Abriendo la norma
Cámara Civil, Comercial y de Familia Sala I de la Matanza
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Revocar la resolución de fs. 73/74 en todo aquello que ha sido materia de agravios (arts. 43 C.N, 20 C. Prov., ley 13.928 modificada por la ley 14.192), debiendo el presente proceso continuar según su estado, poniendo a consideración del Tribunal de la instancia liminar el planteo nulitivo esgrimido ante esta Alzada (arg. art. 272 y ccdtes del CPCC) , 3º) SIN COSTAS de Alzada atento a la forma en que se resuelve (art, 25 ley 13.928 y su modificatoria, art. 68 segundo párrafo del CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL CORSO CLAUDIA MARCELA C/ SANATORIO DE LA TRINIDAD RAMOS MEJIA Y OTRO/A S/ AMPARO.
CAUSA NRO. 5578/1 TRIBUNAL DE TRABAJO NRO. 3 RSD N°: 22 /19 FOLIO N°: 192
En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 1 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Primera de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, del Departamento Judicial La Matanza, Doctores Ramón Domingo Posca y Héctor Roberto Pérez Catella para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: "CORSO CLAUDIA MARCELA C/ SANATORIO DE LA TRINIDAD RAMOS MEJIA Y OTRO/A S/ AMPARO”, Causa nº 5578/1, y habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debería ser observado el siguiente orden de votación: DR. POSCA - DR. PÉREZ CATELLA, (se deja constancia que el Dr. Taraborrelli no se encuentra presente en el presente sorteo - art. 1 Acuerdo 3270); resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Resulta justa la resolución apelada?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMÓN
DOMINGO POSCA, dijo:
Que vienen estos autos a esta Alzada en virtud de la presentación impetrada por la parte actora a fs. 77/80vta. (INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN - EXPRESA AGRAVIOS - NULIDAD)
Que en sus fundamentos, comenzando su discrepancia en forma generalizada contra la resolución del 14/2/2019 a través de la cual el Tribunal de Trabajo N° 3 Deptal da por desistida la acción de amparo impetrada, como primer planteo, considera que resulta procedente la nulidad de las "...presentaciones del 27/12/2018, (contesta demanda) 6/2/2019 (contesta art. 29), notificaciones del 6/2/2019, audiencia del 3/2/2019, despacho del 13/2/2019, sentencia interlocutoria de 14/2/2019 y notificaciones del 14/2/2019..." ello, según refiere, por la falta de acreditación de matrícula del letrado actuante para ejercer su profesión en la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires como así también por la debida constitución de domicilio procesal en cumplimiento con el art. 41 del CPCC.
Asimismo, alzándose contra la resolución de fecha 14/2/2019, infiere que siendo ésta, consecuencia de la providencia de fs. 70/70vta a través de la cual, se ha fijado audiencia para el día 13/2/2019 "...bajo apercibimiento de multa en caso de incomparecencia injustificada..." su incongruencia resulta palmaria.
Ahora bien, como primera medida y en virtud del planteo nulitivo de la amparista respecto de los actos procesales realizados desde la contestación de la demanda por parte de Galeno S.A., tal circunstancia no ha sido puesta a consideración del Tribunal de grado. Su incorporación en la misma pieza que respalda los agravios esgrimidos impide la intervención de este Tribunal, no solo atento a lo receptado en el art. 272 del CPCC a través del cual se señala que "El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia..." sino también en virtud de salvaguardar el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y la doble instancia (arg. art. 18 de la Constitución Nacional, art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Sin perjuicio de ello y atento a la naturaleza de lo planteado y su posible incidencia en el desarrollo del proceso, la vigencia del planteo expuesto requiere que se confiere al Tribunal de grado.
Dicho ello, en cuanto a la resolución puesta en crisis a través de la cual se ha tenido por desistida de la acción de amparo a la parte actora con su consecuente archivo e imposición de costas, surge la necesidad de valorar el caso traído a estudio ante esta Alzada tomando en consideración lo particular de la temática planteada, máxime cuando se encuentra en juego el derecho a la salud, que por sus características de raigambre constitucional merece un tratamiento acorde a su esencia. (Derecho Constitucional Transnacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 3, 25, 1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I, XI; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, arts. 5°, 1, 19), todos los cuales tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Constitución Nacional).
Tal consideración hace que la jurisdicción valore las diferentes actos precesales teniendo en cuenta la naturaleza y el carácter tuitivo de un proceso como el presente sin desvirtuar los principios constitucionales fundamentales del derecho de defensa en juicio y debido proceso (arg. art. 18 de la Constitución Nacional, art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
En el caso, no puede soslayarse que la resolución apelada ha tenido como antecedente la audiencia fijada a fs. 70/70vta en uso de las facultades inherentes del art. 11 de la Ley 13928 (t.o. ley 14192) pero bajo apercibimiento de multa en caso de incomparecencia injustificada.
Por ello, sin perjuicio de lo receptado por la normativa cuando le da al sentenciante la potestad de tener por desistida de la acción a la parte actora frente a la incomparecencia de la misma a la audiencia fijada donde se invita a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución del conflicto (art. 11, inc 1°) de la ley 13928), en el caso dichos recaudos han sido desvirtuados por la redacción no tan clara de la resolución apelada, la cual ha establecido un apercibimiento de una naturaleza diferente a la sanción receptada por la normativa.
Por ello, y aún sin perjuicio de valorarse que la parte actora ha tenido tiempo suficiente como para hacer saber al Tribunal de la instancia liminar la imposibilidad de su comparecencia (7 días de su notificación - ver nota de fs. 74vta), en virtud de lo precedentemente expresado y las pruebas arrimadas a fs. 75/76, este Tribunal entienda que no puede tenerse por desistida a la actora de la presente acción cuando los presupuestos planteados por el propio Sr. Juez de grado interviniente han reglado la conducta procesal que debían seguir las partes.
En el orden nacional, la doctrina ha señalado: “Él dispositivo sólo ha generado críticas por su excesivo rigor. De allí que, como modo de atemperarlo, se haya propuesto apreciar con prudencia los fundamentos de inasistencia con justa causa, situación que aunque silenciada por la ley 16.986 aparece como meritable frente al desistimiento que consagra”. (MORELLO, Augusto M. y VALLEFIN, Carlos A. “El amparo”, Régimen procesal, Cuarta Edición, Librería Editora Platense, La Plata 2000, págs. 126/127). La autorizada doctrina cita a autores de talla para compulsar el criterio expuesto. (SAGÜES, Néstor Pedro, Ley de amparo, p. 423; LAZZARINI, José Luís, “El juicio de amparo”, 2ª edición, Buenos Aires, La Ley, 1988, p. 337 y RIVAS, Adolfo Armando, “El amparo”, Buenos Aires, Larrocca, pág. 293).
MORELLO y VALLEFÍN sostienen: “Y aunque la norma se refiere al desistimiento del proceso y la contienda puede ser reeditada, habida cuenta del término de caducidad establecido para accionar (art. 2° inciso e ley nacional; art. 6° Buenos Aires) puede generar la frustración definitiva del remedio del amparo, desde que, por su propia naturaleza, aquél no tolera interrupciones”. (Obra citada, pág. 129).
Otro argumento para flexibilizar el rigorismo de la disposición legal, según los autores citados: “La segunda parte del artículo 10, en flagrante violación al principio de igualdad, establece que “…si fuere el accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor si la hubiere, y pasarán los autos para dictar sentencia”. La inasistencia del accionado, entonces, sólo conduce a darle por perdido el derecho a producir su prueba”. (Obra citada, pág. 129).
RIVAS, con énfasis critica la rigurosidad del artículo 10 de la ley 16.986 (de similar tenor al art. 11 de la ley 13928 “Afirmamos en las ediciones anteriores: “El art. 10 de ese ordenamiento mereció serias y fundadas criticas de parte de Sagües, y consagra una solución que tomada al pie de la letra es realmente inaceptable y contraria a la Constitución nacional”.
“Desde ya que tal solución tiene dos aspectos: a)
incomparencia del actor: desistimiento del juicio con costas; b) ídem del demandad: pérdida del derecho a producir prueba…”
“Realmente creemos que la letra legal que comentamos consagra una incongruencia y carece del requisito de racionalidad que debe acompañar al orden jurídico para adecuarlo a la Ley Suprema”.
“La prueba está ya ofrecida, la demanda fundada, el desistimiento no se presume (art. 306, CPCN) y toda solución de caducidad o pérdida de derecho es de interpretación restrictiva, de manera que no hay razón alguna para un artículo con semejante contenido. Veáse la incongruencia de la norma: si hay audiencia, la presencia física de la actora es necesaria para salvar la instancia; sin embargo no es imprescindible que se designe audiencia para poderse llegar al fallo, ya que es factible utilizar otros medios probatorios no receptables en ese tipo de oportunidad, o bien prescindir de prueba por resolverse la cuestión como de puro derecho. De tal manera, en lo referente a la actora el art. 10 solo es aplicable si se quiere hacer uso de prueba receptable en la audiencia” (RIVAS, Adolfo Armando: “El amparo”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2003, pág. 533).
Entiendo que en el contexto del caso es factible fijar una nueva audiencia. RIVAS, con cita de PALACIO, afirma: “Palacio dice con acierto que de todas maneras la incomparencia puede ser justificada posibilitándose una segunda convocatoria” (RIVAS, obra citada, pág. 534).
Comparto el criterio de RIVAS: “La vigencia del proceso constitucional expedito lleva a confirmar nuestra idea de la improcedencia de considerar desistido al actor por su incomparencia, con lo cual encontramos otro motivo como para considerar derogada la ley 16.986; agregamos que si como lo sostenemos, ese decaimiento únicamente hace al proceso de amparo, la solución normativa también puede afectar a la demandada, la cual puede tener interés en que se llegue a sentencia para que su obrar quede limpio, por lo menos a los fines amparísticos o quizás en definitiva” (RIVAS, obra citada, pág. 535).
Reitero, en el caso concreto, el Sr. Juez de grado, sin distinguir entre las partes, convoca a audiencia bajo apercibimiento, en caso de incomparencia, de imponer multa. Entiendo que cabe inferir, sin perjuicio de la interpretación ulterior en la resolución apelada, que el Tribunal al disponer de una apercibimiento distinto al previsto en la ley, sin discriminar entre actor y demandado, ha incurrido en un error material que no puede perjudicar al apelante, considerándose la vigencia de criterios flexibles sobre este aspecto del proceso de amparo.
Con mayor razón se advierte esta incongruencia en el caso concreto puesto que si bien tardíamente se ha justificado la inasistencia del actor a la audiencia, lo cierto es que además tampoco ha comparecido la accionada, de modo que en este contexto particular y con mayor razón cuando el Tribunal ha equivocado el apercibimiento, corresponde flexibilizar el rigorismo de la ley a los efectos de no perjudicar la tutela de los derechos que se debaten en un proceso constitucional.
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos motivos, el Dr. Pérez Catella adhiere a los fundamentos y también vota POR LA NEGATIVA.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: 1º)
REVOCAR la resolución de fs. 73/74 en todo aquello que ha sido materia de agravios (arts. 43 C.N, 20 C. Prov., ley 13.928 modificada por la ley 14.192), debiendo el presente proceso continuar según su estado, poniendo a consideración del Tribunal de la instancia liminar el planteo nulitivo esgrimido ante esta Alzada (arg. art. 272 y ccdtes del CPCC) , 3º) SIN COSTAS de Alzada atento a la forma en que se resuelve (art, 25 ley 13.928 y su modificatoria, art. 68 segundo párrafo del CPCC). REGISTRESE.
DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia