Abriendo la norma
Cámara de Apel
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los recursos de apelación deducido por la demandada a fs. 329/337 y por la actora a fs. 339/3412 y consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de fs. 319/326 en cuanto hiciera lugar –con los alcances allí dados- a la demanda articulada por el actor, Daniel Oscar Rincón, contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (art. 12 inc. 2° del C.P.C.A, 14 bis de la Constitución nacional y su doctrina; leyes 13.928, 13.236 y cctes.). Las costas de esta alzada se imponen al apelante vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
2Las costas de esta alzada se imponen por su orden en atención a los vencimientos mutuos en sendos recursos (art. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 04 días del mes de setiembre del año dos mil catorce, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-4454-MP2 “RINCON, DANIEL OSCAR C.MINISTERIO DE SEGURIDAD S. PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo, Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Daniel Oscar Rincón contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Justicia y Seguridad- y consecuentemente le reconoció el derecho al cobro de las sumas de dinero devengadas con base en su desempeño como Jefe de la Policía Comunal de Pinamar desde el 10-09-2009 hasta el 4-10-2010 y como 2do. Jefe de la Policía Departamental de Pinamar desde el 21-11-2010 hasta el 10-03-2011, condenando a la accionada a su pago con más los intereses, con costas. Rechazó la pretensión de reconocimiento formulada en el apartado II.b.1 de la demanda e impuso las costas por su orden. Difirió la regulación de honorarios para su oportunidad [v. fs. 319/326].
II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 329/337 y por la parte actora a fs. 339/341 [conf. res. de fs. 364/365] –replicados a fs. 349/355 y 345/348, respectivamente-, los autos fueron puestos al Acuerdo para Sentencia [fs. 365, punto 3] –providencia que se encuentra firme-.
3. Asumiendo el señor Juez doctor Riccitelli el primer lugar en la votación de acuerdo a constancia de la foja precedente, corresponde plantear y votas la siguiente
¿Son fundados los recursos de apelación deducidos por la parte demandada a fs. 51/52 y por la parte actora a fs. 339/341?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1.a. El a quo delimitó la pretensión del actor precisando que, como dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reclama que se condene al demandado a abonarle: i) las sumas que entiende devengadas a raíz de su desempeño en calidad de Jefe de la Policía Comunal de Pinamar durante el período comprendido entre el 10-11-2009 y el 30-04-2010, en el que detentó el cargo de Comisario; ii) las sumas que entiende devengadas a partir de su desempeño como Jefe de la Policía Comunal de Pinamar durante el período comprendido entre el 10-11-2009 hasta el 4-10-2010, en el que ya detentaba el cargo de Comisario Inspector y iii) las sumas de dinero que entiende devengadas desde el 21-10-2010 hasta el momento del cese de las funciones como Subjefe de la Policía Departamental de Pinamar. Remarca el a quo que el actor, de modo subsidiario, planteó la inconstitucionalidad de las normas aplicables, si de su interpretación surge un óbice para reconocer su derecho a la percepción de los créditos que reclama, concretamente en lo referente al órgano competente para formular las designaciones de las que pretende valerse para afirmar el devengamiento de las acreencias. Y, por fuera de ello, el juez de grado observó que el actor solicitó que se le asigne en esta sede el cargo de Subjefe de la Policía Departamental, tendiendo en miras las consecuencias que de tal situación de revista se generarían a los fines previsionales.
Con tal universo pretensional en miras, el juez de grado precisó que conforme la ley 13.482 el Jefe de la Policía Comunal, es quien debe cumplir las directivas que le imparta cada Intendente municipal en ejercicio de las competencias asignadas por el art. 57 de la Ley 13.482 (conf. su art. 59) y si bien dicho funcionario debe ser electo por vía del voto popular, hasta tanto aquel mecanismo de elección popular fuera puesto en práctica, su designación y remoción queda en manos de la autoridad de aplicación “en acuerdo con el Intendente del Municipio que corresponda” (conf. art. 71 y 73). Recordó el sentenciante que dicho funcionario debe ostentar el grado de Inspector conforme el escalafón previsto en la Ley 13.201 (conf. art. 78, Ley 13.482) –equivalente al de Comisario Inspector, reglado luego en el escalafón de la Ley 13.982 de Personal de las Policías de las Provincia de Buenos Aires, que reemplazó la primera (conf. art. 74, ley citada)- , que estimó aplicable a la especie conforme su ámbito de vigencia temporal. A partir del régimen legal aplicable, el juez puntualizó que si bien no existe duda en cuanto a la ausencia de acto administrativo de designación para el desempeño de las funciones reclamadas, se encuentra acreditado el desempeño efectivo del actor como Jefe de la Policía Comunal por el período comprendido entre los días 9- 04-2009 hasta el 4-10-2010 -detentando primero la jerarquía de Comisario hasta el día 4-10-2010- y luego de Comisario Inspector desde el 5-10-2010 hasta que se le otorgó su ascenso, así como que desempeñó tareas propia del cargo de 2do Jefe de la Policía Departamental, desde el día 21-10- 2010 en adelante [cfr. fs. 158; prueba instrumental anejada a la causa, en la que se da cuenta de que los servicios respectivos tuvieron lugar ante las órdenes recibidas por vía de los despachos identificados como DMPT Nº 2204 y Nº 1785, cfr. fs. 91/92 y 185; y 252].
Evaluando tal escenario, juzgó que la ausencia de acto de designación en el cargo superior no resulta óbice en el sub lite para vaticinar la improcedencia del reclamo de las sumas de dinero que el actor entiende devengadas a partir de su desempeño en tareas propias de los cargos señalados. Así, aunque admitió que –de ordinario- la ausencia del recaudo de designación que emana de los arts. 68 del Decreto Nº 1050/09 (reglamentando el art. 45, inc. “c”, subinciso 10 46 de la Ley 13.982) y art. 46, de la ley citada en último término sellaría adversamente la suerte del reclamo, ponderó que en el presente caso se han probado aristas propias y diferenciales que llevan a que el pleito no resulte subsumible en aquella regla general. Es que –adunó- a la indubitada prestación de la tareas propias de la jerarquía y cargos señalados, cabe agregar también como probado que el accionante, de manera concomitante al ejercicio de las tareas antedichas, reclamó que se le abonen los haberes adecuados a las responsabilidades que debió asumir [cfr. fs. 145 y fs. 171] y que en el marco de los trámites respectivos solicitó incluso el pronto despacho de sus peticiones [cfr. fs. 162 y 196].
En aras de probar la operatoria, el sentenciante observó que el actor demostró que según los registros del órgano informante, al 30-11-2012, eran ochocientos cincuenta y cuatro (854) la cantidad de efectivos policiales que cumplían funciones jerárquicas correspondientes a Comisario o Comisario Inspector sin contar con resolución ministerial que los asigne en el cargo [cfr. fs. 298] y ponderó la imposibilidad de rechazar las órdenes impartidas por sus superiores para evitar hacerse cargo de las funciones de Jefe de Policía Comunal y de 2do Jede de la Policía Departamental, más tarde. Advirtió que en las comunicaciones se enfatizó que la encomienda debía cumplirse de manera “indefectible”.
Aunque reconociendo el distinto sustrato fáctico, el a quo efectuó un parangón de las razones que llevaron al Máximo Tribunal de la Nación a reconocer en la causa “Ramos” (fallo 333:311) el derecho reclamado por la actora. Con todo, estimó que la actividad probatoria demostró que el actor procuró el goce de manera regular de su derecho a la percepción de su haber mensual de conformidad con las funciones y cargos que le tocó ejercer por imposición superior (conf. art. 10, inc. “h”, Ley 13.982). Para ello, luego de que sus superiores dispusieran que asumiera las mentadas responsabilidades, solicitó el pago de las remuneraciones correspondientes y lo hizo de manera contemporánea al desempeño de las tareas lo que importaba para la demandada –en su visión- optar por: (i) dejar sin efecto las órdenes impartidas, si buscaba evitar el pago de las sumas respectivas o bien, (ii) expedir el acto administrativo pertinente si conformaba dichas decisiones. Ponderó que los requisitos impuestos por las normas que regulan la percepción de los haberes por desempeño de funciones de mayor jerarquía (art. 46, Ley 13.982) y el adicional por cargo (art. 68, Decreto Nº 1050/09), tienen por fin evitar un desfalco presupuestario, mas no generar una vulneración del derecho del agente a percibir una retribución justa por la efectiva y comprobada prestación de tareas que le viene impuesta.
Consideró que la situación fáctica descripta se enfrenta directamente con la manda que emana de la Constitución Nacional, que protege el trabajo en sus diversas formas, asegurando a los trabajadores, entre otros derechos, el de desempeñarse en condiciones dignas y equitativas de labor, de percibir una retribución justa e igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis), obligaciones de las que no está exento el Estado (conf. doct. CSJN, Fallos 330:1989).
Con ello en miras, concluyó que correspondía hacer lugar a la demanda impetrada y reconocer el derecho del actor a percibir: (i) por su desempeño en el período de tiempo que abarca desde el 10-XI-2009 al 30-IV-2010, las sumas de dinero emergentes de la diferencia que exista de considerar los haberes que percibió como Comisario y las que debió haber percibido por la Jerarquía de Comisario Inspector; (ii) por su desempeño como Jefe de la Policía Comunal de Pinamar, en el período que va desde el 10-VI-2009 hasta el día 4-10-2010, las sumas que en cada mes debió haber percibido conforme los parámetros cuantitativos que emergen del art. 68 del Decreto Nº 1050/09; (iii) por su desempeño como 2do Jefe de la Policía Departamental de Pinamar, desde el 21-X-2010 y hasta la fecha de interposición de la demanda (hito último que surge de la propia pieza postulatoria; que no corresponde traspasar de cara al principio de congruencia), conforme los parámetros cuantitativos que emergen del art. 68 del Decreto Nº 1050/09.
b. Estimó, no obstante, abstracta la restante pretensión que porta la demanda, mediante la cual se requirió que el reconocimiento del desempeño en el cargo de subjefe de la Policía Departamental de Pinamar tuviera repercusión en su haber de pasividad [cfr. fs. 65, apartado II.b.1.].
Entendió que lo que el actor tuvo en miras al formular el reclamo era lograr que la situación que ostentaba a la fecha de promoción de la demanda tenga reflejo en el haber de pasividad que en el futuro vaya a percibir. Empero – adunó- teniendo en consideración que el haber de pasividad se constituye a partir de la ponderación de los antecedentes de toda una historia de prestación de servicios, no es posible vislumbrar el alcance que el ente previsional vaya a brindar al haber que en un futuro pase a percibir el actor, así como los antecedentes que constituirán la base para otorgar dicho beneficio.
En ese contexto, no advirtió un conflicto actual de intereses contrapuestos que merezca un pronunciamiento judicial (conf. art. 166, Constitución Provincial; doct. CCAMP, A-524-DO0, “Porretti”, sent. del 22-IV-2008), sino un planteo eventual e hipotético, fundado solo en conjeturas sobre elementos cuyo acaecimiento resulta incierto y que, además, debía ser dirimido con un sujeto distinto a quien ha sido demandando en estos autos.
2.a. La accionada apela el pronunciamiento. Expresa que al no haber existido el acto de designación del actor por autoridad competente para desempeñar las funciones de mayor jerarquía no corresponde reconocer al accionante el derecho peticionado. Aclara que los arts. 46, 45 inc. “c” ap. 10 de la ley 13.982 y 68 del decreto reglamentario –así como la jurisprudencia imperante- establecen como requisitos para obtener la diferencia salarial y los suplementos por cargo la designación por acto administrativo y por autoridad competente, normativa frente a la cual entiende de ningún peso el art. 14 bis de la Constitución nacional y la doctrina emergente de la causa “Ramos”.
b. Se agravia, además de la imposición de costas a su parte, pregonando su distribución en el orden causado en atención a que la litis había transcurrido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 14.437.
3. A su turno, el actor se agravia de aquella parcela del pronunciamiento por la que el juez de la instancia declaró abstracta su pretensión de reconocimiento de que el desempeño en el cargo de Subjefe de Policía Departamental de Pinamar tuviera repercusión en su haber jubilatorio. Disiente con la decisión del a quo. Explica que al momento de la sentencia ya se encontraba en condiciones de retiro y por ello tiene virtualidad su pretensión de que se reconozca que su haber de pasividad está constituido por el 100% de la remuneración o asignación mensual, más las bonificaciones y otros suplementos sujetos a descuentos. En ese lineamiento, explica que si se admite el suplemento por cargo por el desempeño de la función de 2do. Jefe Departamental de Seguridad –en razón de que esa era la función que se hallaba cumpliendo al momento del retiro- será obvia su repercusión en el haber de retiro. En punto a la falta de legitimación a la que refiere el juez de grado, deja en claro que lo que pretende no es la diferencia de haberes en sí, sino el reconocimiento del derecho a la asignación por cargo como 2do. jefe de la Departamental hasta el momento mismo de otorgarse el retiro, el que debe ser acordado por el Ministerio accionado y no por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
II. Habré de dar respuesta a los recursos planteados por las partes comenzando –por razones de orden metodológicopor aquel articulado por la accionada.
1.a. Tal lo que surge de la reseña efectuada precedentemente [ap. I.1], el juez de la instancia hizo lugar a la pretensión de reconocimiento de derechos articulada por el actor a través de la cual perseguía: (i) el pago de las diferencias de haberes por las labores prestadas como Jefe de la Policía Comunal de Pinamar entre el 10-09-2009 al 4-10- 2010 y ii) el pago de las diferencias de haberes como Segundo Jefe de la Policía Departamental de Pinamar desde el 21-09- 2010 hasta el 10-03-2011.
Para así decidir el inferior estimó como extremo relevante la acreditación de la efectiva prestación de servicios por parte del agente en los cargos por los que reclama la diferencia de remuneración. Frente a esa realidad y, sin desconocer que no habían existido los actos de designación del actor en aquellos cargos, esbozó no obstante argumentos que estimó de peso suficiente como para apartarse de aquella normativa en materia de nombramiento del agente en cargos superiores. En tal sentido sopesó: i) el reclamo del actor, durante el ejercicio mismo de las funciones asignadas, para que se le abonen las diferencias de haberes por las tareas que debió asumir; (ii) la existencia de un número importante de agentes (ochocientos cincuenta y cuatro) que se encuentran cumpliendo funciones jerárquicas sin acto de designación; (iii) la obligatoriedad para el actor de las órdenes impartidas por la superioridad (arg. art. 12 inc. “a” ley 13.982); (iv) el obrar antijurídico de la accionada al no haber optado, o bien, por disponer el cese de las funciones o bien, por designarlo acto administrativo mediante; (v) la vulneración al art. 14 bis de la Constitución nacional; (vi) la extensión, más allá de las distancias fácticas, de las concepciones volcadas por el Cimero Tribunal de la Nación en el fallo “Ramos” en relación con el uso abusivo y disfuncional de sus prerrogativas en materia de empleo público.
No obstante la riqueza de los argumentos brindados en la sentencia, el recurrente articula su impugnación aduciendo –dogmáticamente y en una construcción rayana con la deserción del recurso (argto. art. 56 inc. 3° del C.P.C.A.) que la ausencia de acto administrativo conspira contra el reclamo del actor pues el recaudo de designación por autoridad competente para obtener el derecho a la percepción de diferencia de haberes tiene raigambre legal y jurisprudencial.
De tal confronte surge que la demandada desoye todas aquellas razones por los que el juez ponderó que en sub lite existían motivos suficientes para apartarse del “corsé jurídico que propone la Fiscalía de Estado” [v. fs. 322 vta. ap. 2.b.], reiterando –en una actitud caprichosa- los mismos argumentos brindados al demandar. Empero, tal comprobada deficiencia, no es óbice para que me expida sobre la cuestión litigiosa y dé cuenta de mi visión que acompaña la solución que porta la sentencia de la instancia.
b. Cierto es que esta Alzada ha venido recogiendo la doctrina emergente de los Tribunales Superiores a partir de la cual, por regla la prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene, no autoriza a exigir el pago del sueldo correspondiente a dicha categoría, en la medida que no exista el nombramiento –o en su caso, la designación con carácter retroactivo- (argto. S.C.B.A., causas Ac. 44.847 “Alaman”, sent. del 27-VIII-1991; Ac. 57.424 “Panzini”, sent. del 5-III-1996; Ac. 77770 “D´avola”, sent. del 19-II-2002; Ac. 93186 “Carmona”, sent. del 20-IX- 2006; B 67.409 “Luchetti”, sent. del 26-XI-2008)
Mas no es menos cierto que la Corte Federal ha dado cuentas de una progresiva evolución en materia de relaciones de empleo en las cuales el Estado se erige en empleador. Así en el precedente “Schnaidermann” (Fallos 331:735) el Tribunal puso un coto al ejercicio de las facultades discrecionales de la Administración para revocar durante el período de prueba el nombramiento de un agente designado por concurso; más tarde en la causa “Ramos” (Fallos 333:311), reconoció una indemnización en favor de un agente que, designado sin permanencia, había prestado servicios para el Estado nacional por más de veinte años, acudiendo para el reconocimiento de ese derecho la protección constitucionalmente reconocida a toda forma de trabajo dependiente (art. 14 bis de la Constitución nacional). Y como corolario de tal apertura, en la causa “A.T.E. c. Municipalidad de Salta”, sostuvo – haciéndose eco de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que en el marco de una relación laboral en la cual el Estado se constituye en empleador, éste evidentemente debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos sus funcionarios públicos ... ya que la inobservancia de este deber genera la responsabilidad estatal interna e internacional".
A la luz de este nuevo paradigma que se fue gestando en los últimos años, se delineó la obligación del Estado empleador de garantizar la vigencia irrestricta de estos derechos humanos laborales, entre los cuales se encuentra – sin duda alguna- el derecho al salario cuya justicia y protección ha sido materia de permanente preocupación tanto a nivel nacional como internacional (C.S.J.N. Fallos 332:2043). Es que la proyección del salario… comprende no solo el derecho a un nivel de vida adecuado, sino que posee proyecciones incluso mayores dado que también comprende el ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos desde el momento en que, conforme al ya universalmente consolidado principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el antedicho ejercicio es imposible sin el goce paralelo de los derechos sociales, económicos y culturales (Proclamación de Teherán, 1968, párr. 13; Resolución 32/130 Asamblea General de Naciones Unidas 16-12- 1977 y los Preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del PIDESC; causa citada).
En el marco de esa evolución de la tutela jurídica del salario del empleado estatal, el Alto tribunal ha esbozado cuatro principios de jerarquía constitucional que han de ser determinantes –al igual que allí lo fueran- para decidir la presente contienda, a saber:
(i) El trabajador es sujeto de “preferente tutela constitucional y goza de la “protección especial” del Estado; (ii) La justicia social, cuyo norte es alcanzar el “bienestar”, esto es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad”;
(iii) El principio de progresividad, que impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente “regresivo” en materia de derechos humanos requieran la consideración “más cuidadosa” y deban “justificarse plenamente”;
(iv) La seguridad económica que le permita al agente público realizar “el derecho a perseguir su bienestar material” por intermedio del trabajo asalariado.
Tales principios han de complementarse con otros que – de un lado- traduzcan un deber positivo de “adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna” y –del otro- importen el compromiso de “respetar” los mentados derechos lo cual requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiere alcanzado un empleado.
A partir de estos nuevos paradigmas, aplicados al sub examine a tenor de las particularísimas circunstancias fácticas relevadas por el a quo y no desconocidas por la demandada, juzgo que la resolución ministerial que denegó al actor el cobro de las diferencias de haberes por aquellas funciones efectivamente llevadas a cabo y que suscitara la presente contienda, no se hace eco ni de la operatividad del art. 14 bis de la Constitución nacional ni de los principios y pautas que han guiado al Supremo Tribunal Nacional, que se constituyen en premisas de autónomo acatamiento por las autoridades administrativas.
c. Con la mira puesta en tales postulados, habré de hacerme eco de los motivos que inspiraron al primer magistrado a desmarcarse del paradigma en materia de reconocimiento de haberes por mayor función, pues las especiales circunstancias que rodearon la situación del actor ameritan acudir a las reseñadas premisas brindadas por el Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La orden indefectible impartida a Rincón por la superioridad [v. fs. 89/91], a cuyos términos estaba conminado el demandante [cfr. art. 36 ley 13.982], los reiterados pedimentos del demandante con miras a obtener el derecho ahora reclamado [v. fs.7, 31], la práctica recurrente del Estado empleador de asignar funciones de mayor jerarquía a sus agentes evitando sistemáticamente dictar el acto administrativo pertinente –apartándose así de la legalidad que debe regir todo su obrar (argto. doct. S.C.B.A, causa B 64.026 “Morera”, sent. del 20-XI-2013)- son comportamientos todos que se divorcian categóricamente de los principios enunciados y dan cuentas claras, en fin, del desconocimiento de la operatividad del art. 14 bis de la Constitución nacional.
Así, sin desconocer –aunque trazando las diferencias existentes- los precedentes de este Tribunal en causa C-1190- MP1 “Fuentes” [sent. del 17-VI-2009], en la que la designación del actor en el cargo de mayor función había sido dispuesta por funcionario incompetente; en causas C-1966-MP2 “Montalvo” [sent. del 18-IX-2010]; G-951-MP1 “Angelucci” [sent. del 27-V-2010]; C-1966-MP2 “Rojas”, [sent. del 18-XI- 2010], en los que ni siquiera se había acreditado la efectiva prestación de las tareas de mayor función alegadas y en causa C-3808-AZ1 “Gottesman”, [sent. de 16-V-2013], en la que no existió orden impartida por la superioridad que conminara al agente a asumir el cargo de mayor función, entiendo que el nuevo paradigma que ha gestado el Alto Tribunal de la Nación ha de tener repercusión directa en el caso de autos y, por ello, he de acompañar el pronunciamiento de la instancia ya que las circunstancias que evalúa y los motivos que porta se compadecen en las premisas que tanto a nivel interno como internacional inspiran la protección de los derechos humanos de los empleados públicos.
2. En punto a la modificación de la imposición de costas que pregona la accionada, teniendo en cuenta que a la fecha de dictado del pronunciamiento -8-07-2013- y de la articulación de los recursos de apelación -02-08-2013 y 05- 08-2013- ya se encontraba vigente la modificación introducida por la ley 14.437, B.O. 8-02-2013-, no se hallan presentes las circunstancias que llevaron a este Tribunal a adoptar la decisión de la que pretende valerse la accionada (argto. esta Cámara causa C-2451-DO1 “Enriquez”, sent. del 26-III-2013).
3. Mediante su recurso la parte actora pretende la revocación del capítulo de la sentencia que declaró abstracta su pretensión de que se le reconozca el estatus desempeñado como 2do. Jefe de la Departamental Pinamar –con la bonificación correspondiente aún sin acto de designación- a los fines de su incidencia en el cálculo de su haber de retiro. Cuestiona, asimismo, la falta de legitimación de la accionada decidida por el juez de grado.
Sin perjuicio de la actualidad del planteo que esbozara el accionado, estimo que –tal como lo concluyera el a quo- no es el Ministerio demandado en estas actuaciones el sujeto pasivo de la controversia. Es que, encontrándose en situación de pasividad y pretendiendo el reconocimiento de un estatus de prestación de servicios –sin designación- con incidencia en su haber jubilatorio, será la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones el ente con quien el accionante debe dirimir esa controversia (art. 2 inc. “a” y “b”; 7 inc. “b” y cctes. de la ley 13.236; argto. doct. esta Cámara, causa P- 4191-AZ1 “Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. del 29-VIII-2013), lo cual sella adversamente cualquier tipo de pretensión incardinada en este proceso con tal objeto. Ello no obstante, advierto también que al demandar el propio actor requirió el reconocimiento del suplemento por cargo por gestión como subjefe de la Policía Departamental (art. 45 inc. “c” ap. 10 de la ley 13.982) “…por el período comprendido entre el 21/10/10 a la fecha, con más los intereses hasta el momento del efectivo pago” [v. fs. 66 vta. párr. 4to]. La limitación temporal que el propio interesado ha puesto a su reclamo, circunscribiéndolo hasta la fecha de interposición de la demanda -10-03-2011, cfr. cargo de la Receptoría General de Expedientes de fs. 71], conspira contra el reconocimiento pretendido a los fines jubilatorios, en tanto el lapso por el que –a todo evento- pretende le sea reconocido el beneficio que surge de tal estatus es inferior al tiempo legalmente establecido por el art. 29 de la ley 13.236 –precepto en el que prima facie podría haberse encuadrado la situación de Rincón-.
Con todo, habré de acompañar la solución que porta el pronunciamiento de la instancia en tanto los argumentos blandidos por el actor no son idóneos para conmover la decisión adoptada.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo desestimar los recursos de apelación deducido por la demandada a fs. 329/337 y por la actora a fs. 339/3412 y consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de fs. 319/326 en cuanto hiciera lugar –con los alcances allí dados- a la demanda articulada por el actor, Daniel Oscar Rincón, contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (art. 12 inc. 2° del C.P.C.A, 14 bis de la Constitución nacional y su doctrina; leyes 13.928, 13.236 y cctes.). Las costas de esta alzada deberían imponerse por su orden en atención a los vencimientos mutuos en sendos recursos (art. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
Voto la cuestión planteada por la negativa.
El señor Juez doctor Mora por idénticos fundamentos y con el mismo alcance a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la negativa. La doctora Sardo no suscribe la presente sentencia por haber presentado su renuncia al cargo, efectiva al 1-02-2014. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar los recursos de apelación deducido por la demandada a fs. 329/337 y por la actora a fs. 339/3412 y consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de fs. 319/326 en cuanto hiciera lugar –con los alcances allí dados- a la demanda articulada por el actor, Daniel Oscar Rincón, contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (art. 12 inc. 2° del C.P.C.A, 14 bis de la Constitución nacional y su doctrina; leyes 13.928, 13.236 y cctes.). Las costas de esta alzada se imponen al apelante vencido (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
2. Las costas de esta alzada se imponen por su orden en atención a los vencimientos mutuos en sendos recursos (art. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A. –texto según ley 14.437-).
Regístrese, notifíquese y, fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia