Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Campana · Causa 11.582
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAcoger el recurso de apelación interpuesto por el Delegado Fiscal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y en su mérito, se revoca la sentencia recurrida en cuanto a la condena impuesta a la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda a su respecto. Con costas de ambas instancias a la parte actora.
II 1111 11582- SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y
PREIVINCEIniERUEÑÓS AIRES -Popal JUDICIAL En Campana, a los 5 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces que integran la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Zárate-Campana, con el objeto de dictar sentencia en la presente causa n° 11582 "Sucesores de Marcelo Gabriel Maza c/ Hud Alberto Raúl y otros s/ Daños y perjuicios", proveniente del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 Departamental, habiendo resultado del sorteo practicado en la Secretaría del Tribunal que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Henricot - Bentancur, se resolvió plantear y votar las siguientes
Ira.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Henricot diio:
La Señora Jueza actuante dictó sentencia haciendo lugar a la demanda entablada y condenando a Raúl Alberto Hud y a la Provincia de Buenos Aires a abonar a Marcelo Gabriel Maza la suma de $109.930, más intereses, imponiendo las costas a los accionados vencidos.
Apeló el fallo el Delegado Fiscal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y expresó agravios, cuyo traslado no fue respondido. Con lo cual, tras la providencia de "autos para sentencia", la causa se encuentra en condiciones de resolver.
La cuestión traída tiene su origen en un hecho ocurrido el 5 de marzo de 2000, cuando Marcelo Gabriel Maza se encontraba trabajando de mozo en el bufett restaurant del Club Sportivo Escobar, y en el marco de un altercado entre los asistentes al lugar, fue alcanzado por un proyectil de un arma de fuego disparada por Alberto Raúl Hud, quien fue condenado en sede penal por el delito de lesiones culposas.
1 vn 1111 11582- SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y .PROVIT401;15É.BÚENPSMIES PODER JUDICIAL La sentenciante de grado, en virtud de la prejudicialidad del art. 1102 del Código Civil -hoy derogado pero aplicable por ser la normativa vigente al momento del hecho-, condenó a Hud a resarcir los daños y perjuicios sufridos por Meza como consecuencia del hecho. Y la condena alcanzó también a la Provincia de Buenos Aires, invocando el art. 1113 del mismo cuerpo legal, por ser el autor del ilícito personal subalterno del Servicio Penitenciario Provincial y en virtud de los deberes y derechos que como tal le asigna la ley 9578/80 y su decreto reglamentario. Y además, valoró que si bien el arma utilizada estaba registrada a nombre de Hud, la autorización para su portación contaba con la conformidad de la jefatura de dicha dependencia.
Cuadra aclarar, a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que en virtud de lo que establece el art. 7° de dicho cuerpo legal, deberá aplicarse al caso la normativa del Código Civil, hoy derogado, pero vigente al momento del hecho que genera este proceso, incluso a la fecha de la sentencia recurrida.
III. Agravia a la recurrente, en primer lugar, la aplicación al caso de la ley 9578/80 y su decreto reglamentario. Señala que esas normas hacen referencia a las obligaciones del personal penitenciario "en servicio", y en el caso, Hud estaba fuera de servicio y de licencia, vestido de civil y el arma que portaba era de su propiedad, de modo que dichas obligaciones no le son aplicables. Destaca que el caso de los agentes penitenciarios es diferente del caso de los agentes de policía, cuyo régimen establece que "el estado policial es permanente". Menciona además que Hud ni siquiera tenía un arma asignada para el cumplimiento de sus funciones dentro de las unidades carcelarias, ya que el personal no porta armas de fuego, salvo excepciones, en las que se les entrega para la ocasión en el peral y no las sacan del mismo.
Sostiene que la obligación del personal penitenciario de ejercer, con estado y autoridad penitenciaria, en cualquier momento y lugar de la 1 OH 1111 111 1 • 11582- SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y .PliiMINOVÚÉ:spaÑos ÁiRls )DE JUDI .
provincia los actos propios de sus funciones de seguridad para lograr que se cumplan los requisitos exigidos por la ley, no se refiere a la prevención integral de delitos o hechos personales en uso de licencia, y el hecho que motiva este proceso no constituye un "acto propio de sus funciones de seguridad", sino por el contrario, un hecho personal del codemandado Hud. Invoca la idea de la "falta personal", que se refiere a los actos del agente sin relación con la función, que encuentra motivación en sus debilidades, pasiones e imprudencias, que pertenecen al campo de su vida privada. Argumenta que entender que todos los actos ejecutados por un agente del servicio penitenciario guardan relación con la función es incurrir en un absurdo, como admitir que los integrantes de las fuerzas de seguridad nunca cometen las que se denominan "faltas personales", cuando además no hay una norma que así lo establezca.
También critica el recurso los alcances dados por la jueza a-quo a la autorización para la adquisición, tenencia y portación de armas, que concede el Registro Nacional de Armas, previa conformidad con la jefatura del organismo al que pertenezca el solicitante, que se funda en el estudio de los antecedentes personales y profesionales del solicitante. Califica tales alcances de irrazonables y carentes de toda lógica, demostrando el razonamiento absurdo de la sentencia. Indica que la potestad de conceder o no la autorización de portación de armas es del RENAR y que el informe del SPB no es vinculante, sino que es un requisito más que el solicitante debe cumplir y es solo una conformidad para que el personal subalterno pueda ser legítimo usuario de un arma de fuego. Dice que el razonamiento de atribuir responsabilidad por el hecho de participar en el proceso de concesión de una licencia o permiso llevaría a imputar responsabilidad a todos los entes que otorgan una licencia o permiso o autorización por los daños causados por los autorizados.
Además, explica que el proceso para poder portar y usar un arma determinada se completa con la "autorización de adquisición y tenencia para II 11111111 111111II II 11582 -SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y PROVINCIA DE BUENOS AIRCS PODIRWInCIAL legítimos usuarios" que regulan los arts. 54 y 55 del decreto 395/75, previendo como requisito al efecto: "No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de armas de fuego. Cuando existen razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado médico", y ésto es una responsabilidad del RENAR y no del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es decir, sostiene, que no puede imputarse responsabilidad al SPB por el uso de un arma de fuego de propiedad particular de Hud por el hecho de prestar conformidad para su otorgamiento de la calidad de legítimo usuario que es una competencia exclusiva del RENAR. En todo caso, señala, debió acreditarse una "falta de servicio del SPB en la realización del estudio de los antecedentes personales y profesionales de Hud y su vinculación causal con el hecho, pero nada dice sobre ello el actor, como tampoco la sentencia.
IV. Como quedó dicho, la sentenciante atribuye responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires, ante todo, por la condición de Hud de personal subalterno del Servicio Penitenciario Provincial.
Ahora bien, para comprometer la responsabilidad del estado provincial por la actuación de uno de sus dependientes, es preciso que el daño haya sido causado en ejercicio, o por lo menos, con ocasión de sus funciones (arg. art. 43, Cód. Civil). En la especie, ha quedado fuera de discusión que al momento del hecho en cuestión Hud se encontraba de licencia, y por lo tanto, fuera de servicio. No obstante, se infiere que la jueza a-quo entendió que el demandado igualmente actuó en el marco de las funciones comprendidas en su condición de suboficial del Servicio Penitenciario Provincial. En tal sentido, destacó que dentro de los derechos y deberes que el Decreto/Ley 9578/80 y su Decreto Reglamentario 395/75, el personal subalterno podrá hacer uso racional y adecuado de su armamento con fines de prevención, en los casos en que fuera indispensable rechazar una violencia, vencer una 'resistencia, en circunstancias de producirse evasión o su tentativa y en los supuestos del II un 1111 hl 1 11582- SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y PliÓVINCIÁ-15E BÚEÑOS AÍRES PODER JUDICIAL artículo 40 y concordantes (arts. 30 y 31). Asimismo, señaló que la misión de los agentes penitenciarios comprende la realización de funciones de seguridad, defensa social, tratamiento y las demás que por esta ley se asignen al Servicio Penitenciario (art. 38); siendo obligatoria la cooperación del personal del Servicio Penitenciario con la Policía, demás fuerzas de seguridad y con las Fuerzas Armadas (art. 39), debiendo intervenir por hechos ocurridos en jurisdicción de la autoridad policial o de otras fuerzas de seguridad ante la ausencia o insuficiencia de las fuerzas naturales, colaborando en la prevención y represión de delitos, dando aviso oportunamente a la autoridad correspondiente (art. 40); a lo que se aduna entre sus obligaciones, ejercer -con estado y autoridad penitenciaria- en cualquier momento y lugar de la Provincia los actos propios de sus funciones de seguridad, para lograr que se cumplan los requisitos exigidos por la ley. Y advirtió que sus actos serán válidos para todos los efectos sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa que pudiere corresponder (art. 41), entre otras (art. 42).
El recurrente aduce que las normas invocadas por la juez a-quo hacen referencia al personal penitenciario en servicio. Pero, a mi criterio, aún si se reconocieran a los agentes penitenciarios funciones relacionadas con la seguridad fuera de los establecimientos carcelarios y en la prevención y represión integral de delitos, de todos modos no puede decirse que la actuación de Hud en el caso en cuestión lo haya sido en el marco de tales funciones. En efecto, de acuerdo con la descripción del hecho que surge de la demanda y sus contestaciones, y especialmente de la sentencia penal, todo parece indicar que la intervención del demandado lo fue como partícipe de una reyerta entre particulares, derivando en un ilícito propio del ámbito privado, fuera de la órbita de las funciones que como agente penitenciario pudieran alcanzarlo. Es decir, que no se ha demostrado que Hud haya cometido el delito en ejercicio o en ocasión de sus funciones, por más amplitud con que se interpreten las mismas.
11111 11 111 11582 - SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y OTROS SI DAÑOS Y PERJUICIOS
También funda la sentenciante la responsabilidad del estado provincial en la conformidad prestada por la jefatura del Servicio Penitenciario Provincial para la autorización otorgada a Hud para la adquisición, tenencia y portación del arma utilizada para la consumación del hecho dañoso. A mi juicio, tampoco esta circunstancia es suficiente para justificar la responsabilidad estatal. Es que dicha autorización, como indica el recurrente, no es potestad del Servicio Penitenciario Provincial sino del Registro Nacional de Armas, y el carácter de legítimo usuario del personal subalterno de aquél organismo viene reconocido en el decreto 395/75, que regula la materia. Dicha norma sólo exige en el proceso de la autorización que otorga el RENAR la previa conformidad de la jefatura del organismo, fundada en "el estudio de los antecedentes personales y profesionales del peticionante" (art. 53, inc. 3°, dec. cit.). Ciertamente que puede existir negligencia en la jefatura del organismo en el otorgamiento de la conformidad exigida, pero en todo caso se trata de un extremo que debiera ser invocado y probado, así como su vinculación causal con el hecho lesivo, para involucrar la responsabilidad estatal (art. 1112, Cód. Civil). Así entonces, en mi opinión, no hay razones que justifiquen la responsabilidad indirecta atribuida a la Provincia de Buenos Aires, por lo que debe revocarse la condena que le impone la sentencia apelada.
V. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo que se haga lugar al recurso de apelación en tratamiento, revocándose la condena que la sentencia recurrida impone a la Provincia de Buenos Aires, imponiéndose las costas de ambas instancias a la parte actora (art. 68, CPCC).
Así lo voto.
Por compartir los fundamentos expuestos, la Señora Jueza Bentancur votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Henricot dijo:
Habida cuenta del resultado obtenido en el tratamiento de la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
111111111 III III • 11582 - SUCESORES DE MARCELO GABRIEL MAZA C/ HUD ALBERTO RAÚL Y .P0V.DICIÁ 15E:BÜEÑOS ÁIRES .PODEFL JUDICIAL
Acoger el recurso de apelación interpuesto por el Delegado Fiscal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y en su mérito, se revoca la sentencia recurrida en cuanto a la condena impuesta a la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda a su respecto. Con costas de ambas instancias a la parte actora.
Así lo voto.
Por compartir los fundamentos expuestos, la Señora Jueza Karen I. Bentancur vota en el mismo sentido.
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose la siguiente
Campana, 5 de mayo de 2022.-
Vistos;
Que en el Acuerdo precedente se ha dejado debidamente establecido que el recurso de apelación en tratamiento debe prosperar.
Fundamentos y citas legales dados al tratarse la primera cuestión.
Por ello, el Tribunal resuelve:
Acoger el recurso de apelación interpuesto por el Delegado Fiscal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y en su mérito, se revoca la sentencia recurrida en cuanto a la condena impuesta a la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda a su respecto. Con costas de ambas instancias a la parte actora.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-
Fin de la sentencia