Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98345
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar lo decidido a fs. 72/73. Las costas son por su orden atento la forma de decidir (arts. 15 Const. Pcial.; 1, 2, 36, ley 24.240 -según ley 26.361-; 1094 CCyCN; 4, 8, 68, 358 del CPCC).
98345: CREDIL S.R.L. C/ CENTENO, PABLO ADRIAN S/ COBRO EJECUTIVO
Dolores, 12 de marzo de 2020.
I. Llegan los autos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora con fecha 28/10/2019, contra el decisorio de fs. 72/73, a través del cual la titular del Juzgado de Paz Letrado de Chascomús se declara incompetente para entender en los presentes y ordena su archivo en atención al domicilio del ejecutado, por cuanto entiende que se trata de una relación causal de consumo que -como tal- en cuestión de competencia territorial, es subsumida por las disposiciones del art. 36 de la ley 24.240, modificada por la ley 26.361.
El recurso se concede a fs. 75 y es fundamentado el 04/11/2019.
II. Se agravia la actora sosteniendo que la jueza a quo se aparta de las normas procesales al aplicar en esta instancia la ley 24.240, cuando su competencia ya se había abierto en razón del anterior domicilio que se registraba del demandado al momento de interponerse la demanda.
Refiere además que se ha violentado el principio de igualdad de las partes por cuanto se ha suplido la actividad del ejecutado.
Asimismo, expresa que se minimiza el contexto normativo del juicio ejecutivo, con mengua de los principios que lo insuflan, como el de celeridad del trámite.
Menciona por último que el juzgado consintió su propia competencia al ordenar el libramiento del mandamiento de intimación de pago y citación de remate, y cita jurisprudencia al respecto que apoya su postura.
III. Efectivamente, la oportunidad procesal para la revisión oficiosa de la competencia en un juicio ejecutivo es luego de examinarse preliminarmente el título y antes de proveer el trámite disponiendo el libramiento del mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate (arts. 4 y 529 CPCC).
En la especie, en esa oportunidad el domicilio denunciado del ejecutado era en la localidad de Chascomús, por lo que ninguna duda cabía respecto de la competencia del Juzgado de Paz de esa localidad.
Luego de varios intentos fracasados de realizar la intimación de pago, se denunció domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y ante la devolución del mandamiento se ofició a la Cámara Nacional Electoral que informó que el último domicilio del ejecutado era en Cnel. R. Falcón 2974 10° B de C.A.B.A..
Tras ordenar el mandamiento –que por circunstancias varias no pudo diligenciarse- y en un reestudio de las actuaciones, advierte la a quo que el instrumento base de la ejecución refiere prima facie a la existencia de una relación de consumo entre las partes; por lo que considerando operativo el art. 36 LDC y teniendo en cuenta el domicilio del deudor en Capital Federal, se inhibe de continuar entendiendo.
Debe aplicarse la doctrina del Superior Tribunal Pcial. sentada en la causa “Cuevas” (C.109.305, res. del 1-IX-2010), que establece la facultad de los jueces para declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación fehaciente de elementos que hagan a la existencia de una relación de consumo bajo precepto del art. 36 de la ley 24.240.
Es así que al vislumbrarse una relación de consumo subyacente al pagaré de fs. 1, la inhibición de la jueza -aun cuando no se efectuó en la primera oportunidad- no puede ser cuestionada por ello, toda vez que el sistema protectorio de los consumidores y las normas que lo integran, revisten carácter de orden público y gozan de supremacía respecto del art. 4 CPCC (conf. arts. 36 LDC, 1094 CCyCN, 42 CN).
No parece razonable entonces, que se vulnere el derecho del consumidor a litigar ante los tribunales más cercanos a su domicilio por el accionar tardío del órgano jurisdiccional que intervino en primer término.
Así pues y teniendo en cuenta que aún no se ha trabado la litis por cuanto el ejecutado no se encuentra intimado de pago, corresponde hacer efectiva la tutela especial prevista en el estatuto consumeril, disponiendo que en el caso bajo análisis no corresponde cuestionar la oportunidad procesal de la inhibición decretada a fs. 72/73.
IV. En relación a si la relación causal en la que se funda el pagaré se trata o no a priori de una relación de crédito para el consumo, cabe destacar que de la simple lectura del título obrante a fs. 1 se aprecia que fue librado “por igual valor en concepto de prestación de servicios recibidos a entera satisfacción...”.
Tal expresión autoriza a presumir que estamos ante un documento que instrumenta una operación de crédito o financiación para el consumo, por lo que cabe considerar aplicable al caso la norma especial contenida en el art. 36 de la ley 24.240 -según ley 26.361-; sin que sea necesario indagar su causa dado la literalidad del título.
Por aplicación de dicho art. 36 cobra virtualidad el domicilio real del consumidor, el que –como se mencionó- según lo informado por la Cámara Nacional Electoral radica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v, fs.57), por ende deviene competente la Justicia de esa jurisdicción (v, causa de este Tribunal n° 94.878; SCBA C.109.305, res. del 1-IX-2010), correspondiendo entonces el archivo de las presentes actuaciones en tanto la remisión no es posible por tratarse de jurisdicción fuera de la Provincia.
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar lo decidido a fs. 72/73. Las costas son por su orden atento la forma de decidir (arts. 15 Const. Pcial.; 1, 2, 36, ley 24.240 -según ley 26.361-; 1094 CCyCN; 4, 8, 68, 358 del CPCC).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2020 10:39:12 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 12/03/2020 10:58:22 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 12/03/2020 11:10:38 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia