Abriendo la norma
Cámara de Apel
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Laprida a fs. 284/292 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 269/279 en cuanto fuera materia de agravios. Las costas de esta Alzada se imponen a la demandada por su objetiva condición de vencida (arts. 19 ley 13.928 -t.o. por ley 14.192- y 68 del C.P.C.C.).
2Por los trabajos realizados ante esta Alzada estese a la regulación de honorarios practicada por auto separado.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-6101-AZ0 “MANCINI PAULA LORENA c. MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA s. AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley, cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. Con fecha 2-06-2015 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 perteneciente al Depto. Judicial de Azul dispuso acoger la acción de amparo interpuesta por Paula Lorena Mancini contra la Municipalidad de Laprida. Impuso las costas a la parte vencida y practicó regulación de honorarios.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada, mediante recurso de apelación interpuesto y fundado –tempestivamente- a fs. 284/292, el que fue concedido por el a quo a fs. 293 y replicado por la actora a fs. 295/297.
III. A fs. 298 el juez de grado tuvo por evacuado el traslado conferido a la accionante respecto del embate intentado por su contraria y dispuso –sin más trámite- la remisión de la presente causa a este Organismo.
IV. Recibidas las actuaciones en esta Alzada –cfr. fs. 299 vta.- y puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para sentencia – providencia que se encuentra firme- corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. En lo que aquí concierne, el a quo acogió la demanda impetrada por Paula Lorena Mancini y condenó a la Municipalidad de Laprida a: (i) poner a disposición de la accionante –con el alcance peticionado en el escrito liminar, fs. 32 vta.- y dentro del término de quince (15) días, las DDJJ de bienes de los funcionarios del Departamento Ejecutivo comunal y; (ii) intimar a la accionada a dar efectivo cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ordenanza N° 1008/2002.
Para expedirse del modo en que lo hizo, el a quo comenzó por valorar la presentación efectuada por la Comuna a fs. 248/251 y en la que manifestara –en ocasión de contestar la demanda- que su intención era allanarse a la pretensión de la actora a cuyo fin acompañaba “…las declaraciones juradas de los bienes presentados por cada uno de los funcionarios municipales…”.
Partiendo de la manifestación efectuada –allanamiento a la pretensión de la contraria- sostuvo que correspondía desplazar la necesidad de abrir juicio o efectuar pronunciamiento alguno respecto de los recaudos de admisibilidad formal de la acción de amparo.
Dicho lo anterior, y ya abordando el tratamiento del allanamiento efectuado por el Municipio en ocasión de contestar la demanda, expuso que el proceder de la Comuna no satisfacía de manera integral la pretensión de la actora sino que resultaba parcial, incompleto y tardío. Según observó, las DDJJ de bienes que la demandada adjunta lucen incompletas y, por ende, insuficientes para satisfacer el pedimento de la actora ya que basta cotejar tales documentos –ahondó- para constatar que: (i) las presentaciones de los funcionarios solo corresponden al año 2014; (ii) no consignan dato alguno que permita identificar la fecha en que se produjo la asunción en el cargo y; (iii) existe un grupo de DDJJ que ni siquiera identifican el momento en que se habría efectivizado la presentación ante la autoridad pública por el agente. Asimismo, verificó que la documentación adjuntada por la Comuna –y a partir de la cual funda su allanamiento a la pretensión- resultaba, además de extemporánea, apartada de los mandatos contenidos en los arts. 1, 2, 5 y cdtes. de la Ordenanza 1008/2002 y por la que se fija –por un lado- la obligación de los funcionarios del Municipio de presentar DDJJ de bienes desde el inicio mismo de su gestión y con una periodicidad de dos años y –por el otro- el deber del Municipio de instrumentar la publicidad de tales DDJJ en Internet y en el Boletín Oficial.
Con todo entonces, rechazó –por parcial, incompleto y tardío- el allanamiento efectuado por la Comuna y, consecuentemente, dictó sentencia condenatoria ordenando a la parte demandada satisfaga el requerimiento de acceso a los documentos efectuado por la actora y, a la vez, exigiéndole articule los medios necesarios a fin de efectivizar la plena vigencia de la Ordenanza N° 1008/2002.
2. No conforme con dicho pronunciamiento, a fs. 284/292 la Comuna interpuso recurso de apelación fundado en su contra, estructurando su crítica en función de los siguientes argumentos:
2.1. En primer término, sostiene que el a quo ha soslayado, de manera impropia, abordar el tratamiento de los recaudos formales de admisibilidad de la pretensión. Explica que, si bien es cierto que en ocasión de contestar la demanda manifestó su expresa intención de allanarse a la pretensión de la actora –acompañando la totalidad de los documentos requeridos en el líbelo inicial-, no lo es menos que jamás ha consentido la vía procesal elegida por la accionante.
Recuerda que el amparo es un proceso excepcional y que es carga de quien acciona acreditar y probar la ausencia de otras vías procesales idóneas para encauzar el reclamo. Asimismo, agrega que en la especie surge patente que existe una “vía más ágil” pues, hubiera bastado una simple presentación de la actora ante la mesa receptora de escritos del Municipio -y en la que acreditara debidamente su condición de ciudadana del Municipio de Laprida- para que la Comuna pusiera inmediatamente a disposición de la accionante las DDJJ.
Por otro lado, remarca que también se equivoca el inferior cuando postula que en ocasión de efectuar su pedimento ante la Comuna la parte actora hubiera acreditado su legitimación y/o condición de ciudadana en los términos de los arts. 1, 2 y 6 de la Ordenanza 1008/2008. En suma, entiende que de “…haberse presentado la actora con su DNI acreditante de su calidad de ciudadana lapridense a subsanar la falta [de legitimación] esgrimida…”, hubiera obtenido las DDJJ sin necesidad de instar la acción judicial.
2.2. En segundo término postula que el allanamiento efectuado en autos dista de resultar parcial, incompleto y tardío. En tal sentido, explica que ha satisfecho adecuada y temporáneamente la pretensión de su contraparte, acompañando las DDJJ de bienes de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo.
Explica que resulta impropio postular que solo se hubieran acompañado las DDJJ correspondientes al año 2014. Agrega que con su proceder el a quo ha violentado el principio de congruencia pues proyecta un juicio negativo sobre aspectos o contenido de la declaraciones juradas que no fueron introducidos por la actora, tales como: (i) la necesidad de identificar el cargo que ostenta cada funcionario y; (ii) la fecha de su designación.
Siendo ello así –asevera- mal pudo el inferior pronunciarse sobre la completitud de tales DDJJ y menos aún, exigir que se cumplimente el marco reglamentario vigente en la materia [Ordenanza 1008/2002] el que, agregó, resulta con creces satisfecho por la Comuna.
Con todo, concluye que el allanamiento a la pretensión de la actora ha sido oportuno y total, satisfaciendo íntegramente el expreso pedimento efectuado por la accionante al articular la demanda, a la vez que patentizando la estricta observancia del Municipio de la Ordenanza 1008/2002, máxime cuando la Comuna ha puesto en conocimiento del a quo que “…las declaraciones juradas se encuentran publicadas en la página oficial de la Municipalidad de Laprida…”.
2.3. Finalmente, se agravia del alcance de la condena en costas que porta el fallo de grado.
Postula que el allanamiento ha sido total y, a la vez, efectuado en la etapa procesal oportuna, esto es, en ocasión de contestar la demanda. Más aún -agrega-, tan intensa ha sido su intención de satisfacer el reclamo que el día hábil posterior a que fuera notificada del traslado de la demanda adjuntó las DDJJ que reclamaba la actora.
Por otro lado, y por fuera de considerar que el modo como efectuara el allanamiento resulta suficiente para liberarlo de la carga de cargar con las costas, pone de resalto que jamás dio motivos a la actora para iniciar el pleito. Por el contrario –remata- fue la accionante quien, con su defectuosa presentación en sede administrativa, ocasionó que se rechazara el pedimento (al haber omitido acreditar su legitimación ante la autoridad administrativa). Con todo entonces, solicita que las costas del pleito sean impuestas en el orden causado.
3. Al contestar el traslado del embate deducido por el Municipio, la amparista manifiesta su adhesión al criterio vertido por el juez de grado y solicita –en consecuencia- que se rechace la apelación intentada, con costas.
II. El recurso no merece estima.
1. A fin de efectuar un razonado abordaje de las cuestiones sometidas a conocimiento de este Tribunal estimo necesario efectuar una breve reseña de los antecedentes de la causa 1.1. Tal lo que se desprende del escrito de demanda obrante a fs. 26/35 la accionante promovió el presente amparo contra la Municipalidad de Laprida con el objeto de obtener un mandato jurisdiccional que ordene al Departamento Ejecutivo Municipal: (i) la entrega inmediata de las declaraciones juradas, información completa y detallada de los funcionarios de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 1008/2002, desde el momento en cada uno de ellos hubiera asumido en su cargo y las posteriores actualizaciones bianuales; (ii) la estricta observancia de la Ordenanza 1008/2002, lo que incluye la publicación en Internet y en el Boletín Oficial de las mentadas declaraciones juradas. Según lo afirma, con fecha 02-06-2014, 24-06-2014 y 1- 07-2014 solicitó a la Administración el acceso a la información pública –copias de las declaraciones juradas-. Tales presentaciones fueron rechazadas por la Comuna con fecha 8-07-2014 con sustento en la supuesta falta de legitimación de la peticionante.
Finalmente, explica que el día 4-07-2014 procedió a labrar con intervención de un notario un acta en la que se deja constancia de la negativa del personal municipal de permitir el acceso a los documentos públicos y, agrega que con fecha 24-08-2014 hizo uso –aunque también sin éxito- de la “banca del ciudadano” en el Concejo Deliberante. Frente a tal panorama, y habiendo recibido constantes negativas por parte de las autoridades municipales a su reclamo de acceso a la información pública, considera que se encuentra habilitada la vía procesal del amparo en los términos del art. 8 de la ley 12.475.
1.2. A fs. 248/251 se presenta la Comuna demandada y, luego de poner en crisis la vía procesal escogida por su contraria –en tanto postula que no ha existido denegatoria de acceso a los documentos en los términos del art. 8 de la ley 12.475-, manifiesta que su intención es allanarse a la pretensión de la actora. A tal fin acompaña copias de las declaraciones juradas de los funcionarios (v. fs. 50/247).
1.3. A fs. 269/279 el a quo dicta sentencia acogiendo la demanda. En lo atinente a la admisibilidad de la vía escogida, el inferior concluyó que el allanamiento efectuado por la Comuna desplazaba toda necesidad de abrir juicio o efectuar pronunciamiento alguno respecto de la pertinencia -o no- del cauce procesal escogido.
Por otro lado, luego de constatar defectos en los documentos adjuntados por el Municipio, expuso que el allanamiento practicado resultaba parcial, incompleto y tardío y, como tal, insuficiente para satisfacer la pretensión de la actora.
Por tal razón, dispuso acoger la demanda y ordenar a la Comuna (i) poner a disposición de la accionante –con el alcance peticionado en el escrito liminar, fs. 32 vta.- y dentro del término de quince (15) días, las DDJJ de bienes de los funcionarios del Departamento Ejecutivo y; (ii) intimar a la accionada a dar efectivo cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ordenanza N° 1008/2002.
2. En el citado contexto de análisis, adelanto que los agravios vertidos por la Comuna demandada –relevados en el pto. I.2. de este voto- no son de recibo.
2.1. La Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, al igual que la Constitución provincial, establecen el principio republicano de gobierno, una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder. Así, por regla general, toda persona ha de tener acceso a la información pública. La Constitución Nacional prevé implícitamente este derecho en los enunciados generales de los artículos 1 y 33, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión (artículo 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria (v.gr., arts. 38 –partidos políticos-, 41 –derecho ambiental- y 42 – derechos de los consumidores y usuarios-). Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75 inc. 22. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé en su art. 13 el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 19.1, refiere al derecho de investigar y recibir información; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos consagra en su art. 19.2 el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. A su turno, la Convención Americana contra la Corrupción, ratificada por Ley 24.759, promueve la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas [art. III.5; en similar sendero la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la ley 26.097 (art. 10)]. De igual modo, la Constitución provincial prevé expresamente en su art. 12 inc. 4° el derecho de toda persona a la información y a la comunicación. Similar contenido puede derivarse de los arts. 1, 11 y 38 del texto magno local.
Fue con apoyatura en estos postulados constitucionales que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido ensanchando la órbita del derecho de todo ciudadano a acceder a la información en poder del Estado. Así, en la causa A.917.XLV “Asociación Derechos Civiles c/ EN – PAMI s. Amparo” [sentencia de 4-12-2012] expuso que “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información”, agregando que, “se ha descripto a la información como el oxígeno de la democracia, cuya importancia se vislumbra en diferentes niveles. Fundamentalmente la democracia consiste en la habilidad de los individuos de participar efectivamente en la toma de decisiones que los afecten. Esta participación depende de la información con que se cuente”.
Más acá en el tiempo, y siguiendo el desarrollo precedente, la Corte Federal, agregó que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos” y que los documentos públicos y la información en ellos asentada pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ellos no se debe a una gracia o favor del gobierno. Éste tiene la información solo en cuanto representante de los individuos (cfr. doct. C.S.J.N. in re C.830.XLVI “Cippec c/ EN – Ministerio de Desarrollo Social s. Amparo).
Finalmente, y con cita del precedente Claude Reyes de la CIDH (sentencia de 19-09-2006), el Cimero Federal hizo especial hincapié en la necesidad de otorgar prevalencia al principio de máxima divulgación de la información pública, precisando que “…en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones … pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando una adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso” (cfr. doct. C.S.J.N. in re O.16.XLVIII “Oehler, Carlos A. c/ Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy s. recurso de inconstitucionalidad, sent. de 21-10-2014; in re CAF 39019/2014/CA1-CS1 “Stolbizer, Margarita c. EN – Ministerio de Justicia y DDHH s/ Amparo”).
2.2. En el ámbito local, la ley 12.475 reconoce el derecho de acceso a los documentos administrativos provenientes de los órganos del Estado provincial a quienes invoquen un interés legítimo, expresión ésta que, lejos de interpretarse en modo limitativo, ha de ser armonizada con el contenido de los otros textos normativos, sobre todo aquéllos de superior jerarquía, arriba aludidos, que determinan el alcance jurídico del derecho. Desde esta perspectiva, la ley citada establece un piso mínimo de protección y, por tanto, no obsta la mayor extensión con que las facultades informativas son reconocidas de acuerdo a otras fuentes normativas. Ello explica la amplitud del decreto N° 2549/2004 que reglamentó la citada ley en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuanto confiere a toda persona el acceso a documentos administrativos de naturaleza pública "…sin necesidad de alegar fundamento o causa ni acreditar derecho o interés alguno…". Más aún, el criterio rector, que mejor armoniza con el máximo rendimiento posible de los derechos y principios constitucionales implicados, es aquel conforme al cual la información generada o controlada por las autoridades estatales se presume pública y la carga de fundar una excepción a esta presunción recae sobre el ente gubernamental (cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 70.571 “Asociación por los Derechos Civiles”, sent. de 29-XII-2014 –del voto del doctor Soria-), ello claro está sin perjuicio del derecho que le pudiera asistir –ya en el marco del presente tema- a los funcionarios o agentes cuya declaración jurada es sometida al escrutinio público, de ejercer la acción de habeas data con el alcance reglado en el art. 9 inciso d) último párrafo de la ley 14.214, si consideran que toda o alguna porción de la información allí contenida debe permanecer confidencial [arg. causa A-3683-BB0 “Sindicato de Trabajadores Municipales”, sent. de 18-XII-2012].
3.1. En la especie, la actora requirió, al abrigo del entramado constitucional y legal precedentemente referenciado (v. presentaciones de fecha 02-06-2014, fs. 19; de fecha 24- 06-2014, fs. 21 y de fecha 1-07-2014, fs. 23), el acceso a toda una serie de documentos públicos –declaraciones juradas de los funcionarios- que, a tenor de lo dispuesto por la Ordenanza 1008/2002 del Municipio accionado, deberían encontrarse, desde el año 2002, debidamente registrados y organizados en la dependencia pública pertinente [Secretaría de Gobierno, tal lo que se infiere de los arts. 1, 5 y 6 de la citada reglamentación].
Para más, es el art. 6 de la Ordenanza 1008/2002 el expresamente reconoce que “cualquier ciudadano podrá presentarse en la Dirección de Gobierno y solicitar copia de la Declaración Jurada de cualquier funcionario del momento o de períodos anteriores, la cual deberá ser entregada sin más trámite que la solicitud verbal, gratuitamente y en el momento de la solicitud”, precepto que sumado a los mandatos superiores precedentemente descriptos, brinda cabal cobertura y anclaje normativo al pedimento de acceso a tales documentos.
En este contexto, luce acreditado que la autoridad administrativa municipal lisa y llanamente rehusó responder el pedido de información efectuado por la accionante arguyendo para ello una supuesta “falta de legitimación” –v. cartas documentos obrantes a fs. 24/25-.
Tal proceder de la Comuna comprometió el derecho de acceso a la información de la actora pues, además de resultar reprochable la posición asumida en sede administrativa por parte del Municipio –en tanto, reitero, la negativa efectuada debe encontrar adecuada fundamentación en restricciones legalmente establecidas-, lo cierto es que en ocasión de materializar su presentación de fs. 248/251 la demandada reconoció expresamente la legitimación de la parte actora para efectuar el pedimento. Todo esto sea dicho a fin de poner en claro que la actuación de la Comuna demandada no ha sido la esperable sino, por el contrario, ha violentado el derecho de la actora a obtener por los canales ordinarios el acceso a los documentos públicos.
3.2. Ahora bien, lo que procura poner en crisis la Comuna no es ya la legitimación procesal de la actora sino más bien la viabilidad en el sub judice del proceso constitucional de amparo y que, según entiende la quejosa, debería ser desplazado por alguna de las restantes vías procesales que, sin indicarlas con precisión, entiende actuarían como adecuado sendero para dirimir el asunto. Tal crítica no es de recibo. Recuerdo que la Corte Federal –con cita de informes elaborados por la CIDH- enfatizó la necesidad de que exista un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información (cfr. doct. C.S.J.N. in re “Asociación Derechos Civiles”, cit.). En ese lineamiento, el legislador provincial, a fin de estructurar el mecanismo de acceso a la jurisdicción, ha dejado expedita la vía del amparo para hacer cesar los efectos de aquellas decisiones administrativas que, expresa o tácitamente, denieguen el derecho conferido (v. arts. 7 y 8 de la ley 12.475). Mal entonces puede la Comuna demandada especular con la existencia de otro cauce más idóneo. Tal parecer luce impropio y descalzado de la reglamentación vigente.
Recuerdo que en lo atinente a la idoneidad del proceso constitucional de amparo para encauzar reclamos similares al de autos, esta Alzada se ha expedido en reiteradas oportunidades. Asi, en los precedentes A-1829-NE0 “Artero” (sent. de 13-V-2010) A-3036-DO0 “Leonforte” (sentencia de 24- II-2012) y A-5657-DO0 “Garcia” (sentencia de 21-V-2015) se validó de manera expresa, puntual y sin dejar resquicios para la duda que la acción de amparo constituye un carril habilitado e idóneo para canalizar pedimentos como el de autos.
Con todo entonces, a tenor de los precedentes citados y lo dispuesto por la ley 12.475 formo convicción, de que la actora se ha valido del carril procesal idóneo apto para tutelar sus pretendidos derechos o intereses (conf. art. 20 inc. 2° Constitución provincial), no solo porque se trata de la acción que fue expresamente instituida para atender a estos casos (arg. art. 8 ley 12.475), sino que, además, es la que mejor conjuga los conceptos de celeridad y eficacia (arg. doct. art. 15 Constitución provincial), necesarios para satisfacer el fin pretendido.
4.1. Despejado entonces tanto el debate atinente a la idoneidad del cauce procesal escogido por la actora y teniendo por acreditado el disvalor de la conducta asumida por la Comuna al repeler en sede administrativa el pedimento de acceso a los documentos efectuado por la actora, debo ahora introducirme a develar si el allanamiento a la pretensión de la parte actora efectuado a fs. 248/251 por el Municipio resulta –tal como lo expusiera el a quo- parcial, incompleto y tardío o si, por el contrario, traduce las notas de completitud que refiere la Comuna apelante.
Liminarmente, recuerdo que el allanamiento constituye un modo anormal o extraordinario de culminación de los procesos. Allanarse es reconocer como justa la pretensión deducida en su contra mediante una demanda principal o incidental y aceptar que son a su cargo las obligaciones en ella involucradas. En suma, es el reconocimiento y sumisión de la parte atacada a la pretensión litigiosa contra ella dirigida (cfr. Podetti; J. Ramiro, “Tratado de los Actos Procesales”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1955, pág. 388).
Con ello en mira, y contrastando la pretensión articulada a fs. 26/35 con el allanamiento efectuado por la Comuna a fs. 248/251, arribo a idéntico parecer que el esgrimido en el grado: el proceder de la accionada dista de satisfacer el pedimento de la accionante.
Repárese que la pretensión articulada a fs. 26/35 persigue que la Comuna haga entrega de copias de la totalidad de las declaraciones juradas de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal que hubieran prestado servicios desde el año 2002 –momento en que entrara en vigor la Ordenanza 1008/2002- y hasta la fecha del pedimento, incluyendo las DDJJ que bianualmente debieron presentarse en caso de haber continuado prestando servicios –v. fs. 27 vta., escrito de demanda-.
El Municipio, aunque declamando su intención de cumplir con la carga que le reclama la accionante, adjunta a fs. 50/247 toda una serie de copias de las declaraciones juradas de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal –en un total de 40-; empero, lo cierto es que tales documentos lejos están –como bien lo resaltara el inferior- de brindar plena satisfacción a lo requerido al inicio del pleito. En efecto, examinando las cuarenta [40] declaraciones juradas presentadas por la Comuna, constato que: (i) 3 de ellas no están datadas (cfr. fs. 103/107; fs. 158/162 y fs. 213/217); (ii) las 37 DDJJ restantes corresponden todas al año 2014 y; (iii) ninguno de tales documentos permite verificar el cargo que ocupa el funcionario y, tampoco, la fecha de su designación. Siendo ello así, surge evidente que, por fuera de los eventuales defectos de conformación que pudieran presentar los documentos –tales como la falta de fecha, falencia que sería esperable que el organismo competente para ello solucionara- el Municipio no ha brindado acabada respuesta, restando poner a disposición de la actora las DDJJ reclamadas, y que incluyen la de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal que hubieran prestado servicios desde el año 2002 y hasta el día en que se efectuara el pedimento, incluyendo asimismo aquellas DDJJ bianualmente presentadas en concepto de actualizaciones requeridas por el art. 1 de la Ordenanza 1008/2002. El razonamiento supra efectuado, a diferencia de lo que postula el apelante, dista de violentar el principio de congruencia. La circunstancia de que el juez a quo hubiera tenido que adentrarse a examinar la “completitud” de las DDJJ no es sino una derivación lógica y necesaria de la pretensión articulada en autos. Jamás hubiera podido el inferior pronunciarse sobre la completitud del allanamiento efectuado por la Comuna sin, necesaria y previamente, adentrarse a escrutar si esas declaraciones juradas acompañadas satisfacían -o no- la pretensión articulada.
Recuerdo que la congruencia consiste en la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 55.731 “Elhorriburu”, sent. del 05- XI-2003 –por mayoría-; esta Cámara causas C-2558-MP2 “Carrizo”, sent. de 13-XII-2011; C-3822-DO1 “Brown”, sent. de 17-IX-2013). Con apoyatura en tan básica conceptualización, puede afirmarse que mientras exista el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y la sentencia del juzgador no cabe reputar configurada la transgresión del principio de congruencia (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 68.364 “Capra”, sent. de 28-IX-1999). Tampoco lo violenta el fallo que valora sobre hechos conducentes y controvertidos en la causa, resolviendo en función propia de la judicatura el encuadre jurídico pues, en definitiva, tal proceder traduce el cumplimiento de la exigencia que el rito le impone al juzgador de dictar una sentencia atendiendo a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no tanto a los detalles esgrimidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 100.133 “Fernández”, sent. de 21-XII-2011), ya que la categorización jurídica del caso constituye una potestad de los magistrados (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 84.701 “Ipucha”, sent. de 18-XI-2003; esta Cámara, causa C-4597-AZ1 “Pagano”, sent. del 6-III-2014).
Bajo tales parámetros, advierto que lejos se encuentra la sentencia dictada de portar el vicio que le achaca el recurrente. Por el contrario, el proceder del inferior luce, en tanto aborda con precisión y detalle la documentación aportada, como una derivación lógica y necesaria para brindar una acabada respuesta que, aunque contraria a los intereses de la Comuna, dista de transgredir el principio de congruencia (cfr. doct. esta Cámara causa P-4775-DO1 “Chirizola”, sent. de 21-X-2014).
4.2. Finalmente, hago notar que tampoco puede la Comuna postular que el a quo hubiera pasado por alto que las DDJJ se encuentran publicadas en la página web oficial del Municipio. Varias son las razones que forjan mi opinión. La primera se sustenta en que en su presentación de fs. 248/251 jamás la parte demandada postuló que las mentadas DDJJ se encontraran publicadas en el sitio web comunal. Mal entonces puede en esta instancia postular que el juez de grado hubiera omitido tal circunstancia, ya que constituye el fruto de una reflexión tardía, inhábil para sustentar la apelación (doct. C.S.J.N. Fallos 306:111; 307:770; 311:2247; 321:1052; doct. S.C.B.A. causa C. 91.581, sent. de 27-II-2008; arg. doct. esta Cámara causa A-5715-MP2 “Pini”, sent. de 24-IV-2015). En segundo término, y por fuera de la razón precedentemente expuesta, advierto que el cotejo de la mentada página oficial del Municipio [www.laprida.gob.ar] no permite prima facie tener acceso a la documentación requerida por la actora [esto es, las DDJJ de funcionarios desde el año 2002 al año 2014, inclusive] y; a todo evento, tampoco puedo soslayar que aunque ello fuera efectivamente así y la Comuna hubiera implementado el sistema al que se obligó en el art. 5 de la Ordenanza 1008/2002 [publicidad por medio de internet], lo cierto es que ello no suple –y menos aún satisface- el derecho que tiene la accionante, a tenor de lo dispuesto en el art. 6 de la citada reglamentación, a requerir personalmente y ante la autoridad municipal “copia de la declaración jurada de cualquier funcionario … la que deberá ser entregada sin más trámite que la solicitud verbal, gratuitamente y en el momento de la solicitud”. Con todo entonces, he de predicar la suerte adversa de la queja bajo estudio.
5. Resta abordar el postrer agravio vertido por la demandada quien se alza contra el segmento del fallo de grado que dispusiera hacerle cargar con las costas del pleito. En materia de distribución de costas en el proceso de amparo rige el principio objetivo de la derrota, el cual determina la imposición de aquéllas a la parte que resulte vencida en la contienda (art. 19 de la ley 13.928 -t.o. por ley 14.192-; doct. esta Cámara en las causas A-2641-AZ0 “Calabró”, sent. de 05-VII-2011; A-2582-AZ0 “C., C.F. y R., H.D.”, sent. de 15-VII-2011), eximiéndola únicamente cuando previamente a la contestación de la demanda, cesara el acto u omisión que motivaron la acción (arg. doct. esta Cámara causas A-1833-MP1 “Fumaroni”, sent. de 13-IV-2010; A-4067-MP0 “Bugatti”, sent. del 30-VIII-2013). El hecho objetivo de la derrota resulta, entonces, el fundamento en el que se apoya el principio general de imposición de costas en el amparo (cfr. doct. esta Cámara causas A-670-MP0 “Lavignolle”, sent. de 28-VIII-2008; A-1985-MP2 “Saez”, sent. de 5-X-2010), el que cede ante el supuesto normativamente reglado en el mentado régimen legal del remedio constitucional (cfr. arg. doct. esta Cámara causa A-4558-MP0 “Tejedo”, sent. del 12- XII-2013; A-5264-MP0 “Carrasco”,. sent. del 30-IX-2014). Por fuera de tal previsión legal esta Cámara ha sabido reconocer excepciones a aquel principio, bien teniendo en cuenta la naturaleza del derecho en disputa (causas A-697-MP0 “Molina”, sent. del 19-VIII-2008; A-960-MP0 “Martorello”, sent. del 15-IV-2010; A-1633-BB0 “Montelpare”, sent. del 16- VI-2010; A-2241-MP0 “García”, sent. del 3-II-2011), bien atendiendo a la complejidad de la cuestión debatida (causa A- 495-MP0 “Expósito”, sent. del 19-VIII-2008), entre otras razones.
Empero, en el caso de marras y atendiendo a la confirmación del pronunciamiento de grado que propicio, la condición de vencida de la Comuna demandada deviene indiscutible por lo que no se advierte ninguna particularidad que autorice a flexibilizar el criterio general consagrado normativamente.
Y menos aún –agrego- puede la apelante postular la aplicación en el caso de marras de la pauta contenida en el art. 70 inc. 2° del C.P.C.C. –que autoriza a eximir de costas al vencido cuando mediare allanamiento-. Es que, como supra postulara, el allanamiento intentado por el Municipio a fs. 248/251 no ha merecido estima en tanto no satisfacer acabadamente la pretensión impetrada por la accionante. Con todo entonces, la condena en costas impuesta a la Municipalidad demandada con sustento en su condición de perdidosa en el pleito debe ser mantenida.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Laprida a fs. 284/292 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 269/279 en cuanto fuera materia de agravios. Las costas de esta Alzada deberían imponerse a la parte demandada atento su objetiva condición de vencida (arts. 19 ley 13.928 -t.o. por ley 14.192- y 68 del C.P.C.C.).
A la cuestión planteada, doy mi voto por la negativa. El señor Juez doctor Mora con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada también por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Laprida a fs. 284/292 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 269/279 en cuanto fuera materia de agravios. Las costas de esta Alzada se imponen a la demandada por su objetiva condición de vencida (arts. 19 ley 13.928 -t.o. por ley 14.192- y 68 del C.P.C.C.).
2. Por los trabajos realizados ante esta Alzada estese a la regulación de honorarios practicada por auto separado. Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia