Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70.237
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Disponer que, en el caso de autos, no se verifica una relación de consumo (arts. 1, 2, 3 ss. y cdtes. de la LDC, arts. 1092 y sgtes. del CCyC; doct. y jurisp. cit.), y siendo formalmente admisible el recurso de apelación, exprese agravios el apelante de fecha 17/10/2022, en el plazo de cinco días (art. 254 del CPCC);
2Sin costas, dada la forma como se generó y resuelve la cuestión (arts. 68, 69 del CPCC).
Nro. Expte: 2-70237-2022 BAYALA JORGELINA C/CLUB ATLETICO "JORGE NEWBERY" Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL Azul, 18 de mayo de 2023.
I. Arriban los autos a la Alzada, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandado Club Atlético Jorge Newbery, concedido libremente en la instancia de grado, conforme lo ordenado en el cuadernillo de queja N° 67.657 de este Tribunal (cfr. recurso de apelación de fecha 17/10/2022).
II. Elevadas las actuaciones, se corrió vista al Fiscal General Departamental, quien advirtió que la institución apelante no realizó el depósito previo requerido por la ley 13.133, para la admisión del recurso. Señaló que el legislador provincial omitió facultar a los jueces para morigerar el cumplimiento del depósito previo, o graduar el porcentaje de la condena a depositarse. Expresó que, naturalmente, no resulta razonable que una empresa multinacional, con filiales en casi todos los países del mundo, tenga la obligación de cumplir de igual modo que aquel proveedor de servicios de alcance regional o local, que puede no tener dinero en caja para realizar el depósito, ni tiene capacidad para guardar dinero en caución. Concluyó que, si bien el depósito previo a la apelación es una herramienta excelente para la eficacia de los derechos de los consumidores, no es menos cierto que su reglamentación, sin la admisión de matices sujetos al prudente arbitrio judicial, es una reglamentación irrazonable de la garantía de acceso a la Justicia, así como un requisito, en ocasiones riesgoso, para la garantía de doble instancia judicial.
Conforme lo anterior, propició la declaración de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133, en cuanto no admite la posibilidad de que el juez disponga el porcentaje de la condena que debe cumplir el pretenso apelante, y no admite la concesión de un plazo especial, para realizarlo (cfr. dictamen de fecha 29/03/2023).
III. Corrido traslado a las partes del dictamen fiscal, el apelante rechazó la aplicación del art. 29 de la ley 13.133, como así también que la normativa consumeril sea aplicable al caso.
Considera que la sentencia de grado vulneró el principio de congruencia, atento a que la demanda promovida y sus contestaciones, fueron realizadas al margen de la ley de defensa del consumidor y de la ley 13.133, no invocándose el derecho consumeril. Destaca la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal sino hasta el momento previo al dictado de la sentencia apelada y se agravia de la aplicación de la normativa del consumidor, dado que no fue invocada por las partes, ni por la jueza de grado, sino hasta el momento mismo de la sentencia. Expresa no haber podido ejercer su derecho de defensa en juicio, en tanto se vio privado de atacar la aplicación de la normativa consumeril, exponer los fundamentos necesarios y ofrecer prueba para acreditar la inexistencia de una relación de consumo.
Alega que la jueza anterior entendió (tardíamente)
que los hechos de autos constituían una “relación de consumo”, y dictó sentencia bajo dicho plafón jurídico, perjudicando arbitrariamente a la institución condenada. Señala que, al incorporarse la calificación recién en la sentencia, su cuestionamiento sólo puede realizarse en la alzada. De otro modo, se estaría obligando a la condenada a realizar el depósito previo de capital, intereses y costas, para luego examinar y resolver si resulta aplicable la normativa del consumidor. Señala que, exigir el depósito previo como requisito de admisibilidad del recurso de apelación, vulnera el derecho de solicitar la revisión judicial de la sentencia, con vulneración de la garantía de la doble instancia judicial.
Manifiesta ser un club deportivo, sin fines de lucro, que sobrevive gracias a la cuota social que abonan 300 socios activos, y al que concurren unos 600 chicos que practican fútbol, tenis, básquet, patín, pelota a paleta, etc., de manera amateur. Expresan que, a su vez, el gimnasio de la institución es utilizado por alumnos de la Escuela Primaria N° 3 y de la Escuela Técnica, para realizar actividades físicas.
Denuncia que exigirle el depósito del art. 29 de la ley 13.133 a esta institución es darle muerte, eliminando la gran contención social que el club representa para la sociedad de Laprida. Señala que algún estamento del Estado debe fijar pautas de orientación y diferenciación en la aplicación práctica de esta norma, porque no es lo mismo una multinacional o empresa proveedora de servicios que lucra y se beneficia hasta el hartazgo con los servicios que brinda dentro de una relación de consumo, que un club sin fines de lucro, sin ingresos, con grandes e importantes funciones sociales, que solo busca jurídicamente ejercer su derecho a la revisión de una sentencia que lo condena.
Cita la ley 27.098 de Asociaciones Civiles “Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo”, destinados a la inclusión social e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes mediante la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su rol comunitario y social, estableciendo tarifas sociales, y la imposibilidad de ejecución o embargo de sus bienes, por deudas posteriores a su inscripción. Denuncia la inscripción del club Jorge Newbery en el Registro Nacional creado al efecto, bajo el Nro. RNCBP-01339, por lo que se encuentra bajo el manto de protección de dicha ley. Expresa que exigirle a un club de barrio el depósito de una suma millonaria para apelar una sentencia que lo condena, sería entender las normas como compartimientos estancos, sin interacción, ni diálogo, que permita obtener una conclusión comprensiva de sus fuentes y objetivos. Equiparar a un club de barrio con un proveedor multinacional o empresa que lucra con los servicios que presta, sería no entender el espíritu de la ley. Concluye que, de la totalidad de las constancias de autos, de la interpretación de las leyes aplicables, del estudio de sus fuentes y objetivos, y de la situación procesal del expediente, no puede inferirse que corresponda la aplicación del art. 29 de la ley 13.133 (cfr. contestación de traslado de fecha 13/04/2023).
IV. La exigibilidad del depósito previsto en el art. 29 de la ley 13.133, se encuentra estrechamente vinculada a la calidad de proveedor asignada, en la instancia de grado, al Club Atlético Jorge Newbery de Laprida (cfr. Considerando 1 de la sentencia apelada y dictamen del Agente Fiscal de fecha 21/03/2022).
La institución demandada denunció en la alzada que reviste la condición de Club de Barrio o de Pueblo, encontrándose inscripta en el Registro Nacional creado por la Ley 27.098 de “Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo” (Inscripción N° RNCBP-01339) (cfr. contestación del traslado de fecha 13/04/2023).
La mencionada ley define a los clubes de barrio o de pueblo como “aquellas asociaciones de bien público constituidas legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus instalaciones para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su cuidado y favorezcan su sustentabilidad” (art. 2° de la ley 27.098 –el destacado no se encuentra en el original-).
La nota de profesionalismo distingue al proveedor en el ordenamiento protectorio del consumidor (arts. 2° de la LDC y 1093 del CCyC). En este sentido, señala Lorenzetti que: “…la categoría que referimos alude a todo el sector oferente de productos y servicios, siempre que lo haga de una manera profesional y en una relación de consumo, que son los otros elementos calificantes: proveedor profesional de productos o servicios en una relación de consumo” (cfr. “Consumidores”, 2da. edición actualizada, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, pág. 110; destacan la nota de profesionalismo del proveedor: Chamatrópulos, Demetrio Alejandro “Estatuto del Consumidor Comentado”, Tomo I, 2da. ed., Ed. La Ley, 2019, pág. 187 y sgtes.; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H. “Ley de defensa del consumidor”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 48; Farina Juan M. “Defensa del consumidor y del usuario”, 4ta. ed., 3ra. Reimpresión, Ed. Astrea, 2014, pág. 84; Hernández, Carlos A. “Relación de consumo”, Tratado de Derecho del Consumidor, Tomo I, Parte General, Gabriel Stiglitz-Carlos A.Hernández (Dir.), Ed. La Ley, 2015, pág. 425; Santarelli, Fulvio G. “Ley de Defensa del Consumidor”, Tomo I, Parte General, Picasso-Vázquez Ferreyra (Dir.), Ed. La Ley 2009, pág. 43 y sgtes.). Conforme lo expuesto, el Club Atlético Jorge Newbery de Laprida, organizador del torneo de fútbol durante cuyo desarrollo se accidentó la víctima, no encuadra en la categoría de proveedor en lo términos previstos en el ordenamiento, por lo tanto, no se verifica en autos una relación de consumo, y resultan inaplicables tanto ley nacional 24.240 y sus reformas, como la ley provincial 13.133 (“Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios) (cfr. art. 2 ss. y cdtes. de la LDC, art. 1093 ss. y cdtes. del CCyC, y doctrina).
Consecuentemente, resulta inexigible el depósito del art. 29 de la ley 13.133, al que hace referencia el Fiscal General Departamental en su dictamen de fecha 29/03/2023.
Por lo expuesto, se resuelve:
1. Disponer que, en el caso de autos, no se verifica una relación de consumo (arts. 1, 2, 3 ss. y cdtes. de la LDC, arts. 1092 y sgtes. del CCyC; doct. y jurisp. cit.), y siendo formalmente admisible el recurso de apelación, exprese agravios el apelante de fecha 17/10/2022, en el plazo de cinco días (art. 254 del CPCC);
2. sin costas, dada la forma como se generó y resuelve la cuestión (arts. 68, 69 del CPCC).
Regístrese. Notifíquese a las partes y al Fiscal General Departamental por Secretaría y sigan los autos según su estado.
Fin de la sentencia