Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Dictar el mandato preventivo contractual de renegociación conforme se dispuso en el apartado V, ordenando la negociación formal y sustancial de las partes para procurar la autocomposición;
2En lo restante confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la prescripción adquisitiva opuesta como defensa y como reconvención por Germán Serres y Mariela Tripodi, y admitió la demanda de reivindicación interpuesta por Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi, disponiendo que los demandados perdidosos Germán Serres y Mariela Tripodi deben restituir la tenencia a los actores Sres. Raguzzi, bajo apercibimiento de desahucio, en los demás términos que surgen de dicho pronunciamiento (art. 7 CCyC; arts. 2351, 2373, 2374, 2384, 2758, 2759, 2772, 2776, 2790, 2794, 4015 y ccs. C.C.; art. 24, ley 14.159; arts. 260, 266, 375, 384, 456 y ccs., CPCC).
3Con costas a los demandados-reconvinientes que resultan vencidos en el trámite recursivo (arts. 68, 69, CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31, ley 14967).
Con fecha 22 de septiembre de 2020, la Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa n° 65.611, "RAGUZZI ALBERTO RUBEN C/ SERRES GERMAN Y OTRO/A S/REIVINDICACION", dictó un mandato preventivo emplazando a las partes a iniciar tratativas negociales.
Causa nº: 2-65611-2020 "RAGUZZI ALBERTO RUBEN C/ SERRES GERMAN Y OTRO/A S/REIVINDICACION "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintidós días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5.827), encontrándose el Doctor Víctor Mario Peralta Reyes en uso de licencia al momento del ingreso a estudio de la causa (Resolución SCBA N° PT462 del 19-8-20), con la presencia virtual del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Raguzzi, Alberto Rubén y otros c/. Serres, Germán y otro/a s/. Reivindicación" (Causa Nº 65.611), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación contra la sentencia de fs. 1092/1106vta.?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
I.1. Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi demandaron por reivindicación y desalojo a Germán Serres y a Mariela Tripodi. Lo hicieron en su calidad de herederos de los fallecidos titulares registrales del bien identificado como Circ. I; Sección C; Manzana 121 C; Parcela 21; inscripto al Folio 1.220 del año 1960 del Partido de Tandil (103). Relataron que sobre el inmueble de su propiedad (identificada como Parcela 21) se levanta una edificación con epicentro en el inmueble lindero de Grand Bourg n° 264 (propiedad de los demandados tal como se acreditó en los autos “Raguzzi, Alberto Rubén s/. Diligencias Preliminares”, n° 47.356, que corresponde a la Parcela 20), que avanza sobre el suyo –ubicado entre los n° 238 y n° 264- ocupándolo. Las fotografías que acompañaron muestran que parte del inmueble de los demandados supera la línea divisoria de ambos terrenos y se instala sobre el suyo con vocación de permanencia.
Ofrecieron prueba y solicitaron que se haga lugar a la demanda, con costas (fs. 53/57vta.).
2.1. A fs. 596/603 compareció Mariela A. Tripodi y reconvino por prescripción adquisitiva veinteañal.
En pos de ello sostuvo que en el año 1994 con su esposo –también demandado- comenzaron a poseer el inmueble objeto de autos (Parcela 21) junto a dos lotes linderos (Parcelas 19 y 20) ubicados en la zona conocida como “Fuente de los Vascos” de la ciudad de Tandil que por entonces eran casi todos terrenos baldíos, habiendo adquirido posteriormente el designado como Parcela 20 ubicado en medio de los otros dos, con los que linda (operación que instrumentaron por escritura n° 148 del 22-4-1999, cuya copia luce a fs. 424/427vta.). A mediados de 1994 comenzaron a mejorar las Parcelas 19, 20 y 21 –objeto de autos-, desmalezando, quitando piedras, ramas y arbustos, entre otras tareas de acondicionamiento, mayormente durante los fines de semana y con ayuda de amigos y familiares; más adelante nivelaron los terrenos. Con la gestión de un crédito comenzaron a construir una vivienda pequeña con miras a ampliarla, se casaron en 2000, sufrieron robos en su casa cubiertos por “Federación Patronal” (años 1999, 2001 y 2006), nacieron sus hijos (años 2003, 2004 y 2007) que siempre vivieron en esa casa. Cancelaron el primer crédito y tomaron otro para ampliación (escrituras de fs. 384/405 y 406/419). Pero antes de todo ello, desde el año 1994 y hasta la actualidad, los lotes fueron nivelados y permanentemente parquizados (en los años 1995 y 1996 plantaron los árboles existentes en el lote 21), cercados con alambre perimetral de más de dos metros de altura y postes de quebracho (adquiridos en Barraca Santamarina) con monitoreo de alarma, mantenido prolijamente. Aproximadamente hace 18 o 19 años por razones de seguridad sacaron del lote 21 tres eucaliptus comunes y uno medicinal, trabajo que realizaron varias personas con el uso de motosierras, reemplazándolos por tres álamos de los que subsisten dos; además plantaron tres abedules y un roble. Jamás (desde el año 1994 en que comenzaron las tareas de limpieza) recibieron injerencia alguna. Durante casi cuatro años hubo en el lote objeto de autos un obrador de chapa que oficiaba de galpón de obra, acopiándose sobre ese mismo lote los materiales de construcción de la casa.
Alegó que todos esos actos resultaban visibles para cualquier persona, sobre todo la construcción realizada de a poco y en etapas (durante los últimos 14 o 15 años) con trajín de obreros y entrega de materiales. Hasta la recepción de la carta documento del 13-8-14 nunca habían tenido cuestionamiento de ningún tipo, habiendo ostentado una posesión pacífica, continua, ininterrumpida y a título de dueños.
Para el supuesto de que no se admita la usucapión, pidió aplicar las modernas concepciones acerca del uso de la propiedad priorizando a las personas que habitan el inmueble en forma efectiva desde tan larga data por sobre quienes han manifestado un desinterés. De rechazarse la usucapión, pidió que se establezca una compensación económica a la contraria por la porción ocupada del terreno y tomando para ello la valuación del terreno sin edificar.
Ofreció prueba y pidió se rechace la demanda haciéndose lugar a la reconvención.
2.2. A fs. 630/639vta. compareció el codemandado Germán Serres y sobre la misma base fáctica que Tripodi, opuso excepción de prescripción adquisitiva, reconvino por usucapión, y subsidiariamente contestó demanda.
Ofreció prueba y pidió se admita la excepción de prescripción adquisitiva y la reconvención.
2.3. Con excepción de las actuaciones individuales previas (vgr., fs. 641/643, 650, 652/654, 658/659), en lo sucesivo ambos codemandados actuaron procesalmente en forma unificada (art. 54, CPCC; vgr., fs. 649, 681, 686 y ss.).
2.4. A fs. 687 se ordenó sustanciar dichas presentaciones.
3. Los actores contestaron la reconvención usucaptiva articulada por Germán Serres y por Mariela Tripodi (fs. 697/706vta.). No es cierto –expresaron- que los reconvinientes no recibieron injerencia alguna debido al desinterés suyo en el inmueble, ya que ellos mismos pagaron impuestos y remitieron a los primeros dos cartas documento en fecha 13-8-14 quienes además fueron destinatarios de una diligencia preliminar de constatación, tras lo cual se los citó a mediación. Se preguntaron cómo los reconvinientes comenzaron a poseer en el año 1994 un inmueble que la inmobiliaria Ferrari tenía a la venta (en referencia a la Parcela 20, hoy de su titularidad). Y dijeron que Serres y Tripodi necesitan crear una ficción que los retrotraiga a una fecha que coincida con el plazo de veinte años que exige la ley para usucapir. Dijeron que de la prueba no surge que Serres y Tripodi ejercen la posesión del inmueble desde el año 1994 (al margen de negar su autenticidad, criticaron los diferentes medios probatorios), concluyendo que no acreditaron la posesión por más de veinte años mediante la prueba compuesta que exige este tipo de juicios. Añadieron que los supuestos actos posesorios realizados en 1994 hacen referencia a la plantación de árboles y desmalezamiento, en tanto todos los demás actos (construcción, solicitud de créditos, de servicios, pago de impuestos y demás) fueron efectuados con posterioridad. Concluyeron en que no hay pruebas que acrediten la posesión a título de dueño por más de veinte años, y pidieron el rechazo de la reconvención.
4. Concluida la etapa probatoria con el certificado de fs. 1070/1071, se dictó la sentencia que arriba apelada (fs. 1092/1106vta.). Luego de reseñar la doctrina y jurisprudencia que consideró aplicables, el a quo se abocó a evaluar en primer lugar la reconvención -por usucapión- intentada por los demandados. Así analizó los testimonios de Miguel Manzalini (vecino y amigo, prestado a fs. 906 ante un Juzgado de CABA); Mario Hugo Salvoch (quien realiza tareas de jardinería para los reconvinientes); José Luis Rosetti conocido de Serres); María Jimena Cabanas (paciente de Serres, y otrora vecina del mismo); y Mariana Serres (hermana del codemandado-reconviniente). Luego sopesó: a) los comprobantes de pago de impuestos (la gran mayoría no corresponden a la Parcela 21 –Pda. 103-017777-7-, objeto de autos); la documental suscripta a fs. 383 por el Ingeniero Agrónomo Mario Andrés Rochet (cf. reconocimiento de fs. 855) en que informa la especie y antigüedad de árboles trasplantados en el lateral de Grand Bourg n° 264 (álamos de entre 18 y 22 años; además de un roble, una magnolia y otras especies menores); Matías Sarasola, que aseveró que en fecha 07-11-1994 fueron retirados de la barraca (Barraca Santamarina) veintisiete postes de quebracho de 2,40 metros de altura y 120 metros de alambrado perimetral. E hizo lo mismo con los diversos oficios recabados (compañía de seguros, Cámara Nacional Electoral, Colegio San José) que dan cuenta del domicilio de los reconvinientes en Grand Bourg n° 264 de Tandil. El a quo concluyó que ninguno de esos elementos acredita el momento del inicio de la posesión (mediados del año 1994) ni el ejercicio de actos posesorios desde la fecha que la demandada reconviniente indicó como tal, por lo que rechazó la usucapión intentada por vía reconvencional.
Por lo que seguidamente abordó la pretensión de reivindicación y dijo que los actores han justificado sus presupuestos de procedencia, a saber: el título que da derecho sobre la cosa; la pérdida de la posesión a manos del reivindicado; que el inmueble objeto del pleito es una cosa susceptible de ser poseída.
De esa manera, rechazó la defensa/reconvención de prescripción adquisitiva interpuesta por Germán Serres y Mariela Tripodi contra los actores reconvenidos Alberto Rubén, Mariela y Cecilia Raguzzi, y admitió la demanda de reivindicación disponiendo que en diez días los demandados perdidosos Serres y Tripodi debían restituir la tenencia a los actores Sres. Raguzzi, bajo apercibimiento de desahucio. Con costas a la demandada reconviniente.
5. Los demandados apelaron la sentencia (fs. 1110), siéndoles concedido el recurso libremente (fs. 1111), que fundaron en esta sede en tiempo legal (31-5-20).
Como primer agravio expresaron que la sentencia asumió erróneamente que el testigo Manzalini se refirió en su declaración a un inmueble distinto al de autos, cuando en realidad en las fotografías aportadas al efecto (fs. 459, 464/467, 470/471, 476/,477, 480,/482, 613, 616/617, 623, 629, 680) se ve que los álamos de referencia están situados en el lote 21. Que al ofrecer la prueba (fs. 822vta. pto. 1, d) se solicitó expresamente se le exhiba la fotografía para que la reconozca y así eliminar posibles confusiones en cuanto a la individualización del lote 21, y que el testigo reconoció que los árboles son álamos que él mismo ayudó a plantar (la especie vegetal surge también de lo informado por el Ingeniero Agrónomo a fs. 383). Y que los álamos sólo se encuentran sobre el lote en litigio, ya que el resto de los árboles de la fotografía son de otras especies o se encuentran fuera del lote. Remarcó que el testigo no sólo conoce la posesión ejercida, sino que en forma personal ayudó a plantar los álamos y que recuerda la fecha porque fue la época en que regresó a vivir a Argentina desde Europa.
Como segundo agravio, resaltó la importancia del oficio de fs. 889 -en conjunción con el resto de las pruebas- de donde surge el retiro de materiales para cerramiento perimetral en fecha 7 de noviembre de 1994, lo que constituyen típicos actos posesorios. El testigo Rosetti, además, afirmó haber trasladado los palos para cercar desde la barraca de Matías Sarasola hasta el terreno, en diciembre de 1994. El testigo Salvoch declaró que comenzó a ir con su papá al lote desde el año 1994, y solo desde el año 2000, y que cuando comenzaron eran lotes cercados con alambre romboidal. La testigo Cabanas fue vecina desde 2004 y declaró que estaba todo cercado dando la sensación de ser un solo terreno grande y que se notaba que no era una construcción reciente. La testigo Mariana Serres conoció la posesión personalmente ya que concurrió al inmueble el 15 de junio de 1994. Entendió que las pruebas aportadas no sólo hacen referencia a fechas concretas y actividades realizadas por los propios testigos, sino que no fueron refutadas por la actora quien se mantuvo inactiva a lo largo de más de veinte años de posesión.
Como tercer agravio dijeron que la sentencia omitió definir la fecha de pérdida de la posesión por el reivindicante y la de inicio por parte de los usucapientes.
Como cuarto agravio criticaron que la sentencia no haya formado convicción sobre el inicio de su posesión. Puntualmente, cuestionaron que no se haya asignado credibilidad a la testigo Serres por ser hermana del accionado, y quien declaró que visitó el inmueble el 15 de junio de 1994 en ocasión de concurrir a la ciudad para el velorio del esposo de una amiga, cuando comprobó que los demandados ya estaban realizado tareas en el inmueble. Dijeron, además, que la testigo puede referir la fecha con exactitud porque se encontraba cursando el embarazo de su tercer hijo y porque en agosto de ese año se mudó con su familia a la ciudad de Tandil, lo cual hace verosímil su relato.
Como quinto agravio expresó que la sentencia omite analizar las fechas que permiten entender el razonamiento empleado en el cómputo de los plazos para rechazar la usucapión.
Como sexto agravio sostuvieron que la sentencia omitió tratar la excepción de prescripción opuesta como defensa por Serres a fs. 630/639. Agregaron que la fecha que interesa es la del cargo de la demanda por reivindicación, toda vez que ni la carta documento ni el expediente sobre medidas cautelares son interruptivos del plazo para usucapir.
Como séptimo agravio, alegaron que fue omitida la contestación de demanda formulada en subsidio para el caso de que no se admitiera la excepción de prescripción o la reconvención por usucapión. Pues allí pidieron que se ordene una inspección ocular que demuestre las especiales circunstancias del caso, en que se trata de un inmueble indivisible que la familia habita en forma permanente desde larga data y no de un simple galpón o de planchones. Para el caso de no considerarse acreditada la posesión por el plazo alegado, reiteraron que se disponga una compensación económica por la porción de terreno.
6. Los actores-reconvenidos contestaron la expresión de agravios mediante presentación del 29-6-20.
Dijeron que en ningún momento el testigo Manzalini declaró que las tareas se realizaron sobre el lote n° 21 por lo que no acreditaron que los actos posesorios se realizaron sobre dicho lote. No sólo se refirió a otra parcela en cuanto a la ubicación del álamo, sino que la fotografía carece de fecha y fue desconocida al contestar la reconvención. Tampoco la documentación sobre los dos álamos expedida por el ingeniero agrónomo alcanza para complementar dicha testimonial.
En cuanto al informe de Barraca Santamarina de fs. 889 dijeron que no surge que los postes fueron colocados sobre el lote n° 21 y mucho menos que haya transcurrido el plazo de ley, y reiteraron que ambas partes reconocieron la carta remitida en agosto de 2014. Encuentran contradictorio al testigo Salvoch, pues cómo puede ser que haya trabajado en el inmueble objeto de autos en 1994 si sólo tenía diez años edad, y afirmó que salió a trabajar con su padre recién a los doce o quince años.
En cuanto al tercer agravio, sostuvieron que son los demandados quienes deben acreditar la fecha de inicio de su posesión y no los actores los de la pérdida. Consideraron que los demandados distorsionaron el relato en cuanto a las fechas para hacerlas coincidir con el plazo de prescripción de veinte años. Si bien los demandados afirmaron poseer los tres lotes de terreno (Parcelas 19, 20 y 21) desde mediados de 1994, en la escritura del 22 de abril de 1999 consta que recién tomaron posesión de la parcela 20 en ese mismo acto.
En relación al cuarto agravio, consideraron que la mención de una fecha precisa por la testigo Serres no está corroborada por ninguna otra constancia de la causa.
En cuanto al quinto agravio, repasaron las declaraciones de los testigos y entendieron que colisionan con hechos reconocidos en instrumentos públicos.
En referencia al sexto agravio, dijeron que la prescripción adquisitiva puede articularse por vía de acción o excepción, pero no por ambas a la vez que resultan excluyentes y pretender resolverlas al mismo tiempo conduciría a un escándalo jurídico. El magistrado se pronunció contundentemente sobre la reconvención, por lo que no procede que lo haga también por vía de excepción. Además, manifestaron que el curso del plazo de prescripción se suspendió por seis meses con la remisión de la carta documento de agosto de 2014 y el inicio de la mediación obligatoria, y se interrumpió con el inicio de los autos “Raguzzi, Alberto Rubén s/. Diligencia Preliminar”, expte. n° 47.356 (que arriban por cuerda).
Finalmente, expresaron que la contestación de demanda por los demandados sí fue considerada, pero el juez resolvió ordenar la restitución de la tenencia de la cosa. Pidieron se rechace el recurso, con costas.
II. Inicialmente cabe destacar que la cuestión de autos se encuentra regida por el derogado Código Civil, en virtud de que los hechos se cumplieron durante la vigencia de este ordenamiento (art.7 del C.C. y C.). De todos modos, el actual Código Civil y Comercial de la Nación no trajo una regulación diferente de la materia en examen, por lo que sus contenidos sirven de valiosa guía interpretativa, tal como lo ha señalado este tribunal en numerosos precedentes (causa n° 61.761, “Casaux”, del 04-5-2017, entre muchas otras). Más aún, el nuevo código no modificó el plazo veinteañal para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, careciendo de justo título y buena fe, pese a que pudo haberlo hecho, ni tampoco introdujo alteraciones sustanciales con relación a los presupuestos que viabilizan esta clase de acciones (arts.1897, 1899, 1900, 1909, 1928 y ccs. del C.C. y C.); lo que resulta de utilidad, como pauta hermenéutica, al momento de resolver situaciones como la que se presenta en el presente (esta Sala, causas n° 60.441 del 06-10-16, “Arias…”; n° 61.692 del 12-9-17, “Presso…”; n° 62.132 del 09-10-17, “Weber…”; n° 64.204 del 28-11-19, “Bruggesser…”).
III. Pues bien, en la citada causa n° 64.204 se recordó lo sostenido en las anteriores n° 60.441, n° 61.692 y n° 62.132, en cuyo marco se habían precisado los recaudos que deben cumplimentarse en este tipo de procesos, señalándose “que en los juicios de usucapión se admiten toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testimonial, conforme lo dispone el art. 24 inc. c. de la Ley 14.159, Ley de Catastro Nacional, BO 10/10/1952, –texto según el art. 1° del Decr.-Ley 5756/58-, que vino a establecer la bilateralidad del contradictorio e imponer una mayor severidad probatoria en virtud del descrédito en que habían caído las antiguas informaciones posesorias, basadas en la declaración de testigos complacientes (cfr. Areán, Beatríz A. “Juicio de usucapión”, 5ta. Edición – reimpresión-, Ed. Hammurabi, 2009, pág. 580)”.
Citando a Kiper y Otero se sostuvo en los precedentes que “esto no significa que el art.1 del Dec. Ley. 5756/58 le reste importancia a este medio probatorio. Nosotros, por el contrario, entendemos que la ley lo considera como uno de los medios más importantes para esta clase de procesos, aunque expresamente imponga que la adquisición no pueda basarse exclusivamente en los dichos de testigos. En este caso puede verse claramente la aplicación de la necesidad de contar con prueba compuesta” (Claudio M. Kiper y Mariano C. Otero “Prescripción adquisitiva”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2007, pág. 316).
Se agregó que es tarea del magistrado combinar los distintos elementos probatorios para formar su convicción a través de una prueba compuesta, que en palabras de Alsina “…resulta de la combinación de pruebas simples imperfectas, es decir que consideradas aisladamente, no hacen prueba por sí solas, pero que consideradas en conjunto, llevan a un pleno convencimiento. Como puede apreciarse, en materia de usucapión, la prueba testimonial es una prueba simple, que requiere ser complementada con otro medio probatorio, dando así lugar a la prueba compuesta, de que habla en forma permanente la jurisprudencia” (“Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial “, Tomo IV, pág. 304, citado por Areán, Beatríz A.
“Juicio de usucapión”, 5ta. Edición actualizada y ampliada, reimpresión, 2009, pág. 580, nota 216; esta Sala, causa N° 51.037, del 23/10/07 “Quillehauquy…”). En el sendero propuesto debe destacarse la existencia de doctrina legal conforme la cual “en los juicios de usucapión debe probarse la posesión animus domini actual, también la anterior y especialmente la que se tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal” (SCBA, C. 97.851, sent. del 28/12/2010, "Lopreiato, Víctor Mario contra Gauna, Andrés y otros. Reivindicación"). En otros precedentes señaló el Superior Tribunal que: “en materia de prueba de la prescripción adquisitiva debe usarse un criterio muy estricto y riguroso, tanto más cuando es opuesta a contradictores con título, siendo que cuando se ostenta por el reivindicante título de los antecesores para deducir la acción reivindicatoria contra quien no lo posee, no es menester que al reivindicante se le haya hecho tradición de la cosa, pues le sirven para su acción la de sus predecesores" (conf.
Ac. 19.465, sent. del 11-XII-1973, “Acuerdos y Sentencias”, 1973-II-702; C. 75.946, del 15/11/2000 “Naveira, Alfonso R. c/ Michel, Pablo C. s/ reivindicación”). Esta misma línea interpretativa fue descripta en diversos precedentes, en los siguientes términos: “…aún opuesta como defensa, sin que quepan las exigencias previstas en la ley 14.159 (Ac. 33.560, sent. del 21-IX-1984; Ac. 38.142, sent. del 8-III-1988; 37.454, sent. del 22-III- 1988), quienes pretenden sostener la prescripción adquisitiva sobre bienes determinados (en este caso los demandados), son quienes deben probar la posesión ordinaria, con corpus y animus domini actual, también la anterior y especialmente la que se tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal (conf. arg.
Ac. 39.825, sent. del 30- V-1989; Ac. 59.057, sent. del 10-VI-1997; C. 97048, 5/3/2014 “A., N. M c/ S. J, A s/ Sucesión. Reconocimiento de paternidad y petición de herencia”; esta Sala, causa n°60.441, “Arias”, sentencia del 6/10/2016).
Este tribunal ha destacado la doctrina sentada en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual, para la procedencia de la demanda de usucapión, es necesario que la actora acredite la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble durante el plazo de ley, y la realización de actos posesorios de manera insospechable, clara y convincente; y ello en razón del carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por usucapión. De manera tal, que no basta con que se pruebe un relativo desinterés por el bien por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir (C.S., 27-9-05, "Prefectura Naval Argentina c. Provincia de Buenos Aires", L.L. 2006-A, págs.233 y sgtes.); esta Sala, causa n° 51.037, “Quillehauquy”, sentencia del 23-10-07).
En sentido concordante, se puntualizó que en los juicios de adquisición del dominio por usucapión se deben analizar los elementos aportados con suma prudencia, y sólo acceder a la petición cuando los extremos acreditados lleven absoluta certeza al juzgador sobre los hechos afirmados, ya que están en juego poderosas razones de orden público, pues se trata de un modo excepcional de adquirir el dominio, que, correlativamente, apareja la extinción para su anterior titular en virtud del principio de exclusividad de este derecho real sentado por el art.2508 del Código Civil (CNCiv., sala H, 21-2-07, con voto de la Dra. Areán, "S., J.A. c. R. de C., O.G.", L.L. ejemplar del 7-5-07, pág.6, con nota aprobatoria de Guillermo Luis Martínez).
En el ámbito provincial se ha decidido que "en materia de usucapión las pruebas aportadas deben verificarse con visión de conjunto, en una ponderación global, rehuyendo del método analítico que suele dar resultados disvaliosos al desvirtuar el verdadero mérito de la prueba acopiada en el proceso por la vía de una visión parcializada, máxime frente a la exigencia del art.24 inc.2° de la ley 14.159, sin perder de vista el valor y trascendencia que haya de otorgarse a cada medio probatorio en particular. Además, la prueba de la posesión en los procesos de prescripción adquisitiva debe ser plena e indubitable, pero ello no importa modificar las reglas de producción y apreciación de las pruebas" (Cám. Civ. 2da., sala 3, La Plata, 105303 RSD-112- 6, sent. del 4-7-06, sumario JUBA B354190; esta Sala, citada causa n° 51.037 del 23-10-07).
IV.1. Sobre esas bases, en lo que sigue abordaré las críticas de los reconvinientes contra la sentencia de primera instancia que rechazó la defensa y la reconvención por usucapión, de acuerdo a los agravios que sinteticé en el punto 5 del apartado I del presente voto.
Para ello me referiré en primer lugar y de modo principal a la prueba testimonial que es el medio probatorio sobre el cual los demandadosreconvinientes estructuraron –casi en exclusividad- su estrategia procesal.
2.1. No hubo error del juez a quo en la apreciación de la declaración del testigo Miguel Manzalini recabada por oficio Ley 22.172 ante el Juzgado Civil n° 62 de la ciudad de Buenos Aires (primer y cuarto agravio; fs. 895/968).
Para ello me he de remontar al ofrecimiento probatorio de fs. 822/824vta. oportunidad en que los reconvinientes solicitaron que se exhiba al testigo la fotografía “ya acompañada” para que la reconozca y se eviten posibles confusiones en cuanto a la individualización del lote 21. La fotografía que refieren es la glosada en forma de fotocopia a fs. 899 del sub-caso (o fs. 4 de la foliatura asignada al oficio Ley 22.172), y allí se retrata de modo principal el frente de la vivienda propiedad de los reconvinientes asentada sobre la Parcela n° 20, parte del frente de la Parcela n° 21 objeto de autos, que se ubica –así vista- claramente a la izquierda de la fotografía y del inmueble de los demandados (se puede apreciar además la parte de la vivienda que avanza sobre dicha parcela), y parte de la Parcela n° 19 ubicada a la derecha del inmueble de los demandados (cuya posesión también afirmaron ostentar a fs. 596vta., 597, 600vta., y fs. 631, 635/635vta.). Una breve digresión antes de continuar: con el oficio dirigido al Juzgado de Buenos Aires únicamente se acompañó la fotografía de fs. 899 -o fs. 4 según foliatura del oficio- (véase que las sucesivas referencias en singular contenidas en las preguntas d y f del oficio de fs. 2/3vta., y en la primera pregunta ampliatoria de la audiencia de fs. 11/11vta., corroboran esta aseveración). Las de fs. 459, 464/467, 470/471, 476/477, 480/482, 613, 616/617, 623 y 629 mencionadas por el apelante en su primer agravio no fueron acompañadas para la realización de la diligencia, por lo que el testigo no tuvo oportunidad de expedirse sobre las mismas y las críticas que descansan en ello no deben ser atendidas.
Retomo. Es trascendental reparar en que tras reconocer la fotografía de fs. 4 afirmando que “es la casa de Germán”, a la concreta pregunta ampliatoria formulada por letrada autorizada de “si sabe quién plantó los árboles del fondo a la derecha que se ven al fondo a la derecha en la fotografía de fs. 4” (a la derecha en la fotografía se visualizan árboles de gran porte asentados sobre la Parcela n° 19, que es la ubicada a la derecha de la Parcela n° 20; ver el plano de catastro parcelario de fs. 445), el testigo Miguel Manzalini declaró que “son árboles que el dicente le ayudó a plantar a Germán, a principios de 1995” (lo resaltado es mío).
Entiendo que no hubo error de apreciación por parte del a quo en la valoración de la declaración del testigo, ya que en la pregunta ampliatoria que formuló la letrada autorizada al efecto por la parte proponente de la prueba (fs. 897vta., 898vta., 900) expresamente se inquirió sobre los árboles del fondo a la derecha de la fotografía glosada a fs. 4 del oficio (o fs. 899 del presente expediente), que no son otros que los ubicados sobre la ya mencionada Parcela n° 19 que es extraña a la presente controversia (arts. 384 y 456, CPCC). Cabe destacar que la exacta ubicación de los árboles con relación a la vivienda de los demandados resultaba crucial para evitar cualquier confusión sobre el inmueble al que se refería el testigo –cosa que finalmente ocurrió-, habida cuenta que los demandados manifestaron poseer las dos Parcelas (n° 19 y n° 21) ubicadas a ambos lados de la correspondiente a su vivienda (n° 20) y que de la fotografía acompañada al oficio –que las retrata parcialmente- muestra que en las dos parcelas lindantes hay árboles. Y esta conclusión no logra ser desvirtuada por la información elaborada por el Ingeniero Agrónomo Mario A. Rochet “para ser presentado ante quien corresponda”, que Mariela Tripodi trajo al reconvenir (fs. 383). En efecto, allí se hizo constar que en el domicilio de Grand Bourg 264 de Tandil (que es la Parcela n° 20, titularidad de los demandados) se verifica la existencia de varios ejemplares, concluyéndose “que los dos Álamos situados en el lateral…cuentan con una antigüedad…de entre 18 y 22 años”. Es que al margen de que dicha aseveración técnica no fue recabada a través de la vía procesal correspondiente con el debido control de su contraria (art. 457 y ss., CPCC), la información allí proporcionada carece de toda precisión pues no sólo se omite mencionar dónde se ubicaban los árboles en relación a la Parcela n° 20 de los demandados, información ésta que resultaba crucial a fin de esclarecer si se encuentran sobre el lote objeto de autos (Parcela n° 21) o sobre el restante (Parcela n° 19) toda vez que los reconvinientes han manifestado ser poseedores de los dos lotes ubicados a ambos lados de la Parcela n° 20 de su titularidad, y que en sendos lotes hay árboles; sino además porque la documental en cuestión carece de fecha, con lo que la edad de los árboles que allí menciona pierde exactitud en orden a la demostración del concreto acto posesorio a que apunta (fs. 603vta.).
Lo que tampoco se logra con la aseveración del apelante de que sólo hay álamos en el lote en litigio, extremo que, además de requerir conocimientos específicos, no resulta posible corroborar dado que las fotografías incorporadas no exhiben los lotes en su integridad (me refiero a las Parcelas n° 19 y 21) a los fines de poder validar dicha afirmación.
2.2. Con relación a la informativa de fs. 889 en la que Matías Sarasola indica que el 7 de noviembre de 1994 Germán Serres retiró de su barraca veintisiete postes de quebracho de 2,40 mts de altura y 120 mts de alambrado perimetral (segundo y cuarto agravio), no encuentro que la sola adquisición del material sea demostrativa de la realización de actos materiales concretos sobre el inmueble materia de disputa, máxime cuando no se acreditó que el cerco hoy existente contuviera esos veintisiete postes y 120 metros de alambre (art. 375, CPCC). Y ello a pesar de que el apelante haya afirmado que el testigo Rosetti llevó los palos para cercar desde la barraca de Matías Sarasola, ya que el transporte hasta el lugar tampoco constituye la ejecución de actos posesorios sobre la Parcela n° 21 que exige el progreso de su alegación, extremo este último del que tampoco puede dar cuenta el testigo ya que dijo que sólo se limitó a llevar el material y preguntado por cuándo hicieron el cerco respondió “no me acuerdo”.
El apelante afirma también que el testigo Mario Hugo Salvoch (jardinero) declaró que desde el año 1994 comenzó a ir con su papá al terreno y que en el año 2000 comenzó a ir solo, y que cuando comenzó a ir eran lotes cercados con alambre romboidal. Pero al margen de lo manifestado sobre el cerco perimetral, lo cierto es que en la audiencia videograbada Salvoch testimonió que su concurrencia a los lotes se produjo a partir del año 1995 (no precisó el mes), y no del año 1994 como erróneamente refirió el apelante en su expresión de agravios. Lo que a estar a la fecha en que se diligenció el mandamiento en el marco de los autos “Raguzzi, Alberto Rubén s/. Diligencias Preliminares” (el 02-12-14; ver lo expresado infra en pto. 2.6), sitúan lo testimoniado por fuera del plazo legal de veinte años.
La testigo María Jimena Cabanas, por su parte, declaró haber sido vecina de Serres y Tripodi desde el año 2004, con lo que todas sus declaraciones versan sobre hechos acaecidos con mucha posterioridad al momento que invocaron como de inicio de su posesión (año 1994), y por lo tanto nada aportan sobre ese aspecto medular para la recepción de su postura. A su turno, la testigo Mariana Serres, quien manifestó ser abogada y hermana y cuñada, respectivamente, del demandado y la demandada, refirió que el 15 de junio de 1994 –recuerda la fecha porque vino desde Buenos Aires al velorio del esposo de una amiga- concurrió al lugar y ellos ya estaban en la limpieza de los terrenos, que “hicieron ocupación en ese momento”, “terminaron comprando uno de los lotes” y “los otros dos estaban poseyendo”. Al margen de que la valoración no puede prescindir de la relación que une a la testigo con los accionados proponentes de la prueba (hermana y cuñada), lo cierto es que su testimonio no recibe el apoyo de las otras pruebas (sobre todo, de las testimoniales que ya analicé), exhibiéndose aislado en orden a justificar el inicio de la materialidad posesoria, de ineludible acreditación a los fines pretendidos por Serres y Tripodi.
2.3. El denominado tercer agravio no merece mayores apreciaciones en tanto lo pretendido por los apelantes importaría subvertir las reglas de la carga de la prueba, habida cuenta que incumbe a dicha parte demostrar frente a los reivindicantes los extremos de hecho sobre los que sustentan su postura usucaptiva, esto es, la fecha de inicio de la posesión y su continuidad en el tiempo con los caracteres y durante el plazo exigido por ley (arts. 2373, 2384, 4015 y ccs., C.C.).
2.4. En cuanto al numerado como cuarto agravio cabe señalar que ya he analizado en detalle los testimonios de Miguel Manzalini y Mariana Serres a cuyas consideraciones me remito (ver supra ptos. 2.1. y 2.2.).
2.5. Otro tanto cabe decir del indicado como quinto agravio, cuyos argumentos ya han sido abordados a lo largo del presente voto. No obstante ello, cabe recordar que plegándose a la doctrina de la Corte Provincial esta Sala ha decidido que “...el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas cuando la solución dada a una de ellas hace innecesario el examen de las demás...” en el entendimiento de que “...el derecho de defensa no exige el tratamiento de todos y cada uno de los planteos que las partes puedan articular, sino únicamente de aquellos que son conducentes para la decisión del caso....” (esta Sala, causas nº 39.400, del 07-7-98; nº 42.604, del 03-4-02; nº 44.157 del 18-9-02; nº 44.793 del 12-12-02; nº 51.771 “SEDESA...”, del 10-4-08; n° 60.816 del 13-9-16, “Trachsel…”; entre muchas otras).
2.6. Como sexto agravio los apelantes alegan que la sentencia apelada omitió analizar la excepción de prescripción opuesta por el codemandado Germán Serres a fs. 630/639vta., y piden, además, que se aplique al caso la doctrina del precedente n° 62.959 del 09-8-18, “Ordoñez…”. Ello no es posible. Es que al margen de que la aludida defensa no fue expresamente sustanciada con los actores (ya que la providencia de fs. 687/687vta. únicamente corrió traslado de las reconvenciones y los demandados nada dijeron sobre dicha omisión; art. 36 inc. 1, CPCC), las pruebas recabadas en autos no permiten arribar a una solución distinta a la que hasta aquí vengo insinuando.
Es decir, sea que se analice la prueba con la limitación que la ley 14.159 asigna a la prueba testimonial cuando la usucapión es intentada como acción (o como reconvención), sea que el análisis se realice con la mayor flexibilidad admitida cuando la usucapión es introducida como defensa (tal el caso del precedente que invocan los quejosos), la prueba producida en autos resulta marcadamente insuficiente para demostrar la existencia de la alegada usucapión y formar convicción sobre el punto, tal como quedó demostrado en el análisis que realicé en los puntos precedentes y culminaré en los venideros (art. 24, ley 14.159). Se ha expresado que a pesar de la ley 14.159 excluye la aplicación de sus incisos “a” a “d” cuando la prescripción se plantea como excepción y no como acción, “en lo que atañe a los aspectos probatorios, como la excepción se plantea contra un contradictor con suficiente título, el juez debe ser riguroso en el análisis de los elementos probatorios aportados por quien opone la excepción de usucapión, siendo a cargo del excepcionante demostrar los veinte años de posesión efectiva, pública y continuar, esto es que se han alcanzado los requisitos necesarios para extinguir el derecho del reivindicante” (Kiper-Otero, “Prescripción Adquisitiva”, ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 292). Por lo demás, aciertan los apelantes al afirmar que la carta documento del 13-8-14 agregada a fs. 276 careció de efectos interruptivos del curso de la usucapión en virtud de lo prescripto por el art. 3986 del Código Civil, no siéndole aplicable el actual art. 2.541 del Código Civil y Comercial atento lo dispuesto por las normas de derecho transitorio (arg. arts. 7, 2541 y ccs., CCyCN; Beatriz A. Areán, “Juicio de Usucapión”, Ed. Hammurabi, 4ª ed., pág. 125).
Distinto es el caso de las actuaciones caratuladas “Raguzzi, Alberto Rubén s/. Diligencias Preliminares” expediente n° 47.356 que fueron elevadas junto al principal y tramitaron por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos de Tandil. En fecha 16-9-14 Alberto Rubén Raguzzi solicitó allí que se constate el estado de ocupación del inmueble objeto de autos y se identifique a sus ocupantes, lo que mencionó como necesario “para entablar en debida forma la demanda de conocimiento” (cf. fs. 18vta., 19). Mediante el mandamiento del caso, el 02-12-14 se realizaron la constatación e identificación requeridas (del estado del inmueble y de la identidad de sus ocupantes), teniéndose por concluida la diligencia mediante resolución del 23-02-15 (fs. 34). Recuerdo que la demanda de reivindicación fue promovida apenas ocho días después, el 31-3-15 (fs. 57vta. de la causa principal).
Bajo esas condiciones es claro que el proceso preliminar fue necesario a fin de recabar información para encauzar adecuadamente el presente proceso de conocimiento –promovido casi de inmediato-, a la vez que exteriorizó desde entonces el inequívoco interés de los actores de mantener vivo su derecho sobre la cosa y demostró la inescindibilidad entre ambos. Por ello, teniendo en cuenta que en dicho proceso no se ordenó correr traslado de la demanda (en cuyo caso la interrupción pudo haberse remontado más atrás), la posesión que hasta entonces ostentaban los accionados fue interrumpida el día 02-12-14 cuando se diligenció el aludido mandamiento que debió alertarlos acerca del interés de los actores. Expresa Areán que la interrupción civil resulta de actos judiciales que, “en materia de prescripción adquisitiva, aunque la interrumpen, no implican la pérdida material de la posesión para el usucapiente” (art. 3986, C.C.). Y agrega que “el término demanda no está tomado en su concepto procesal técnico, ya que es comprensivo de toda actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho invocado por la parte interesada”, en el caso, fundamentalmente, la individualización de los poseedores de la cosa con el fin de entablar adecuadamente la pretensión reivindicatoria, lo que hicieron –reitero- apenas ocho días después de agotada la medida (Areán, op. cit., págs. 121 y 122).
2.7. Los apelantes expresaron como séptimo agravio, que no fue tenida en cuenta la contestación de demanda que cada uno a su turno planteó en subsidio (fs. 596/603 y 630/639vta.).
Pero ello no es así, porque tras analizar y rechazar en primer lugar la usucapión planteada por los demandados –tal el plan lógico que se propuso seguir el juez de primera instancia-, en la sentencia apelada se tuvieron por probados los presupuestos de procedencia de la acción de reivindicación, lo cual naturalmente importó desestimar las alegaciones defensivas de Serres y Tripodi en punto a la pretensión actora (fs. 1092/1106).
3. Para concluir pasaré someramente revista a la prueba documental aportada por los demandados, que no fue objeto de análisis en los párrafos anteriores.
3.1. Como expresó el a quo, los comprobantes de pago de pago de impuestos y tasas municipales agregados a fs. 282 se refieren casi en su totalidad a las Parcelas n° 19 y n° 20, que no son materia de disputa en autos (fs. 282/296, 301/302, 305/331, 371/375). Y los pocos que sí atañen a la Parcela n° 21 sobre la que versa el presente litigio (identificada a los fines del impuesto inmobiliario con Partida Inmobiliaria n° 103-017777-7), constituyen pagos aislados, o bajo el régimen de moratorias impositivas, y son todos muy posteriores a la fecha en que los demandados-reconvinientes afirmaron se inició su posesión, por lo que no resultan conducentes a los fines pretendidos por éstos (fs. 299/300, 303/306, 559/560).
3.2. Tampoco la documentación que enumero a continuación atañe al inmueble objeto de autos: informe de deudas de fs. 329/330, copia de asiento registral de fs. 332/342, derechos de construcción de fs. 364/365, plano de obra de fs. 369, plano de ampliación de fs. 376/378 (en donde no consta la parte edificada sobre la Parcela n° 21), certificado catastral de fs. 379, escrituras de mutuos hipotecarios de fs. 384/405 y fs. 405/433, solicitud de gas de fs. 446 para el domicilio de Grand Bourg n° 264 (que es la Parcela n° 20), plano de obra nueva de fs. 483, agrimensor Cardinale de fs. 537/542.
A fs. 424/427vta. se encuentra glosada copia de la escritura que instrumentó la compraventa entre Mariela Amalia Tripodi – compradora- y Roberto Enrique Lemmi –vendedor- de la Parcela n° 20 sobre la cual se asienta de modo principal la vivienda de los actores –ya que una parte también invade la Parcela n° 21 objeto de autos-. En dicho acto notarial celebrado el 22-4-99 cuya autenticidad no ha sido cuestionada por vía idónea, consta que “el precio de esta venta es de MIL CUATROCIENTOS PESOS, que la compradora abona en este acto y por cuya suma el vendedor les otorga recibo” (cláusula segunda), que “las partes declaran que no han suscripto boleto de compraventa” (cláusula quinta) y –abstracción hecha de cualquier tecnicismo- que en ese acto se hace entrega de la posesión a la compradora (cláusula cuarta).
La mención de las cláusulas segunda, cuarta y quinta de la escritura en ciernes viene a cuento porque los demandados-reconvenidos manifestaron que iniciaron la posesión de las parcelas n° 19, n° 20 y n° 21 al mismo tiempo, realizando en bloque actos posesorios sobre ellas (fs. 596/603 y 630/639vta.). Pero como puede fácilmente advertirse, las manifestaciones que los demandados volcaron sobre el punto en sus respectivos escritos postulatorios son contradichas por las constancias que emergen de la incontrovertida copia de escritura pública en la que intervino personalmente Mariela Tripodi en carácter de compradora, donde se hizo constar que recién entraron en posesión de la Parcela n° 20 en la fecha de la escritura, el 22-4-99. A esta altura es preciso recordar que refiriéndose a las circunstancias previas a la adquisición de la Parcela n° 20, los demandados habían manifestado que “hicieron el trato con el martillero Ferrari en su inmobiliaria, y allí realizamos el pago correspondiente a la Parcela 20 aproximadamente hacia finales de 1996. La referida compraventa fue instrumentada con posterioridad a través de la escritura pública que se acompaña” (fs. 630vta. y 631, 596vta. y 597). Pero esas afirmaciones de los demandados, en tanto pretenden retrotraer el inicio de su posesión a una fecha anterior, se contradicen no sólo con las constancias de la escritura pública del 22-4-99, sino también con lo informado a pedido suyo por el martillero Héctor Raúl Ferrari que manifestó: ”no he tenido intervención como agente Inmobiliario en la Operación de inmueble sito en calle Grand Bourg N° 264 de la ciudad de Tandil” (fs. 824, pto. 6 y 1027).
4. Los numerosos informes recabados en autos resultan irrelevantes para modificar el sentido decisorio que hasta aquí he venido insinuando, dado que o bien refieren a circunstancias muy posteriores a la fecha que los demandados indicaron como inicio de su posesión, o bien están relacionados con el domicilio de Grand Bourg n° 264 correspondiente a su vivienda (Parcela n° 20) que no constituye objeto de la presente litis, o bien están relacionados con circunstancias irrelevantes (ver fs. 996, 1012/1014, 1020, 1025/1026, 1040/1041, 1049, 1065, 1067, 1075).
Idéntica consideración le cabe a la documental agregada por los demandados a fs. 332/339, 343, 346/369, 376/382, 384/404, 405/433, entre otra igualmente irrelevante a la que no corresponde hacer mención (art.
362, CPCC).
5. Como conclusión del análisis realizado a lo largo de los puntos precedentes, y si mi opinión es finalmente compartida, considero que deberá confirmarse la sentencia apelada en cuanto rechazó la prescripción adquisitiva opuesta como defensa y como reconvención por Germán Serres y Mariela Tripodi, y admitió la demanda de reivindicación interpuesta por Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi, disponiendo que los demandados perdidosos Serres y Tripodi deben restituir la tenencia a los actores Sres. Raguzzi, bajo apercibimiento de desahucio, en los demás términos que surgen de dicho pronunciamiento (art. 7 CCyC; arts. 2351, 2373, 2374, 2384, 2758, 2759, 2772, 2776, 2790, 2794, 4015 y ccs. C.C.; art. 24, ley 14.159; arts. 260, 266, 362, 375, 384, 456 y ccs., CPCC).
V. Mandato preventivo de negociación contractual 1.- En este expediente se configura una situación fáctica y jurídica compleja y singular, sobrevenida como consecuencia del resultado del proceso: los demandados perdidosos Germán Serres y Mariela Tripodi deben restituir a los actores Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi, la Parcela 21, bajo apercibimiento de desahucio, siendo que en ella han construido una parte de su vivienda en la que han transcurrido años de su historia familiar, habiendo intentado –sin éxito- adquirirla vía usucapión para mantenerla unido a la Parcela n° 20 de su propiedad donde se asienta la mayor parte de su hogar. Este escenario obliga a poner en marcha la prevención general del daño, de fuente constitucional ( art 19 CN), sustentada también en los principios generales del derecho privado,especialmente la buena fe y la proscripción del abuso del derecho (arts 9 y 10 CCCN), la aplicación del medio menos lesivo y el respeto a la autonomía de la voluntad ( arts 9,10,1032,1710 a 1713, 958.961,99,991,992 y concs CCCN), apoyados en las directivas del art 1963 CCCN. Esto se traduce en el dictado de oficio de un mandato judicial de anticipación del daño que disponga el deber legal de las partes de habilitar una instancia de negociación contractual, durante el plazo de 90 días corridos, con la finalidad de autocomponer los derechos en disputa, procurando la adquisición por parte de los Sres Serres y Tripodi de la parcela o del sector del terreno propiedad de los Sres Raguzzi en el que construyeron su vivienda, sea mediante la indemnización o la compra o adquisición del inmueble, como lo autoriza el art 1963 CCCN.
En suma: la vía que corresponde actuar para evitar un ejercicio disfuncional del derecho y resolver el conflicto consiste en habilitar la negociación por las partes para arribar a un acuerdo, mediante un emplazamiento legal canalizado como mandato preventivo, sobre la base de la tutela preventiva del daño ( arts 9,10,1032,1710, 1713 CCCN).Ello como estadio más avanzado del instituto de la anticipación del daño amenazante que tuvo su inicio en impedir el daño extracontractual; luego se lo extendió al campo contractual, a la tutela preventiva típica del art 1032 CCCN, a la renegociación o adecuación del contrato. Ahora, las singularidades del presente caso, demuestran la conveniencia y ventaja de aplicar el instituto al deber de negociar que –como dije- nace del emplazamiento a iniciar y concluir tratativas, conforme el principio constitucional de no dañar a otro ( art 19 CN), procurando que las partes concreten un acuerdo que dirima la controversia.
2. Formularé algunas breves consideraciones argumentales para fundar el dictado del mandato preventivo de negociación. La tutela preventiva o de anticipación del daño se trata de un nuevo paradigma del Código Civil y Comercial que exorbita el ámbito de la responsabilidad civil y constituye un nuevo principio general del derecho privado (Ver arts. 9, 10, 11, 52, 53, 54, 59, 70, 71, 338, 721, 722, 962, 1032, 1102, 1641, 1673, 1711, 1712, 1713, 1717, 1718, 1719, 1720, 1722, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1749, 1750, 1751, 1982, 2035, 2069, 2238; 2603, 2602 ,2603, y CCCN). La teoría general de la prevención del daño como principio general del derecho privado (arts. 10, 1710 a 1713 CCCN) otorga sustento normativo a la revisión o renegociación del contrato ( y ahora también a la negociación), que puede llevarse a cabo sobre la base conjunta de diversas fuentes del CCCN: las normas generales y específicas de la prevención del daño (arts. 10, 1710 a 1713 y 1032 CCCN), las propias del subsistema de los contratos y de los tipos negociales que prevén la renegociación, como los contratos de larga duración (art. 1011 CCCN), la imprevisión (art. 1091 CCCN) la renegociación del contrato de locación (art. 1221 bis incorporado por la ley 27.551) y las normas complementarias y de integración, por ejemplo las tratativas preliminares (arts. 990 a 993CCCN) (ver mis trabajos “El deber legal de renegociar y la prevención del daño negocial” La Ley del 10/8/2020,1 AR/DOC/2567/2020; “La tutela preventiva del Coronavirus en el Código Civil y Comercial de la Nación”, La Ley del 7/4/2020; “Suspensión y renegociación preventivas del contrato. Un solución posible ante la emergencia por la pandemia del COVID-19”, RCD 1664/2020; “La tutela preventiva en el Derecho de las Familias. Las medidas provisionales patrimoniales y de resguardo de personas (arts. 721 y 722 CCCN)” en RDPyC, 2020.Cuestiones patrimoniales del Derecho de las Familias-I,p 287)
La acción preventiva (art. 1711 CCCN) también denominada la pretensión preventiva, tutela de prevención, responsabilidad civil preventiva, responsabilidad-prevención o tutela inhibitoria, tutela civil inhibitoria, regulada particularmente en los arts. 1710 a 1713,1032 y concs. CCCN constituye una pretensión: típica y autónoma; de derecho sustancial; definitiva o provisoria; principal o accesoria; regula el deber legal de impedir la producción del daño y el de evitar o disminuir su continuación o agravamiento, en las esferas derivadas del deber genérico de no dañar a otro (extracontractual; art. 1710 y ss. CCCN) y en el incumplimiento de una obligación (contractual; art. 1032). Los arts. 1710 a 1713 y 1032 CCCN consagran: 1) el deber general de acción u omisión de no dañar (evitar causar un daño; actúa ex ante; art 1710 inc. a); 2) el de actuar sobre la base de un “plus” adicional de conducta consistente en adoptar conforme los parámetros de la buena fe y la razonabilidad, las medidas y acciones necesarias para impedir un daño (también actúa ex ante; art. 1710 inc. b); 3) el de hacer cesar del daño en curso o evitar su agravamiento o continuación, temporal o espacial (actúa ex pos del daño; art. 1710 inc. c). O sea actúa: 1) frente a la amenaza de daño (“ex ante”);
2. frente al daño consumado (“post daño”) (ver mis trabajos Responsabilidad civil preventiva. Aspectos sustanciales y procesales”, LL 2017-E, 1142; RCyS 2018-IV; “El mandato preventivo una valiosa herramienta procesal de la responsabilidad civil”, RDD “Prevención del daño” 2016-2, p. 347;., en Lorenzetti Ricardo Luis (Director), “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, T. VIII, Arts. 1710 a 1713, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe., 2017, ps. 294)
3. La tutela preventiva, sustancial y procesal, constituye el fundamento del deber legal de renegociar o revisar un contrato, y se advierte –insisto en ello- que también debe operar en casos como el presente, en el que corresponde habilitar una instancia obligatoria de negociación a fines de lograr la más justa composición del litigio porque en este proceso quedan pendientes efectos patrimoniales derivados de los derechos reales y de las relaciones de poder provenientes de la posesión ( arts 1882,1887,1908.1963 y concs CCCN).La prevención del daño, como lo puso recientemente de manifiesto Guardiola, aplica a los derechos reales ( ver Guardiola, Juan José La prevención, las inmisiones inmateriales y la denuncia de daño temido, RCCyC 2020 (junio) , 21 RCyS 2020-VII , 36 , y la jurisprudencia citada).
En distintas oportunidades anteriores destaqué que el deber legal de renegociar o adecuar el contrato se sustenta en la teoría general de la anticipación del daño amenazante, sobre la base de las normas citadas, criterio- reitero- que también corresponde hacer extensivo al supuesto en discusión en este expediente en el que la faz preventiva constituye el deber legal de iniciar tratativas contractuales (ver “El deber legal de renegociar y la prevención del daño negocial” La Ley del 10/8/2020,1 AR/DOC/2567/2020; Suspensión y renegociación preventivas del contrato. Un solución posible ante la emergencia por la pandemia del COVID-19”, RCD 1664/2020). De ahí que las consideraciones argumentales siguientes relativas a la prevención en la renegociación por añadidura se apliquen a la negociación o inicio de tratativas contractuales con la finalidad de arribar al acuerdo negocial.
Recuerdo que con antelación sostenía que la revisión, renegociación o adecuación del contrato es el proceso mediante el cual los contratantes:1) frente a situaciones sobrevinientes y extraordinarias que alteran el equilibrio y la correlatividad de las prestaciones;o 2) en los casos en los que el Código Civil y Comercial u otras leyes le reconoce a uno de los contratantes el derecho a extinguir o modificar el contrato porque ha ocurrido un hecho sobreviniente, digno de tutela, que afecta negativamente sus intereses (vgr. la frustración del fin del contrato del art 1090, 1091 CCCN 1203 CCCN, modificado por la ley de alquileres 27.551; art 1264; art 1494 inc f, entre otros); realizan de buena fe, conforme a los principios de autonomía, conservación y colaboración, durante un tiempo razonable y en actitud pro activa, tratativas tendientes a revisar el contrato originario para que su reformulación o modificación mantenga el sinalagma funcional respetando la reciprocidad de las prestaciones y evitando la extinción del negocio jurídico.
Este instituto ( la renegociación), que reconoce su origen en la preexistencia de un vínculo negocial, se funda, por un lado, en los principios generales del derecho de los contratos y de las obligaciones: buena fe y proscripción del abuso del derecho ( arts. 9, 10, 14,240; 729, 961,991 ); en el principio de la conservación del negocio jurídico (art. 1066),en la autonomía de la voluntad (958, 990 ,1075 CCCN), colaboración, cooperación (arts. 1961, 1061, 991 CCCN), razonabilidad (art. 1713 CCCN), reciprocidad (o proporcionalidad de las prestaciones), equidad (art. 1068 CCCN).Por otro lado se sustenta en el deber general de prevención del daño, como paradigma del derecho privado y derivación legal del mandato constitucional de no dañar a otro (art. 19 CN; arts. 10, 1032, 1710 a 1713 y concs.
CCCN), particularmente la aplicación del medio menos lesivo, de la menor restricción y de la mayor efectividad en la recuperación del sinalagma negocial (doctrina de los arts. 1713 y 1032 CCCN). En conclusión: la revisión o renegociación del contrato evita su extinción y constituye una construcción muy valiosa para la autocomposición, con fundamento en la tutela general del daño negocial y en los principios y reglas generales y particulares que regulan los contratos y su adecuación ( especialmente: arts 1011-contratos de larga duración-;1091-imprevisión-; 1221 bis CCCN-renegociación en la locación de inmuebles-; arts. 9, 10, 12, 955, 956, 961, 963, 964, 14, 249, 729, 960, 961, 964, 1082, 1710 a 1713 y 1032, 1730, 1732, 1733 y concs.
CCCN). El contenido formal y sustancial de la renegociación se debe concretizar mediante la aplicación de las pautas normativas prevista para dos particulares supuestos de aplicación análoga: las tratativas preconcontratuales ( arts 990 a 991 CCCN) y los contratos de larga duración que contemplan la renegociacion obligatoria (art. 1011 CCCN).
4. Me detengo en la importancia del deber de buena fe y en la expulsión del ejercicio abusivo del derecho, que como principios generales del derecho privado (no solo de los contratos- arts 9 y 10 CCCN-), complementan el fundamento nuclear de la función preventiva del daño. Es que el ejercicio abusivo del derecho (en el caso, que la parte actora recupere el inmueble con una vivienda construida parcialmente sobre él sin transitar antes la instancia de negociación) quiebra el principio rector de la buena fe. En torno a ella ( arts 9, 10, 14,240; 729, 961,991 CCCN ) los fundamentos que desarrollaron De Lorenzo y Tobías para propiciar la acción autónoma de adecuación por excesiva onerosidad en el supuesto del art. 1198 del CC que no la contemplaba expresamente, son totalmente trasladables al régimen del CCCN.
“La buena fe (art. 1198, Cód. Civil) impone el emplazamiento extrajudicial al cocontratante para el inicio de las tratativas tendientes a la recomposición del sinalagma ( en el caso, acoto, para iniciar negociaciones para la “indemnización” o “adquisición” de la parcela en la que se construyó parte de la vivienda,conforme el art 1963 CCCN). La solución se justifica por sí misma. Lo ideal es siempre la autocomposición del sinalagma alterado. En principio pues, las partes deben activar -en un plazo razonable- un comportamiento tendiente a lograr la recomposición extrajudicial (De Lorenzo, Miguel F. y Tobías, José W., “Apuntes sobre la acción autónoma de reajuste en los términos del artículo 1198 del Código Civil”, Sup.
Esp. Rev. del Contrato 2003 (febrero), 25, LL 2003-B, 1185; Cita Online: AR/DOC/18143/2001). Afirmaba Jorge Alterini “que si el Derecho debiera expresarse en una sola norma, acaso la formulación que tendría mayor riqueza sería la que impusiera a las personas comportarse de buena fe. La buena fe no es sólo un principio rector para la convivencia ordenada, sino que a través de ella se realiza en gran medida la aspiración ética que debe movilizar a todo ciudadano, con mayor razón si se siente convocado a la lucha por el derecho” (Alterini, Jorge H., “La buena fe y los prejuicios ante las adquisiciones a título gratuito”, Acad. Nac. de Derecho 2001 , 47; LL 2018-C , 88 ).La buena fe, en su concepción jurídica implica el respeto de las vivencias axiológicas y jurídicas de la comunidad y se muestra como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, de no defraudar la ley, en la leal y honesta concertación y cumplimiento de los negocios (Borga, Ernesto, “Voz “Buena fe” en Enciclopedia Jurídica Ameba, T.
II, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1955). En sentido coloquial el término fe refiere a seguridad, “aseveración de que algo es cierto”, “conjunto de creencias de alguien”, “confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo”; y “buena fe” alude a “rectitud, honradez”, “en las relaciones bilaterales, comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte”. La función de la buena fe como principio es “alumbrar con valores el contenido de las normas legales y cubrir sus ausencias y falencias expositivas, participando en la interpretación de la ley con el límite de no causar modificación en las consecuencias que el legislador previó” ( Córdoba, Marcos M., “Buena fe positivizada como principio general del Derecho”, RCCyC 2016 (agosto), 125, Cita Online: AR/DOC/2485/2016).
La jurisprudencia aplicó prolíficamente el principio de buena fe en las etapas precontractual, de ejecución negocial y en la poscontractual. Así, una sentencia puntualiza que “la buena fe-lealtad o buena fe-probidad conlleva: a) Colaboración recíproca. b) Abstención de actos antifuncionales. c) Brindar conocimiento a la otra parte de actos dañosos para ésta, y que puede evitarse sin detrimento para la contraparte. d) Cumplimiento a lo que en forma virtual surja de lo pactado (art. 1198 parte 1°). e) Comprensión legal y prueba de lo contratado. f) Terminación no intempestiva ( CNApel. en lo Com., Sala F, 03/12/2019, “Cellulares, Buenos Aires c. AMX Argentina S.A. s/ ordinario”, Cita Online: AR/JUR/46324/2019).
La buena fe se correlaciona de modo inmediato con la proscripción del abuso del derecho. Al aporte dogmático de la doctrina se añaden varias sentencia judiciales que recogen este principio, incluso refiriéndose a la renegociación. Desde hace tiempo se acude a la prohibición del ejercicio abusivo del derecho o a la “limitación del contrato cuando su ejecución deviene abusiva o cuando lo que resulta abusivo es el ejercicio de la facultad que ocasiona a la otra parte un perjuicio anormal y excesivo” ( CNCiv., Sala E, 8/7/1976, “Santoiani Susana c/García José”, ED T. 68, p. 252 transcripto en Morello, Augusto y Tróccoli, Antonio, “La Revisión del contrato. Onerosidad sobreviniente. Intereses. Indexación”, Ed. Librería Platense, La Plata, 1977, p. 101; ver también CNCom., Sala D, 28/3/2019, “Monachesi Carlos Alberto c/ CTI Compañía de Teléfonos del Interior y otros s/ ordinario”, Cita:
MJJ118343;CNCom., Sala F, 07/09/17, “Industrias Rotor Pump S.A. c. Franklin Electric Sales Inc. y otros ;CNCom, Sala F, 02/07/2013, “Tommasi Automotores S.A. c/CIADEA S.A. y otros sobre ordinario”, elDial.com - AA81BB; Weingarten, Celia, “Una nueva herramienta de solución extrajudicial de conflictos en las relaciones contractuales frente al COVID-19: El principio de negociación”, Citar: elDial DC29C9.)
5.-Es importante puntualizar que durante la pandemia se dictaron importantes sentencias en las que se ordenó la renegociación. Así, como mandato preventivo se decretó la renegociación previa por el plazo de 90 días de los contratos de mutuo que originaron la deuda del consumidor sobreendeudado que pidió la limitación del monto del embargo de su sueldo (Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 13ra. Rosario 08/06/2020, “Nom. Hang, Daniela Cristina s/ Medida autosatisfactiva” (sentencia interlocutoria de la jueza Verónica Gotlieb); se dispuso la renegociación del contrato de crédito hipotecario con cláusula UVA, cuyo aumento supera la capacidad de pago del consumidor en función del aumento de los salarios (Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 13ra. Nom Rosario, 08/06/2020, “Gómez, Clelia Carina y Otros c/ Banco Macro SA s/ Medida Cautelar Innovativa”; ver tambiénel “leading case” de Juzgado Civil y Com n°4 de Dolores 12/2019 “Pieroni Oscar c/Bco de la Provincia de Buenos Aires (sucursal General Lavalle) s/Medidas cautelares”, sentencia interlocutoria del Dr Marcos Val); se ordenó en un plan de ahorro para la compra de un automóvil la suspensión cautelar, como medida provisional, del pago de las cuotas durante el plazo de seis meses ( CCiv. y Com. Lomas de Zamora, Sala 1, “Candia Cesar c/ Fca. S.A. s/ incidente”, -junio 2020-); frente al pedido de quiebra formulado por un acreedor se mandó agotar la via renegociadora ( Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 13ra. (Rosario),”Belyin Nadia A s/solicitud propia quiebra,” sentencia interlocutoria de la jueza Verónica Gotlieb).
6. En síntesis: para evitar el ejercicio abusivo del derecho de propiedad de los actores (que recibirían un inmueble con una vivienda construida parcialmente en el terrreno, habitada por la contraria), sobre la base de la buena fe y esencialmente las reglas y principios de la teoría general de la prevención del daño, concluyo que:
- La renegociación, revisión o adecuación del contrato ( o, como en el presente caso, la negociación o el inicio de tratativas contractuales en los supuestos en los que no media un vínculo convencional preexistente) constituye el proceso formal y sustancial mediante el cual los contratantes (o las partes involucradas) generalmente frente a situaciones sobrevinientes y extraordinarias ( o a situaciones jurídicas particulares, como en la prevista en el art 1963 CCCN), realizan de buena fe, conforme a los principios de autonomía, conservación y colaboración, durante un tiempo razonable y en actitud pro activa, tratativas tendientes a revisar el contrato para que su adecuación mantenga el sinalagma funcional, evitando la extinción del negocio jurídico (o que se logre la autocomposición arribando a un acuerdo).
-La renegociación del contrato y el deber legal de negociar se sustenta en los principios generales del derecho, particularmente de las obligaciones y los contratos (buena fe, proscripción del abuso del derecho, conservación del contrato, autonomía de la voluntad, colaboración, reciprocidad de las prestaciones, etc.) y en el deber general de prevención del daño, como paradigma del derecho privado y derivación legal del mandato constitucional de no dañar a otro (art. 19 CN; arts. 10, 1032, 1710 a 1713 y concs. CCCN). -La renegociación y la negociación constituyen un deber legal, enmarcado en la teoría de general de la anticipación del daño amenazante, que nace o tiene su causa-fuente cuando un contratante o una parte (en este caso porque media deber legal de fuente normativa - art 1963 CCCN-), formula al otro un requerimiento y presenta una oferta o propuesta de negociación seria y fundada, durante un plazo razonable, acordándose las bases negociadoras (arts. 1710 a 1713, 1032 y concs. CCCN).
-El contenido formal y sustancial de la renegociación y de la negociación resultará de la aplicación de las reglas y principios que rigen para los tipos contractuales que prevén el instituto y de las normas y principios integradores; contratos de larga duración (art. 1011 CCCN); imprevisión por excesiva onerosidad y frustración del fin del contrato (arts. 1091 y 1091 CCCN); renegociación en los contratos de locación de inmuebles (art. 1221 bis CCCN); tratativas contractuales (art. 990 a 992 CCCN), buena fe, razonabilidad, entre otros, y de la aplicación del medio menos lesivo, de la menor restricción y de la mayor efectividad en la recuperación del sinalagma negocial (doctrina del art.
1713 CCCN).
7. Con base en lo expuesto, corresponde disponer la apertura de una instancia de negociación contractual, vigente durante el plazo de 90 días corridos contados a partir de que quede firme este pronunciamiento, en el que se emplaza a las partes a arribar a un acuerdo negocial acerca de la indemnización o compra, como lo dispone el art 1963 CCCN, del inmueble Parcela 21, propiedad de los actores Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi y que los demandados Germán Serres y Mariela Tripodi ocuparon construyendo parcialmente una casa, debiendo restituirlo.
1.-A tales fines, y en la instancia de origen, los Sres Germán Serres y Mariela Tripodi en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha anterior (es decir de que quede firme la sentencia) deberán presentar en el domicilio legal constituido por la parte actora, y de modo extrajudicial, una propuesta sustancial u oferta concreta, expresa y detallada de negociación relativa al objeto del contrato que se pretende celebrar: la adquisición o compra de la parcela ocupada, acompañando documentalmente toda la información que explique, avale y funde su propuesta (tasaciones, informes, etc), debiendo ambas partes dar estricto cumplimiento a los deberes de información y colaboración sobre la base de las reglas y principios previstos en los arts. 990,991,992 CCCN, los regulados para la renegociación en los contratos de larga duración en el art 1011 CCCN; atendiendo a la aplicación de las reglas de la menor restricción de derechos, la aplicación del medio menos lesivo y procurar la eficacia de la negociación, como lo prescribe el art 1713 CCCN, conforme se expuso anteriormente ( punto V,3) sin incurrir en ejercicio irregular, abusivo, o de mala fe de los derechos, proscribiendo situaciones de aprovechamiento.
2.-Los Sres Raguzzi dispondrán de un plazo de diez días para responder, aceptar, reformular o realizar nuevas propuestas, fundando también de manera documentada y detallada el contenido de sus propuestas o contraofertas.
3. Si con antelación al plazo de 90 días corridos no se hubiera arribado a un acuerdo, el último día hábil, las partes deberán presentar al juez de la causa el resultado de las negociaciones al que hubieran llegado, acompañando, en su caso, los instrumentos jurídicos respectivos. Para el supuesto en el que no se hubiera arribado ningún acuerdo, deberán informar detalladamente las razones y circunstancias que lo impidieron.
4. Las tratativas negociales deberán celebrarse sobre la base de un mínimo marco formal que rija durante su realización, estableciéndose la modalidad de las tratativas (vgr. la conservación documentada de las propuestas; determinación del lugar de reunión, días, forma de comunicarse, la utilización de documentos electrónicos -art 287, ver arts 1104 a 1108-, etc). Por ello y si ninguna de las partes hubiera ofrecido antes una propuesta del marco de renegociación, la deberán concretar los oferentes Sres. Serres y Tripodi en oportunidad de presentar la propuesta de negociación ( mencionado en el punto 1) .
5.-Las reglas precedentes procuran conferir un mínimo de bases de “cómo” y “qué” negociar, con carácter supletorio a lo que las partes puedan convenir en ejercicio de la autonomía de la libertad contractual. Igualmente el juez de la causa está ampliamente facultado para adaptar esas reglas y pautas a las situaciones que razonablemente puedan presentarse.
A mayor abundamiento, y en la compleja tarea de diseñar un marco mínimo formal y sustancial para autocomponer, menciono (adaptando) algunas otras pautas a tener en cuenta en la fase de negociación que propone una autora: procurar un esfuerzo real para alcanzar el acuerdo; producir información relevante para la adaptación; mostrar una sincera voluntad de alcanzar un compromiso; mantener una conducta flexible en las negociaciones; buscar las soluciones más razonables y apropiadas; hacer concretas y razonables sugerencias para la negociación, en vez de escuetas declaraciones generales de voluntad; dar las razones apropiadas para justificar las propias sugerencias; responder oportunamente las ofertas hechas por la contraparte; evitar cualquier ventaja injusta o detrimento para la contraparte; evitar cualquier retraso innecesario en el proceso de consenso ( ver Medina, Graciela, “Del cumplimiento al incumplimiento de los contratos ante el covid-19. Imposibilidad de cumplimiento. Teoría de la imprevisión, frustración del contrato. Locación. Estudio de derecho comparado”, LL 22/04/2020 , 2 ).
En definitiva: antes de efectivizarse el resultado del pleito, deberá darse cumplimiento al mandato preventivo contractual de negociación.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido, por los mismos fundamentos A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, por los fundamentos expuestos, se resuelve: 1) Dictar el mandato preventivo contractual de renegociación conforme se dispuso en el apartado V, ordenando la negociación formal y sustancial de las partes para procurar la autocomposición; 2) En lo restante confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la prescripción adquisitiva opuesta como defensa y como reconvención por Germán Serres y Mariela Tripodi, y admitió la demanda de reivindicación interpuesta por Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi, disponiendo que los demandados perdidosos Germán Serres y Mariela Tripodi deben restituir la tenencia a los actores Sres. Raguzzi, bajo apercibimiento de desahucio, en los demás términos que surgen de dicho pronunciamiento (art. 7 CCyC; arts. 2351, 2373, 2374, 2384, 2758, 2759, 2772, 2776, 2790, 2794, 4015 y ccs. C.C.; art. 24, ley 14.159; arts. 260, 266, 375, 384, 456 y ccs., CPCC); con costas a los demandados-reconvinientes que resultan vencidos en el trámite recursivo (arts. 68, 69, CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31, ley 14967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido, por los mismos fundamentos Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 22 de Septiembre de 2020.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Dictar el mandato preventivo contractual de renegociación conforme se dispuso en el apartado V, ordenando la negociación formal y sustancial de las partes para procurar la autocomposición; 2) En lo restante confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la prescripción adquisitiva opuesta como defensa y como reconvención por Germán Serres y Mariela Tripodi, y admitió la demanda de reivindicación interpuesta por Alberto Rubén Raguzzi, Mariela Raguzzi y Cecilia Raguzzi, disponiendo que los demandados perdidosos Germán Serres y Mariela Tripodi deben restituir la tenencia a los actores Sres. Raguzzi, bajo apercibimiento de desahucio, en los demás términos que surgen de dicho pronunciamiento (art. 7 CCyC; arts. 2351, 2373, 2374, 2384, 2758, 2759, 2772, 2776, 2790, 2794, 4015 y ccs. C.C.; art. 24, ley 14.159; arts. 260, 266, 375, 384, 456 y ccs., CPCC). 3) Con costas a los demandados-reconvinientes que resultan vencidos en el trámite recursivo (arts. 68, 69, CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (art. 31, ley 14967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia