Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto el resolutorio apelado en tanto la cuestión allí debatida resultaba abstracta por efecto de la caducidad de la medida cautelar en cuestión; con costas en el orden causado atento la forma de decidirse la cuestión debatida en ambas instancias (arts. 68, 195, 207 y concs. del CPCC). En cuanto a las apelaciones respecto de los honorarios regulados en autos, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los Dres. Martino, Debaerdemacker, Lamacchia y Fontana; reducir los regulados a favor de los Dres. Fernando Carzolio y Gregorio Recondo, los que se fijan en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500), para cada uno; confirmar la efectuada a favor de la Dra. Franco y el Dr. Manganiello (arg. arts. 1, 14, 15, 16 y concs. Dec. 8904/77); con más el 10% de dicha cantidad (art. 12, ley 6716 t.o.); y elevar la regulación de honorarios del perito tasador, martillero Esteban Adrián Corrales, a la suma de pesos CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000) (conf. art. 58, 2do. párr., Ley 10.973, t.o. ley 14.085), con más el 10% (conf. art. 71, ley 14085) y el IVA si correspondiere.
1 93630: NASIF SILVIA MARGARITA C/ NASIF JUAN JOSE Y OTRA S/ MEDIDAS CAUTELARES
Dolores, de agosto de 2014.-
I. Vienen las actuaciones a conocimiento de este Tribunal, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 1437 y vta., respecto de la resolución de fs. 1432 y vta., por la cual el sentenciante de grado hace lugar al levantamiento del embargo decretado sobre la caja de seguridad perteneciente al demandado –hoy sus sucesores-, con fundamento en que en momento alguno se solicitó medida cautelar sobre ninguna caja de seguridad, ni títulos valores.
La crítica de la recurrente –v, fs. 1439/1440 y vta.- se sustenta, en principio, en que se ha resuelto la cuestión por una causa distinta a la esgrimida al solicitarse el levantamiento de la cautelar –v, fs. 1417 y vta.-. Agrega, en contraposición a lo sostenido por el iudex, que dicha medida sí ha sido ordenada en autos, señalando las fojas donde surgen las constancias que le darían la razón.
En segundo lugar se agravia de la imposición de costas a su cargo por la incidencia planteada.
La recurrida de su lado, al contestar tales agravios, en principio, solicita a este Tribunal que declare la deserción del recurso de apelación interpuesto por no constituir una crítica concreta y razonada de la decisión cuestionada, en los términos del art. 260 del CPCC.
Subsidiariamente, contesta las quejas solicitando su desestimación y la confirmatoria de la decisión que por las mismas se cuestiona.
Así planteadas las cuestiones traídas a consideración de este Tribunal de Alzada, corresponde dar respuesta a las mismas.
II. En primer lugar corresponde atender al requerimiento del letrado apoderado de la parte demandada –Dr. Fontana- al contestar los agravios, sobre el pedido de deserción de la fundamentación de los agravios por no cumplir con la carga que impone el art. 260 del citado digesto (SCBA, Ac. C. 85.339, “Menéndez”, sent. 19-09-07), ya que en caso de prosperar la pretensión cerrará el embate recursivo (SCBA, Ac. C. 92.588, “López”, sent. 31-10-07). La expresión de agravios en estudio –fs.
1439/1440 y vta.-, muestra una actividad del apelante que resulta suficiente a fin de argumentar su posición por revertir el decisorio recurrido en tanto se sustenta en las constancias de la causa; esa acción procesal hace que cumpla con la manda del legislador, pues constituye una critica razonada y lógica de la sentencia apelada, razón que la exime de la sanción de deserción pretendida.
En síntesis, la pieza procesal ha superado el examen de suficiencia toda vez que ha sido meritado con un criterio amplio de apreciación. (CC0202 LP 97 133 RSD-244-2 S 26-9-2002; MORELLO, Augusto Mario, Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso, v. I, pág. 175 a 180; art. 260 CPCC).
III. Resalta la recurrente que oportunamente se solicitó y se ordenó la traba de embargo preventivo sobre los bienes del demandado –fs. 320, 321-, entre ellos sobre las cajas de seguridad que se encontraban a su nombre, por lo que el argumento del sentenciante en referencia a que nunca se ordenó el embargo de las referidas cajas de seguridad, resulta incorrecto. Analizadas las quejas, si bien se aprecia que la razón le asistiría –aunque parcialmente- a la recurrente, lo cierto es que la solución que debe darse a la cuestión difiere pues como se verá operada la caducidad de las cautelares la cuestión deviene abstracta.
En principio cabe señalar que la caducidad de las medidas cautelares opera de pleno derecho, por el solo transcurso del término, pudiendo disponerla el juez de oficio, aún sin necesidad de petición de parte (arg. art. 207, CPCC).
La importancia de dicho instituto reside en la necesidad de evitar que una de las partes pueda presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional en violación al principio de igualdad. Y en tal sendero, el transcurso del tiempo puede considerarse como un valioso indicador de la falta de interés o derecho de su solicitante, por lo que en tal contexto se debe evitar se mantenga indefinidamente una medida cautelar.
Cabe agregar que la referida norma en su último párrafo establece un principio general, que se entiende resulta aplicable a toda medida cautelar cuyo plazo no se encuentre específicamente regulado.
En tal sendero, de lo actuado surge que a fs. 320 el Dr. Martino solicitó, con sustento en el art 212, inc. 3° del CPCC., se decrete el embargo sobre “a) los fondos que posean los demandados, en cuenta corriente y/o caja de ahorro y/o caja de seguridad y/o cuenta de valores al cobro y/o cuenta títulos y/o depósitos a plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Dolores” (en iguales términos se solicitó respecto de la sucursal existente en Gral. Conesa y en el Banco de la Nación Argentina).
A fs. 321 se decretó embargo sobre los fondos que poseía la demandada en los bancos referenciados, suficientes para asegurar el cobro de su acreencia, más intereses y costas.
A fs. 323 se agregó copia del oficio dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Dolores, comunicándole la traba de embargo sobre los fondos pertenecientes a la demandada en los términos que fuera solicitado a fs. 320; vale decir con expresa mención de la caja de seguridad.
Ahora bien, a fs. 1456 la referida entidad informó que existe una caja de seguridad a nombre de los demandados y que sobre la misma se trabó embargo el 22/08/2006.
De tal informe se desprende que la medida se hizo efectiva en fecha 22/08/2006 mediante debida toma de razón por la entidad bancaria, y tal acto –en los términos que emplea el art. 207 del Cód. Procesal-, determina el momento a partir del cual comienza a correr el término de caducidad (conf. Causa de esta Alzada n° 85215, Sent. del 20-4-2007).
De lo expuesto se aprecia que en la actualidad la cautelar en cuestión –embargo de caja de seguridadha caducado ipso iure por lo que no es posible tratar en esta Alzada la cuestión del levantamiento o no de la cautelar cuando aquella ha fenecido por caducidad de lo que resulta que se trata de una cuestión abstracta. En cuanto al agravio referente a las costas que la decisión cuestionada impone a la parte recurrente, conforme los argumentos dados y la solución propuesta, las mismas deben establecerse en el orden causado, en ambas instancias (art. 68, CPCC).
IV. Por último, en atención a los recursos de apelación incoados respecto de los honorarios regulados a los distintos profesionales intervinientes en autos obrante en la decisión de fs. 1374 y vta., encontrándose debidamente notificados –fs. 1388/1391, 1397/1398 y 1411/1412-, habiéndose dispuesto la elevación de los autos a esta Tribunal para la consideración de aquellos intentos apelatorios –v, fs. 1415-, por economía procesal corresponde considerar los argumentos dados por los recurrentes.
En tal sendero, en principio, se advierte que la razón le asiste a los Dres. Martino, Debaerdemacker –fs. 1384 y vta.- y Fontana –fs. 1399-. Ello por cuanto, tal como sostienen, el iudex aquo ha efectuado una regulación única respecto de las tareas desarrolladas por dichos profesionales en autos y por las distintas incidencias resueltas, siendo que, al existir en estas últimas distintas imposiciones de costas, debieron ser valoradas en forma independiente, tal como específicamente fuera solicitado. Asimismo, también se advierte la omisión señalada por el Dr. Fontana en cuanto no se tuvo en cuenta la incidencia resuelta a fs. 918/919.
En su razón, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los Dres. Martino, Debaerdemacker, Lamacchia y Fontana, debiéndose proceder en la forma indicada y salvarse la omisión respecto de los honorarios de éste último en referencia a la incidencia señalada.
En relación a los honorarios regulados a favor de los Dres. Fernando Carzolio y Gregorio Recondo, advirtiéndose que las mismas violentan el orden público que impone el Decreto 8904/77, ya que con los montos asignados se desvirtúa el principio de proporcionalidad que debe valorarse conforme la labor desarrollada por los profesionales beneficiarios (art. 16, ley cit.), en tanto respecto de los mismos, no corresponde valorar la base regulatoria fijada en autos; en su razón, resultando elevadas las regulaciones de honorarios de los citados profesionales en atención a su actuación en autos, corresponde deducirlas a la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para cada uno de ellos (arg. arts. 14, 15, 16 y concs. Dec. 8904/77); con más el 10% de dicha cantidad (art. 12, ley 6716 t.o.).
Respecto de los fijados a favor de la Dra. Franco y del Dr. Manganiello, atento las pautas fijadas precedentemente, considerando que los mismos se ajustan a derecho, corresponde confirmarlos en las sumas de pesos NOVECIENTOS DIECISEIS ($ 916), respectivamente, (arg. arts. 1 4, 15, 16 y concs. Dec. 8904/77); con más el 10 % de dicha cantidad (art. 12, ley 6716 t.o.). Por último, en cuanto a la apelación contra la regulación de honorarios efectuada a fs. 1376 a favor del martillero Esteban Adrián Corrales, asistiéndole la razón en los fundamentos que expone a fs. 1402/1406, corresponde elevar la misma a la suma de pesos CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000) (conf. art. 58, 2do. párr., Ley 10.973, t.o. ley 14.085), con más el 10% (conf. art. 71, ley 14085) y el IVA si correspondiere.
V. Por los argumentos expuestos este Tribunal Resuelve: Dejar sin efecto el resolutorio apelado en tanto la cuestión allí debatida resultaba abstracta por efecto de la caducidad de la medida cautelar en cuestión; con costas en el orden causado atento la forma de decidirse la cuestión debatida en ambas instancias (arts. 68, 195, 207 y concs. del CPCC). En cuanto a las apelaciones respecto de los honorarios regulados en autos, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los Dres. Martino, Debaerdemacker, Lamacchia y Fontana; reducir los regulados a favor de los Dres. Fernando Carzolio y Gregorio Recondo, los que se fijan en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500), para cada uno; confirmar la efectuada a favor de la Dra. Franco y el Dr. Manganiello (arg. arts. 1, 14, 15, 16 y concs. Dec. 8904/77); con más el 10% de dicha cantidad (art. 12, ley 6716 t.o.); y elevar la regulación de honorarios del perito tasador, martillero Esteban Adrián Corrales, a la suma de pesos CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000) (conf. art. 58, 2do. párr., Ley 10.973, t.o. ley 14.085), con más el 10% (conf. art. 71, ley 14085) y el IVA si correspondiere.
Regístrese y devuélvase.-
MARIA R. DABADIE SILVANA REGINA CANALE GASTON FERNANDEZ ABOGADO - SECRETARIO
Fin de la sentencia