Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67.924
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por aplicación del iura novit curia, recalificar la acción intentada como reivindicatoria (arts. 2758 y ss., CC; art. 7, CCCN; arts. 34 inc. 5, 163 inc. 6 y 164, CPCC).
2Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la acción reivindicatoria disponiendo que en el plazo de treinta días de quedar firme la presente, la demandada María Norma Navarrete restituya a la actora Mónica Graciela Vázquez el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil, bajo apercibimiento de lanzamiento (arts. 2758, 2759, 2772, 2774, 2790, 2793, 2794 y ccs., CC; art. 7, CCCN; arts. 375, 384 y 456, CPCC).
3Con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 69, CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
5No hacer lugar a la indemnización insinuada y tampoco imponer costas sobre el punto, habida cuenta la falta de entidad del planteo en cuestión (art. 2250, CCCN; doct. arts. 68, 69, 330, 358, 362, 375 y ccs., CPCC).
Causa nº: 2-67924-2021 "VAZQUEZ MONICA GRACIELA C/ NAVARRETE MARIA NORMA S/ ACCIONES POSESORIAS"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los diecisiete días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5.827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Vázquez, Mónica Graciela c/. Navarrete, María Norma s/. Acciones Posesorias" (Causa Nº 67.924), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 25-6-21?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. A través de apoderada judicial, el 18-2-20 Mónica Graciela Vázquez promovió incidente de acción posesoria contra María Norma Navarrete, peticionando que se declare a su favor la posesión de la vivienda de Belgrano n° 212 de Tandil (Circ. I; Secc. A; Manz. 67; Parc. 22-c; Pda. 2775; Matrícula N° 3663 de Tandil) y, en concreto, que se le restituya dicho inmueble.
Manifestó haber actuado la pretensión –que denominó posesoria- en razón de las sentencias dictadas en los autos principales “Vettori, Dino s/. Sucesión Testamentaria” expediente n° 4956 de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 3 con sede en Tandil, que la declararon heredera y -por lo tanto- legítima poseedora del inmueble del causante, y revocaron el legado del bien oportunamente realizado a favor de Navarrete, pese a lo cual aún no le fue restituida la posesión por parte de la demandada.
En paralelo, reclamó daños y perjuicios por impedimento de uso de la vivienda desde el 1-9-13 (vencimiento de la locación) y los gastos causídicos e impuestos no pagados.
2. El 3-8-20 compareció María Norma Navarrete. Negó que Vettori o la actora –luego del fallecimiento de aquél- tuvieran la posesión del bien, motivo por el cual interpuso excepción de falta de legitimación para accionar por despojo. Al mismo tiempo, sostuvo que el art. 2564 inc. b del CCCN establece que el plazo de prescripción de las acciones posesorias es de un (1) año y, toda vez que dijo poseer públicamente el bien en carácter de dueña desde el año 1995, opuso la prescripción de la acción entablada por la actora.
Seguidamente, contestó demanda. Manifestó que tenía una gran amistad con Vettori, que siempre la tuvo en gran consideración. Y relató que salvo en el año 1994 -cuando sí pagó alquiler en carácter de inquilina-, posee el inmueble animus domini desde el año 1995. Con esos argumentos pidió que se rechace la demanda.
3. Agotada la etapa probatoria, el 25-6-21 se dictó sentencia.
Tras señalarse que la actora demanda por despojo contra quien detenta la posesión, se sostuvo allí que no “se evidencian ni acreditan situaciones y/o hechos que permitan siquiera avizorar actos posesorios por parte de la requirente ni del causante Dino Vettori, previos al despojo”, no surgiendo de la prueba “actos posesorios de la actora”, ni “con el hecho de la posesión”. Se continuó afirmando que la accionante “nada dice ni prueba respecto a haber detentado siquiera en alguna oportunidad la posesión material y concreta del inmueble”, o de “haber efectuado actos posesorios previos al desapoderamiento”, lo que “permite desechar cualquier tipo de legitimación…para instar la acción posesoria de despojo, pues no se puede recuperar lo que nunca se tuvo”. Se consideró, por el contrario, que con las declaraciones de los testigos Dantiaq y Zampatti “se halla justificada su posesión desde aproximadamente 20 años”; y toda vez que desde el inicio de los autos “Vettori, Dino s/. Sucesión Testamentaria” -o al menos desde el año 2017- la demandante conocía los actos posesorios realizados por la accionada, había transcurrido el plazo anual para promover la acción de despojo, que se encontraba prescripta al entablarse en el año 2020. Con esos argumentos la sentencia de primera instancia hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción, y rechazó la acción de despojo. Al inclinarse por esta solución consideró innecesario abordar la cuestión de fondo, sin perjuicio de lo cual refirió que “indefectiblemente hubiera merecido un reproche integral por no haberse acreditado los presupuestos de la acción de despojo: la posesión inicial y el desapoderamiento”.
4. La actora apeló (11-8-21), siéndole concedido el recurso en relación (13-8-21), que fundó mediante memorial del 18-8-21. Alegó que la parte demandada ingresó a la propiedad en 1995 como locataria (simple tenedora), carácter que mantuvo hasta 2013 cuando venció el último contrato con Vettori, quien en vida la demandó por desalojo por falta de restitución al vencimiento. Negó que la accionada hubiera probado actos posesorios que indicaran un cambio en su relación de poder con la cosa (de tenedora a poseedora), ya que desde la finalización de la locación siempre le fue cuestionada su permanencia en la casa. Y se preguntó cómo podría ésta poseer si la posesión de Vettori se remontaba al año 1980 (cuando adquirió la casa), y persiste actualmente en cabeza suya como sucesora universal de aquél (lo que –además- justifica su legitimación activa).
Continuó su crítica de la sentencia en cuanto tuvo por probado que la demandada posee desde hace aproximadamente veinte años, circunstancia que ni siquiera surge de la prueba producida por la propia demandada y es contradicha, además, por el contrato de locación que venció en 2013, y por el juicio de desalojo que el propio Vettori promoviera en vida justamente por la causal de vencimiento del contrato de locación. Rechazó tener conocimiento –según la sentencia atacada, se produjo a partir de las constancias de la sucesión de Vettori- de los supuestos actos posesorios que la demandada recién invocó en la carta documento, pero que omitió probar.
Solicitó que se revoque la sentencia apelada y se admita su pretensión, con costas.
5. En fecha 24-8-21 la demandada contestó el traslado del memorial. El 25-11-21 se requirieron los autos “Vettori, Dino s/. Sucesión Testamentaria” expte. n° 4956 (en adelante, el sucesorio) y “Vettori, Dino c/. Navarrete, María Norma s/. Desalojo (Excepto por falta de pago)” expte. n° 46.456 (en adelante, el desalojo) que tramitaron, respectivamente, por ante los juzgados civil y comercial n° 3 y n° 1 con sede en Tandil, y que tengo a la vista.
6. El 30-11-21 se practicó el sorteo que habilitó el dictado de la presente sentencia.
II. Procuraré sintetizar el panorama fáctico de los distintos expedientes que dan forma a la controversia.
1. El juicio de desalojo.
El fallecido Dino Vettori resultaba ser titular registral del inmueble sito en calle Belgrano n° 212 de Tandil (cf. informe de dominio de fs. 232/234). En vida supo alquilarlo –luego me extenderé sobre esta aseveración- a la accionada María Norma Navarrete, contra quien dedujo demanda de desalojo por vencimiento de contrato el 23-12-13 (cf. demanda de fs. 93/98). Tras morir Vettori en fecha 29-6-14, el juicio de desalojo fue continuado por la aquí actora Mónica Graciela Vázquez, quien sería declarada única heredera de aquél (cf. certificado de defunción de fs. 156 de autos; y declaratoria obrante a fs. 46 del sucesorio). Por su parte, la demandada alegó ocupar el inmueble en carácter de dueña, ya que Vettori se lo regaló. Finalmente, la sentencia del 24-11-16 dictada por la Sala I de esta cámara departamental entendió que las cuestiones suscitadas –y, sobre todo, el carácter de poseedora que Navarrete alegó como defensa, al que consideró verosímil- excedían el marco procesal elegido, por lo que rechazó la demanda de desalojo (fs. 300/305 del desalojo).
2. El proceso sucesorio.
Dino Vettori falleció el 29-6-14, y Mónica Graciela Vázquez -a la sazón su cónyuge desde el 8-7-11- fue declarada única y universal heredera por sentencia del 31-5-18 (fs. 146/146vta.). En este proceso sucesorio se dirimió una cuestión relevante, ya que la sentencia del 25-6-19 -también dictada por la Sala I- confirmó la de primera instancia que, a su turno, había tenido –y cito textual en lo pertinente- “por operada la revocación del legado efectuado por el causante DINO VETTORI a favor de la Sra. María Norma Navarrete…respecto del inmueble sito en la calle Belgrano 212 de esta ciudad…” (fs. 160/163vta. y 195/203); este pronunciamiento se encuentra firme (art. 36 inc. 1, CPCC).
3. El presente proceso caratulado como acciones posesorias.
El 18-2-20 Mónica Graciela Vázquez promovió el subcaso a fin de obtener la restitución de la vivienda de Belgrano n°212 de Tandil. Al margen del nomen iuris atribuido a la acción entablada, la concreta voluntad petitoria de la actora estuvo decididamente orientada a obtener la restitución del bien. Y en esa faena Vázquez invocó como punto de partida su condición de única heredera declarada del fallecido titular dominial registral Dino Vettori (y, por lo tanto, continuadora de su persona), a la par que manifestó dirigir la pretensión contra María Norma Navarrete, quien a su turno se defendió alegando ser poseedora animus domini de la cosa durante el tiempo suficiente para repeler la demanda. Aquí debe repararse que, bajo el acápite de la contestación de demanda identificado como “3.2. La realidad de los hechos”, Navarrete afirmó sin ambigüedades que “Ocupo con mi familia el inmueble de la calle Belgrano N° 212 en carácter de dueña del mismo, desde el año 1995 a la fecha”; pero también debe recordarse que la sentencia dictada en el desalojo había rechazado la pretensión actora, precisamente con fundamento en los actos posesorios alegados por la accionada, considerados en dicho decisorio prima facie verosímiles.
Esta aproximación inicial tiene por objeto poner de relieve que, aunque cada cual por sus propias razones (la actora en su calidad de heredera del titular registral, y la demandada asegurando ser poseedora durante el tiempo idóneo para prescribir), las alegaciones de ambas partes confluyen en una misma situación jurídica, resultando por demás evidente que -a su turno- cada una ataca y se defiende invocando el carácter de dueña del mismo inmueble. Y como prontamente se puede apreciar, si la discusión versa sobre el derecho de poseer con carácter de dueño el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil que cada parte pretende para sí con exclusión absoluta de la otra parte, la temática cae bajo el ámbito de discusión propio de la acción reivindicatoria, exorbitando así el puntual ámbito de actuación asignado a las posesorias.
Así, “cuando el art. 2758 expresa que el propietario ha perdido la posesión y la reclama de quien se encuentra en posesión, alude a la ocupación material de la cosa, cualquiera sea el título o razón invocada por el demandado, en tanto éste resista la entrega o devolución, pues lo que determina la legitimación activa en la acción real es la alegación y ulterior probanza de un derecho real cuyo contenido otorga el ius possidendi como justificación y fundamento del reclamo petitorio, y la legitimación pasiva se define en quien ejerce un poder de hecho excluyente que rechaza o repulsa la entrega o devolución de la cosa reclamada. En definitiva, como dice Salvat, la palabra ´posesión` está empleada en un concepto amplio, comprendidas la posesión y la tenencia, o mejor dicho, para significar el corpus posesorio” (Gustavo A. Bono, “Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado”, director: Zannoni, Coordinadora: Kemelmajer de Carlucci, ed. Astrea, T. 11, pág. 782).
A esta altura puede ya avizorarse que ha mediado error de la actora al calificar jurídicamente la acción promovida como posesoria, ya que la realidad fáctica en torno a la cual ambas partes hicieron discurrir la presente contienda se inscribe claramente en el ámbito de discusión de la acción reivindicatoria bajo cuya regulación corresponde entonces juzgarla. Es que, “ante el incontrastable resultado que arroja la prueba colectada en el proceso, le corresponde al magistrado aplicar el derecho pertinente, con independencia del defectuoso encuadramiento realizado por el accionante, so pena de incurrir en un exceso ritual manifiesto y en una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva en pos de un adecuado servicio de justicia” (SCBA, C 105218 del 14-9-2011, C 95170 del 10-10-2007; esta Sala, causa n° 62.795 del 15-5-18, “Pagliaro…”).
No es posible perder de vista que el sub-caso es una derivación más de la conflictiva situación jurídica que pende sobre el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil -desde sus primeras exteriorizaciones en los procesos sucesorio y de desalojo-, a la que es preciso poner fin de modo tal que el proceso se erija en una herramienta eficaz para dirimir las contiendas en procura de la seguridad jurídica y la paz social (art. 15, Const. Prov.; esta Sala, causa n° 62.795, cit.). Este tribunal ha decidido que “la mera circunstancia de que se haya incurrido en un error en el nomen iuris dado a la acción entablada por el actor, no obsta a que el juez realice la correcta calificación jurídica de la pretensión con arreglo a los hechos probados de la causa, en ejercicio de la prerrogativa que le confiere el brocárdico iura novit curia, receptado normativamente en el art. 163 inciso 6 del Código Procesal” (esta Sala, causa n° 62.795 cit.).
Y en este precedente se citaron diversas sentencias de la Casación Provincial, en las que se sostuvo: “Según el principio ´iura novit curia` los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, deviniendo necesario pronunciarse acerca de cuál es –en definitiva- el aplicable al caso. El ejercicio de dicha facultad no infringe los principios de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto, no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida” (SCBA, L 117775 del 29-3-2017, L 117269 del 14-10- 2015, L 104344 del 5-10-2011; esta Sala, causa n° 62.795, cit.).
Y más atrás en el tiempo el tribunal ha acudido al iura novit curia aseverando que “no existe impedimento en que sobre la base de los mismos presupuestos fácticos esgrimidos por el accionante y que fueran motivo de oportuno cuestionamiento del demandado, se reencauce la acción, otorgándole en su nominación un matiz diferencial al dado en la demanda, por cuanto se está frente al ámbito de facultades que concede al Juzgador el art. 163 inc. 6 del C.P.C.; esto es frente a la potestad de calificar dichas pretensiones según corresponde declarando el derecho de los litigantes” (esta Sala, causas n° 43.314 del 26-12-01, “Da Silva…”; n° 51.893 y n° 51.894, ambas con sentencia única del 28-8-08, “Del Chiaro…” y “Forconi…”, ED, 230-26; y más recientemente también hizo uso de dicha potestad en causa n° 67.100 del 23-12-21, “García Labandal…”).
En suma, los términos descriptos son los que aprehenden con justeza la realidad subyacente en los distintos expedientes vinculados, y conducen de modo inexorable a concluir que la acción intentada es la reivindicatoria legislada en los arts. 2758 y ss. del Código Civil, bajo cuyas previsiones corresponde -iura novit curia mediantesubsumir y juzgar la temática litigiosa, por lo que en origen deberá disponerse la pertinente recaratulación (art. 7 CCCN; arts. 34 inc. 5, 163 inc. 6 y 164, CPCC).
III. Clarificada la adecuada subsunción legal de la cuestión que anticipé en el apartado precedente, corresponde ahora aseverar que en tanto única y universal heredera declarada del titular registral del inmueble objeto de autos –por ser su cónyuge supérstite-, la actora Mónica Graciela Vázquez contaba con plena legitimación para promover este proceso desde el día de la muerte de Dino Vettori, el 29-6-14 (arts. 3, 3282, 3410, 3414, 3417, 3418, 3420, 3450 y ccs., CC; art. 7, CCCN; idéntica solución emerge actualmente de los arts. 2277, 2278, 2280 y 2337, CCCN; cf. declaratoria del 31-5-18 e informe de dominio obrantes a fs. 46 y 59/61, respectivamente, del sucesorio).
En tal sentido se ha destacado que “…el heredero puede reivindicar. Él es continuador de la persona del causante y, por lo tanto, el nuevo propietario de la cosa desde el instante mismo de la muerte…” (Federico J. Causse y Christian R. Pettis, “Juicio de acciones reales”, ed. Hammurabi, director: Claudio M. Kiper, pág. 89; en el mismo sentido, Gustavo A. Bono, op. cit., págs. 768, 769, 863 y 864). Para más, la sentencia del 25-6-14 dictada por la Sala I de ésta cámara en el marco del sucesorio, tuvo por revocado el legado con que inicialmente el titular registral dominial Dino Vettori había beneficiado a María Norma Navarrete respecto del bien objeto de autos, decisorio que, en la práctica, determinó que el inmueble de calle Belgrano n° 212 de Tandil se mantuviera integrando el patrimonio relicto intestado de aquél, a quien la actora de autos vino a suceder.
De esta manera, Mónica Graciela Vázquez se encuentra plenamente legitimada para promover el presente juicio en carácter de única y universal heredera declarada del titular registral Dino Vettori (cf. informe de dominio obrante a fs. 59/61 del sucesorio), por lo que propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la accionada (arts. 3, 3282, 3410, 3414, 3417, 3418, 3420, 3450 y ccs., CC; art. 7, CCCN; art. 345 inc. 3, CPCC).
IV. También habrá de revocarse la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción liberatoria deducida por la demandada.
Es que tal como ha quedado sentado mediante la recalificación plasmada en el apartado II del presente voto, la acción reivindicatoria intentada en autos ha sido catalogada de imprescriptible en tanto y en cuanto –vale aclararlo- la parte demandada no acredite que concurren actos posesorios durante el tiempo suficiente para provocar la adquisición del dominio por usucapión (Causse-Pettis, op. cit., pág. 57). De este modo, “acreditada la existencia del derecho al tiempo de la demanda (en rigor, de la traba de la litis), debe presumirse su subsistencia ulterior (doctr. arts. 2510 y 2523) y resulta a cargo del demandado la prueba en contrario” (Gustavo A. Bono, op. cit., pág. 864). Y es precisamente aquí donde reside la principal debilidad del razonamiento seguido en origen pues, a contramano de lo que allí se dijo, la demandada no ha logrado demostrar la existencia de actos posesorios durante el tiempo suficiente para tener por operada la adquisición del dominio por usucapión, que la habiliten a repeler la reivindicación, sin que corresponda cargar a la heredera declarada del titular registral del inmueble con la prueba de la posesión.
El análisis conjunto de los expedientes vinculados que se acometerá en los párrafos que siguen, demostrarán con elocuencia la certeza de ésta última afirmación. Como punto de partida debe tenerse en cuenta que María Norma Navarrete ingresó al inmueble de calle Belgrano n° 212 en carácter de locataria de Dino Vettori. Al margen de cualquier disputa que pudiera haber acerca de cuál fue el último de los contratos de locación celebrado entre ambos, resulta incuestionable que la accionada se vinculó originalmente con el bien objeto de autos en carácter de tenedora, tal como ella misma lo expresó a lo largo de las innumerables intervenciones que tuvo en los procesos vinculados. Así, por caso, en el acta de constatación que redactó el Notario Ignacio Osa en fecha 3-10-13 a requerimiento de la propia Navarrete, ésta expresó que “alquila dicha casa desde hace diecinueve años y que desde entonces siempre pagó los alquileres en tiempo y forma, y que ésta fue una de las razones por las cuales el señor Vetori le lego dicho inmueble, al considerarla una inquilina ejemplar” (cf.
Escritura N° 265 obrante a fs. 126 del desalojo; el resaltado lo incorporé). Este documento notarial reviste particular y decisiva importancia no sólo porque que fue la propia demandada quien se calificó a sí misma como locataria del bien objeto de autos al momento de redacción del acta (3 de octubre de 2013), sino porque la efectiva ocurrencia de esa manifestación está alcanzada por la fe pública del escribano interviniente (de viso et auditu suis sensibus).
Pero hay más elementos en los juicios vinculados que no sólo refuerzan el inicial carácter de inquilina que cupo a la demandada, sino que además descartan que ella hubiera concretado actos posesorios sobre el bien con la antigüedad que predica con la clara finalidad de abastecer la defensa de prescripción adquisitiva (más de veinte años). En tal sentido resultan sumamente elocuentes los contratos con vigencia entre los años 1995 y 2013 sobre el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil, en los que María Norma Navarrete estampó su firma como locataria (fs. 15/18 y 23/23vta. del desalojo; cabe destacar que si bien al contestar la demanda a fs. 127/136 la parte invocó la inexistencia de los contratos por falta de firma del locador, en ningún momento desconoció la autenticidad de las firmas atribuidas a ella). Asimismo, al cumplir con la carga del art. 354 inc. 1 del Código Procesal, y en afirmación – reconocimiento- que contradice abiertamente la calidad de poseedora que hoy alega, el 23-4-14 María Norma Navarrete reconoció “que el Sr. Dino Vettori resulta ser propietario de la vivienda de calle Belgrano N° 212 de Tandil” (fs. 127vta. del desalojo).
Tampoco el juicio sucesorio de Dino Vettori aporta elementos que permitan abonar la existencia de actos posesorios por parte de Navarrete, cuya intervención se limitó allí a procurar mantener la vigencia del testamento del 2-10-09 -por el cual Vettori le legara el inmueble-, mediante el recurso de privar de efectos a la donación que Vettori realizara al hoy tercero ajeno al pleito, Ricardo Abel Vázquez (fs. 85/86 del desalojo). Pero como ya mencioné, la sentencia dictada por la Sala I de ésta cámara en fecha 25-6-19 que devino firme, concluyó que con dicha donación Dino Vettori había revocado tácitamente el legado del inmueble de autos con que oportunamente beneficiara a Navarrete, decisorio que en los hechos implicó que el bien se mantuviera dentro del patrimonio relicto intestado de aquél.
Tampoco las pruebas reunidas en el marco del presente proceso contribuyen a reforzar la postura que defiende la accionada (cf. certificado del 14-5-21). Puntualmente, las declaraciones de los testigos Susana Dantiacq y Vicente Luis Zampatti carecen por sí solas – esto es, dada la ausencia de otros medios corroborantes- del encumbrado valor dirimente que les atribuyó la sentencia impugnada, en ocasión de valorar la prueba de los supuestos actos posesorios por parte de Navarrete (cf. punto 7 de la sentencia del 25-6-21). Puntualmente, la testigo Dantiacq –vecina de enfrente- se limitó a repetir dichos de la propia demandada (vgr., CUARTA PREGUNTA: “que la demandada…le comentó que esa casa se la habían donado un señor…”); o bien a mencionar situaciones fácticas de las que no tuvo un conocimiento directo (vgr., SEXTA PREGUNTA: tras señalar ciertos problemas derivados de la construcción de un edifico lindero al inmueble objeto de autos, mencionó que -la demandada y su hijo- “en el techo y algunas otras cosas tuvieron que hacer porque los que hicieron el edificio no hicieron nada; pero ver no vió.
Si vió lo que pasaba en el edificio de al lado” (incorporé el resaltado). En otras respuestas la testigo se exhibe todavía más errática e imprecisa (vgr., SEPTIMA: “no sabe cree que puede haberlo hecho el hijo. Pero no lo sabe fehacientemente”; DECIMO PRIMERA: “exactamente el año que se lo contó no lo recuerda”; DECIMO SEGUNDA: “no recuerda bien exactamente el año…no lo recuerda exactamente y no está segura”; DECIMO TERCERA: “…exactamente no sabe…”). Según se ve, lo testimoniado por Dantiacq dista de tener el decisivo valor probatorio que le atribuyó la sentencia de primera instancia. Los dichos de Zampatti tampoco conducen a demostrar los actos posesorios que alega Navarrete. En efecto, el testigo declaró desconocer por qué vive allí Navarrete (respuesta a la CUARTA PREGUNTA); manifestó “que le comentó la Sra.
Que habían hecho mejoras. Que no las vio porque eran internas…” (SEXTA PREGUNTA); que “por los comentarios” las mejoras seguramente las abonó ella y el hijo (SEPTIMA PREGUNTA); dijo que Navarrete “le comentó en el negocio, que el propietario se quería dejar la casa a ella” (DECIMA PREGUNTA), lo que supo hace tres o cinco años por comentarios de Navarrete (DECIMO PRIMERA). Como puede advertirse, las declaraciones del testigo Zampatti tampoco contienen referencias directas a los actos posesorios que han sido llamadas a probar, exhibiéndose tan erráticas e imprecisas como las de la testigo Dantiacq.
El detallado análisis de las declaraciones de los testigos Dantiacq y Zampatti que acometí en los párrafos precedentes obedece a la circunstancia de que fue sobre la base de esta única prueba que la sentencia de grado tuvo por demostrados los actos posesorios que Navarrete alegó para resistir la pretensión reivindicatoria. Las declaraciones de los restantes testigos transitan por los mismos carriles, por lo que tampoco contribuyen a abonar los actos posesorios que invoca la accionada (cf. testimonios de Fernando Darío Guillermo, Edgar Fabián Lazarte, Pino Catricheo Ernestina, prestados en audiencias del 10 y 11 de febrero de 2021).
En ello se agota la labor de análisis probatorio pues, tal como ha quedado evidenciado a lo largo del presente voto, no se han recabado elementos adicionales pertinentes que tiendan a demostrar la existencia de los actos posesorios alegados por la parte demandada, en orden a repeler la acción de reivindicación intentada por la heredera declarada del titular registral del inmueble (arts. 375, 384 y 456, CPCC). La conclusión acerca de la inexistencia de actos posesorios por parte de la accionada que emerge del desarrollo precedente, torna innecesario abordar la crítica que la actora dirigió contra la supuesta interversión del título que Navarrete sugiriera en la contestación de demanda, aspecto que queda de este modo lógicamente desplazado. Por lo expuesto, corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la acción reivindicatoria, disponiendo que María Norma Navarrete restituya a Mónica Graciela Vázquez el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil en el plazo de treinta días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de lanzamiento (arts. 2758, 2759, 2772, 2774, 2790, 2793, 2794 y ccs., CC). Con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 69, CPCC).
V. La propuesta decisoria que hasta aquí he venido desarrollando -revocación de las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción, y progreso de la acción reivindicatoria-, determinan que deba asumirse competencia positiva en punto al tratamiento de los supuestos daños y perjuicios cuya ocurrencia la actora deslizó en el escrito inaugural (presentación del 18-2-20, ap. III. D; conf. Azpelicueta-Tessone, La Alzada, Poderes y deberes, págs.221 y 222; González Zamar, El Principio de congruencia en la sentencia del tribunal de alzada: reglas básicas, Revista de Derecho Procesal 2008-1, sentencia II, pág.136; esta Sala, causas n° 62.914 del 18-9-18, “Diez…”; n° 65.613 del 16-10-20, “Paniego…”; n° 65.856 del 5-11-20, “Nadal...”).
Y digo deslizó, pues la lacónica mención contenida en la demanda sobre dicho aspecto de la temática litigiosa no pasa de ser una débil insinuación insuficiente para constituir siquiera un atisbo de voluntad petitoria, que –además- se ve luego completamente desdibujado por la ausencia de cualquier actividad probatoria tendiente a acreditar sus presupuestos de procedencia. En efecto, en ningún pasaje de la demanda, pero tampoco en ninguno de todos los trámites que conforman la presente contienda, la actora acometió la tarea de demostrar la viabilidad de la indemnización insinuada, falencia que sólo a ella puede perjudicar por aplicación de los principios generales en la materia (doct. arts. 330, 358, 362, 375 y ccs., CPCC; ver presentación del 18-2-20, ap. IV. a). En el escenario descripto, propongo al acuerdo no hacer lugar a la indemnización insinuada y tampoco imponer costas sobre el punto, habida cuenta la falta de entidad del planteo en cuestión (art. 2250, CCCN; doct. arts. 68, 69, 330, 358, 362, 375 y ccs., CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: por aplicación del iura novit curia, recalificar la acción intentada como reivindicatoria (arts. 2758 y ss., CC; art. 7, CCCN; arts. 34 inc. 5, 163 inc. 6 y 164, CPCC); revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la acción reivindicatoria disponiendo que en el plazo de treinta días de quedar firme la presente, la demandada María Norma Navarrete restituya a la actora Mónica Graciela Vázquez el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil, bajo apercibimiento de lanzamiento (arts. 2758, 2759, 2772, 2774, 2790, 2793, 2794 y ccs., CC; art. 7, CCCN; arts. 375, 384 y 456, CPCC); con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967); no hacer lugar a la indemnización insinuada y tampoco imponer costas sobre el punto, habida cuenta la falta de entidad del planteo en cuestión (art. 2250, CCCN; doct. arts. 68, 69, 330, 358, 362, 375 y ccs., CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 17 de Febrero de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) por aplicación del iura novit curia, recalificar la acción intentada como reivindicatoria (arts. 2758 y ss., CC; art. 7, CCCN; arts. 34 inc. 5, 163 inc. 6 y 164, CPCC). 2) revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la acción reivindicatoria disponiendo que en el plazo de treinta días de quedar firme la presente, la demandada María Norma Navarrete restituya a la actora Mónica Graciela Vázquez el inmueble de Belgrano n° 212 de Tandil, bajo apercibimiento de lanzamiento (arts. 2758, 2759, 2772, 2774, 2790, 2793, 2794 y ccs., CC; art. 7, CCCN; arts. 375, 384 y 456, CPCC). 3) con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 69, CPCC). 4) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). 5) no hacer lugar a la indemnización insinuada y tampoco imponer costas sobre el punto, habida cuenta la falta de entidad del planteo en cuestión (art. 2250, CCCN; doct. arts. 68, 69, 330, 358, 362, 375 y ccs., CPCC). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia