Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul Sala II · Causa 60.391
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar sustancialmente procedente la consignación intentada asignándose efectos cancelatorios a los depósitos dinerarios realizados a la orden de V.S. con relación a los períodos posteriores al 03-4-98 por el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y Roberto Antonio Longo primero (invocando sus respectivas condiciones de adquirente en subasta y de comprador), y continuados luego sólo por el mencionado Longo, difiriéndose la imputación precisa de cada depósito dado en pago para la etapa de ejecución de sentencia, con audiencia de ambas partes (arts. 757 inc. 1°, 758, 759 760 y ccs. del C.C.; arts. 867, 904 inc. a), 906 inc. a), 907 y ccs. del C.C.C.; doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.).
2Rechazar la ejecución con respecto a los períodos de expensas reclamados en el juicio ejecutivo posteriores a esa fecha que se encuentren pagos, extremo éste último que también habrá de surgir del procedimiento de imputación a realizarse en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.); mandar a llevar adelante la ejecución contra Roberto Antonio Longo por las expensas devengadas entre el 05-5-95 y el 02-4-98 así como también por aquellos períodos posteriores al 03-4-98 que pudieran surgir impagos luego de llevarse a cabo el procedimiento de imputación antes ordenado, precisándose que por aquellas devengadas antes del 16-10-98 (fecha de la escrituración) responderá hasta el límite de la cosa (arts. 518, 522, 549 y ccs. del C.P.C.C.); con más los intereses …
Causa nº: 2-60391-2015 "LONGO ROBERTO ANTONIO/CONSORCIO PROP.TORRE COLON S/ CONSIGNACION DE EXPENSAS "
Causa n°: 2-60582-2015 "CONSORCIO DE PROP. EDIF. COLON N° 1636/56 C/ LONGO ROBERTO ANTONIO S/ COBRO EJECUTIVO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 181 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintiun días del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose excusado a fs. 114 y fs. 206 respectivamente el Doctor Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Longo, Roberto Antonio c/. Consorcio Prop. Torre Colón s/. Consignación de Expensas" (Causa Nº 60.391), y “Consorcio de Prop. Edif. Colón N° 1636/56 c/. Longo, Roberto Antonio s/. Cobro Ejecutivo” (causa N° 60.582), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. Arriba apelada la sentencia única dictada en las causas acumuladas “Longo, Roberto Antonio c/. Consorcio Prop. Torre Colón s/. Consignación de Expensas" (expediente n° 13.332; Causa Nº 60.391 según la numeración de alzada), y “Consorcio de Prop. Edif. Colón N° 1636/56 c/. Longo, Roberto Antonio s/. Cobro Ejecutivo” (expediente n° 3398; Causa N° 60.582 según numeración de alzada). Sin embargo es preciso que primero describa lo acontecido en los autos “Banco de la Edif. de Olav. S.A. c/. Rastero, Ricardo Aquiles y otra s/. Ejecución Hipotecaria” (expediente n° 5170) que arriban por cuerda, ya fue en ese proceso donde tuvieron origen los hechos que desencadenaron la controversia que más tarde se ventiló en los juicios por consignación de expensas y cobro ejecutivo que mencioné. Pues bien, en la ejecución hipotecaria que arriba por cuerda se subastó en fecha 06-4-97 un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal sito en Av. Colón n° 1636/56 de la ciudad de Mar del Plata (Circ. I; Secc. C; Manz. 199; Parc. 2 a; polígono 07-06; Matrícula N° 125.221/155 del Partido de General Pueyrredón), que finalmente fue adquirido por el propio actor-ejecutante autorizado a compensar (fs. 174/175, 176/176vta., 187). En los edictos correspondientes se había prevenido que el inmueble tenía una deuda por expensas de $892,20 al 04-12-96 (fs. 180/182; en la certificación de fs. 145 consta al 4-11-96). El adquirente fue autorizado a tomar posesión en fecha 16-7-97 (fs. 197), aunque recién diligenció el mandamiento correspondiente el 03-4-98 (fs. 205/207); enseguida denunció haberlo vendido a Roberto Antonio Longo, operatoria que justificó con el boleto de fecha 27-8-98 (fs. 205/207, 210/210vta.; a fs. 6/13 del juicio por consignación obra copia de la escritura correspondiente, otorgada el 16-10-98). En esa misma presentación el Banco ejecutante solicitó –infructuosamente- al juzgado que libere al inmueble de las deudas por expensas posteriores a la fecha de la hipoteca y hasta la de toma de posesión “atendiendo a la unánime jurisprudencia al respecto” (fs. 211/213vta.), pedido que reiteró más tarde -también sin éxito-, ya que el juzgado dispuso que debía estarse a lo ordenado en la causa por consignación de expensas n° 13.332/99 que por entonces ya había sido iniciada (fs. 223, 254).
2. Porque en fecha 12-7-99 el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. (adquirente en subasta, en adelante BEO) junto a Roberto Antonio Longo (que luego compró el inmueble al Banco, conforme surge de la copia del testimonio de escritura pública otorgada el 16-10-98) promovieron los autos “Longo, Roberto Antonio c/. Consorcio Prop. Torre Colón s/. Consignación de Expensas” expediente n° 13.332 (inicialmente caratulados “Bco. de la Edif. de Olav. S.A. c/. Consorcio de Prop. Torre Colón de Mar del Plata s/. Inc. de Consig. de Expensas”; ver carátula en cuerpo I, y fs. 251). Acompañaron los accionantes copias de dos cartas documentos: en una (fechada el 20-5-99), el Banco comunicó al Consorcio que en marzo de 1998 tomó posesión de la unidad funcional, le hizo saber que le corresponde abonar las expensas desde la toma de posesión mientras que las anteriores debe pagarlas el anterior propietario Rastero, y en ese entendimiento le solicitó que le remita las liquidaciones por expensas a partir de abril de 1998; en la otra misiva (fechada el 19-5-99), Roberto Antonio Longo comunicó al Consorcio que en octubre de 1998 compró al Banco Edificadora el inmueble en cuestión, y solicitó que le remitan las expensas desde octubre de 1998 cuando adquirió el departamento.
Dichas misivas fueron contestadas por el Consorcio que rechazó sus términos y alegó que según el art. 17 de la ley 13.512 la deuda de expensas sigue siempre al dominio, por lo que el actual titular es deudor de la totalidad de la obligación por expensas pendientes de pago. Continuaron afirmando los actores que el Consorcio “no acepta proceder a la liberación de expensas dispuesta por V.S., entre la fecha de la escritura hipotecaria y la de toma de posesión” y que, además, “no acepta el cobro de las expensas actuales, fundados en la existencia de la deuda anterior”. Argumentaron que “ante la inexistencia de fondos suficientes para abonar las deudas relativas al inmueble, corresponde dar prioridad del acreedor hipotecario con relación a la deuda por impuestos y servicios” (fs. 35).
Luego, afirmaron los actores que deben abonar las expensas desde la toma de posesión del bien el día 03-9-98 y discriminaron los períodos que corresponde pagar a cada comprador sucesivo desde esa fecha (fs. 35vta.). A fs. 17 acompañaron copia de una carta documento mediante la cual Longo requirió a los administradores del Consorcio que liquiden las expensas desde la fecha en que compró el departamento (octubre de 1998) ya que las anteriores están “a cargo del anterior propietario Sr. RASTERO”, a la vez que acompañaron constancia de depósito judicial por la suma de $250,80 que consideraron adeudada por expensas al 31-5-99 (fs. 2). A lo largo del pleito Longo acompañó comprobantes de depósitos imputados a los períodos de expensas que fueron devengándose (fs. 39, 42, 51, etc.).
A fs. 59/63vta. el representante del consorcio contestó la demanda de consignación. Al no haber sido parte en ningún proceso, negó que el acreedor hipotecario tenga prioridad con relación a la deuda por expensas, o que ésa sea la doctrina legal actual de la SCBA. Citó doctrina de la Suprema Corte según la cual la obligación de pagar las expensas tiene naturaleza propter rem, es decir, sigue a la cosa y grava a los adquirentes sucesivos “al propio tiempo que desvincula al enajenante”. De ese modo afirmó que el adquirente del inmueble, “aún adquirido mediante subasta pública, es deudor de la obligación que pesa sobre dicho bien en concepto de expensas” (fs. 61vta.). Y precisó que “en este caso el actual titular del dominio (Longo) resulta haber adquirido el dominio por ser cesionario de quien compró en subasta en los autos principales (Banco de la Edificadora de Olavarría)”, sosteniendo que “es obvio que actualmente Longo es el obligado al pago de toda la deuda por expensas, (la anterior y la posterior a la subasta) con más sus accesorios por falta de pago oportuno, y hasta el día de la cancelación”.
Aseveró que la consignación pretendida es improcedente porque el pago ingresado es incompleto ya que: no se pagaron los intereses; no se consignó el período adeudado desde mayo de 1995 hasta la fecha; los importes depositados fueron unilateralmente calculados por la actora y no son los importes por expensas comunes devengados por la unidad funcional (fs. 62/62vta.). Sostuvo que el actor adeuda toda la obligación por expensas impagas que adquirió, la que asciende a la suma de $8.461,25 por los períodos que van del 05-5-95 al 07- 01-00. A fs. 184 se colocó nota dejando constancia del cumplimiento de la acumulación ordenada en los autos “Consorcio de Prop. Edif. Colón N° 1636/56 c/. Longo, Roberto Antonio s/.
Cobro Ejecutivo”. Por resolución de fs. 228/228vta. se excluyó del pleito al Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y a SEDESA, quedando únicamente Roberto Antonio Longo como legitimado activo en autos. A fs. 252/259 se dictó la sentencia única que arriba apelada.
3. El 23-12-02 fueron iniciados ante los tribunales ordinarios de Mar del Plata los autos caratulados “Consorcio de Prop. Edif. Colón N° 1636/56 c/. Longo, Roberto Antonio s/. Cobro Ejecutivo” expediente n° 3398 en cuyo marco se reclamó la suma de $22.350,02 en concepto de expensas del inmueble antes individualizado, que abarcan los períodos comprendidos entre el 05-5-95 y el 15-7-02 (fs. 18, 24/25). El accionado compareció mediante representante y refirió que compró el bien al Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. formalizándose la operatoria primero por boleto y luego por escritura n° 714 pasada por ante el Escribano Público Severo Erramouspe con fecha 16-10-98, en cuyo cuerpo el autorizante hizo constar “que no se adeuda suma alguna por expensas comunes”.
Sostuvo que desde ese momento intentó pagar las expensas a la administración y que, frente al silencio configurativo de negativa, inició la consignación realizando los depósitos por los períodos devengados a partir de la toma de posesión del inmueble ya que, aseveró, en los edictos previos a la subasta se había dejado constancia que “el comprador adquiría libre de deudas por impuestos y expensas” conforme a la jurisprudencia vigente a la fecha de la venta judicial que liberaba al adquirente de las deudas anteriores a la misma, precisando que solo las posteriores corresponden a su mandante quien debió consignarlas y se encuentran canceladas y a disposición del Consorcio. Opuso excepción de litispendencia que fundó en la existencia anterior de la causa por consignación de expensas.
Subsidiariamente, dedujo excepción de inhabilidad de título alegando que parte de la deuda reclamada no le es imputable. Explicó en tal sentido que: a) Longo tomó posesión del bien en fecha 27-8-98, mientras que el reclamo de autos abarca períodos comprendidos entre el 05-5-95 y el 06-3-97, cuando el responsable era el propietario de entonces, Ricardo Aquiles Rastero; b) entre el 06-3-97 y el 10-9-98 el pago de las expensas correspondía al Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., que tenía la posesión y propiedad derivada de la compra en subasta; c) recién desde el 10-9-97 al 15-7-02 le corresponde abonar las expensas a su mandante las que, agregó, fueron depositadas en la causa por consignación.
Admitida la litispendencia por resolución que devino firme (fs. 146/150, 168/169vta.), se remitió el expediente al Juzgado n° Dos de Olavarría el que a fs. 181 dispuso acumularla al pleito por consignación de expensas. A fs. 188/195 se dictó la sentencia única que arriba apelada.
4. Aclaro que para describir el pronunciamiento único dictado en ambos expedientes y los recursos interpuestos contra el mismo, en lo que sigue haré referencia a las constancias y foliatura del expediente por consignación de expensas ya que es allí donde fueron agregados los escritos recursivos que los litigantes sometieron al conocimiento del tribunal. En la sentencia única de fs. 252/259 la a quo comenzó por delimitar el alcance de la controversia; a esos fines destacó que mientras que Roberto Antonio Longo alega que se encuentra exento del pago de las expensas comunes devengadas con anterioridad a la toma de posesión por parte del adquirente en subasta, el Consorcio de propietarios sostiene, por el contrario, que aquél se encuentra obligado a pagar la totalidad de las expensas del inmueble del que actualmente es propietario, independientemente de que sean anteriores o posteriores a la toma de posesión.
Relató que en los edictos previos a la subasta realizada en la ejecución hipotecaria seguida por el Banco Edificadora de Olavarría contra Ricardo Aquiles Rastero se informó que el inmueble tenía una deuda por expensas comunes de $892,20 al 04-11-96 (por error en el edicto se escribió 04-12-96), y que el ejecutante abonó solamente los honorarios del martillero y sellado del boleto pero no seña ni pago del precio, por haber sido autorizado a compensar (fs. 254vta.). El Banco tomó posesión del bien el 03- 4-98 y posteriormente denunció haberlo vendido a Roberto Antonio Longo en fecha 02-9-98. Destacó que si bien en base a un precedente de éste tribunal a fs. 224 de la ejecución hipotecaria el magistrado interviniente había decidido “tiénese igual privilegio que el ordenado a fs. 217 respecto de las expensas, sin perjuicio de hacer notar que el titular del crédito por tal concepto mantiene su acreencia pudiendo reclamar el saldo insoluto del anterior propietario que responde con todo su patrimonio…”, lo cierto es que la aludida liberación de expensas anteriores fue ordenada sin haberse sustanciado antes con el Consorcio de Propietarios, por lo que luego se difirió dicha temática a las resultas del juicio por consignación.
Mencionó que unánimemente hoy se acepta que ante la insuficiencia de fondos remanentes en la subasta sea el adquirente quien afronte la totalidad de la deuda de expensas (fs. 255), y precisó que la deuda por expensas fue notificada en los edictos publicados en la ejecución hipotecaria (fs. 256). Trajo a colación el plenario de las Cámaras Nacionales Civiles emitido en autos “Servicios Eficientes S.A. c/. Yabra, Roberto I.” (L.L. 1999-B, 384) en el que se estableció como doctrina legal obligatoria –por mayoría-, que el adquirente en subasta judicial debe afrontar el pago de la deuda por expensas comunes que registra el bien sometido al régimen de propiedad horizontal, cuando el monto obtenido no alcanza para solventarlas, y refirió que la Suprema Corte Provincial ha adoptado idéntico criterio habiendo incluso reafirmado su doctrina legal en un pronunciamiento que presentó circunstancias fácticas similares a las del sub-caso (SCBA, C. 112.972 del 09-5-12, “First Trust of New York National Association contra Delbas, Eduardo Adolfo.
Ejecución hipotecaria”). Ponderando que la liberación dispuesta a fs. 224 de la ejecución hipotecaria no fue sustanciada con el Consorcio, en base a la jurisprudencia antes mencionada y sin perjuicio de lo que pudiere surgir de la liquidación correspondiente, la a quo consideró que las sumas consignadas por Roberto Antonio Longo resultan insuficientes por no contemplar las expensas totales que pesan sobre la unidad, es decir, las anteriores y las posteriores a la subasta. Por esos mismos argumentos seguidamente rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta por Roberto Antonio Longo contra el progreso de la acción ejecutiva. En suma, la sentencia única: a) no hizo lugar a la pretensión de pago por consignación entablada por Roberto Antonio Longo, declarando que en su carácter de cesionario del adquirente por subasta debe cargar con la totalidad de las expensas devengadas, sean anteriores o posteriores a la venta forzada; impuso las costas al actor vencido; b) no hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título que Roberto Antonio Longo opuso al progreso de la pretensión ejecutiva; c) mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado Roberto Antonio Longo pague al Consorcio de Propietarios el capital reclamado de $22.350,02 con más los intereses estipulados en el Estatuto y Reglamento desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a cuyos efectos en la etapa procesal correspondiente se practicará la liquidación del caso contemplándose las sumas depositadas por Longo que deberán ser tomadas como pago a cuenta; con costas al ejecutado.
5. Roberto Antonio Longo apeló la sentencia (fs. 262), siéndole concedido el recurso libremente (fs. 263).
En la expresión de agravios de fs. 336/342 el apelante comenzó sosteniendo que la sentencia yerra al considerar la deuda de expensas como un todo, sin distinguir la devengada antes de la subasta y hasta la fecha de la posesión por el adquirente para el caso de insuficiencia de fondos, y la posterior a esa posesión. Sostuvo que debe admitirse la consignación de las expensas posteriores a la posesión y el consiguiente efecto cancelatorio de cada depósito, ya que la negativa a recibirlas por parte del Consorcio es infundada. Para abonar dicha tesitura explicó que cada expensa “es una deuda autónoma e independiente de las anteriores y posteriores que puedan originarse respecto del mismo inmueble, tal que cada una de ellas refleja y representa del total de gastos, inversiones, impuestos que origina el Consorcio durante un cierto período”.
Agregó que “No se trata en modo alguno de una suma acordada y predeterminada que asume el consorcista frente al consorcio, sino una suma absolutamente aleatoria por que incluye gastos fijos previsibles, pero también variables imprevisibles. Tampoco es una suma única cuyo pago se fracciona en unidades de tiempo menores. Se trata claramente de sumas autónomas que se generan aleatoriamente en determinado período de tiempo y que por tanto se cancelan en forma autónoma dentro de ciertos períodos de tiempo” (fs. 339vta.). Alegó que el “principio de integridad funciona respecto de cada obligación, de modo que no constituye una excepción la circunstancia de que entre acreedor y deudor existan diversas deudas independientes, aun las que reconocen una causa única, pero nacen sucesivamente a medida que transcurre el tiempo como las deudas de alquileres, alimentos, etc, y solo se cancela una o alguna de ellas” (fs. 339vta./340).
Y sostuvo que las expensas “encuadran en la categoría de “obligaciones periódicas” en las cuales cada período constituye una obligación distinta e independiente, por lo que es perfectamente posible el pago parcial de las mismas y el efecto cancelatorio se circunscribe a aquellas que se han abonado”. Expresó que “dejando de lado la particular situación de las expensas anteriores a la posesión y a la subasta, las posteriores no debieron ser rechazadas por el Consorcio invocando el art. 742 CC, y por el contrario debieron ser debidamente aceptadas y consideradas cancelatorias en tiempo y forma de los períodos por los que se abonaba y depositaba en cuenta judicial”, admitiéndose la consignación y la excepción de inhabilidad de título, respectivamente, por esos períodos (fs. 340).
En otro orden de ideas sostuvo que conforme al criterio doctrinario y jurisprudencial mayoritario imperante al momento de la subasta (diverso al adoptado luego del plenario de capital in re “Servicios Eficientes c Yabra”), y aun cuando se hubiere informado en los edictos, “los potenciales adquirentes concurrieron a la subasta con el convencimiento de que, en caso de insuficiencia de fondos del producido de la subasta … no sería exigible al adquirente, quedando solo la posibilidad de reclamar al anterior propietario. En ninguna parte del Edicto se informa que la deuda de expensas debe ser asumida en cualquier caso por el comprador, conforme su naturaleza “propter rem”. ”En ese convencimiento es que el Banco adquiere en subasta”.
Continuó diciendo que “por ello, la modificación posterior de los criterios y la falta de unanimidad de los mismos que aún subsiste, amerita una solución jurídica excepcional y diversa”. Así sostuvo que “la subasta realizada bajo la normativa, interpretada en sentido opuesto al que luego surge del Plenario y de la doctrina de la SCBA, entiende el suscripto que debe ser respetada. Y la cesión de Boleto realizada por el Banco a favor del suscripto, también fue realizada bajo las mismas bases jurídicas, o sea en el entendimiento de que la deuda de expensas anterior a la subasta y hasta la toma de posesión del adquirente cedente, no era parte de las obligaciones asumidas, por que así lo establecía la doctrina y jurisprudencia del momento”, de modo tal que “debería tenerse presente la postura minoritaria del Plenario y la de la Sala II” (causa n° 39.080, “Banco Edificadora de Olavarría c Martínez, Daniel Omar s Ejecución Hipotecaria”).
Pidió que se revoque el fallo apelado eximiéndolo de pagar “la deuda de expensas anterior a la subasta y hasta la fecha de toma de posesión del adquirente” (fs. 341vta.).
6. Por medio de representante, el Consorcio de Propietarios contestó el traslado de la expresión de agravios (fs. 344, 345/353).
Resumidamente, sostuvo que el adquirente debe afrontar la deuda por expensas comunes anteriores a la fecha de subasta y destacó que “existe un doble carácter del actor: uno originario, como acreedor hipotecario y ejecutando de su crédito, y otro como adquirente en subasta, habiendo comprado mediante la compensación de su acreencia, sin que queden fondos disponibles. Así al cobrarse su crédito dejo su carácter de “actor ejecutante” para ser el de “comprador” y como tal no podía ignorar la deuda por expensas que pesaba sobre el bien que adquiría, máxime cuando el mismo agrega el informe del consorcio que da cuenta de su existencia y además fue consignada en los edictos publicados a efectos del remate”. Y agregó que “la obligación sigue a la cosa como una carga real y grava en tal carácter a los adquirentes sucesivos –en este caso, el comprador- quien en tal carácter y no como acreedor-ejecutante, debe afrontar el pago de las deudas por expensas anteriores a la toma de posesión” (fs. 349).
En cuanto a la consignación, expresó que “el Consorcio puede negarse a recibir el pago, cuando, por no ser íntegro, el apelante pretende pagar un período de expensas posterior a la subasta, pero no se hace cargo … respecto de la deuda por expensas por períodos anteriores”. Expresó que tratándose de expensas, “el acreedor (el consorcio) puede negarse a recibir un pago periódico ulterior si quedan impagos los períodos anteriores” (fs. 351vta.), en el entendimiento de que “no puede calificarse a cada período de expensas, como deuda autónoma, distinta e independiente, sino que mas bien, constituye una unidad y no puede pagarse, como pretende el apelante, una cuota atrasada sin cancelar las otras”, a partir de lo cual consideró correcta la sentencia que rechazó la consignación por deuda posterior a la toma de posesión y que cargó al apelante con la totalidad de las expensas devengadas (antes y después de la subasta). Y agregó que la consignación de deuda posterior a la subasta no procede porque los depósitos son insuficientes por violar el principio de integridad del pago, “ya que no se condicen con el monto de las expensas, sin contar con que no incluyen el pago de los intereses compensatorios y punitorios pertinentes”. Pidió que se confirme la sentencia de grado rechazándose la apelación, e hizo reserva del caso federal.
Habiéndose practicado el sorteo de rigor (fs. 356), la causa se encuentra en condiciones de ser decidida.
II.1. Comenzaré el desarrollo del presente voto recordando que la Suprema Corte de Justicia Provincial ha establecido como doctrina legal que las expensas comunes tienen la naturaleza jurídica de obligaciones propter rem cuya nota distintiva es que “se transmiten al sucesor particular, sin que sea necesario para ello convenio especial de transmisión de la obligación o una asunción por parte del sucesor particular. La obligación sigue a la cosa como una carga real y grava en tal carácter a los adquirentes sucesivos, al propio tiempo que desvincula al enajenante” (SCBA, Ac. 58.774 del 15-7-97, “Consorcio Copropietarios Edificio Principado contra Hotelera Atlántica S.A. Cobro Ejecutivo. Tercería de dominio”; Ac. 65.168 del 13-7-99, “Banco Río de la Plata (Suc. Atlántica) contra Alonso, Raúl Alberto y otro. Ejecución hipotecaria”; Ac. 112.972 del 09-5-12, “`First Trust of New York National Association´ contra Delbas, Eduardo Adolfo. Ejecución Hipotecaria”; el resaltado fue incorporado). En el precedente “First Trust” que cité en último término, el Máximo Tribunal precisó aún más la definición de dichas obligaciones afirmando que “la deuda de expensas sigue a la cosa y por lo tanto sólo posee relación con la preferencia que el acreedor hipotecario tiene sobre la suma resultante de la venta en subasta judicial en caso de insuficiencia de los fondos del remate, pero el consorcio tiene expedita la acción contra el adquirente en subasta judicial por aquello que no ha podido percibir y ello es así -como se dijo- en razón del carácter propter rem de la obligación conforme la manda del art. 17 de la ley 13.512”. De ese modo, concluyó el Superior, “quien debe abonar el pago de expensas comunes adeudadas y anteriores a la toma de posesión del inmueble adquirido en subasta, debe ser el comprador en subasta” (SCBA, Ac. 112.972, cit.; incorporé el resaltado). Destaco, por lo demás, que ésa es la interpretación que viene sosteniendo éste tribunal (esta Sala, causas n° 48.133 del 11-11-04, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/. Gunyref S.A. y otros s/. Cobro Ejecutivo; n° 49.596 del 21- 3-06, “Banco de la Provincia de Bs. As. c/. Carotti, José y Ots. s/. Cobro Ejecutivo”).
La base fáctica de la causa “First Trust” fallada por la Suprema Corte se asemeja notablemente a la que presenta la trama litigiosa conformada por las tres causas involucradas en el presente entuerto, ya que aquí también el actor –de la ejecución hipotecaria- adquirió en subasta un inmueble hipotecado que tenía una deuda por expensas comunes y no quedaron, luego de pagados los créditos preferidos (gastos de remate y acreencia del acreedor hipotecario autorizado a compensar), fondos remanentes con los cuales saldar la deuda con el consorcio (ver fs. 176/177, 183/183vta., 186/188, 190/190vta., 195, de la ejecución hipotecaria). A esta altura considero necesario realizar una breve digresión y reparar brevemente en una crítica que el adquirente introdujo a fs. 340vta. de su escrito recursivo. Allí solicitó que se juzgue el caso a la luz de la jurisprudencia de esta Sala que se encontraba vigente en la fecha en que el Juzgado dictó la resolución que -en su decir- habría liberado la deuda por expensas del inmueble favoreciendo al adquirente (la referencia del recurrente a la resolución obrante a fs. 224 del juicio por consignación no es correcta; es probable que haya querido aludir a la de fs. 224 de la ejecución hipotecaria). A juicio del quejoso, entonces, corresponde aplicar al caso la jurisprudencia anterior del tribunal la cual diferiría de la actual dado que admitiría la liberación de expensas en favor del comprador en subasta. Pese al denodado esfuerzo del apelante, soy de la opinión que la crítica en ciernes no puede tener acogida favorable. En primer lugar porque contrariamente a lo afirmado por el apelante y por la a quo, la resolución de fs. 224 de la ejecución hipotecaria (entiendo que a esa concreta providencia ha querido referirse en el agravio) no liberó al adquirente de la deuda por expensas, tal como se desprende con toda claridad del texto del aludido dispositivo en el que únicamente se hace mención a las preferencias derivadas de los privilegios, mas de ningún modo a la liberación de la deuda de expensas en el sentido que propicia.
Y si –sólo por hipótesis- ello no fuera así, porque también constituye doctrina legal de la Suprema Corte Provincial que la doctrina legal a la que se debe acatamiento es la vigente a la fecha de la sentencia. Ha decidido en tal sentido el Superior que “se debe aplicar la doctrina legal vigente a la fecha de la sentencia teniendo en cuenta que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario” (SCBA, A. 70.929 del 24-8-16, “Gabo, Carlos Mario y otra c/. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”; entre muchas otras). Agrego que también la Corte Federal “manda atender a las modificaciones introducidas durante el transcurso del proceso, en tanto constituyen circunstancias sobrevinientes de las que no cabe prescindir”, con lo cual puede predicarse sin resquicio para las dudas que se trata de un criterio jurisprudencial extendido y consolidado (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123; 325:28; 327:4495 —"Bustos"— y causa R.320.XLII "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria" del 15 de marzo de 2007; entre muchos otros; esta Sala, causas n° 54.740 del 13-4-11, “Cuadernillo: E., N. E. s/. Protección contra la Violencia Fliar”; n° 55.877 del 27-10-11, “R., D. M. y N., S. L. A. s/. Ley 12.569”; n° 58.523 del 31-3-14, “Rastelli…”, entre otras).
De esa manera, existiendo doctrina legal de la Suprema Corte que manda acatar la doctrina legal vigente a la fecha de la sentencia (SCBA, A. 70.929 cit.), corresponde acudir a la solución establecida en el citado precedente “First Trust” (Ac. 112.972 del 09-5-12), de la que se extrae una solución marcadamente diferente a la defendida por el actual titular de la unidad funcional objeto del pleito, toda vez que allí la Corte responsabiliza por la deuda de expensas a los adquirentes sucesivos. Siguiendo los lineamientos de dicho pronunciamiento cabe concluir, entonces, que la deuda por expensas anteriores a la subasta siguió al inmueble gravando en su carácter propter rem a los sucesivos adquirentes, de suerte tal que actualmente recae sobre la persona de Roberto Antonio Longo a quien el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. -adquirente en subasta- transmitió el bien al poco tiempo de haberlo adquirido (operatoria instrumentada mediante el boleto de compraventa agregado a fs. 210/210vta. de la ejecución hipotecaria y perfeccionada con la escritura pública cuya copia obra a fs. 6/13 del juicio por consignación, instrumentos ambos que no fueron cuestionados).
2. Ahora bien, es preciso destacar que la responsabilidad de los sucesivos titulares por la deuda de expensas no alcanza a todos por igual o, dicho de otro modo, que existen diferencias en cuanto a la extensión de la misma. Concretamente, cada titular responde sólo con la cosa por aquellas deudas originadas con anterioridad al título de su adquisición, mientras que lo hace con todo su patrimonio por las nacidas durante su titularidad (CNCiv. en pleno, 18-02-99, “Servicios Eficientes S.A. c. Yabra, Roberto O.”, pub. L.L. 1999-B, 384; Elena I. Highton, “Propiedad horizontal y prehorizontalidad”, 2ª ed., pág. 489).
Con relación a las expensas existentes al momento de operarse la transmisión se ha explicado que “el consorcio puede optar por perseguir el cobro del deudor originario o del adquirente, respondiendo el primero con su patrimonio en el que ya no se encuentra la unidad funcional y hasta el límite del piso o departamento en el caso del segundo”. Así, “el adquirente responderá con todo su patrimonio por los períodos de expensas devengadas con posterioridad a la perfección de su adquisición (no ya por imperio del art. 17 sino por aplicación del art. 8°) y si luego transmite la unidad funcional, continuará obligado al pago de las expensas devengadas mientras se extendió su titularidad, pero ya no responderá por las anteriores a su adquisición, habida cuenta de que ha dejado de ser titular de la cosa y es el nuevo adquirente quien lo reemplaza en esa posición” (Mario A. Zelaya, “Propiedad Horizontal”, ed. Rubinzal-Culzoni, dirección: Claudio M. Kiper, pág. 410).
La trama conflictiva que arriba a tratamiento exhibe la hipótesis esbozada por el citado autor: en efecto, el banco (acreedor ejecutante autorizado a compensar) adquirió en subasta el inmueble hipotecado sobre el que pesaba una deuda por expensas comunes y, al cabo de poco tiempo, lo vendió a un tercero sin haber antes cancelado dicha deuda. Se verifica así una sucesión de titularidades sobre la cosa: a la primigenia del deudor ejecutado le siguió la del Banco ejecutante y a la de éste, la del actual titular dominial del departamento, Roberto Antonio Longo. Ahora bien, al haberse operado sucesivas transmisiones de dominio de la unidad funcional y habiéndose devengando a lo largo de esas variadas titularidades diferentes períodos de deuda por expensas, se torna imperativo identificar adecuadamente, primero, los hechos que causaron esos cambios de titularidad para, luego, determinar la extensión de la responsabilidad que toca a cada sucesivo titular ya que esa determinación arrojará información relevante para brindar solución a la trama recursiva que comprende a los juicios de consignación y de ejecución de expensas.
Para ello he de acudir a la primera de las transmisiones dominiales que atañen a la controversia y que tuvo lugar merced a la subasta judicial del bien objeto del pleito en el marco de la ejecución hipotecaria. Y diré a su respecto que, si la venta judicial que opera la transmisión dominial a favor del adquirente se perfecciona con la aprobación de la subasta, pago del saldo de precio y puesta en posesión a través del mandamiento ordenado por el juez (art. 586 del C.P.C.C.), cabría en principio concluir que en el sub-caso la venta se perfeccionó en ocasión de concretarse la mencionada diligencia, en fecha 03-4-98 (fs.207). De sostenerse esa postura y conforme a lo que vengo exponiendo, el banco adquirente en subasta –abstracción hecha de su liquidación- respondería con todo su patrimonio por las expensas devengadas desde el 03-4-98, y sólo con la cosa por las anteriores (originadas durante la titularidad de los deudores hipotecarios ejecutados, Rastero y Menéndez).
Sin embargo, considero que en el caso resulta de toda justicia ubicar el perfeccionamiento de la transmisión de dominio a favor del banco casi un año antes y, más precisamente, al momento del dictado de la resolución firme del día 16-7-97 mediante la cual el magistrado dispuso otorgar al adquirente la posesión del inmueble a través del correspondiente mandamiento (fs. 197). Es que habiendo repasado las constancias de la ejecución hipotecaria no he podido hallar ninguna contingencia procesal posterior a la aludida resolución del 16-7-97 que pudiera justificar la demora de casi un año en diligenciar el mandamiento de toma de posesión la que, por lo tanto, cabe atribuir exclusivamente a la inactividad del adquirente en subasta quien de esa manera debe cargar con las consecuencias de su demora.
En cuanto a la adquisición del inmueble por parte de Roberto Antonio Longo –que es su actual titular- corresponde situarla temporalmente el día 16-10-98, fecha en que se otorgó la escritura pública con que se perfeccionó la trasmisión dominial a la que el banco se había obligado previamente por boleto (fs. 210/210 de la ejecución hipotecaria, y fs. 6/13 de la consignación).
A mi modo de ver con lo dicho queda suficientemente clarificado el primer aspecto de la temática recursiva, esto es, el relativo a la responsabilidad por la deuda de expensas que en el caso deberán ser afrontadas en su totalidad por el titular actual del inmueble Roberto Antonio Longo, con las limitaciones que indiqué supra respecto de aquellas anteriores a la fecha en que adquirió el bien.
3. He de señalar que no es posible que en el caso se verifiquen problemas de derecho transitorio desde que el fundamento normativo utilizado en el citado pronunciamiento “First Trust” de la Corte Provincial (art. 17 ley 13.512) no se ha visto alterado por la sanción del Código Civil y Comercial, cuerpo legal que consagra en forma expresa el temperamento que la jurisprudencia había delineado en torno a la derogada ley de propiedad horizontal sobre la temática en debate (art. 3 inc. a) de la ley 26.994).
En efecto, repárese que la parte pertinente del art. 2.049 del Código unificado prevé que “los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional”. En comentario a dicho precepto se ha sostenido que “el nuevo titular queda obligado al pago de toda expensa o contribución a su cargo incluso las nacidas con anterioridad a su adquisición”, haya sido ésta producto de una enajenación voluntaria o forzosa (Nelson G. A. Cossari, “Código Civil y Comercial Comentado-Tratado Exegético”, director general: Jorge H. Alterini, ed. La Ley, T. IX, pág. 862). A lo que debe agregarse que “se disipa de este modo la polémica generada en torno al vocablo ´siempre` utilizado por el art. 17, ley 13.512, inclinándose el Proyecto por la posición triunfante en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 19/2/1999, in re ´Servicios Eficientes SA c. Yabra, R.`; es decir, los adquirentes en subasta judicial quedan obligados al pago de la deuda por expensas devengadas con anterioridad a la toma de posesión” (Marina Mariani de Vidal y Adriana N. Abella, “Algunos temas de propiedad horizontal en el Proyecto de Código”, ED, 253-870, citadas por Nelson G. A. Cossari en op. cit., pág. 867).
4. Para terminar de delimitar adecuadamente el encuadre jurídico del sub-caso debe tenerse presente que, además del carácter propter rem al que me referí en los puntos precedentes, las expensas comunes constituyen también obligaciones periódicas que han sido caracterizadas por la doctrina como aquellas “distintas e independientes entre sí, que se generan sucesivamente en el tiempo, pero que conservan cada una su individualidad” (Eduardo A. Zannoni en “Código Civil y leyes complementarias”, ed. Astrea, dirección: Belluscio, coordinación: Zannoni, T. 3, pág. 505). A diferencia de las “obligaciones de prestación única, pactadas con pagos parciales” que “tienen una causa fin única”, “las obligaciones periódicas tienen tantas causas-fin como obligaciones nacen a través del tiempo” de modo tal que “cada período es una obligación autónoma, que tiene su propio objeto y que no es parte de uno global” (Carlos Parellada en “Código Civil y normas complementarias”, dirección: Alberto J. Bueres, coordinación: Elena I. Highton, ed. Hammurabi, T. 2B, págs. 95 y 96; ver en el mismo sentido, Jorge Joaquín LLambías, “Tratado de Derecho Civil- Obligaciones”, ed. Perrot, 4ta. ed., T. II-B, pág. 335; Pedro N. Cazeaux-Félix A. Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, ed. Librería Editora Platense S.R.L., 3ª ed., T. 3, págs. 157/158, 223/224; Ramón Daniel Pizarro- Carlos Gustavo Vallespinos, “Compendio de obligaciones”, ed. Hammurabi, T. 1, pág. 579/580; ver jurisprudencia citada por Elena I. Highton en “Propiedad horizontal y prehorizontalidad”, ed. Hammurabi, 2da ed., págs. 422/423, nros. 16 y 18 a 21; ver Mario A. Zelaya, op. cit., pág. 467).
III.1. Las precisiones que realicé en el apartado precedente sobre la naturaleza jurídica de las obligaciones de pagar expensas (que son propter rem y de nacimiento periódico e independientes entre sí) como así también de la doctrina legal aplicable al caso, resultan ineludibles para aprehender en su justa medida los hechos relevantes del caso y poder brindar así una adecuada respuesta jurisdiccional a la temática recursiva que involucra a las causas acumuladas.
En el juicio de consignación ha quedado debidamente acreditado que el Banco de la Edificadora de Olavarría (adquirente en subasta del bien generador de las expensas) solicitó a la Administración Edificio “Torre Colón” de Mar del Plata que le remita la liquidación por expensas a partir de abril de 1998 –cuando diligenció el mandamiento de toma de posesión-, y que Roberto Antonio Longo (que compró el inmueble al banco y es su titular actual) hizo lo propio con las devengadas a partir de octubre de 1998 –cuando escrituró el bien-; los requerimientos en cuestión tuvieron la finalidad declarada e inequívoca de obtener las liquidaciones correspondientes para así poder pagar los aludidos gastos comunes. También ha quedado probado en dicho pleito que la Administración del edificio rechazó ambas solicitudes alegando para ello que la obligación de abonar las expensas sigue siempre al dominio por lo que el actual titular se encuentra obligado por el total de la deuda pendiente de pago (art. 17 de la ley 13.512). Extraigo esa conclusión probatoria de las copias simples de las cartas documento intercambiadas entre las partes que se glosaron a fs. 14/19 del juicio de consignación, cuya autenticidad y recepción no fue cuestionada por ninguno de los litigantes (doct. art. 354 inc. 1° del C.P.C.C.). Por su parte, con el comprobante de fs. 2, los por entonces coactores (actualmente la parte consignante solo está integrada por Roberto Antonio Longo, conforme se resolvió a fs. 228/228vta. del juicio de consignación) justificaron haber depositado a la orden de V.S. una suma dineraria imputada al pago de las expensas comunes devengadas desde la toma de posesión el día 03-4-98 (la mención al 3-9-98 contenida a fs. 35vta. de la demanda obedece a un error de tipeo, tal como fácilmente se observa de la imputación que la actora realiza enseguida), y hasta el bimestre finalizado el 31-5-99. Y desde ésta última fecha en adelante, Roberto Antonio Longo realizó periódicamente depósitos judiciales que imputó al pago de los períodos de expensas que fueron devengándose a lo largo del pleito, hasta el último obrante en autos que corresponde al bimestre comprendido entre el 01-02-16 y el 30-3-16 (sin pretensión de agotar la lista, puede verse los de fs. 2, 39, 42, 51, 85/86, 89, 107, 121, 124, 127, 131, 134/135, 137, 145/146, 153/154, 177/182, 239/243, 270bis, 287, 293, 295, 312, 327).
Ha quedado demostrado con ello, que los sucesivos adquirentes de la unidad funcional solicitaron al Consorcio la liquidación por expensas devengadas a partir del 03 de abril de 1998 con el fin de pagarlas, y que el Consorcio, interpretando que se trataba de un pago parcial por no comprender a las devengadas con anterioridad a esa fecha, rechazó esa solicitud de los adquirentes, a la vez que los intimó a cancelar la totalidad de la deuda por tal concepto. Por su parte, en el juicio ejecutivo que el Consorcio promovió en fecha 23-12-02 contra Roberto Antonio Longo “y/o titulares del dominio”, el reclamo abarcó las expensas devengadas entre el 05-5-95 y el 15-7-02. En su marco, el ejecutado se defendió oponiendo excepción de inhabilidad de título con relación a los períodos anteriores al 27-8-98 (fecha del boleto de compraventa suscripto entre el ejecutado y el BEO; fs. 210/210vta. de la ejecución hipotecaria), al entender que los mismos deben ser pagados por quienes eran propietarios al momento de su devengamiento. En este proceso también se encuentran agregadas cartas documentos y copias de las mismas que dan cuenta de un intercambio epistolar no cuestionado, que tuvo un sentido similar al que describí con respecto al juicio de consignación (fs. 60/64).
Aunque concierne a un breve período de tiempo -de menos de dos meses- debo igualmente advertir que la fecha desde la cual Roberto Antonio Longo pretendió consignar (16-10-98) difiere de aquella por la que se excepcionó en el marco del ejecutivo (27-8-98), habiendo tomado, en el primer caso, el momento de la escrituración y, en el segundo, la fecha del boleto. Conforme explicité más arriba, entiendo que en ambos casos debe acudirse a la fecha de la escritura que perfeccionó la adquisición dominial en cabeza de Roberto Antonio Longo, ya que desde ese momento pudo pagar con efectos liberatorios.
2. Pues bien, tratándose –como dije- los distintos períodos de expensas, de obligaciones periódicas que son distintas e independientes entre sí, está claro que el Consorcio acreedor no podía válidamente rehusar el pago ofrecido por los sucesivos titulares con relación a períodos devengados durante sus respectivas titularidades, so pretexto de que se encontraban insatisfechos períodos originados con anterioridad a su adquisición, cuyo pago –vale la aclaración- esos adquirentes no ofrecieron. La naturaleza independiente de cada período de expensas invalida la negativa del Consorcio de aceptar el pago ofrecido por los sucesivos adquirentes con el argumento de que, al no comprender los períodos anteriores, el ofrecido por los consignantes resultaba incompleto (fs. 62/62vta. del juicio de consignación; doct. art. 746 C.C.; art. 869 del C.C.C.; Cam. Nac. Civ., Sala A, “Acosta…”, cit.).
Quiero significar con ello que, sin mengua de su responsabilidad por las devengadas antes de erigirse en titular del inmueble (lo que encuentra fundamento en el carácter propter rem de este tipo de obligaciones; SCBA, Ac. 58.774 y C. 112.972, cit.), el deudor ejecutado tenía derecho a pagar cada sucesivo e independiente período de expensas que se devengara luego de su adquisición, y paralelamente, en tanto cumplieran con los recaudos sustanciales, el Consorcio tenía la obligación de aceptarlos para no incurrir en mora accipiens.
Considero imprescindible dejar aclarado que la insuficiencia que alegó el Consorcio para rehusar los pagos de los sucesivos titulares estuvo referida a la falta de cancelación de aquellos períodos adeudados que son anteriores a las adquisiciones del bien por parte del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A., primero, y de Longo, después. Concretamente, según el entendimiento que vengo propiciando, a la falta de pago de obligaciones periódicas completas devengadas antes de que se perfeccionara la subasta en fecha 16-7-97, es decir, a las nacidas durante la titularidad de los deudores hipotecarios ejecutados (Ricardo Aquiles Rastero y Mabel María Menéndez). Con esa aclaración busco aventar la posibilidad de que se arribe a una inteligencia errónea: que el rechazo del ejecutante se basó en la falta de integridad del ofrecimiento de pago de cada período obligacional aisladamente considerado (vgr., por no alcanzar lo ofrecido para saldar la deuda de expensas de cada período en sí mismo considerado). Puede advertirse que la interpretación que hace el Consorcio parte de una premisa equivocada cual es la de conceptualizar a los distintos períodos de expensas como parte de una obligación única aunque fraccionada para su pago cuando, en realidad, como ya lo destaqué, se trata de obligaciones periódicas, independientes entre sí.
A esta altura del desarrollo me encuentro en condiciones de aseverar que tanto el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. -en su condición de adquirente en subasta del inmueble objeto del pleito- como Roberto Antonio Longo –que luego compró el bien al BEO-, tenían derecho a liberarse de las sucesivas obligaciones pagando los períodos de expensas desde el título de sus respectivas adquisiciones y, mientras cada pago en particular cumpliera con los recaudos sustanciales (art. 758 y ss. del C.C.; arts. 867 y ss. del C.C.C.), el Consorcio de Propietarios estaba a su vez obligado a aceptarlos bajo riesgo de ser demandado por consignación.
Bajo esa hermenéutica resulta incuestionable que tanto el BEO como Roberto Antonio Longo tenían derecho a liberarse pagando los períodos de expensas que, finalmente, debieron sin embargo consignar debido a la negativa del Consorcio a recibirlos. Precisando, y sin perjuicio de la deuda por períodos anteriores (que sigue a la cosa y grava a los sucesivos titulares), el BEO tenía en tal sentido derecho a pagar con efectos liberatorios las expensas devengadas desde el 16-7-97 (fecha en que se tuvo por perfeccionado el dominio en cabeza del Banco con la resolución que le otorgó la posesión; confr. supra ap. II.2), mientras que Roberto Antonio Longo las originadas a partir del 16-10-98, que fue cuando se perfeccionaron respectivamente los títulos de sus adquisiciones convirtiéndose en titulares de la cosa. Y debido a la falta de cuestionamiento por parte del Consorcio de la integridad e imputación de los pagos que sucesivamente fueron consignándose a lo largo del juicio (lo que fácilmente podría haberse efectivizado acompañando las liquidaciones correspondientes), cabe reputar que los mismos resultaron cancelatorios de cada período de expensas al que periódica y sucesivamente fueron imputados por el consignante (arts. 757 inc. 1°, 758, 759 760 y ccs. del C.C.; arts. 867, 904 inc. a), 906 inc. a), 907 y ccs. del C.C.C.). Reitero, por tratarse de obligaciones independientes entre sí, la integridad de cada pago debe cotejarse con relación a cada período de expensas aisladamente considerado, y de ningún modo con referencia a períodos que son distintos entre sí pues su carácter periódico torna jurídicamente posible que se cancelen unos y al mismo tiempo se mantengan impagos otros.
Bajo tales condiciones propicio al acuerdo declarar sustancialmente procedente la consignación intentada asignándose efectos cancelatorios a los depósitos dinerarios realizados a la orden de V.S. con relación a los períodos posteriores al 03-4-98 por el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y Roberto Antonio Longo primero (invocando sus respectivas condiciones de adquirente en subasta y de comprador), y continuados luego sólo por el mencionado Longo, y diferir la imputación precisa de cada depósito dado en pago para la etapa de ejecución de sentencia, con audiencia de ambas partes (arts. 757 inc. 1°, 758, 759 760 y ccs. del C.C.; arts. 867, 904 inc. a), 906 inc. a), 907 y ccs. del C.C.C.; doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.).
3. Teniendo en cuenta que en el punto anterior se declaró procedente la consignación con relación a los períodos posteriores al 03-4-98 (cuya concreta imputación se difirió para la etapa de ejecución de sentencia), paralelamente propicio al acuerdo rechazar la ejecución con respecto a los períodos de expensas reclamados en el juicio ejecutivo posteriores a esa fecha que se encuentren pagos, extremo éste último que también habrá de surgir del procedimiento de imputación a realizarse en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.). Asimismo, propongo mandar a llevar adelante la ejecución contra Roberto Antonio Longo por las expensas devengadas entre el 05-5-95 y el 02-4-98 así como también por aquellos períodos posteriores al 03-4-98 que pudieran surgir impagos luego de llevarse a cabo el procedimiento de imputación antes ordenado, precisándose que por aquellas devengadas antes del 16- 10-98 (fecha de la escrituración) responderá hasta el límite de la cosa; con más los intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días que se computarán desde la mora de cada período de expensas y hasta el efectivo pago (SCBA, L. 118.615 del 11-3- 15, “Zocaro…”; esta Sala, causas n° 60.049 del 22-10-15, “Ortiz”; n° 59.945 del 08-10-15, “Castro..”; n° 60.021 del 10-11-15, “Cotti…”; n° 61.111 del 22- 11-16, “Alcibar…”), aplicable al caso por no haberse demostrado que el Reglamento de Copropiedad contemplara un interés distinto. La determinación concreta de los montos por los cuales progresa y por los cuales se rechaza la ejecución, se realizará en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165, 501, 518, 522, 549 y ccs. del C.P.C.C.). Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve declarar sustancialmente procedente la consignación intentada asignándose efectos cancelatorios a los depósitos dinerarios realizados a la orden de V.S. con relación a los períodos posteriores al 03-4- 98 por el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y Roberto Antonio Longo primero (invocando sus respectivas condiciones de adquirente en subasta y de comprador), y continuados luego sólo por el mencionado Longo, difiriéndose la imputación precisa de cada depósito dado en pago para la etapa de ejecución de sentencia, con audiencia de ambas partes (arts. 757 inc. 1°, 758, 759 760 y ccs. del C.C.; arts. 867, 904 inc. a), 906 inc. a), 907 y ccs. del C.C.C.; doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.).
Rechazar la ejecución con respecto a los períodos de expensas reclamados en el juicio ejecutivo posteriores a esa fecha que se encuentren pagos, extremo éste último que también habrá de surgir del procedimiento de imputación a realizarse en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.); mandar a llevar adelante la ejecución contra Roberto Antonio Longo por las expensas devengadas entre el 05-5-95 y el 02-4-98 así como también por aquellos períodos posteriores al 03-4-98 que pudieran surgir impagos luego de llevarse a cabo el procedimiento de imputación antes ordenado, precisándose que por aquellas devengadas antes del 16-10-98 (fecha de la escrituración) responderá hasta el límite de la cosa (arts. 518, 522, 549 y ccs. del C.P.C.C.); con más los intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días que se computarán desde la mora de cada período de expensas y hasta el efectivo pago (SCBA, L. 118.615 del 11-3-15, “Zocaro…”; esta Sala, causas n° 60.049 del 22-10- 15, “Ortiz”; n° 59.945 del 08-10-15, “Castro..”; n° 60.021 del 10-11-15, “Cotti…”; n° 61.111 del 22-11-16, “Alcibar…”), aplicable al caso por no haberse demostrado que el Reglamento de Copropiedad contemplara un interés distinto.
La determinación concreta de los montos por los cuales progresa y por los cuales se rechaza la ejecución, se realizará en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.). Las costas del juicio de consignación serán soportadas por el Consorcio demandado, sustancialmente vencido en la contienda (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Las costas del juicio ejecutivo estarán a cargo del ejecutado por la parte que se manda llevar adelante la ejecución, y del ejecutante por la parte que se rechaza la misma (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (arts. 31 y 51 del dec-ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Diciembre de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) declarar sustancialmente procedente la consignación intentada asignándose efectos cancelatorios a los depósitos dinerarios realizados a la orden de V.S. con relación a los períodos posteriores al 03-4-98 por el Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y Roberto Antonio Longo primero (invocando sus respectivas condiciones de adquirente en subasta y de comprador), y continuados luego sólo por el mencionado Longo, difiriéndose la imputación precisa de cada depósito dado en pago para la etapa de ejecución de sentencia, con audiencia de ambas partes (arts. 757 inc. 1°, 758, 759 760 y ccs. del C.C.; arts. 867, 904 inc. a), 906 inc. a), 907 y ccs. del C.C.C.; doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.).
2. rechazar la ejecución con respecto a los períodos de expensas reclamados en el juicio ejecutivo posteriores a esa fecha que se encuentren pagos, extremo éste último que también habrá de surgir del procedimiento de imputación a realizarse en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.); mandar a llevar adelante la ejecución contra Roberto Antonio Longo por las expensas devengadas entre el 05-5-95 y el 02-4-98 así como también por aquellos períodos posteriores al 03-4-98 que pudieran surgir impagos luego de llevarse a cabo el procedimiento de imputación antes ordenado, precisándose que por aquellas devengadas antes del 16-10-98 (fecha de la escrituración) responderá hasta el límite de la cosa (arts. 518, 522, 549 y ccs. del C.P.C.C.); con más los intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días que se computarán desde la mora de cada período de expensas y hasta el efectivo pago (SCBA, L. 118.615 del 11-3-15, “Zocaro…”; esta Sala, causas n° 60.049 del 22-10-15, “Ortiz”; n° 59.945 del 08-10-15, “Castro..”; n° 60.021 del 10-11-15, “Cotti…”; n° 61.111 del 22-11-16, “Alcibar…”), aplicable al caso por no haberse demostrado que el Reglamento de Copropiedad contemplara un interés distinto. La determinación concreta de los montos por los cuales progresa y por los cuales se rechaza la ejecución, se realizará en la etapa de ejecución de sentencia (doct. arts. 165 y 501 del C.P.C.C.). 3) Las costas del juicio de consignación serán soportadas por el Consorcio demandado, sustancialmente vencido en la contienda (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); las costas del juicio ejecutivo estarán a cargo del ejecutado por la parte que se manda llevar adelante la ejecución, y del ejecutante por la parte que se rechaza la misma (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 4) Difiérase la regulación de honorarios para la etapa procesal correspondiente (arts. 31 y 51 del dec-ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia