Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca · Causa 148.779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia de fs. 200/204 y se hace lugar a la excepción de inhabilidad de título, rechazando la ejecución promovida. Con costas al ejecutante (art. 556 C.P.C.C.).
Atento a lo dispuesto por el art. 274 del C.P.C.C., teniendo en cuenta la importancia del asunto y mérito de la labor desempeñada en ambas instancias, fíjanse los estipendios del Dr. Guillermo Marcos en OCHENTA Y CINCO MIL pesos y los del Dr. Alejandro Iturbe en SESENTA MIL pesos (arts. 14, 16, 21, 23, 31, 34 y cc. dec. ley 8904). Oportunamente deposítese el adicional de ley. Devuélvase sin más trámite.
No interviene el Señor Juez Dr. Abelardo A. Pilotti por encontrarse en uso de licencia.
(Fdo.: Peralta Mariscal. Diaz Alcaraz. Ante mí: Vera)
Expediente Nro. 148779 Carátula: TOMAS HNOS Y CIA S.A. C/ MATEOS E HIJOS S.H. S/ COBRO EJECUTIVO Número de Orden: 337 Libro de Interloc. Nro.38 Bahía Blanca, 5 de Septiembre de 2017.-
I. Promovió el apoderado de Tomas Hnos. y Cía. S.A. acción ejecutiva "a tenor del título que norma el Artículo 1440 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación" (cobro de saldo de cuenta corriente) contra Mateos e Hijos Sociedad de Hecho y todos sus integrantes, por la suma de $201.162,15 y U$S 23.779,70.
II. A fs. 100/106 los ejecutados negaron la existencia de la cuenta corriente invocada y señalaron que el nuevo ordenamiento no resulta de aplicación al caso, desde que el resumen acompañado se refiere a operaciones anteriores a su entrada en vigencia. A todo evento, cuestionaron la documentación y el domicilio donde se efectuó el reclamo notarial. Resaltaron la improcedencia de la vía ejecutiva y opusieron excepción de inhabilidad de título.
A fs. 187/194 obra la réplica del ejecutante.
III. El magistrado de la instancia anterior a fs. 200/204 rechazó la excepción planteada y mandó a llevar adelante la ejecución. Sostuvo que el título que se ejecuta encuadra en el supuesto previsto por el art. 1440 inc. b del C.C.C.N. y que fueron debidamente cumplidos los recaudos de esa norma. Desestimó los cuestionamientos de los ejecutados respecto al domicilio donde se practicó la diligencia e indicó que los demás planteos deberán tramitar por la vía correspondiente.
IV. Contra esta decisión dedujeron los accionados apelación, fundando su recurso a fs. 306/312.
Critican que el a quo haya aplicado el art. 1440 inc. b del C.C.C.N. sin dar fundamento alguno e ignorando los argumentos que desarrollaron al respecto. Entienden que esta omisión menoscaba su derecho de defensa y acarrea la nulidad del resolutorio. Puntualizan que, según el resumen acompañado, las operaciones habrían sido realizadas desde febrero de 2011 hasta mayo de 2015, dado que con posterioridad solo hay simples débitos por diferencia de cambios o devengamiento de intereses. Asimismo advierten que la propia ejecutante afirma que la fecha de la mora acaeció el 26/5/2015, por lo cual se trata de una situación agotada antes de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento, correspondiendo aplicar el Código de Comercio. Agregan que, aun cuando se pretendiera que el contrato "se encuentra en curso de ejecución", de todas formas sería aplicable el Código derogado, ya que el art. 7 del C.C.C.N. prescribe que las nuevas normas supletorias -entre las que ubican "el plexo normado por los arts. 1430 y ss".- no le son aplicables. Por otro lado, insisten en negar la existencia de la deuda y la celebración del contrato. Entienden que se ha otorgado eficacia a la "informal ficha de cuenta corriente", habiéndose desentendido el a quo de las objeciones que formularon a ese documento y a la "supuesta certificación contable". Citan un antecedente de esta Sala que consideran acorde a esta postura. Concluyen en que del detalle que trae la ejecutante jamás podría extraerse la existencia de una cuenta corriente mercantil en los términos del art. 771 del Código de Comercio; tampoco existe prueba alguna del contrato ni de la declaración de voluntad a la cual aludía el derogado ordenamiento, ni del consentimiento que exige el régimen actual. También cuestionan que se haya desestimado el planteo en torno a las notificaciones, destacando que la intimación notarial fue practicada en un domicilio que no es el "contractual" por lo que, a todo evento, se ha viciado el procedimiento previsto en el nuevo ordenamiento para la formación del título ejecutivo.
Finalmente se quejan del rechazo de la excepción de inhabilidad de título argumentando que a la luz del Código de Comercio, si bien hay quienes afirman que el saldo de cuenta corriente mercantil puede reclamarse ejecutivamente, ello es a condición de que tal contrato exista o haya prueba alguna de su existencia, lo que no sucede en autos. Entienden que tampoco encuadra en el art. 518 del C.P.C.C. ni cumpliría los recaudos del nuevo Código, peticionando que se revoque lo resuelto.
V. La contraria a fs. 314 /321 propicia el rechazo de la apelación. Argumenta que la pieza recursiva no abastece los recaudos del art. 260 del C.P.C.C. por ser "la mera reiteración" de los fundamentos ya brindados. A modo eventual, insiste en que el nuevo ordenamiento es aplicable conforme lo dispuesto en su art. 7, a lo que agrega que los ejecutados consintieron dicha aplicación por no haber efectuado cuestionamientos o impugnaciones a la notificación notarial dentro del plazo legal. También defiende la validez de dicha notificación destacando que en el mismo domicilio se diligenciaron los mandamientos de intimación de pago sin que los hubieran cuestionado. Sostiene que el título se ha conformado correctamente y que el resto de los argumentos de la contraparte exceden el marco de la excepción de inhabilidad de título planteada.
VI. El memorial en estudio abastece los recaudos para abrir esta instancia ya que, si bien los apelantes reiteran varios de los argumentos expuestos al responder la acción, ello obedece a su falta de tratamiento por el a quo.
Consecuentemente, el primer tema a considerar para resolver la cuestión que viene en apelación es si corresponde o no la aplicación del Código Civil y Comercial a las presentes actuaciones. Argumentan los apelantes que debe juzgarse el caso bajo el derogado Código de Comercio, por ser la fecha de la mora anterior a la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento. A modo eventual, sostienen que el art. 1440 del C.C.C.N. es una norma de carácter supletorio, por lo cual -aun de considerarse que el contrato está en "curso de ejecución"- no sería aplicable.
Entiende la ejecutante que los accionados consintieron la aplicación del C.C.C.N. al no haber impugnado la notificación notarial. De todas formas, insiste en que debe aplicarse el nuevo ordenamiento conforme lo dispuesto en su art. 7.
VII. Una vez más corresponde a este Tribunal la delicada tarea de analizar las reglas establecidas con carácter general en el artículo 7 de dicho digesto, que reproduce casi textualmente el artículo 3° del derogado Código Civil en la redacción dada por la Ley 17.711, salvo en lo que se refiere a la aplicación de las normas contractuales supletorias más favorables al consumidor, caso que no es el de autos.
Dispone el mentado artículo séptimo del código de derecho privado actualmente vigente, bajo el título "eficacia temporal", lo siguiente: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.- La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.- Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo."
Es decir que, con la salvedad apuntada, nuestro sistema de derecho transitorio es el mismo desde hace casi cincuenta años. El mentor de la reforma de 1968 -Guillermo Borda- se valió de las enseñanzas del otrora decano de la Universidad de Lyon, Paul Roubier, consagrada en su obra "Le Droit Transitorie". Esta teoría es una adaptación mejorada de la doctrina de los hechos cumplidos, según la cual los "hechos" se juzgan por la ley vigente en el momento de su acaecimiento; y cuando los efectos se prolongan, se considera por ficción que todas las consecuencias ocurrieron al producirse el hecho. De otro modo, se estaría aplicando la nueva ley de manera retroactiva, lo que expresamente proscribió como regla nuestro ordenamiento jurídico desde los orígenes de la República, en principio que a su vez ya tenía antiquísima data y estaba consagrado en el adagio latino tempus regit factum.
El núcleo del pensamiento de Roubier -receptado en el art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación, que a su vez fue tomado del art. 3° del Código Civil en el texto dado por la Ley 17.711- es el efecto inmediato de la nueva ley, lo que se funda en la razonable presunción de que es mejor que la derogada, pues de lo contrario no hubiera sido sancionada. Pero el propio Roubier señala que la regla tiene excepciones, existiendo supuestos de supervivencia de la ley antigua. En nuestro derecho, el caso más contundente está expresamente consagrado en el art. 7° del Código Civil y Comercial: A los contratos en curso de ejecución no se aplican las nuevas leyes supletorias, lo que se fundamenta en que en su momento, por tratarse de normas disponibles, las partes pudieron haber previsto la nueva regla por acuerdo privado, pero no lo hicieron, entendiéndose que reputaron preferible el régimen anterior, que actualmente también podrían adoptar.
El meollo de la cuestión radica en determinar cuándo la ley es retroactiva, y esto será lo que sella la suerte favorable del recurso. Nuestro régimen se apartó de la regla de los "derechos adquiridos" que consagraba el art. 3° del Código de Vélez ("Las leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya adquiridos"). Superando el paradigma de los derechos adquiridos para adoptar la doctrina de los hechos cumplidos con las adaptaciones de Roubier, el sistema actual es este: como el Derecho regula conductas humanas (hechos), en principio no hay conflicto entre leyes sucesivas, pues cada una debe regir los "hechos cumplidos" mientras se encuentran en vigor.
Si los efectos del "hecho cumplido" bajo la ley anterior se prolongan en el tiempo en que ya rige la nueva, son alcanzados por la antigua, pues deben considerarse comprendidos en el "hecho cumplido". Como dice Rivera, "La regla es que los efectos deben considerarse comprendidos en el hecho cumplido, y por lo tanto quedan sometidos a la ley anterior. Pero si se trata de efectos que puedan o no existir como consecuencias del hecho, y que no tienen relación conexa con el hecho, la ley nueva puede sujetarlos a su norma, sin que por ello pueda sostenerse que haya retroactividad, porque tales efectos no tienen la característica del hecho ya existente, esto es, cumplido" (Rivera, Julio César: Instituciones de Derecho Civil, Parte General, 4ª edición, Tomo I, Buenos Aires, LexisNexis Abeledo Perrot, 2007, pág. 241).
No obstante, las nuevas leyes "se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes" (art. 7°, Código Civil y Comercial), por lo que estamos ante un límite muy fino: los hechos cumplidos bajo el amparo de la ley anterior se consideran subsumidos en ella, incluso si prolongan sus efectos, pero las nuevas leyes se aplican a sus consecuencias sin tener efecto retroactivo. ¿Cómo trazar una línea que nos permita "ver" ese límite? ¿Cuáles son las "consecuencias" a las que se aplica la nueva ley? o, con un enfoque más práctico, ¿cómo determinar cuándo a esas consecuencias se aplica la nueva ley, por no ser efectos que deben considerarse comprendidos en el hecho cumplido? Como pauta general se impone, como regla directriz, analizar si la resolución judicial de que se trata es declarativa de derechos nacidos al cumplirse determinados hechos o constitutiva de derechos nuevos que recién existen a partir de la sentencia. Si la sentencia declara derechos nacidos cuando se cumplieron determinados hechos se aplica la ley vigente a la época en que acaecieron; si constituye nuevos derechos que solo están relacionados con hechos anteriores se aplica la ley vigente al momento de la sentencia.
Como dice Kemelmajer de Carlucci "...lo importante no es la distinción entre situación y relación jurídica, porque ambas se rigen por las mismas reglas, sino las fases en las que éstas se encuentran al momento de la entrada de la nueva ley...", destacando que el efecto inmediato es el propio y normal de la ley, o sea que ésta se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; a las existentes, en cuanto no estén agotadas y, también, a las consecuencias "que no hayan operado todavía". La ley toma a la relación ya constituida "en el estado en que se encontraba" al tiempo en que la nueva es sancionada, no implicando ello retroactividad, pues sólo impacta sobre efectos o tramos futuros. Esta autora pone de ejemplo el matrimonio contraído bajo el régimen de indisolubilidad cuando la nueva ley establece la disolubilidad, caso en el cual, dice, "podrá solicitarse el divorcio, aunque el matrimonio se haya celebrado con la vieja ley, porque la nueva ley no afecta tal hecho, el de la constitución, sino la extinción de esa relación, que aún no ha sucedido y por eso está regida por la nueva ley." (Kemelmajer de Carlucci Aída: La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 26 y sig.).
Para arribar a estas conclusiones, la destacada profesora coautora del Código Civil y Comercial se basó en la teoría de Paul Roubier, explicada en la obra "Le droit transitoire" (París, n°37, p. 173, tal como ella menciona en el libro citado), que considera que en toda situación jurídica los aspectos dinámicos son los de creación o constitución y de extinción. Cuando ésta ha concluido o se ha consumido, la nueva ley no puede volver sobre ella (irretroactividad); en tanto que, cuando la situación jurídica tiene efectos posteriores a la entrada en vigencia de la nueva, son alcanzados por ésta en forma inmediata (estas consideraciones han sido receptadas por este Tribunal en las causas "Yacomella", expte. nro. 146.037 del 16/2/2016 y "K., E. c/ B., Á. s/ incidente de cesación de cuota alimentaria", expte. nro. 148.419 del 06/6/2017).
VIII-En el caso en estudio, el resumen de cuenta base de esta acción (copia a fs. 17) consigna una cantidad de operaciones desde el 22/2/2011 al 26/5/2015 (luego hay una serie de asientos referidos a intereses). Es decir que instrumenta un supuesto saldo deudor determinado en una fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, acaecida el 1 de agosto de 2015. Además, el ejecutante fija la fecha de la mora el día 26/5/2015 (fs. 28 del escrito inicial).
Sin embargo, tomando los lineamientos antes expuestos, la generación del certificado de saldo deudor a los fines de ejecutar esa deuda no afecta a la constitución del contrato ni la relación que vinculó a las partes -hecho acaecido bajo el viejo régimen normativo- sino a la extinción de esa relación, consecuencia de la relación jurídica que aún no ha sucedido y por eso está regida por la nueva ley. A esta conclusión se arriba por expresa disposición del art. 7 del C.C.C.N., siendo improcedente sostener -como postula la ejecutante- que los recurrentes hayan "consentido" la aplicación del nuevo ordenamiento por no haber impugnado la notificación notarial, desde que la determinación del régimen jurídico es resorte exclusivo del juez: iura curia novit.
Por otro lado, no empece a esa conclusión, el argumento introducido en subsidio por los apelante, en tanto postula que "el plexo conformado por los arts. 1430 y ss. del CCC, constituye un grupo de normas disponibles". Es que, el nuevo ordenamiento ha regulado en forma precisa y detallada los pasos a seguir para demandar ejecutivamente el saldo deudor de la cuenta corriente, desde que ello hace a la seguridad jurídica; consecuentemente, no se trata de una norma supletoria y disponible para las partes, sino imperativa.
En razón de todo lo expuesto, siendo la generación del título ejecutivo una "consecuencia de las relaciones y situaciones jurídicas existentes" y no tratándose de una norma contractual supletoria, corresponde aplicar a lo que es materia de controversia el Código Civil y Comercial de la Nación y, puntualmente, su art. 1440 inc. b).
IX-Procede, entonces, analizar si la ejecutante ha cumplido con las exigencias de la norma citada para constituir un título ejecutivo hábil.
Al respecto cabe señalar que a fs. 11/14 obra copia del acta notarial de notificación practicada en la calle Juan Taux 125 de la localidad de Espartillar, Partido de Saavedra, donde la escribana actuante fue recibida por una persona que dijo ser conviviente del coejectudado Ariel Mateo. Explicó que los requeridos no estaban presentes y recibió la documentación firmando al dorso de la copia. Asimismo se comprometió a entregarla a los coejecutados de apellido Mateo.
A fs. 17 luce copia del saldo de la cuenta corriente y a fs. 15/16 de la certificación contable, suscripta por la contadora Pública María Eugenia Riopedre, cuya firma fue certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Finalmente, a fs. 19/21 se encuentra glosada copia del acta labrada por la escribana donde consta que no se recibieron impugnaciones.
De ello se desprende que han sido abastecidos todos los pasos exigidos por el art. 1440 inc. b del C.C.C.N. para la configuración del título ejecutivo, sin perjuicio del análisis que posteriormente se efectuará en los términos de los arts. 518, 529 y cc. del C.P.C.C.
X-Corresponde, entonces, pasar a evaluar el agravio referido al domicilio donde fue practicada la notificación notarial. Según copias de los documentos de identidad adjuntados a fs. 95 y ss. sólo uno de los ejecutados (Ariel Mateos) reside en la calle Juan Taux 525 de Espartillar, donde se efectuó la diligencia. Sin perjuicio de ello, al recibir la notificación su conviviente, no realizó consideración alguna al respecto; por el contrario, detalló dónde se encontraba cada uno de los socios en ese momento y se comprometió a entregarles las copias recibidas (fs. 12 vta. y fs.13).
A ello se suma que, promovidas estas actuaciones, los mandamientos de intimación de pago fueron librados a esa misma dirección, habiéndose practicado las diligencias con el coejecutado Antonio Mateo, quien recibió las comunicaciones por sí (fs. 79), en su carácter de "socio" de la "Mateo e Hijos Sociedad de Hecho" (fs. 82) y como "padre" de los restantes coaccionados, Cristian Mateos (fs. 85) y Ariel Mateos (fs. 88). Luego, al presentarse en autos, los propios ejecutados adjuntaron documentación de la sociedad de hecho que integran, de la cual surge que en el tráfico comercial utiliza la referida dirección de Juan Taux 525 (fs. 98 y ss.).
En razón de lo expuesto, el argumento respecto a que no se efectuó la notificación en el domicilio "contractual" configura un exceso ritual manifiesto y va en contra tanto del principio de buena fe como de la teoría de los propios actos, por lo cual no puede ser receptado, ya que no hay duda que pudieron ejercer suficientemente sus derechos a pesar del lugar en que se practicaron las notificaciones.
XI-Llegados a este punto, corresponde analizar las restantes quejas de los recurrentes respecto a la inhabilidad del título que se pretende ejecutar.
Los ejecutados plantean varias objeciones, tanto respecto a la confección de la "ficha de cuenta corriente" como a la certificación contable (fs. 309 y ss. de su expresión de agravios). En este sentido, cabe señalar que parte de las críticas exceden -como determinó el a quo- el acotado margen del proceso ejecutivo.
Sin embargo, cabe coincidir con otras y, de todos modos, no debe olvidarse que: "El examen al que se refiere el apartado primero del art. 529 del C.P.C.C. no reviste carácter definitivo ni genera preclusión alguna, pues debe volver a efectuarse, aunque el ejecutado no hubiese opuesto excepciones, en oportunidad de dictarse la sentencia, cabiendo incluso la posibilidad de que la inhabilidad del título sea declarada de oficio por el tribunal de alzada, con motivo del recurso deducido contra aquélla (v. Palacio, Lino. Derecho Procesal Civil, t. VII, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1994, p. 391 y 424)" (Expte. nro. 145.291 del 7/7/2015, de esta Sala en anterior composición).
Asimismo cabe recordar que la finalidad del juicio ejecutivo consiste en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de un modo particular de comprobación: la existencia de un título que traiga aparejada la ejecución. Por esta razón, el título debe satisfacer ciertos presupuestos y sólo si de sus términos surge con claridad la existencia de una deuda y su exigibilidad, será hábil para proceder ejecutivamente. Dicho de otro modo, el título debe ser autosuficiente, debiendo descartarse aquellos que se muestran dudosos o controvertidos, en cuyo caso se deberá recurrir a un procedimiento de conocimiento pleno, desde que no es factible realizar inferencias o deducciones para establecer la deuda. (conf. art. 518 C.P.C.C.; al respecto, ver: Gozaíni Osvaldo A. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, La Ley, Bs. As., 2003, 1era. ed., t. II, p. 216 y ss.). Teniendo en cuenta este marco normativo, cabe concluir en que la "ficha de cuenta corriente" cuya copia luce a fs. 17 no abastece estos recaudos. En efecto, de su lectura se desprenden una serie de asientos efectuados de modo tan confuso que no permite comprender - ni justificar- la deuda cuyo cobro se persigue.
A modo de ilustrar tales deficiencias, se advierte que, utilizando un mismo comprobante, se han efectuado distintos tipos de asientos que resultan contradictorios entre sí (ej. comprobante 00100309). Asimismo obran asientos periódicos referidos a "intereses", desconociendo toda pauta respecto al mecanismo para su determinación. También se observa la existencia de "notas de débito por diferencia de cambio" cuyos alcances no pueden dilucidarse.
En definitiva, y aún cuando se haya seguido los pasos establecidos por el art. 1440 inc. b del C.C.C.N., la ficha acompañada a los fines de determinar el saldo deudor fue confeccionada de modo dudoso, por lo cual no se autoabastece para lograr su compresión.
Ello así, corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazar el presente cobro ejecutivo (arts. 518, 521, 529 y cc. C.P.C.C.).
POR ELLO:
Se revoca la sentencia de fs. 200/204 y se hace lugar a la excepción de inhabilidad de título, rechazando la ejecución promovida. Con costas al ejecutante (art. 556 C.P.C.C.).
Atento a lo dispuesto por el art. 274 del C.P.C.C., teniendo en cuenta la importancia del asunto y mérito de la labor desempeñada en ambas instancias, fíjanse los estipendios del Dr. Guillermo Marcos en OCHENTA Y CINCO MIL pesos y los del Dr. Alejandro Iturbe en SESENTA MIL pesos (arts. 14, 16, 21, 23, 31, 34 y cc. dec. ley 8904). Oportunamente deposítese el adicional de ley. Devuélvase sin más trámite.
No interviene el Señor Juez Dr. Abelardo A. Pilotti por encontrarse en uso de licencia.
(Fdo.: Peralta Mariscal. Diaz Alcaraz. Ante mí: Vera)
Ante mi:
Fin de la sentencia