Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70.777
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada del 21/12/22 en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 2346, 2348, 2353, 2355, 2362 y ccs., CCCN; arts. 34 inc. 5, 36, 744, 746, 747, 748 y ccs., CPCC).
2Confirmar la resolución del 02/02/23 en cuanto impuso las costas a las coherederas N. A. M. y M. A. M. (arts. 68 y 69, CPCC).
3Con costas en ambos casos, a las apelantes que resultan vencidas en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
4Diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-70777-2023 "M. C. A. S/SUCESION AB INTESTATO - CUADERNILLO DE ADMINISTRACIÓN"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintiséis días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “M., C. A. s/. Sucesión Ab Intestato – Cuadernillo de Administración" (Causa Nº 70.777). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultó el siguiente orden de votación: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto el 31/01/23 por N. A. M. -por su propio derecho y en representación de su hermana M. A. M.-, contra la resolución del 21/12/22?.
2da.- ¿Y el que interpuso el 07/02/23 en el mismo carácter y por la misma representación, contra las resoluciones del 29/12/22 y del 02/02/23?.
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. La resolución apelada del 21/12/22 rechazó la impugnación que el 14/10/22 planteó la Dra. N. A. M. -letrada que actúa por su derecho y en representación de la también heredera M. A. M.-, y de esta manera aprobó las cuentas del período junio, julio y agosto del 2022 rendidas el 22/9/22 por los coadministradores, contadora pública N. G. B. y médico veterinario J. G. C. (con documental del 10/9/22).
Además, dispuso pasar los autos al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Azul, para que evalúe si la conducta desplegada por la Dra. M. en el marco de la controversia, se ajusta a las normas de ejercicio profesional por las que dicho órgano debe velar. Impuso las costas de la incidencia a las impugnantes perdidosas.
2. N. A. M. interpuso recurso de apelación -por sí y en representación de M. A. M. (31/01/23)-, siéndole concedido el recurso en relación (02/02/23).
El 13/02/23 presentó memorial.
En apretada síntesis, alegó que gracias a las diversas observaciones que presentó a los informes elaborados por los coadministradores, éstos cumplieron con su deber -aunque en forma deficiente, tardía e incompleta-. Por lo que no puede concluirse -como se hace en la resolución apelada- que medió una adecuada rendición de cuentas, ni en contenido, ni en método.
Dijo que las impugnaciones fueron admitidas y como consecuencia de ellas los administradores completaron el informe, según el detalle que expuso.
Rechazó que en el caso se verifique de su parte un dispendio jurisdiccional, como así también la responsabilidad que -entendióse les achaca.
Por su parte, la Dra. M. personalmente se agravió de que se pasen las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Azul a los fines indicados en la resolución.
Cuestionó que les impongan las costas, y finalmente solicitó que se revoque la resolución en la medida de los agravios deducidos.
II.1. Para explicar el sentido decisorio que habré de proponer al acuerdo, considero imprescindible enumerar los distintos procesos que conforman la controversia suscitada en torno a los autos principales caratulados “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato y Testamentaria”, expediente n° 3298, promovido en fecha 18/9/20. Aclaro que el objeto de los procesos incidentales que mencionaré a continuación, gira en torno a la administración judicial de los bienes hereditarios de C. A. M. que, debido a la falta de acuerdo entre sus herederos y a la excesiva conflictividad suscitada, debió encomendarse a dos profesionales auxiliares de la justicia.
Estos procesos incidentales pueden consultarse en la MEV de la Suprema Corte de Justicia, y están individualizados en origen como:
a. “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato – Incidente de Administración”, expediente n° BIS/3298/2020;
b. “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato – Cuadernillo de Administración”, expediente n° TER/3298/2020 (que es el que provoca ésta intervención del tribunal);
c. “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato y Testamentaria – Cuadernillo Principales”, individualizado como expediente n° QUAT/3298/2020;
d. “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato – Incidente de Rendición de Cuentas Final”, expediente n° QUIN/3298/2020;
e. “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato – Incidente de Administración (Gestión Mar/23, en adelante)”, expediente n° SEX/3298/2020;
f. “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato – Incidente de Administración”, expediente n° 4072/2021.
Concretamente, en la resolución del 14/3/22 se advirtió que los continuos e intensos conflictos existentes entre los herederos, afectaban no sólo el normal desarrollo de un proceso por naturaleza no contencioso sino que, además, perjudicaban la buena administración de los bienes relictos. Por ello, a pedido de las coherederas N. A. M. y M. A. M., se resolvió remover de la administración a la cónyuge supérstite N. E. D., y se designó en su lugar a dos profesionales de la lista oficial (veterinario y contadora pública).
Pues bien, un rápido repaso de los antecedentes del sub-caso, caratulado en origen como “M., C. A. s/. Sucesión Ab-Intestato – Cuadernillo de Administración”, expediente n° TER 3298/2020 e ingresado a la alzada como causa n° 70.777, permite rápidamente visualizar que, a pedido de las coherederas N. A. M. y M. A. M., el 14/3/22 se removió del cargo de administradora de la sucesión a la cónyuge supérstite E. N. D., designándose en su reemplazo a una perito contadora (N. G. B.) y a un médico veterinario (J. G. C.) de la lista oficial, quienes debían rendir cuentas en forma trimestral.
Entre los fundamentos utilizados por la a quo para respaldar esta excepcional y transitoria forma de resolver cómo debía administrarse el patrimonio del de cujus, se dejó entrever en dicho decisorio el altísimo grado de conflictividad suscitado en la administración, con origen casi exclusivo en los innumerables planteos de las coherederas que, precisamente, habían logrado remover del cargo a la cónyuge supérstite (doct. art. 2346, CCCN).
La cantidad de trámites de oposición, observación e impugnación que registra cada uno de los procesos que orbitan alrededor del juicio sucesorio de C. A. M. -por regla no contradictorio-, son una prueba más que elocuente del inusitado nivel de conflicto que lo impregna. Quizás avizorando esta posibilidad, desde el mismo instante en que aceptó el cargo (12/5/22), el veterinario designado manifestó que la co-administración resulta una tarea poco común en la labor pericial, motivo por el cual requirió se le brinden precisiones sobre el modo en que debía desempeñar su rol. Entre otras inquietudes no menos trascedentes, el profesional consultó por el grado de participación que ambos coadministradores tendrían en la toma de decisiones con respecto al caudal relicto -canteras que se encuentran alquiladas, y una explotación rural-, cuáles serían los objetivos de producción, los plazos, pagos, entre un largo etcétera.
Y muy probablemente teniendo presente también lo excepcional de que la administración del acervo recaiga en terceros extraños, en la audiencia del 26/5/22 el juzgado destacó que era deber de los herederos aportar a los coadministradores las directivas correspondientes, las que debían estar signadas por la buena fe y por la colaboración exigible en su condición de auxiliares de la justicia. Cabe destacar que en esa ocasión el veterinario designado insistió en que le indiquen cuáles eran los lineamientos sobre el modo de llevar adelante la tarea encomendada; y también que los herederos dejaron asentado que los administradores actuarían según su experticia profesional, pero bajo su consenso (de los herederos), para lo cual se comprometieron a mantener comunicación extrajudicial. Como fácilmente puede advertirse, en la mencionada audiencia del 26/5/22 los herederos asumieron el compromiso de consensuar previamente los lineamientos generales a los que se ajustaría luego el plan de explotación económica, a fin de que los administradores judiciales designados conocieran cómo debían desarrollar adecuadamente su tarea.
Sin embargo, no hay constancia de que los herederos hubieran puesto en conocimiento de los administradores el diseño del aprovechamiento económico que pretendían, fundamentalmente, con respecto a los inmuebles rurales; ni tampoco de que hubieran consensuado entre ellos un determinado plan de explotación. Pero aún sin haber aportado las directivas o lineamientos que pretendían se sigan -tal el compromiso que habían asumido-, desde el inicio mismo de la coadministración judicial las coherederas N. A. M. y M. A. M. se abocaron a concretar un sinnúmero de planteos que no hicieron más que obstaculizar la tarea de los administradores. No sólo porque obligaron a éstos a brindar continuamente explicaciones o aclaraciones de cada proceder que adoptaban, sino porque en muchas de esas ocasiones las observaciones o pedidos de explicaciones se vinculaban a cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia sobre el modo de decidir hasta el último y más mínimo detalle de la administración, y de por qué se adoptaba una alternativa y se descartaban otras (véanse, por ejemplo, los cuestionamientos acerca de por qué se eligió una feria y no otra para la venta de los animales: flete, comisión, etc.).
El nivel de detalle de todas y cada una de las operaciones realizadas en torno al caudal relicto que las apelantes exigen de los coadministradores, como así también los cuestionamientos a cada alternativa de gestión elegida por éstos en lugar de otras igualmente posibles, conspiran con la adecuada y ágil gestión del patrimonio relicto, insumiendo a éstos auxiliares tareas que no sólo obstaculizan el desenvolvimiento normal de la producción, sino que también les demandan tiempo y esfuerzos a todas luces desproporcionados con la labor que están llamados a realizar. Es que, de receptarse los impracticables planteos de las quejosas, los administradores judiciales de la sucesión -cuya actuación responde a una situación de excepción y transitoria-, se verían obligados a dedicarse con exclusividad a este único proceso, lo que se advierte claramente irrazonable en tanto no se condice con la naturaleza propia de la labor de quienes no revisten la condición de empleados permanentes. A esta altura puede apreciarse sin dificultad alguna, que las continuas e incesantes impugnaciones, observaciones y pedidos de explicaciones de las herederas apelantes, trasuntan un celo excesivo en la marcha de la administración sucesoria llevada adelante excepcionalmente por profesionales auxiliares de la justicia. La plena satisfacción de estos pedidos conduciría al absurdo de exigir a los coadministradores que expliquen la totalidad de las operaciones intelectuales que en cada caso procesaron para adoptar una solución y descartar otras.
Entiéndase esto que digo en su justo alcance. Es lícito reclamar a los administradores judiciales de los bienes relictos, que asumieron el cargo debido a la falta de acuerdo de los herederos para hacerlo por sí mismos, que desplieguen una tarea diligente, leal y razonablemente óptima en lo económico, de acuerdo a las circunstancias del caso. Pero estas exigencias de diligencia, probidad y lealtad no pueden llevarse al extremo de pretender equiparar su labor, con la que podrían haber realizado los propios herederos -desde un plano meramente conjetural e ideal-, ni tampoco que se ajuste con estrictez a las impracticables aspiraciones de algunos de ellos que, además, omitieron proponer un plan previo de explotación que sirviera de guía a estos auxiliares.
Puede apreciarse que, en escenarios como el de autos, constituye un interés primordial de los herederos agotar todas las posibilidades, dentro de un marco de colaboración y buena fe, para reasumir cuanto antes la administración de los bienes sucesorios (lo que actualmente han concretado; ver infra la respuesta a la segunda cuestión planteada), sea para continuar explotándolos con los otros coherederos, sea para hacerlo cada uno por su lado, previa partición. En este punto puede advertirse con absoluta nitidez, por qué sólo de modo excepcional se encomienda la administración del patrimonio del causante a terceros.
Y he de finalizar este punto del voto, señalando que el engorroso panorama que describí no se circunscribió a la observación, impugnación y rechazo sistemático de toda información que los coadministradores presentaban (faz procesal), sino que se extendió a las tareas de campo (faz operativa), conforme se desprende de las manifestaciones volcadas por el veterinario en el marco del juicio sucesorio principal (07/6/22).
Si la tarea de los coadministradores judiciales satisface razonablemente aquellos parámetros de diligencia, oportunidad, idoneidad y lealtad, no es posible hacer lugar al ideal -desde lo administrativo, productivo y económico-financiero- que pretenden ciertos herederos, extremo sólo reservado a ellos mismos para cuando reasuman la administración (mediante presentaciones del 01/02/23 y 10/02/23, todos los herederos manifestaron haber arribado a un acuerdo para continuar administrando por sí mismos, dejando de esta manera sin efecto la administración judicial).
2. Cabe recordar que “si bien la rendición de cuentas no se halla sujeta a fórmulas sacramentales, en tanto ella constituye la demostración gráfica de la totalidad del proceso económico y jurídico de la gestión realizada debe contener, en forma clara y precisa las explicaciones y referencias que sean necesarias para ilustrar al dueño del negocio acerca del procedimiento utilizado y del resultado obtenido en cada operación” (Juan J. Formaro, “Juicio por rendición de cuentas”, ed. Hammurabi, pág. 141).
Pero el nivel de detalle exigible a las cuentas que rinden los auxiliares de justicia encargados de administrar bienes sucesorios debido a la falta de acuerdo entre los herederos, debe ser razonablemente ponderado en función de las circunstancias del caso, ya que, llevado al extremo, podría conducir a una virtual paralización de la tarea encomendada. Máxime cuando el caudal relicto está conformado por una empresa de cierta envergadura cuya administración requiere ponderar una gran cantidad de variables, a la vez que elegir continuamente entre distintas alternativas de gestión en desmedro de otras.
Entiendo que las cuentas rendidas por los administradores designados se ajustan a las pautas de razonabilidad que imponían las circunstancias del caso, en un contexto que éstos auxiliares se vieron continuamente sometidos a responder los incesantes e inverosímiles planteos de las herederas apelantes, que entorpecieron el trámite normal y regular del sucesorio, dificultando en demasía su tarea (esta Sala, causa n° 69.953 del 13/7/23, “Orifici…”).
De esta manera, cabe considerar que las cuentas rendidas por los coadministradores judiciales son respetuosas de los parámetros antes indicados, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada del 21/12/22 que las aprobó (arts. 2346, 2348, 2353, 2355, 2362 y ccs., CCCN; arts. 34 inc. 5, 36, 744, 746, 747, 748 y ccs., CPCC).
3. En cuanto al embate contra la parcela de la resolución apelada que dispuso pasar los autos al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Azul -a fin de que evalúe si la conducta desplegada por la Dra. M. en el marco de la presente controversia, se ajusta a las normas por las que dicho órgano debe velar-, representa una resolución que nada decide, por lo que es insusceptible de causar agravio a la apelante (doct. art. 242, CPCC; esta Sala, causas n° 54.375 del 11/5/10, “Credifin S.R.L…”; n° 54.887 del 17/2/11, “Andía…”; n° 56.052 del 30/12/11, “Duhalde…”; n° 56.474 del 15/5/12, “Cerviño…”; n° 58.940 del 26/11/13, “Molina…”; n° 58.769 del 06/3/14, “Pellitero…”; entre muchas otras).
4. Finalmente, tampoco resultan admisibles las críticas contra el modo de imponerse las costas, toda vez que no hay razones válidas para excepcionar la aplicación del principio general en la materia que manda cargarlas a la parte vencida, como precisamente se hizo en origen (arts. 68 y 69, CPCC).
5. En función de lo dicho, propongo al acuerdo confirmar la resolución apelada del 21/12/22 en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 2346, 2348, 2353, 2355, 2362 y ccs., CCCN; arts. 34 inc. 5, 36, 744, 746, 747, 748 y ccs., CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. En fecha 07/02/23 la coheredera N. A. M. -por sí y en representación de M. A. M.-, también apeló las resoluciones del 29/12/22 y del 02/02/23.
En cuanto fue objeto de agravios, en la resolución del 29/12/22 se dispuso: 1°) autorizar la venta de toda la hacienda, dejando en existencia 200 vientres más los toros; 2°) ordenar la rescisión del contrato de arrendamiento sobre el establecimiento San José, con efecto retroactivo al día 10/8/22.
En tanto que la resolución del 02/02/23 sólo se limitó a imponer las costas omitidas en la anterior del 29/12/22.
El recurso se concedió en relación (08/02/23), y fue fundado el 18/02/23.
2.a. La respuesta a esta segunda cuestión exige reparar en la presentación que N. A. M. -por sí y en representación de su hermana M. A.- concretó el 01/02/23.
Es que allí la apelante denunció que en fecha 26/01/23 “las partes han arribado a un acuerdo” sobre el destino de la totalidad de la hacienda que compone el acervo hereditario.
Puntualmente, dijo que “acordaron la entrega de la totalidad de la hacienda existente y patrimonio administrado por el Vet. C. en el establecimiento Santa Magdalena al veterinario designado por las partes Medico veterinario al Sr. J. P. E. …”.
Y que también se pusieron de acuerdo en “designar Contador a efectos de que … represente a los herederos y cónyuge supérstite, en relación al patrimonio administrado”.
Precisamente por estas razones, el 01/02/23 solicitó que se deje sin efecto la venta de la hacienda decretada el 29/12/22 (parte resolutiva, pto. I), como así también la administración judicial vigente ya que, en lo sucesivo, sería ejercida por los propios herederos.
Nada dijo en esa ocasión acerca de la existencia de acuerdo sobre el modo de imponerse las costas.
2.b. Traslado mediante (02/02/23), los restantes herederos -A. M. y E. N. D. S.- ratificaron la existencia del acuerdo denunciado (ver escrito del 10/02/23).
No obstante ello, se diferenciaron de las coherederas N. A. M. y M. A. M., haciendo saber que la imposición de costas resuelta el 02/02/23 debía “seguir el curso procesal que corresponda”.
2.c. El relato anterior sólo tiene por finalidad demostrar que, del recurso inicialmente intentado por N. A. M. y M. A. M., sólo queda en pie el agravio relativo a las costas que se impusieron en la resolución ampliatoria del 02/02/23, ya que lo decidido el 29/12/22 con relación a la venta de la hacienda, ha quedado sin efecto -ha sido desplazado- por el posterior acuerdo de los herederos.
II. Y al respecto he de señalar que, no habiéndose exteriorizado que el acuerdo del 26/01/23 preveía además una distribución distinta de la condena en costas, los argumentos traídos por las apelantes son estériles para modificar lo resuelto sobre el punto en fecha 02/02/23, para lo cual se ponderaron adecuadamente los trámites procesales que desencadenaron esa conclusión decisoria.
En consecuencia, propongo al acuerdo confirmar la resolución del 02/02/23 en cuanto impuso las costas a las coherederas N. A. M. y M. A. M. (arts. 68 y 69, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) confirmar la resolución apelada del 21/12/22 en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 2346, 2348, 2353, 2355, 2362 y ccs., CCCN; arts. 34 inc. 5, 36, 744, 746, 747, 748 y ccs., CPCC). 2) confirmar la resolución del 02/02/23 en cuanto impuso las costas a las coherederas N. A. M. y M. A. M. (arts. 68 y 69, CPCC). 3) con costas en ambos casos, a las apelantes que resultan vencidas en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). 4) diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 26 de diciembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la resolución apelada del 21/12/22 en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 2346, 2348, 2353, 2355, 2362 y ccs., CCCN; arts. 34 inc. 5, 36, 744, 746, 747, 748 y ccs., CPCC). 2) confirmar la resolución del 02/02/23 en cuanto impuso las costas a las coherederas N. A. M. y M. A. M. (arts. 68 y 69, CPCC). 3) con costas en ambos casos, a las apelantes que resultan vencidas en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). 4) diferir la regulación para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia