.
Advierto, inicialmente, que no se encuentra debatida en la presente causa la comprobación de la transgresión al art. 12 de la Ordenanza 12.672 y ni la sanción de multa que se le impusiera al infractor, en tanto el accionante omitió cuestionar dichas parcelas del pronunciamiento dictado por el Juez de Faltas [cfr. fs. 119/123 y fs. 124/135].
Aclarado lo anterior y tal como quedaran planteadas las posturas de las partes, en el caso debe determinarse si asiste razón al sancionado en cuanto a que la diligencia llevada a cabo en su propiedad resultaría nula –en tanto el Juez de Faltas carecería de autorización normativa para ordenar actuaciones de tales características- o, por el contrario, -como lo afirma la Comuna- dicho acto resulta plenamente válido.
Además, corresponderá decidir –tal como lo propone el accionante- si los funcionarios municipales, al momento de cumplir la orden dispuesta a fs. 39, se extralimitaron en su función o, por el contrario, como sostiene el Municipio, corresponde desestimar el cuestionamiento.
Compruebo, adicionalmente, analizando la apelación intentada, que el sancionado solo persigue la inmediata restitución de la totalidad de los materiales ferrosos (chatarra) secuestrados en exceso en relación con la orden impartida por el Juez de Faltas a fs. 39.
Teniendo ello en mira, abordaré primeramente el estudio del reproche que formula el particular respecto de la presunta extralimitación a los funcionarios municipales en el cumplimiento de la manda ordenada por el Juez de Faltas a fs. 39, adelantando que la citada impugnación merece prosperar, deviniendo inoficioso el abordaje de la restante cuestión propuesta.
1. Extralimitación de los funcionarios municipales actuantes en la diligencia ordenada a fs. 39.
a. Arguye que los agentes municipales se excedieron en la ejecución de la orden impartida por el Juez de Faltas, quien los autorizó a secuestrar solamente residuos sólidos urbanos mas no llevarse consigo la chatarra que obraba en el lugar. Tal exceso, en su visión, vulnera su derecho de propiedad y pretende, consecuentemente, se disponga la inmediata devolución de la totalidad de los bienes muebles secuestrados impropiamente.
b. Debe acogerse el planteo.
Recordaré, inicialmente, los términos de la orden dictada por el Juez de Faltas a fs. 39, cumplida por los funcionarios municipales conforme luce a fs. 66/70. El Juez de Faltas, al encontrar comprometida la salubridad pública y las condiciones de higiene de los predios propiedad del recurrente y teniendo por acreditado un estado grave de acumulación de residuos sólidos urbanos de distinta naturaleza en dichas parcelas, dispuso medidas preventivas en orden a preservar el medio ambiente y la salubridad del sector, con la finalidad de revertir tal situación. En ese tren, dejó aclarado que se había intimado anteriormente -en reiteradas oportunidades- al propietario de los lotes para que procediera a su limpieza, sin que hubiera cumplido tales imposiciones y que su titular, al momento de comparecer a la audiencia de descargo prevista por el art. 46 del dec.-Ley 8751/77, había reconocido expresamente las imputaciones que se le formulaban.
Por tal razón, el funcionario (Juez de Faltas) ordenó al Jefe de Departamento de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca, que dispusiera el retiro de los residuos sólidos urbanos que acumulaba el sancionado en su predio –a fin de evitar la proliferación de moscas, mosquitos, roedores, cucarachas, etc.- que afectan la salud de la población e impactan en el medio ambiente.
Sentado ello y analizando el contenido de la Ordenanza N° 12.672, compruebo que allí se define como “Residuo sólido urbano” (R.S.U.) a aquellos generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y actividades de servicios, así como los que no tengan la calificación de especiales –en los términos de la Ley Provincial 11.720- y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los mencionados lugares y actividades. También integra la citada categoría los que proceden de la limpieza de la vía pública, zonas verdes, áreas recreativas y podas; animales domésticos muertos, así como muebles, colchones, electrodomésticos y objetos similares abandonados en la vía pública y los procedentes de obras menores de construcción y de reparaciones domiciliarias (cfr. art. 1°).
A tenor de los términos en que fuera concebida la orden emanada del Juez de Faltas comunal y la definición que de residuo sólido urbano contempla la Ordenanza municipal aplicable al caso, pasaré por el tamiz de la legitimidad la tarea desplegada por los funcionarios municipales en cumplimiento del mandato de fs. 39.
En observancia de tal cometido, los funcionarios intervinientes labraron las actas -glosadas fs. 66/70 y fs. 75/76- de las que surge que en el predio se encontraron “… una gran cantidad de residuos sólidos urbanos y chatarra…” [cfr. fs. 66], “… se retiró una carrocería de un Rambler dominio B 529.451…” y “… un chasis de Chevrolet 39 …” [cfr. fs. 68].
Con el informe realizado por la firma Matferroso S.A., se confirma que el material retirado del domicilio del sancionado -enviado por la Comuna a dicha empresa- asciende a 44.800 kg., integrados por 12.880 kg. de chatarra –compuesta por llantas y cuadros de bicicleta, partes de cocinas y heladeras, ruedas completas de autos, etc.- y 31.920 kg. de residuos sólidos urbanos que, finalmente, fueron destinados a Eva S.A.-Relleno Sanitario [cfr. fs. 110]. A su vez, los remitos internos emitidos por Matferroso S.A. dan cuenta de la existencia de 7.560 kg. de hierro y 5.320 kg. de chapa [cfr. fs. 115] lo que, según cotizaron, tendría un valor de $ 8.372,00 [cfr. fs. 116].
Sentado lo anterior, patente resulta la extralimitación en que incurrió la Administración.
En efecto, como ya se explicara más arriba, el Juez de Faltas –más allá de contar, o no, con la facultad de ordenar medidas como la aquí analizada- circunscribió la actuación estatal a la “… limpieza de los residuos sólidos urbanos existentes en el predio (…) propiedad de Carlos Federico Rutsch…” [cfr. fs. 39]; y, con tal marco de actuación, los empleados municipales procedieron a secuestrar materiales ferrosos, no incluidos en la categoría individualizada por el funcionario de faltas. Acierta, entonces, el sancionado en cuanto imputa una extralimitación en el ejercicio de su desempeño a los funcionarios actuantes resultando, en consecuencia, procedente la solicitud de restitución a la Administración municipal de aquellos materiales ferrosos que no revistan la calidad de residuo sólido urbano y que fueran objeto de desapoderamiento a través del acto enjuiciado. Ello es así, en la medida de mi íntimo convencimiento de que, en el caso, y tal como lo postulara el sancionado, se vulneró su derecho de propiedad.
2. Violación de la garantía de la inviolabilidad del domicilio.
El sancionado afirma que el Municipio, al ordenar el allanamiento de su domicilio por intermedio del Juez de Faltas, violó en forma palmaria la garantía de la inviolabilidad del domicilio contemplada en el art. 18 de la Carta Magna nacional, el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio del infraccionado. Interpreta que el allanamiento y el secuestro de los elementos hallados en su propiedad devienen nulos y consecuentemente -por aplicación al caso de la regla de exclusión que surge del artículo 211 del C.P.P.-, se impone la devolución de la chatarra secuestrada.
Estimo que el tratamiento de este agravio ha devenido inoficioso.
En efecto, con su actual argumentación, el recurrente persigue obtener la declaración de nulidad de la diligencia dispuesta por el Juez de Faltas a fs. 39 y, a partir de tal declaración de invalidez, la restitución de todos aquellos materiales -que él define como “chatarra”- que, por tal condición, se encuentran excluidos de la definición legal de residuo sólido urbano.
Habiéndose ponderado previamente el acogimiento del agravio esgrimido por el recurrente –en punto a la extralimitación incurrida por los funcionarios actuantes en la diligencia observada y la consecuente obligación de restitución al apelante de aquellos materiales que no revisten la calidad de residuo sólido urbano-, el tratamiento del restante cuestionamiento con el que pretende el mismo objetivo ha devenido inoficioso (argto. doct. esta Cámara causas C-2242-NE1 “Val”, sent. del 07-II-2012; C-2084-DO1 “Dellacasa”, sent. del 15-VII-2011, C-3128-MP1 “Pizarro Lastra”, sent. de 5-II-2013 y sus citas).
3. En suma, corresponderá revocar el pronunciamiento atacado en cuanto fuera materia de agravio. Consecuentemente, se impone ordenar a la Municipalidad de Bahía Blanca a que en el plazo de CINCO (5) DIAS de encontrarse firme el presente fallo, restituya al apelante en su domicilio los materiales ferrosos que no revistan la calidad de residuo sólido urbano y que fueran objeto de la diligencia impugnada.
III. En consecuencia, habré de proponer al Acuerdo, acoger el recurso de apelación interpuesto por el sancionado y revocar el pronunciamiento atacado en cuanto fuera materia de agravio. Consecuentemente, se impone ordenar a la Municipalidad de Bahía Blanca a que restituya al apelante los materiales ferrosos que no revisten la calidad de residuo sólido urbano, en el plazo de CINCO (5) DIAS de encontrarse firme el presente fallo. Las costas de la segunda instancia deberían imponerse al Municipio en su objetiva calidad de vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A., texto según ley 14.437).
Voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
Respetuosamente disiento. Por los fundamentos que habré de exponer seguidamente, el recurso en tratamiento no puede prosperar. Ninguno de ambos agravios del sancionado, descriptos en el apartado I.2. del voto del colega que me precede en el Acuerdo, es atendible.
1. Por vía de principio, nuestra Constitución nacional no reconoce derechos y garantías absolutos (art. 28). Además, surge del propio texto del art. 18 que protege contra la intromisión arbitraria que el goce de la garantía ha sido concedido con ciertas limitaciones, en tanto prevé que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse al allanamiento y ocupación de la morada. Y es particularmente en la Constitución local en la que se regulan las excepciones a la inmunidad del domicilio [cfr. doct. S.C.B.A. causa P. 82.068, sent. de 19-IV-2006].
Al abrigo de la doctrina del Máximo Tribunal bonaerense en la materia, recuerdo que el art. 24 de la Constitución provincial establece que el domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto [negrita agregada].
Entonces, en una primera aproximación al tema debatido, puede sostenerse que la competencia de los Jueces de Faltas Municipales para ordenar allanamientos no podría ponerse en crisis en los términos que lo plantea el recurrente. En la Provincia de Buenos Aires, además de los jueces, la orden de allanamiento también puede ser suscripta por una autoridad municipal.
Ahora bien, la cuestión a dilucidar en este segmento pasa por verificar si esa competencia constitucionalmente habilitada ha sido ejercida dentro del marco acotado en que el constituyente la otorgó, a saber “para vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a ese solo efecto”.
Si bien definir los contornos del término “salubridad pública” llevaría varios capítulos de este voto, no es menos cierto que en la especie no está en discusión que la orden librada a fs. 39 le fue en el contorno constitucionalmente habilitado. Desde la primera presentación del sancionado en la que introduce este debate [ver fs. 93 vta./94 vta.] y en las sucesivas [cfr. fs. 127/128; 173 vta/176], no ha controvertido que la intervención de la autoridad municipal tuvo su quicio en una problemática de higiene urbana; por el contrario, a partir de tal circunstancia es que construye su teoría del desplazamiento del art. 24 de la Constitución provincial por lo reglado en el art. 224 del C.P.P. En suma, la competencia del Juez de Faltas para emitir la orden que figura a fs. 39 posee anclaje constitucional y, por lo tanto, no puede ser descalificada con los argumentos expuestos por el apelante, lo que, por cierto, entran en franca colisión con el principio de jerarquía normativa [art. 31 Constitución nacional y su doct.] al pretender desplazar la aplicación del art. 24 de la Carta Magna local por aquello reglado en un ordenamiento [C.P.P.] de menor relevancia jurídica.
2. Sorteado el primer planteo introducido por el recurrente, tampoco he de brindar razón a la denunciada extralimitación de facultades por parte de los agentes municipales que tomaron parte del allanamiento y retiro del material de rezago hallado en el inmueble del sancionado. El impugnante ha construido su agravio a partir de una lectura estrecha del cuadro normativo en el marco del cual el Juez de Faltas emitiera la orden de allanamiento, posando solo su mirada en el texto de la Ordenanza N° 12.672 a los fines de predicar su particular hermenéutica de lo que debieron entender los agentes municipales a la hora de retirar los “residuos sólidos urbanos”.
En efecto, soslaya el recurrente que a lo largo de las actuaciones administrativas, la Comuna verificó un estado de situación en el inmueble que mora Rutsch al que consideró infringiendo un conjunto de marcos normativos relacionados con la salubridad, higiene urbana y protección del medioambiente. No solo la Resolución de fs. 39 cita la Ordenanza N° 12.672 sino que también hace mención a la Ley nacional N° 25.916 y a la ley provincial N° 13.582, ordenamientos también referidos en las precedentes Actas de constatación fechadas el 5-12-2011 [fs. 8 en copia y fs. 24 en original] y el 01-03-2012 [fs. 22 en original y fs. 12 en copia], amén de otras normas en ellas individualizadas [a saber, decreto N° 1215; ley provincial 11.723 –Capítulo VII-] y en Acta de audiencia de fs. 29, del 30-03-2012.
Así, a la hora de interpretar el alcance de la orden de allanamiento, limpieza del inmueble y decomiso de los residuos, mal podría circunscribirse el análisis a la interpretación literal de un precepto, en el caso, el texto del art. 1 de la Ordenanza N° 12.672.
Bien vale recordar que el art. 2 de la ley 13.592 considera Residuos Sólidos Urbanos a aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios. Y a los fines de la gestión integral de tales rezagos sienta principios y conceptos básicos entre los cuales se encuentran la minimización de la generación y la consideración como un servicio de carácter esencial para la comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente, a la recolección y tratamiento de esos residuos [cfr. art. 3 incisos 5 y 12 ley citada]. Para más, la propia ley fija como objetivo a cumplir por los Municipios “erradicar la práctica del arrojo en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales a cielo abierto en sus respectivas jurisdicciones” [art. 9 y reglamento decreto N° 1215/2010].
Por su parte, la Ley nacional N° 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. Denomina residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados [art. 2]. Fija como objetivos del marco regulatorio: a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados; c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente; d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. Finalmente, estructura un régimen de infracciones y sanciones para reprender conductas contrarias a los fines perseguidos por la ley. Frente a semejante cuadro normativo, que se tuvo por infringido por el sancionado desde los albores del trámite administrativo examinado, mal puede predicarse que los agentes municipales hayan ejecutado la orden de decomiso extralimitándose en torno a los residuos extraídos del inmueble, por cuanto no cabe predicar una hermenéutica tan estricta de la terminología utilizada en la orden de allanamiento, si de las constancias de la causa surge por demás claro que el acopio practicado por Rutsch contenía elementos cuya erradicación como residuo persigue tanto la Ley Nacional N° 25.916, la ley provincial N° 13.592 y su decreto reglamentario y la Ordenanza municipal N° 12.672, ordenamientos en los que se apuntaló el decomiso.
3. Por último, no puedo pasar por alto que el propio recurrente solicita la restitución de la chatarra decomisada a fin de comercializarla como fuente de ingresos. Empero, no obran en las actuaciones constancias por la que Rutsch acredite poseer previa autorización formal del Municipio para actuar de tal modo y sortear la expresa prohibición contenida en el art. 10 de la Ordenanza 12.673.
Así, como se dijera en la causa A-1270-MP0 “Urbanizaciones Los Altos S.A.” [sent. de 03-VI-2010, por mayoría], ante la restricción normativa solo existen dos caminos para evitar padecerla: o se obtiene legítimamente una gracia de la autoridad competente que lo libere de la carga o se la sortea de hecho clandestinamente, esto es, en contraposición al derecho. Y si este fuere el caso en la especie, mal podría apuntalarse en tal circunstancia la pretensión de restitución que conforma la revisión judicial en tratamiento.
4. Con todo, he de proponer al Acuerdo el rechazo del recurso de apelación articulado en lo que fue materia de agravios y la confirmación del pronunciamiento de la instancia atacado, con costas al apelante vencido [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Méndez, con el mismo alcance y por idénticos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor Riccitelli, votando en consecuencia por la negativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar –por mayoría- el recurso de apelación articulado en lo que fue materia de agravios y confirmar el pronunciamiento de la instancia atacado, con costas al apelante vencido [art. 51 inciso 1° del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos profesionales ante esta alzada para su oportunidad (art. 31 decreto ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – Alfredo E. Mendez – María Gabriela Ruffa, Secretaria
Fin de la sentencia