Abriendo la norma
Cámara de Apel
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación articulado por la actora a fs. 91/96 contra la sentencia de fs. 87/89 y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción articulada a fs. 35 por la accionada, rechazar dicha defensa y ordenar la remisión de la causa al Juez de grado a fin de que se pronuncie sobre la procedencia del reclamo indemnizatorio incoado teniendo en vista los restantes fundamentos y defensas esgrimidos por las partes.
2Dejar sin efecto el pronunciamiento en materia de costas de primera instancia y diferir la imposición de esta últimas –al igual que de las devengadas ante esta Alzadahasta tanto se dicte sentencia de mérito sobre la pretensión fondal [arts. 77 C.P.C.A. y 274 C.P.C.C.].
3Diferir la regulación de honorarios profesionales por las labores de segunda instancia para su oportunidad [art. 51 decr. ley 8.904/77].
En la ciudad de Mar del Plata, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-5744-BB1 “MARTÍN NANCY ELVIRA c. MUNICIPALIDAD DE PUAN s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA - EMPL. PÚBLICO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. Mediante sentencia dictada con fecha 30-12-2014, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Municipalidad de Puan y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida en su contra por la Sra. Nancy Elvira Martín. Impuso las costas en el orden causado (art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. -texto según ley 14.437-) y postergó la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad [v. fs. 87/89].
II. Declarada mediante auto de fs. 105 la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 91/96 contra dicho pronunciamiento -replicado por su contraria a fs. 100/101- y puestos los autos al Acuerdo para dictar Sentencia [v. fs. 105, punto “3.”] –proveído que se encuentra firme-, corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1.1. La presente acción fue promovida con fecha 03-12- 2012 (cfr. constancia de Receptoría General de Expedientes a fs. 19) por la Sra. Nancy Elvira Martín, contra la Municipalidad de Puan, a fin de obtener un pronunciamiento que condene a la accionada a indemnizar a su parte en razón del daño moral sufrido como consecuencia de haber sido ilegítimamente declarada “…cesante y exonerada del cargo…” que detentaba en el ámbito de la referida Comuna.
Al fundar su pretensión, señaló que con fecha 08-11-2011 esta Cámara habría confirmado la sentencia de primera instancia que -de un lado- declaró la nulidad del decreto municipal N° 1.873/04 por medio del cual se aplicara a su parte la mentada sanción segregativa y -de otro lado- “…estableció el daño material sufrido, condenando al Municipio al pago de los sueldos impagos y adicionales, con intereses, fijando las pautas para su cálculo…” (v. fs. 15vta., párr. 3°). Explicó entonces que, encontrándose ya firme el mentado pronunciamiento de esta Alzada y en la medida en que la reparación del daño moral causado por la sanción aplicada a su parte no habría sido reclamado en oportunidad de impugnar judicialmente el acto sancionatorio, vendría a demandar ahora dicho resarcimiento.
1.2. La Municipalidad accionada se opuso al progreso de la acción argumentando -en lo que aquí interesa- que ésta se encontraría prescripta. En sustento de tal defensa afirmó que el plazo prescriptivo aplicable al caso sería de dos años (cfr. art. 4037 del Código Civil -t.a.-) y habría comenzado a correr a partir de la fecha en que se dictó el decreto municipal N° 1.873/04 -esto es, el 28-12-2004-, de modo que a la fecha de interposición de la demanda de autos se encontraba holgadamente vencido (v. fs. 35).
1.3. Al contestar el traslado que se le corriera de dicha excepción (v. fs. 35/36), la actora señaló [i] que el 04-07-2012 su parte habría articulado un “…reclamo administrativo por la reparación del daño moral…”, [ii] que tanto dicho petitorio, como la demanda que dio inicio a esta causa, fueron interpuestos dentro del año siguiente de haber adquirido firmeza el pronunciamiento judicial que invalidó el decreto municipal N° 1.873/04 y [iii] que en oportunidad de promover pretensión anulatoria contra este último acto administrativo habría hecho expresa reserva de reclamar la reparación de los daños causados por el ilegítimo obrar estatal, lo que exteriorizaría como indubitable su voluntad de “…ser resarcida en forma integral…” -insinuando la actora, a partir de tales circunstancias, una supuesta “interrupción del plazo de prescripción”-.
2. El a quo hizo lugar a la defensa opuesta.
Señaló, en primer lugar, que el plazo de prescripción aplicable al caso sería aquel de dos años que contempla el art. 4037 del Código Civil (t.a.).
Apuntó luego -con sustento en citas jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia provincial- que dicho lapso debería computarse a partir del momento en que la Sra. Martín fue notificada del decreto municipal N° 1.873/04, pues desde entonces la acción se encontraba expedita para la demandante. Enlazado a ello sostuvo que la acción resarcitoria pudo promoverse a partir de dicho hito temporal “…independientemente del proceso anulatorio promovido -aunque sí condicionada a su resultado-…”. Reafirmó su posición a partir de lo manifestado por la propia actora en punto a que el resarcimiento del daño material ya habría sido reclamado - con éxito- en el marco de la referida pretensión anulatoria instada con anterioridad a la presente causa.
Afirmó, por último, que la “…mera reserva de derecho a accionar invocada por la actora…” carecería de toda virtualidad como para provocar la interrupción del plazo prescriptivo en cuestión (cfr. art. 3986 del Código Civil - t.a.-).
Concluyó, con todo, que a la fecha de interposición de la demanda de autos, la acción se encontraba prescripta.
3. En sustento de su apelación contra dicho pronunciamiento la actora arguye [i] que el plazo de prescripción aplicable al caso sería el de diez (10) años previsto por el art. 4023 del Código Civil (t.a.), [ii] que aún si se considerase que la acción se prescribía por el término de 2 años -tal como lo interpretó el Juez de grado con sustento en lo normado por el art. 4023 del Código Civil [t.a.]-, el dies a quo para su cómputo sería la fecha en que adquirió firmeza el pronunciamiento judicial que invalidó el decreto municipal N° 1.873/04 y, [iii] finalmente, en lo que atañe a los hechos interruptivos de la prescripción, que su parte habría efectuado sucesivas “reservas” en “…los escritos presentados en el sumario administrativo, reclamo administrativo y en la pretensión anulatoria…”, que revelarían su intención de reclamar la “…reparación integral de los daños que padeció…”.
4. La accionada, por su parte, replica a fs. 100/101 los fundamentos del recurso articulado por su contraria y solicita a esta Alzada el rechazo de dicho remedio.
II. El recurso prospera.
1. Analizaré en primer lugar -por razones de orden metodológico- los agravios encaminados a poner en crisis la tesitura sustentada por el Juez de grado en punto a que el dies a quo para el cómputo del plazo prescriptivo aplicable al caso se situaría en la fecha en que el decreto municipal N° 1.873 fue notificado a la actora y no en el momento en que -tal como esta última lo propone- adquirió firmeza la sentencia anulatoria de dicho acto administrativo (v. supra, punto “I.3.[ii]”).
Adelanto desde ahora que, a mi juicio, lleva razón la recurrente en su planteo.
1.1. Cabe señalar que el art. 20 del C.P.C.A. pone a disposición del litigante dos alternativas respecto del momento en que podrá reclamar el resarcimiento de los perjuicios causados por un acto administrativo que –tal como ocurre en la especie- se reputa ilegítimo: bien puede aquél articular tal pretensión “juntamente con la de anulación”, en cuyo caso deberá accionar en tales términos dentro del “…plazo de caducidad del artículo 18 del presente Código…” (cfr. inc. 1°), o bien deducirla “…como reclamo autónomo luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma…” (v. inc. 2°).
1.2. Llevando tales lineamientos al caso que aquí nos ocupa bien cabría concluir que, de haberse valido la actora de aquella primera alternativa procesal que le ofrece el citado art. 20 del Código de rito a través de su inciso “1”, la acción encaminada a hacer valer conjuntamente las pretensiones anulatoria y resarcitoria debería considerarse expedita a partir del momento mismo en que la demandante se anotició del decreto municipal N° 1.873/04 –pues fue entonces cuando adquirió eficacia la exoneración allí dispuesta a su respecto [argto. art. 110 de la Ordenanza Gral. 267/80; esta Cámara causa C-2040-DO1 “Sposaro”, sent. del 22-XII-2010; doct. S.C.B.A. causa B. 65.862 “Rodríguez”, sent. del 20-V- 2015]-, de manera que a partir de ese mismo hito temporal comenzaría a correr el plazo de prescripción correspondiente. Empero, no debe pasar inadvertido que, en la hipótesis analizada, frente al recaudo impuesto por el precepto de marras en punto a que la articulación conjunta de ambas pretensiones deberá efectuarse dentro del “…plazo de caducidad del artículo 18…”, la mayor extensión que los términos prescriptivos aplicables al caso pudiesen ostentar frente al referido plazo de caducidad consagrado por la norma ritual para la articulación de la pretensión anulatoria (cfr. art. 18 inc. “a” del C.P.C.A.) carecería –en fin- de toda virtualidad en relación a la interposición del reclamo indemnizatorio.
1.3. Ahora bien, diversa es la solución que –a mi juicio- debe propiciarse en aquellos casos en que –tal como se verifica en el sub lite- el administrado ha optado por encauzar su pretensión resarcitoria a través del sendero que le dispensa el inciso 2° del citado art. 20 del C.P.C.A., pues en tales supuestos la prescripción recién comenzará a correr –conforme el propio precepto lo establece- cuando se haya obtenido una sentencia en el proceso anulatorio previamente iniciado que invalide el acto administrativo reputado ilegítimo (conf. SORIA, Daniel Fernando, “Aspectos básicos de las pretensiones en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, en El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, Librería Editora Platense, La Plata, 2004, p. 160).
Tal postulado –contrario a la posición asumida por el juez de grado- además de encontrar suficiente fundamento en la expresa letra de la norma en juego, luce coherente. En efecto, habiéndose habilitado legalmente al administrado enderezar su pretensión indemnizatoria con posterioridad a la culminación del proceso anulatorio al cual ella se vincula – promovido dentro del plazo de caducidad contemplado por el art. 18 del C.P.C.A.-, es evidente que la acción tendiente a instar aquel reclamo resarcitorio ya no podrá considerarse “expedita” sino a partir de la obtención de un pronunciamiento firme que invalide el acto impugnado y derribe así la presunción de legitimidad de que éste goza –la cual, de otro modo, constituiría un obstáculo insalvable al progreso de la aludida demanda indemnizatoria [argto. doct. esta Cámara causas R-871-NE1 “Ruíz”, sent. del 16-XII-2008; C-4860-MP2 “Arias”, sent. del 02-XII-2014]-.
1.4. Efectuadas tales precisiones se advierte que -en el sub lite- la Sra. Martín, frente a las alternativas que el orden adjetivo ponía a su disposición a fin de reclamar judicialmente la reparación del daño moral que le irrogara la exoneración dispuesta mediante el decreto municipal N° 1.873/04, optó por articular dicha pretensión no ya en forma conjunta con aquélla de contenido anulatorio dirigida hacia el mentado acto segregativo –y sin perjuicio de que, tal como la propia accionante lo admite [v. fs. 96, párr. 4°], sí acumulara a dicha impugnación un reclamo patrimonial diverso, vinculado al pago de salarios caídos-, sino de manera “autónoma”, a través del restante sendero ritual contemplado por el 2° inciso del mencionado art. 20 del C.P.C.A. Ejercitada la opción en tal sentido y de conformidad con lo normado por el orden ritual vigente, ya no podría la actora promover su reclamo indemnizatorio sino luego de que recayera en el proceso anulatorio previamente instado un pronunciamiento favorable a su impugnación y adquiriera éste firmeza, de modo que, hasta entonces –conforme las pautas supra delineadas y en un sentido contrario a lo sostenido por el Juez de grado-, tampoco comenzaría a correr la prescripción aplicable a la mentada acción resarcitoria. Así, teniendo en vista que la sentencia de esta Alzada que confirmó la invalidación jurisdiccional del mentado decreto municipal N° 1.873/04 en los autos C-2264-BB1 “Martín” fue dictada con fecha 08-XI-2011 y comunicada a las partes mediante cédulas libradas –conforme consta en los registros de este Tribunal- el día 06-12-2011, sin que se haya articulado remedio alguno en su contra, concluyo que el plazo de prescripción aplicable en el sub examine no comenzó a correr sino con posterioridad a esta última fecha.
2. Sentada la conclusión que antecede se advierte que, ya sea por aplicación del plazo prescriptivo decenal propuesto por la apelante -con pretendido sustento en la doctrina sentada por la Suprema Corte provincial en los autos B. 48.618bis “Perez” [sent. del 03-III-1992] y en lo normado por el art. 4023 del Código Civil [t.a.]– o de aquél de dos años tomado en consideración por el sentenciante de grado (cfr. art. 4037 Cód. Civil –t.a.-), la demanda resarcitoria que dio inicio a estos autos, promovida el 03-12-2012 debe considerarse, en todo caso, interpuesta en tiempo útil. Ello justifica, per se, la revocación de la sentencia apelada y el consecuente rechazo de la defensa de prescripción opuesta por la accionada Municipalidad de Puan, a la vez que torna estéril el debate en torno a la aplicabilidad de uno u otro de los plazos de prescripción referenciados, deviniendo inoficioso –por tanto- el tratamiento de los agravios que giran en torno a dicha cuestión (reseñados en el apartado “I.3.1.” precedente) y, asimismo, de aquéllos que fueran esgrimidos por la actora en el último segmento de su memorial bajo el rótulo “de la reserva de accionar por daños” (v. fs. 96, punto “3”).
III. Como corolario de lo expuesto en los capítulos precedentes, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación articulado por la actora a fs. 91/96 contra la sentencia de fs. 87/89 y, en consecuencia, revocar dicho pronunciamiento en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción articulada a fs. 35 por la accionada, rechazar dicha defensa y ordenar la remisión de la causa al Juez de grado a fin de que se pronuncie sobre la procedencia del reclamo indemnizatorio incoado teniendo en vista los restantes fundamentos y defensas esgrimidos por las partes. En razón de ello y en atención a lo normado por el art. 274 del C.P.C.C. -aplicable en la especie en virtud de la remisión contenida en el art. 77 del C.P.C.A.- la atribución de costas decidida en la instancia de grado ha de dejarse sin efecto, quedando diferida su imposición -al igual que la de las costas devengadas ante este Alzada- hasta tanto se dicte pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión fondal. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado en atención a lo normado por el art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. (texto según ley 14.437).
Voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, también vota la cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad con los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación articulado por la actora a fs. 91/96 contra la sentencia de fs. 87/89 y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción articulada a fs. 35 por la accionada, rechazar dicha defensa y ordenar la remisión de la causa al Juez de grado a fin de que se pronuncie sobre la procedencia del reclamo indemnizatorio incoado teniendo en vista los restantes fundamentos y defensas esgrimidos por las partes.
2. Dejar sin efecto el pronunciamiento en materia de costas de primera instancia y diferir la imposición de esta últimas –al igual que de las devengadas ante esta Alzadahasta tanto se dicte sentencia de mérito sobre la pretensión fondal [arts. 77 C.P.C.A. y 274 C.P.C.C.].
3. Diferir la regulación de honorarios profesionales por las labores de segunda instancia para su oportunidad [art. 51 decr. ley 8.904/77].
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia