Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: revocase el decisorio de fs. 669. Imponiendo las costas de ambas instancias por su orden (art. 68 del C.P.C.C.). Reg. Dev.
NORBERTO HORACIO BASILE CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ JUEZ VIVIANA BEATRIZ BROVIDA AUXILIAR LETRADO
NAVARRETE JOSE C/ RUIZ JAVIER CAYETAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Exp Nº: 70154 Jz Juzgado 2 Reg. Sent. Int:: 304 Folio Sent. Int: 411 Lomas de Zamora, 20 de Noviembre de 2012.-
I. Se reciben los autos en esta Alzada, a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 676 contra la resolución dictada a fs. 669, por la cual el a-quo declaró operada la caducidad de la instancia de las presentes actuaciones.
A su turno, el demandado contesta los agravios y acusa a la actora de no haber cumplido con la carga que impone el art. 260 del Cód. de rito, al haberse limitado a una simple queja o expresión de disconformidad respecto de la providencia atacada, que lejos se encuentra de ser la crítica concreta y razonada que manda la norma mencionada.
De la lectura del escrito de fundamentación del recurso que obra a fs. 679/683 -que viene cuestionado-; en nuestro concepto no puede ser calificado de insuficiente respecto de la crítica que formula al decisorio apelado, deviniendo en consecuencia necesario atender sus quejas, y revisar la justicia del fallo (doctrina del art. 260 Cód. Procesal). Liminarmente cabe poner de resalto, que la previsión contenida en el art. 150 ap. 2° del Cód. Procesal, cuando declara inapelable toda resolución dictada previa vista o traslado para la parte que no los haya contestado, no tiene aplicación en el tema atinente a la perención de instancia, pues ésto encuentra regulación específica en el título V, capítulo V, de la ley de enjuiciamiento, que trata del modo anormal de terminación de los procesos y donde sin limitación de ninguna índole, resulta admisible la apelabilidad ante la declaración procedente de la caducidad (art. 317 cód. citado, en igual sentido Cám. Apela. Civ. y Com. Quilmes, Sala I, RSI 77-95 autos "Costa c/ Gimenez s/ Ds. y Ps").
II. Formuladas tales aclaraciones, y adentrándonos al tratamiento del recurso, cabe adelantar que analizadas las constancias de la causa se advierte que el mismo habrá de tener recepción favorable, en mérito de las consideraciones que seguidamente se expondrán.
En efecto, de la presente causa se desprende que se encuentra cumplida la totalidad de las pruebas ofrecidas; a excepción de la causa penal que por no encontrarse concluída, por decisión del a-quo en reiteradas oportunidades, ha sido devuelta a la UFI interviniente, con el objeto de que se continue con su correspondiente trámite, para que al momento de encontrarse con resolución firme, sea nuevamente remitida al juzgado a los efectos del oportuno dictado de la sentencia (ver providencias de fs. 590 y fs. 613).
Obsérvese también que atento a dicha circunstancia, a fs. 594 la actora ha solicitado la clausura del período probatorio, por haberse producido la totalidad de la prueba; a lo que el a-quo proveyó a fs. 595 tenerlo presente para la oportunidad en que se encuentre concluida con resolución firme la causa penal conexa.
Así, y atento a las reiteradas intimaciones que fueran cursadas a la actora a fin de que manifieste si mantiene interés en la prosecución de las actuaciones; la misma se presentó a fs. 623 solicitando la suspensión de términos en los presentes actuados hasta tanto se resuelva la causa penal mencionada; teniendo en cuenta que ello es lo único que falta para que V.S pueda dictar la sentencia pertinente en los presentes actuados.
Todo lo hasta aquí expuesto, y que no es más que una breve reseña de lo ocurrido en las actuaciones, pone en evidencia la actividad impulsoria de la actora en el presente proceso. Ahora bien, por encontrarse pendiente de resolución la causa penal; el a-quo expresó la imposibilidad de continuar el trámite civil, supeditando el dictado de la sentencia a la resolución final que se dicte en sede penal.
Y ello es importante ponerlo de resalto, toda vez que sostiene la doctrina, con absoluta nitidez, que corresponde la carga de impulsar el procedimiento a la parte actora que promovió el proceso, y en las presentes actuaciones la actora ha instado el mismo hasta producir la totalidad de la prueba ofrecida, por lo que mal puede ser alcanzada por los efectos de la caducidad de la instancia.
Teniendo en cuenta, que en este caso en particular en oportunidad de ordenarse la intimación prevista por el art. 315 del Cód. Procesal, ya se encontraba producida la totalidad de las medidas probatorias ofrecidas por las partes, lo que hubiera correspondido era certificar la prueba y posterior llamamiento de autos para sentencia; el que conforme se adelantara ha sido supeditado por el a-quo -de oficio- a la resolución final a dictarse en la causa penal conexa a los presentes actuados (art. 1101 del Cód. Civil). Es que si al tiempo de acusarse la caducidad de la instancia, se había cumplimentado o desistido la totalidad de la prueba ofrecida por las partes, encontrándose también vencido con exceso el término por el cual el juicio había sido abierto a su fase probatoria, no quedaba en consecuencia otro paso procesal que el llamamiento de autos para dictar sentencia, carga ésta que debió haber cumplimentado el juzgado aun de oficio. En esas circunstancias, hacer recaer sobre la parte los efectos de la falta de dicha actividad, configura un exceso incompatible con los fines que la ley tuvo en mira al regular la caducidad de la instancia (SCBA ac. 33537; esta Sala "SOLANO, Juan José c/ SANDOVAL, Alejandro Ismael S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", causa n° 68.794, RSI 109/2012). Y si en el particular, el llamamiento de autos para dictar sentencia no resultaba posible por estar inconclusa la causa penal; entonces lo apropiado hubiera sido darle curso a la petición de la actora efectuada a fs. 625 y procederse sin más a la suspensión de los términos hasta tanto se resuelva la causa penal; pero nunca caducar las actuaciones; máxime cuando la actora nunca dejó lugar a dudas acerca de su actividad impulsoria.
Repárese a su vez, que la perención de instancia debe ser apreciada con criterio restrictivo, habida cuenta de los efectos que apareja su declaración y del carácter excepcional de este instituto, circunstancia que lleva a evaluar la impulsoriedad de las actuaciones en sí mismas, más Allah de la suerte adversa que injustificadamente pudiesen haber sufrido las pretensiones allí enderezadas (esta Sala causa citada).
III. Por último, no puede soslayarse el grave perjuicio que viene ocasionando a la parte actora la tramitación de la causa penal en cuestión, si observamos que estamos en presencia de un accidente de tránsito acaecido el 30 de julio de 1999, y que a más de diez años del mismo, conforme dan cuenta las certificaciones de fs. 590 y fs. 613 aquella se encuentra pendiente de resolución. Por tal razón es que en tales casos no necesariamente debe estarse a la espera de la sentencia definitiva para el dictado del pronunciamiento en sede civil (S.C.BA. Ac. del 29-VIII-47; CALZ esta Sala 1a, "NUÑEZ, Víctor c/ AGUERO, Leonardo y otros s/ DS. Y PS." causa 54.017, RSD. 101/2002).
La prejudicialidad a la que se refiere el art. 1101 del Cód. Civil, resulta inaplicable cuando importa un retardo inusitado para la solución de la causa civil, pues la existencia de una dilación indefinida en el trámite penal y decisión del mismo ocasiona un agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, produciendo una efectiva privación de justicia para el reclamante (doct. art. 1101 del Cód. Civil). Lo dicho autoriza en tales casos, a dejar de lado la prejudicialidad penal y procederse sin más al dictado de la sentencia en la causa civil (art.- 18 C.N.)
En base a lo hasta aquí expuesto, la recurrida decisión adoptada por el Señor Juez a-quo debe ser revocada. Imponiendo las costas de ambas instancias por su orden, atento a como ha sido resuelta la presente cuestión (arts. 310 inc. 3°, 315, sigts. y concds. y 68 del C.P.C.C.).
POR ELLO: revocase el decisorio de fs. 669. Imponiendo las costas de ambas instancias por su orden (art. 68 del C.P.C.C.). Reg. Dev.
NORBERTO HORACIO BASILE CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ JUEZ VIVIANA BEATRIZ BROVIDA AUXILIAR LETRADO
Fin de la sentencia