Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 34
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la atribución de responsabilidad y el rechazo de la declinación de cobertura 2) En relación a los daños reclamados: a) modificar respecto del reclamo de Mabel Graciela Vespasiano el importe de la indemnización por valor vida que se fija en la suma de $ 355.376 a la fecha de la sentencia de primera instancia; b) confirmar la valuación del daño moral para ella y su litisconsorte Edgardo O. Vespasiano, aunque con la modificación por aporte causal de la omisión de la víctima al 50% reduciéndola a la suma de $ 88.800 para cada uno de ellos a la fecha del hecho; c) modificar la indemnizaciones para el menor Naim Aaron Vespasiano fijando el valor vida en la suma de $ 279.417 y el daño moral en la de $ 325.000; ambos importes a la fecha de la sentencia de primera instancia; d) confirmar el rechazo del daño psíquico y tratamiento psicológico futuro reclamado por Natalia Pamela Criche e) confirmar el importe fijado a favor de Natalia Pamela Criche de $ 1.350 por daño emergente por la sentencia apelada a la fecha del hecho f) modificar los importes por incapacidad sobreviniente y daño moral correspondientes a la actora Natalia Pamela Criche, los que se fijan en la suma de $ 11.000 y de $ 20.000 respectivamente a la fecha de la sentencia de primera instancia.
3En materia de intereses, modificar los fijados para las sumas que materia de recurso se cuantificaron a la fecha de la sentencia de primera instancia, a las que se aplicará la tasa de interés puro del 6% anual …
Fórmula Polinómica – Daños y perjuicios - Fallecimiento Copete: La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín modificó las indemnizaciones fijadas a raíz del fallecimiento de un joven de 22 años de edad.
Sumario:
Valor vida / daños y perjuicios “Si bien el nuevo código no impone en este caso la utilización de una fórmula matemática financiera para estimar la compensación del daño como lo hace en materia de incapacidad, constituye un elemento útil a seguir también para cuantificar el perjuicio producido por la pérdida de la vida humana. En la fórmula que se transcribe "C" expresa el capital a determinar. La variable "a" está dada por la extracción periódica de esa ayuda, la variable "n" representa el número de períodos por el que se hacen retiros hasta el límite de años computables de contribución y la variable "i" la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado, decimalizada” VOTO DR. GUARDIOLA (SD).-
Expte. n°: 34-2006 SALGADO MIRTA MABEL C/ CORREA ROBERTO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)
------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 105 Libro de Sentencia nº: 60 En la ciudad de Junín, a los 4 días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº 34-2006 caratulada: "SALGADO MIRTA MABEL C/ CORREA ROBERTO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva, Subrayado Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva Con formato: Fuente: Sin Cursiva, Subrayado Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva Con formato: Fuente: Sin Cursiva Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm, Interlineado: sencillo Con formato: Fuente: Sin Negrita AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
I. En la sentencia única dictada en los exptes. nros. 34/2006, 3901/2006 y 3959/2006 que obra a fs. 488/498vta. del primero, la Sra. Jueza Dra. Panizza, hizo lugar a las demandas que respectivamente entablaron Nain Aaron Vespasiano, Edgardo Oscar Vespasiano-Mabel Graciela Sanchez y Natalia Pamela Criche contra Roberto Javier Correa y Nelly Marta La Preciozo de Correa, condenándolos al pago de las indemnizaciones que fija a valores determinados a la época del accidente (21/11/2004), adicionando intereses desde ese momento hasta el efectivo pago a la tasa pasiva en depósitos a 30 días que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en su modalidad BIP. Hace extensiva las condenas a Liderar Compañía General de Seguros SA, rechazando la defensa de suspensión de cobertura. Impone las costas a los demandados y la citada en garantía, difiriendo la regulación de honorarios profesionales.
El pronunciamiento está referido a un accidente de tránsito ocurrido en el acceso Hipólito Yrigoyen a la ciudad de Chacabuco y calle 14 de Julio, protagonizado por la Minibus Mercedes Benz de los demandados y la motocicleta Yamaha conducida por Facundo Eduardo Vespasiano en la que iba como acompañante la actora Criche, del cual resultó el fallecimiento del primero y lesiones a la segunda.
Apelaron todas las partes (ver fs. 458 expte. 3901/2006, fs. 399 y 417 expte. 3959/2006 y fs. 503 expte. 34/2006)
En sus expresiones de agravios * 1) el Dr. Monaldi en representación de los demandados cuestiona la responsabilidad atribuida, sosteniendo que no está probado que la combi haya intentado un giro en U (afirma que estaba detenida), que la motocicleta iba a elevada velocidad, sin luces de noche (ello en base a las pericias mecánicas y los testimonios de Criche y Flavio García), siendo el vehículo embistente. Por ello se interrumpió el nexo causal y la demanda debe ser rechazada. En subsidio reprocha la tasa de interés dispuesta, entendiendo que hasta la sentencia debe ser del 6% anual (presentación electrónica del 21/12/2018); * 2) la Dra. Pellegrin como apoderada de la aseguradora critica a) el rechazo de suspensión de cobertura por falta de pago.
Afirma que de sus registros no surge el pago correspondiente a la cuota del mes de noviembre. Se interroga a que se correspondería el pago abonado el 23/11 abonado después del siniestro. Descarta que el Sr. Sabanes haya actuado como agente institorio, b) en subsidio la determinación de la responsabilidad total de Correa en la causación del siniestro. Pone de resalto que la víctima fue el agente embistente y que, contrariamente a lo dicho en la sentencia, sin dudas la falta de luces de la moto de noche al impedir su visualización por parte del conductor demandado genera ruptura del nexo causal, c) la valoración en materia de daños, señalando que la falta de casco ha sido el factor determinante de su fallecimiento y en el caso de la Srta.
Criche única causa de la afección estética en rostro, por lo que solicita la disminución de los importes fijados. También se disconforma del cálculo hecho para el niño Nain quien vivía con su abuela materna mientras la víctima lo hacía con sus padres. Respecto del daño moral, además de pedir la reducción de las sumas, señala que conforme el art. 1078 del CCivil aquí aplicable y que se refiere a herederos forzosos como legitimados los padres han sido desplazados por el hijo del fallecido (presentación de fecha 31/1/2019); * 3) el Dr. Sassone por la actora Criche desaprueba a) el 40% por contribución concausal por no utilización del casco reglamentario, que lleva a la sentenciante el porcentaje de incapacidad establecido pericialmente en un 14,5% al 4% por lo que imputó solamente un 0,5% de incapacidad por las lesiones en la cara, b) que no se hayan cuantificado a valores actuales el daño emergente, la incapacidad sobreviniente y el daño moral, estimando exiguas las sumas fijadas, c) el rechazo del daño a la salud por secuelas psíquicas y no haberse admitido gastos futuros para su tratamiento y d) en materia de intereses que no se haya aplicado la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs.
As en sus depósitos a 30 días ( fs. 518/525vta.); * 4) la Srta Arce en representación de su hijo el menor Nain, solicita el incremento de a) lo fijado por valor vida ($120.000 a la fecha del hecho), considerando la misma exigua en función del salario que como empleado de la industria indumentaria percibiría el padre que estima en $23.500 a la fecha del memorial, considerando además que los ingresos tanto en relación de dependencia como en el caso de los autónomos tienden a incrementarse teniendo en cuenta la edad de la víctima (20 años a su fallecimiento) y que debe adicionarse un 10% por valor de actividades productivas no estrictamente laborales y 2) la suma establecida por daño moral ($ 150.000 a la fecha del hecho).
Considera también excesiva en relación a ambas su reducción al 40% por ausencia de casco cuando el fallecimiento no se debió a ello (ver fs. 515/6) y * 5) el Dr. Trotta por los coactores Vespasiano y Sanchez, padres del fallecido, desaprueba la disminución de responsabilidad por falta de casco considerando exagerada también la misma cuando el perito médico expresó "no es posible predecir cuestiones hipotéticas sobre la supervivencia de un accidente de tránsito con politraumatismos". Asimismo cuestiona que se haya reducido la indemnización por valor vida para la madre en función de lo que efectivamente aportaba su hijo conviviente.
Ejercieron sus derecho a réplica los Dres. Trotta (presentaciones de 18/2/2019 y 6/3/2019); Pelegrin (presentación del 2272/2019), la Sra. Arce (a fs. 539 y 540/1) y el Dr. Sassone (fs. 530/533 y 534/537vta.), resistiendo las impugnaciones que formularon las contrarias. El Dr. Sassone pidió además la deserción de los recursos de los demandados y la citada en garantía. Los demandados no contestaron el traslado respectivo ( ver fs. 529).
Tomó intervención el Sr. Asesor de Incapaces, evacuando la vista conferida a través de la presentación del 27/3/2019 (art. 103 CCyCN). Firme el llamado de autos para sentencia de fs.544, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)
II. En esa tarea, en primer lugar señalo que no advierto los defectos que la parte actora en expte. 3959/2006 (Srta. Criche) achaca a la fundamentación de los recursos interpuestos por los demandados y la aseguradora, que obste a su tratamiento independientemente de la suerte de ellos; por lo que cabe desestimar el pedido de deserción efectuado (art. 260 del CPCC).
Dicho esto, paso a considerar las distintas críticas no sin antes recordar que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.). Para mayor claridad expositiva y siguiendo un orden lógico lo hago como sigue:
Encuadrado normativamente el hecho en forma correcta bajo el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo del art. 1113 del Código Civil anterior, innecesario resulta sobreabundar en que demostrada la participación activa de esa cosa, la carga de la prueba de los factores que fracturen total o parcialmente el nexo causal operando como eximentes está a cargo del dueño o guardián que pretenda liberarse.
Se trate de un giro a la izquierda o en U (que sólo difieren por la amplitud de la curva; v. Carlos Tabasso Fundamentos del Tránsito To1 p.
226) , haya estado o no la combi en el momento que fue impactada por la motocicleta transitoriamente detenida o en movimiento (aunque vale señalar que esto último fue razonablemente concluido por el perito Ing. Diaz a fs. 181 vta. expte 34/2006 por la posición final), desplazándose ambos rodados por el Acceso en el mismo sentido, es la fase inicial de la operación de cambio de dirección o de frente la que abrió el nexo causal al interponerse en la trayectoria del zaguero, posicionándose en forma perpendicular al mismo (como lo revela la localización de los daños en la parte de adelante del lateral izquierdo de la combi), sin que se haya acreditado el cumplimiento de los recaudos previos que una conducción prudente exige (art. 53 de la ley 11430 por entonces vigente), en la forma y con la antelación necesaria como para evitar ser colisionado.
Precisamente por esto es que la calidad de embistente mecánico de la motocicleta pierde en la especie toda virtualidad para desvirtuar la imputación fáctica y jurídica del hecho al obrar voluntario del conductor de la minibus, en la medida que no ha demostrado que Vespasiano estuviese en condiciones de detenerse o esquivarla en forma indemne.
Relacionado con ello está que la elevada velocidad atribuida a la motocicleta no fue comprobada por la vía procesalmente idónea en tanto el perito mecánico Diaz expresó "no existen elementos necesarios para su determinación. Fundamentalmente no se han registrado las posiciones finales de la moto y sus tripulantes. Tampoco se aportaron fotografías de la motocicleta, que permitan evaluar sus deformaciones mecánicas" (fs. 182 expte 34/2006). A igual conclusión arribó el perito Degli Esposti en expte 3959/2006 en sus informes de fs. 258 y 263vta. ("no se pueden establecer sus velocidades..."), con lo que no quedó superada la indeterminación también referida en la IPP (fs. 75/6 de la causa en fotocopias acollarada). No alcanza para reputar antirreglamentario el desplazamiento anterior del biciclo las contradictorias declaraciones en este sentido de Criche: a fs. 19 vta. de la IPP "a una velocidad moderada" y a fs. 51vta de la misma causa "más o menos rápido", ni tampoco la del testigo ofertado por la demandada Flavio L. García obrante a fs. 407vta. del expte 34/2006 al decir que "venía bastante ligero".
Para finalizar, el otro fundamento esgrimido tampoco se revela como conducente para torcer la suerte de la responsabilidad única y exclusiva determinada en cabeza de la titular y conductor de la combi. Si bien es cierto que la autoiluminación es un factor importante en lo que hace al principio de ostensibilidad en el tránsito, particularmente durante la nocturnidad, y que conforme especificaciones de la motocicleta agregadas a fs. 46 expte 34/2006 y 122 del expte. 3901/2006 e informe de fs. 27 de IPP puede afirmarse que la misma carecía de luces, considero en función de la planimetría de fs. 39 en cuanto detalla el alumbrado y la pericia accidentológica de fs. 76 que da cuenta que "la visibilidad al momento en que se produjera el hecho era normal" (ambas piezas de la IPP), que el factor exógeno en una vía importante de acceso a la ciudad determina que aquella carencia no sea óbice para ser advertida a través de los espejos retrovisores. Máxime de haberse ubicado correctamente y con la antelación suficiente sobre el eje medio de la calzada para la maniobra que intentaba, con la brecha espacial necesaria para los que circulan por detrás o a la izquierda, precauciones éstas indispensables y especialmente exigibles a un conductor profesional como es Correa (art. 902 del CCivil).
Respecto de la ausencia de casco en el fallecido conductor de la motocicleta y su acompañante, no constituye un elemento causal que deba analizarse para la producción del hecho, sino tal como lo hizo la sentenciante de grado en función de su adecuación en relación a los resultados dañosos. (SCBA Ac 61908 S 15/07/1997; C 111721 S 30/09/2014 )
Por lo hasta aquí dicho, esta parcela del pronunciamiento debe confirmarse, desestimándose los agravios que en este sentido formulan los demandados y la aseguradora.
Señaló la Jueza, sobre la base de las pericias contables de Bentorino y Saenz, que de los registros de la aseguradora figuran 12 pagos, asentándose dos pagos en el mes de octubre de 2004 -los días 4 y 26- sin especificarse su correcta imputación, y que los dos últimos fueron registrados como efectuados con fecha 23/11 y 10/12, sin que se haya asentado que se cobraron en mora. Apunta también que quien figuraba como productor en la Compañía Sr. Sabanés ha declarado estar autorizado a recibir los pagos y que cobró la cuota correspondiente a la póliza. Está plenamente acreditado que el Sr. Alberto Juan Sabanés se desempeñaba como productor de Liderar Compañía Gral. de Seguros SA. En su declaración testimonial ( ver fs. 406yvta. expte 34/2006) el mismo manifestó estar autorizado para recibir cobros de los premios y para girar quincenalmente a la compañía. También que la póliza a la fecha del accidente estaba paga.
Tal circunstancia se ve corroborada con el recibo n° 110173 (ver una copia a fs. 133 expte 3901/ 2006), con la leyenda "Recibo Oficial. Este es el único que reconocerá la compañia" y membrete de aquella de fecha 1 de noviembre de 2004 por el importe de $112, 16 que reza "vigencia del 14/11/04 al 14/12/04"
Ese importe coincide con la cobranza registrada el 23 de noviembre (ver Anexo II Pericia contable fs. 287vta expte 3901/2006), con lo que doy respuesta al interrogante que formula la apoderada de la aseguradora. Ello comprueba válidamente un pago efectuado por el demandado a un productor de seguros vinculado a la citada en garantía.
Al respecto, es útil recordar que la Ley 22.400 enuncia entre las funciones de los productores asesores -directos u organizadores- la de cobrar las primas con o sin autorización expresa de la entidad aseguradora (arts. 10 inc. 1º ap. f y g; inc. 2º ap. c).
La diferencia estriba, con relevancia en lo que al pago se refiere, en la consideración de su actuación como mandatario de la aseguradora o del tomador. Sin embargo, sobre el punto debe tenerse en cuenta que no resulta fácil para el tomador conocer y acreditar esa autorización, puesto que resulta ajeno a la relación existente entre una y otro. Entonces, resultan relevantes las exteriorizaciones de conductas recíprocas que hagan presumirla (conf. Héctor M. Soto, "Intermediarios en el contrato de seguro. Régimen Jurídico de los productores asesores", págs. 80/82).
En esta línea, vale remarcar que la relación diaria del productor asesor con las partes del seguro desdibuja su figura legal, haciéndolo aparecer como agente institorio -que reviste el carácter de mandatario del asegurador con facultades para contratar seguros- o como factor del asegurador. Esto es así porque su tarea de intermediación da lugar esta función aparente, que además es propiciada por la entidad aseguradora para captar la clientela y las primas que obtiene a través del productor.
Ante esta situación, resultan aplicables las normas que regulan los efectos del mandato aparente. Recurriendo a la noción de la apariencia, se protege la seguridad jurídica y la buena fe de quien -empleando la debida diligencia- creyó razonablemente que contrataba con quien tenía representación. Amén de ello, también se concreta el criterio legal de protección al consumidor (arts. 1.198 C.Civil y 4 Ley 24.240). (Conf. Ruben S. Stiglitz, "Derecho de Seguros", Tº I, págs. 308/309 y Gustavo R. Meilij, "Manual de Seguros", págs. 76/77).
En este caso, en mi opinión, están verificadas las circunstancias que tornan razonable la creencia del demandado acerca de que el productor asesor de seguros Sabanés contaba con autorización de Liderar Compañia Gral. de Seguros SA para el cobro de las primas, por lo que el recibo mencionado le es plenamente oponible .
Arribo a esta conclusión, valorando además de los términos en que fuera confeccionado, las fotografías fs. 19 y 20 expte 34/2006, que la citada en garantía no desvirtuó que el Sr. Sabanés contara con la autorización que el mismo refirió y que en los asientos no se registro suspensión/rehabilitación de cobertura ni existe una imputación detallada de los pagos a las cuotas respectivas.
En síntesis, coincido en tener por acreditado un pago válidamente efectuado por los demandados, en fecha anterior a la del accidente, evento que se produjo dentro del período de vigencia iniciado en la fecha de pago (Anexo de la cláusula cobranza de premio, resol. 21600 de S.S.N.). Y existiendo cobertura al momento de la producción del siniestro, propongo al acuerdo el rechazo de la apelación en tratamiento, manteniendo la extensión de la condena a la aseguradora citada en garantía (arts. 725, 1198 C.C. de Vélez, 7 del nuevo C.C. y C. ; 1, 2, 3, 4 Ley 24.240; 53, 109, 110, 118 Ley 17.418 y 10 Ley 22.400).
1. En la sentencia que llega en revisión, la Sra. Jueza ha cuantificado los distintos daños a la fecha del hecho, tal como expresamente lo consigna, estableciendo como lógica consecuencia una tasa de interés moratorio acorde a tal circunstancia, ya que su cálculo está íntimamente vinculado, particularmente por la incidencia del fenómeno inflacionario (variación extrínseca), a la fecha en que se traducen dinerariamente los distintos rubros (conforme implícitamente fuera reconocido por el plenario de la Cámara Nacional en lo Civil del 20/4/2009 recaído en los autos " Samudio de Martinez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ Daños y Perjuicios" punto 4 y el Superior Provincial en los precedentes "Vera" C 120.536 del 18/04/18, y "Nidera" C. 121.134, del 3/05/18)
Como es sabido, se han sostenido posiciones encontradas en cuanto al momento en que deben ser convertidos monetariamente. Así se ha dicho que corresponde sean cuantificados a la fecha del hecho en que se produjeron los daños vg. Alejandra Abrevaya ("El daño y su cuantificación judicial" p. 385) o al de la sentencia o la más cercana al pago, en este caso con matizaciones vinculadas a los daños definidos y los convertibles vgr. Eduardo Zannoni ("El daño en la responsabilidad civil" Astrea 2a edición p. 264/5) y especialmente Matilde Zavala de Gonzalez ("Resarcimiento de daños" To. 4 p. 484 y ss). El art. 772 del nuevo Código ha fijado una pauta general para las obligaciones de valor, que con cierta amplitud de acuerdo a las circunstancias establece para su conversión en dineraria que "el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda".
El criterio que adoptó la juzgadora, teniendo en cuenta que el accidente ocurrió casi quince (15) años atrás, plantea -en un país con una economía altamente inflacionaria- enormes dificultades para apreciar la corrección de sus cálculos, de modo que la indemnización fijada en cada caso sea justa y plena, sin distorsiones en perjuicio de una u otra parte, por la mencionada depreciación de la moneda aún con la corrección parcial que se logre por vía de la tasa de interés.
En razón de ello, en tanto la actora Criche solicita cuantificación a valores actuales, la representante legal del menor Naim fundamenta su agravio en función de ingresos actuales del fallecido, la parte demandada solicita la aplicación de intereses conforme criterio de valoración actualizada y la apoderada de la aseguradora cuestiona por elevados los importes de los daños referenciados y toda vez que en relación al reclamo de los actores en expte 3901/2006 el tratamiento de su impugnación, aunque los perjuicios sean personales, debe correlacionarse en lo que hace a la capacidad contributiva de su hijo con lo que se fije para su nieto, he de proceder a cuantificar los distintos items resarcitorios a la fecha de la sentencia de primera instancia (3 de septiembre de 2018), respetando el principio de congruencia y sin incurrir en reformatio in pejus.
2. También dentro de estas consideraciones generales corresponde abordar la incidencia de la ausencia de casco del fallecido y su acompañante, desde lo causal respecto de los daños por los que accionan las víctimas.
En el caso de Vespasiano, contrariamente a lo sostenido por los actores de exptes. 34/2006 y 3901/2006, la lectura atenta de la pericia médica de fs. 302/3 del primero, demuestra que de haber portado ese implemento no hubiera sufrido la lesión cerebral, o la misma hubiera tenido una entidad menor, con significativas probabilidades de supervivencia. En efecto, dijo el Dr. Vergara: " la lesión fundamental y más grave se localizó en el cabeza (T.E.C grave)", "las causales de la muerte de Facundo Edgardo Vespasiano, pueden considerarse producidas verosímilmente, guardando relación directa causa-efecto con un T.E.C. grave" agregando en relación al politraumatismo que "el traumatismo cerrado simultáneo, con neumotórax bilateral, no ha sido ni es una causal de muerte segura e inevitable, pues posee tratamiento de drenaje quirúrgico"
Ello así "en tanto surge acreditado que el deceso de la víctima del accidente acaeció por la lesión encéfalo craneana sufrida al caer de la moto, la ausencia de protección de esa extremidad por la falta de uso de casco, tiene una incidencia causal incontrastable en la producción del daño, ya que de haberlo portado no habrían existido aquellas lesiones, o hubieran tenido una intensidad menor. De allí la absurdidad de la decisión que priva de toda relevancia causal a la falta de utilización del casco por parte de la víctima (art. 289 inc. 1 del C.P.C.C.)." (SCBA C 111721 S 30/09/2014 Juez Hitters (OP) )
Mal puede entonces admitirse la impugnación de sus padres. Es más, partiendo de las conclusiones médicas, entiendo que la relevancia lesiva de la omisión de uso de casco en su deceso es superior a la establecida por la "a quo". Es que "frente a la imposibilidad de predecir cuestiones hipotéticas" a que también hizo alusión el experto, como concausa de la entidad mencionada resulta razonable según el curso normal de los sucesos (art. 901 del CCivil) asignarle igual proporción causal que las lesiones secundarias. Por ello y receptando parcialmente el agravio de la aseguradora, he de disminuir en un 50% la totalidad de los rubros cuestionados (art. 1111 del CCivil)
En relación a la actora Criche, la ausencia de elemento protector de la cabeza es incluso mayor respecto de la lesión en cara y secuela de la misma (cicatriz en pliegue de la ceja), razón por la que tomaré un porcentaje del 70% atribuible a dicha carencia, en lo que hace a la consecuencias en las distintas esferas que estén directamente a ellas relacionadas.
3. Prosigo, ahora sí, con el análisis de los distintos perjuicios cuestionados, en particular.
A) POR FALLECIMIENTO DE FACUNDO EDUARDO VESPASIANO
* Valor vida: Por el rubro comúnmente así llamado, fijó la Sra. Jueza la suma total (sin descontar la proporción de incidencia causal del hecho del fallecido) las sumas de $ 200.000 en favor de su hijo menor Naim Aaron y de $ 60.000 en beneficio de su madre Mabel Graciela Sanchez, sumas que reitero fueron calculadas al momento del hecho.
Computó para ello edad del occiso (22 años), la del menor (un año ) y la de la madre (43 años), al momento del hecho; el salario que percibía Facundo Eduardo (que al mes de abril de 2004 era de $571,58), el SMVM a ese año de $450; que convivía con su madre, y que su hijo se encontraba bajo la tutela de la abuela materna. En relación a Naim no se precisa con exactitud si la asistencia se extiende hasta sus 21 años o hasta los 25 años (ver fs. 494 tercer párrafo y vta. segundo párrafo).
Lo que se llama elípticamente "valor vida" no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (conf. CSJN Fallos 316:912; 317:728; 317:1006 y 317:1921; 322:1393; 324:1253; 325:1277. Ver asimismo, causas V.523.XXXVI, in re "Valle ", sent. de 10-IV- 2003; F.286.XXXIII, in re "Ferrari de Grand ", sent. de 24-VIII-2006; Fallos 329:4944, entre otras)
El código derogado (arts. 1079, 1084 y 1085) aplicable al sub lite (art. 7 CCyCN) y el nuevo ordenamiento (art. 1745) coinciden en lo sustancial sobre el alcance y legitimación activa (los que están alcanzados por una presunción ius tantum que los diferencia de aquellos damnificados indirectos que deben acreditar el perjuicio económico) para reclamar el resarcimiento por la supresión de la vida humana. En ambos, ésta no tiene valor material intrínseco en sí misma, sino que el daño consiste en las privaciones económicas configurativas de un lucro cesante en sentido amplio (ver Zavala de Gonzalez Matilde "Perjuicios económicos por muerte" Ed. Astrea To. 1 n° 45). Obviamente los montos resarcitorios serán diferentes para cada damnificado atendiendo a la índole de la vinculación con el fallecido y las situaciones vivenciales de cada uno de ellos en relación a las del propio occiso, debiéndose tener en cuenta que aquí no se computa la integral productividad de la víctima sino las contribuciones (de contenido económico aunque no necesariamente monetarias) de las que efectivamente pudieron verse privados, es decir de las prestaciones correspondientes a alimentos, colaboración o apoyo, que a raíz del deceso anticipado se han visto frustradas como beneficios de asistencia cesantes o como chance de recibir su ayuda.
Esa ayuda futura que los accionantes podían jurídica y/o lógicamente esperar de Facundo, como dije no se ciñe exclusivamente a lo dinerario, sino que tal colaboración podría haberse configurado a través de la colaboración material mediante atenciones cotidianas, como reparaciones domésticas, la atención en enfermedades, o la realización de compras o trámites por ellos. Si bien el nuevo código no impone en este caso la utilización de una fórmula matemática financiera para estimar la compensación del daño como lo hace en materia de incapacidad (Pascual Alferillo en el Código Civil y Comercial de Ed. Astrea del que es codirector con Garrido Cordobera y A. Borda To. 2 p. 1071), constituye un elemento útil a seguir también para cuantificar el perjuicio producido por la pérdida de la vida humana (Jorge M.
Galdós "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Dir. Ricardo L. Lorenzetti Ed. Rubinzal Culzoni To. VIII p. 522), aconsejable incluso cuando se produjo bajo el imperio del ordenamiento anterior, en la medida que la multiplicidad y variación de factores relevantes no obsta su sistematización y el margen para el arbitrio prudente del magistrado en su fijación nunca opera en el vacío, sino que cuenta con bases objetivas, por lo que en última instancia aunque no se muestren siempre se efectúan cálculos matemáticos (Zavala de Gonzalez obra citada To. 2 Cap. XIV). De lo que fundamentalmente se trata, como insistentemente viene pregonando Hugo A. Aciarri ("Elementos de análisis económico del derecho de daños" Ed.
La Ley 2015 Cap. VIII en especial p. 260 y ss), es que los pasos que llevaron a la conclusión puedan ser conocidos y analizados por las partes (art. 3 CCyCN), a través de una fórmula que evite también una renta perpetua, es decir que el capital que se entrega por anticipado quede extinguido con sus rentas potenciales al terminar el período indemnizatorio. En otras palabras, encontrar un capital para cada uno de los reclamantes tal que invertido a una tasa de interés pura constante (aunque su porcentaje varía según país -riesgo y rentabilidad según su economía)- y el distinto criterio de los autores y tribunales -con oscilación entre el 3% y el 8% -este tribunal considera apropiado establecerlo en un 6% anual que era el predominante jurisprudencialmente en los años de baja inflación por el sistema de convertibilidad monetaria) permita extraer, en períodos regulares un monto igual a las contribuciones de contenido económico que dejan de percibir cada damnificado indirecto, a causa de su muerte.
El capital así determinado se agotará transcurrido el número de períodos que se estime como relevante ("Fórmulas Empleadas por la Jurisprudencia Argentina Para Cuantificar Indemnizaciones por Incapacidades y Muertes" por Hugo A. Acciarri y Matías Irigoyen Testa, ap. II.2, en La Ley Online 2009 y RCyS 2011-III, 3).
En la fórmula que se transcribe "C" expresa el capital a determinar. La variable "a" está dada por la extracción periódica de esa ayuda, la variable "n" representa el número de períodos por el que se hacen retiros hasta el límite de años computables de contribución y la variable "i" la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado, decimalizada. lo que se formularía del siguiente modo:
"C= a. (1+i)n-1 i.(1+i)n"
Para la aplicación de este tipo de fórmulas, es necesaria la determinación de los siguientes datos:
*El período durante el cual los accionantes hubieran razonablemente podido continuar recibiendo el apoyo económico del fallecido.
En el caso de la madre 37 años, ya que al cumplimiento de ese lapso habría alcanzado una edad aproximada a la de la expectativa de vida de las mujeres en la Argentina (ver informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en https://www.paho.org/salud en las américas).
Respecto al hijo, como regla general se extiende hasta los 21 años (art. 658 CCyCN). Por ello el cómputo de acuerdo a la fórmula polinómica, teniendo en cuenta que tenía un año al fallecimiento, lo efectuaré por el plazo de 20 años (conf. Cam. Apel. en lo Civil y Com. Azul Sala II "O.F., R. por sí y en rep. de sus hijos menores de edad y otros c. Aseguradora Federal Argentina SA y otros s/ daños y perj. autom. c/les. o muerte (exc.estado)" 21/02/2017 Cita Online: AR/JUR/24819/2017). Ahora bien como este tribunal ha valorado también para casos similares, al margen de la situación prevista por el art. 663 CCyCN que extiende el deber de los progenitores otros cuatro años, lo cierto es que en la realidad actual es frecuente que la ayuda a los hijos en términos monetarios se prolongue, a lo que cabe agregar todas las colaboraciones de contenido patrimonial en que incluso por mucho más tiempo lo beneficiará. En base a ello al resultado que arroje el cálculo le adicionaré un 20% por esta pérdida de chance de ayuda adicional * La estimación del ingreso anual, en los distintos períodos de ayuda cuya chance se ve frustrada, que razonablemente hubiera percibido Facundo por la realización de actividades productivas o económicamente valorables, en caso de no haber muerto tan anticipadamente.
Para determinar este dato, debemos tener en cuenta que al fallecimiento con 22 años ya era medio oficial en la industria del vestido y afines, siendo el sueldo básico por mes correspondiente a esa categoría al momento de la sentencia de primera instancia de $ 11.268 (CCT 746/17) y el de un oficial calificado $ 13.623. Hago referencia a este último ingreso porque es dable suponer que una persona que a los 22 años ya ingresó al mercado laboral, pueda ir escalando posiciones. En base a ello calculo un ingreso promedio anual incluyendo SAC de $162.500 * El porcentaje de esos ingresos que podría haber destinado el occiso al auxilio económico de cada uno de los progenitores y a su hijo. Es importante remarcar que para obtener este guarismo, no debe computarse la totalidad de aquellos, sino únicamente la porción que podría destinar a esa colaboración, ya que una parte no solo la destinaría a la satisfacción de sus propias necesidades sino de la obligación parental respecto de Naim y también posiblemente del núcleo familiar primario (pareja y otros descendientes) que podría llegar a conformar. Cuando se trata de valorar "chances" (en lo que siempre concurre un elemento de incertidumbre o conjetural) corresponde también aquilatar otras probabilidades. El estado civil del hijo - soltero- en cuanto a la expectativa de una colaboración no puede ser computado aisladamente sino también en función de su edad y el momento en que se centran fundamentalmente aquellas según el estadio de la vida que transitan aportante y beneficiarios (Zavala de Gonzalez Matilde idem To. 2b p. 273).
La víctima, al momento del accidente convivía con su madre. En este caso, por el período probable de continuación de la convivencia, que estimo prudencialmente hasta los 30 años del hijo - o sea 8 años- resulta razonable establecer que el mismo afectaría una parte importante de ingresos y tareas productivas para colaborar con el sostén del hogar. En la demanda (ver fs. 68vta.) se indica que contribuía con una suma equivalente al 35%, porcentaje que parece razonable. También lo es que a partir de allí, en forma concomitante con las necesidades de su propio desarrollo personal, durante la vida productiva de su madre (14 años desde los 51años de la madre y 30 años de Facundo hasta los 65 años de la primera y 44 años del fallecido) se limitarán los aportes al 8%, no habiéndose demostrado la existencia de otros familiares que permita hacer pensar en una ayuda compartida y teniendo en cuenta que aunque sea por medio del denominado "valor sombra" la colaboración normalmente está presente hacia los progenitores. Y en la última etapa (15 años de los 66 a los 80 años de la madre y 45 a 60 años de Facundo) la misma se incremente al 15 %.
Respecto al hijo menor, tomando en consideración que el débito alimentario pesa sobre ambos progenitores, que se encontraba bajo la tutela materna y la cuota que eventualmente se le hubiera fijado, entiendo razonable fijar un porcentaje del 25% de los ingresos.
De lo que llevo dicho, tenemos entonces aplicando la formulafórmula polinómica indicada, por privación o pérdida de chance de ayuda futura 1) para la madre como aportes (totales) por el primer período $353.182; para el segundo $120.835 y para el tercero $236.736, lo que arroja una suma de $ 710.753, que en razón del porcentaje de contribución causal del 50% queda reducido a $ 355.376 a valores de la fecha de la sentencia de primera instancia, y 2) para el hijo adicionando a la cantidad de $ 465.695 que arroja el cálculo el 20% adicional que antes justifiqué de $ 93.139, que le corresponde un total de 558.834, que por el débito causal del 50% queda establecido en $ 279.417, a la fecha de la sentencia de primera instancia. *Daño moral: Se fijaron $ 166.000 aproximadamente para cada progenitor y $ 250.000 para el hijo (como sumas totales sin el débito por contribución causal, a la fecha del hecho) por este rubro.
En primer lugar cabe señalar que el art. 1078 del Código derogado cuando respecto a los legitimados activos habilitados para reclamar el resarcimiento del padecimiento moral, hacía referencia a herederos forzosos empleaba una locución, que la doctrina y jurisprudencia ampliamente mayoritaria le asignó una interpretación amplia comprensiva de todos aquéllos que actual o eventualmente revistan tal carácter (conf. Ac. 82.356, sent. de 1-IV-2004. V. asimismo: C.S.J.N., causas F.279.XXII, in re, "Frida A. Gómez Orue de Gaete y ot. c/Pcia. de Bs. As.", sent. de 9-XII-1993; B.201.XXIII, in re "Bustamante c/Pcia. de Bs. As." sent. de 10-XII-1996; B.142.XXIII, in re, "Badín c/Pcia. de Bs. As.", sent. de 7-VIII-1997; F.115.XXIX in re "Fabro c/Río Negro, Pcia.", sent. de 9-XI-2000), por lo que la existencia de un hijo que desplaza sucesoriamente a los progenitores en nada afecta la procedencia del este daño.
Este daño que tratándose del fallecimiento de un padre a una edad tan temprana de ambos y de un hijo, que además convivía con uno de ellos, es in re ipsa y no requiere de mayores explicaciones sobre su magnitud. Aunque siempre es difícil traducir y justificar el monto que se asigne, aun bajo el criterio de "satisfacciones sustitutiva y compensatorias" a que se refiere el art. 1741 del CCyCN, ya que ninguna suma en estos casos cumple el cometido de repararlo; no existiendo en principio razones para diferenciar entre el vínculo ascendente o descendente, en una relación afectiva y parental de los grados mencionados .
Teniendo en cuenta que una suma acorde a los perjuicios extrapatrimoniales que el fallecimiento provoca a los padres e hijo es la de $ 650.000 para cada uno de ellos a la fecha del pronunciamiento recurrido, cotejando el criterio del tribunal para casos análogos, he de proponer la elevación a dicho importe la indemnización establecida para el menor Naim Aaron, que reducida en un 50% por interrupción del nexo causal queda en la de $ 325.000 a ese momento.
En el caso de los padres, existiendo únicamente recursos para su reducción y considerando que el importe que se estima procedente es superior con el 6% anual a la cantidad otorgada en la sentencia a la época del hecho con más los intereses fijados hasta ese momento, se confirma la suma global por el rubro - aunque por el aumento del 40% al 50% de aporte del hecho de la víctima quede establecido en $ 88.800- conforme criterios de valuación e intereses de la sentencia de grado.
B) POR LESIONES DE LA SRTA. CRICHE
* Rechazo del daño a la salud por secuelas psíquicas y no haberse admitido gastos futuros para su tratamiento.
El ataque a la desestimación de estos invocados perjuicios no puede prosperar.
En primer lugar respecto al daño psíquico "conviene advertir que no toda alteración anímica a consecuencia del hecho constituye una lesión síquica en sentido propio. Esta constituye una enfermedad (más o menos estable o bien transitoria o accidental)...El daño síquico es un concepto de la naturaleza, propio de la ciencia médica, que constituye la fuente de un concepto jurídico: el daño indemnizable" (Zavala de Gonzalez Matilde Resarcimiento de daños Hammurabi To. 2A p. 214/5) "Los perjuicios indemnizables por daño psíquico tienen sustanciales diferencias respecto del daño moral, las que van desde su origen (en un caso de tipo patológico y en el otro no), hasta la entidad del mal sufrido (material uno, inmaterial el otro), con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal en materia probatoria (el daño psíquico requiere de pruebas extrínsecas en tanto el daño moral se prueba en principio in re ipsa)." (SCBA C 88114 S 24/08/2011; L 87342 S 20/06/2007; AC 69476 S 09/05/2001). De la evaluación que de la actora hizo la Psicóloga Zerillo resulta que "En Natalia Pamela Criche no se detecta un cuadro psicopatológico específico y claro como consecuencia directa del accidente de autos que incida exclusivamente por el mismo en su estructura psíquica y su vida de relación...Al no encontrarse signos ni síntomas de un cuadro psicopatológico como consecuencia directa del hecho de la causa se señala la ausencia de estimación del grado de incapacidad. De acuerdo a lo obtenido clinicamenteclínicamente no surgen indicadores suficientes para la realización de tratamiento psicológico como consecuencia directa del accidente de autos" ( ver informe de fs. 229/230vta. expte. 3959/2006) En consecuencia "Toda vez que la pericia no comprueba ningún cuadro de incapacidad psíquica de carácter permanente, irreversible o perpetuo en el reclamante relacionado en el evento dañoso de autos, como así tampoco la necesidad de realización de tratamiento alguno, es que los rubros en examen no pueden prosperar -arts.499, 1068 y 1113, C.Civil y 375 y 384, CPCC- (CC0001 QL 15399 88/14 S 22/09/2014 Juba B2905735)
Ello sin perjuicio de que el impacto y desequilibrio emocional, la angustia y el temor residual a raíz del hecho sean factores a computar para la cuantificación del daño moral.
*Daño emergente. Se fijó en la sentencia la suma de $ 1.350 (descontando un 40% por la ausencia de casco respecto de la suma total de $ 2.250) a la fecha del hecho. Sólo existe recurso de la actora peticionado su incremento, ya que el de la aseguradora que fuera resuelto en el punto 2 de este apartado solo se vincula a la contribución causal por la falta de casco respecto de la lesión y secuela estética en rostro de la misma; no pudiendo hacerse extensivo el mayor porcentaje decidido a erogaciones de asistencia médica vinculadas a un politraumatismo que excedía esa localización ( v. HC de fs. 238/246 expte 3959/2006)
Teniendo en consideración ello y toda vez que su atención fue en un nosocomio público con internación de 3 días, la suma que actualmente fijaría con más el 6% de interés desde el hecho hasta la sentencia de primera instancia sería inferior a la dispuesta con más los intereses fijados en igual período, he de proponer la confirmación de su determinación tal como viene resuelta.
*Incapacidad sobreviniente. Se fijó $ 10.500 al momento del hecho, atendiendo a las lesiones estéticas.
La lesión estética no constituye un tercer generogénero de daños (además del patrimonial y el moral) por lo que la alteración desfavorable a la normalidad debe ser resarcida a título de daño patrimonial o moral, según repercuta económicamente o espiritualmente en un modo negativo. Si es razonable inferir a partir de la entidad de la secuela estética y condiciones personales del damnificado que afecta las posibilidades de trabajo de la víctima o produce una merma en cualquiera de las actividades que indirectamente tengan un contenido patrimonial, ello deberá ser considerado integrando la incapacidad sobreviniente. De lo contrario solo contribuirían a cuantificar el daño moral.
En este caso, independientemente del porcentaje que en la pericia médica de fs. 220/221 expte 3959/2006 se le haya asignado en relación a la integridad corporal, lo que hay que apreciar es de que modo las cicatrices que quedaron a lo largo del pliegue sobre ceja izquierda lineal y en los dedos de la mano de 2 cm. significan un desmedro económico, como en la realización de actividades que puedan tener una repercusión económica. Para ello es necesario tener en cuenta, como expresé sus circunstancias personales. La Srta Criche es una mujer, soltera de 20 años al momento del accidente que según surge de las prueba arrimada (pericia médica y psicológica) se dedica a actividades administrativas y contables. Si bien por su edad, sexo y estado civil, en razón de las exigencias de la sociedad contemporánea en relación a la armonía corporal, es dable inferir algún tipo de perjuicio de contenido económico, máxime cuando no ha mediado agravio respecto a la procedencia del daño, en función de su ocupación y entidad de las secuelas no advierto que el mismo tenga mayor entidad. En base a ello y teniendo en cuenta el grado de incidencia causal establecido en el punto 2 de este apartado por la falta de casco (70%) en orden a la cicatriz en la ceja, he de proponer se establezca la indemnización por el rubro en $ 11.000 a la fecha del pronunciamiento en revisión (arts. 1068,1069 CCivil). Ello, por supuesto, al margen de su valoración bajo la faz del daño extrapatrimonial.
*Daño moral. Con base en el informe psicológico la sentenciante estableció la suma de $ 8.000 al momento del hecho. No precisa aquí como ha valorado la incidencia de la falta de casco.
En la siempre dificultosa tarea de traducir monetariamente una afectación a bienes de índole extrapatrimonial, bajo la directriz ya señalada del art. 1741 del nuevo código, y teniendo en cuenta el desequilibrio emocional que le produjo a la actora el participar en un accidente de tránsito como el ocurrido en autos del cual resultara el fallecimiento del conductor y experimentara el peligro para su propia vida, la internación y tratamiento por sus lesiones y las secuelas estéticas, sin dejar de computar la incidencia tasada en un 70% por la omisión suya de transportarse sin casco, entiendo que una suma prudente y acorde al perjuicio es la de $ 20.000 según cuantificación efectuada a la fecha de la sentencia en revisión (art. 1078 del CCivil)
4. INTERESES. Respecto a su determinación cabe formular ciertas precisiones.
Conforme el criterio adoptado por el Superior Provincial en los precedentes citados "Vera" (C 120.536 del 18/04/18), y "Nidera" (C. 121.134, del 3/05/18), en donde estableciera, ratificando el criterio que he sostenido invariablemente desde el precedente "Buffoni" (ver mi voto en expte JU-4712-2011 "Rinaldi Martin Antonio c/ Sucesores de Nitto F" 27/2/2018 LS 59 n° 18), a los rubros resarcitorios que sean cuantificados a valores actuales, deberá aplicárseles una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha en que se produjo cada perjuicio hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, y a partir de allí la tasa pasiva mas alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta su efectivo pago.
Ello así, al considerar que: "...la aplicación de una tasa pasiva bancaria al capital de condena determinado en el caso a valores actuales conduce a un resultado desproporcionado, que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial, con prescindencia de la realidad económica implicada..." (SCBA; "Vera" (C 120.536 del 18/04/18); "Nidera" (C. 121.134, del 3/05/18, votos del Dr. Soria).
Por ello, los conceptos en lo que ha mediado recurso y que han sido cuantificados a la fecha de la sentencia de primera instancia- 3/9/2018- (valor vida en favor del hijo y madre del fallecido Facundo Eduardo Vespasiano; daño moral para Naim Aaron Vespasiano, incapacidad sobreviniente y daño moral correspondientes a la actora Natalia Pamela Criche), deberá aplicárseles la tasa de interés puro del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la de ese pronunciamiento y de allí en más la tasa pasiva mas alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta su efectivo pago (conf. arts. 772, 1.748 y ccs. del CCyCN).
Sobre los rubros en los que no medió agravio o que fueron confirmados: daño emergente y daño moral a favor de los progenitores de Facundo Eduardo Vespasiano y daño emergente reclamado por Natalia Pamela Criche, ya que fueron valuados a la fecha del hecho, debe mantenerse la aplicación de la tasa pasiva con la modalidad BIP dispuesta en la sentencia apelada desde el 21-11-2004 hasta el efectivo pago; aunque en el caso del concepto correspondiente a la Srta Criche, de configurarse alguna diferencia resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en cada uno de los períodos comprendidos( SCBA C119.176 "Cabrera" sent. del 15-6-2016)
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado en cada uno de los recursos deducidos, las costas de Alzada se imponen de la siguiente forma: en Expte 34/2006 -reclamo por el menor- íntegramente a cargo de los demandados y la aseguradora; en Expte. 3901/2006- reclamo de los padres- en un 90% a cargo de los demandados y la citada en garantía y 10% a cargo de los actores; en Expte 3959/2006 -reclamo Srta. Criche- en un 75% a cargo de los demandados y la citada en garantía y en un 25% a cargo de la actora (arts. 68 y 71 del CPCC) Los honorarios de Alzada correspondientes al letrado de los demandados Dr. Marcelo Hugo Monaldi a cargo en todos los casos a cargo de la aseguradora.
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
1. CONFIRMAR la atribución de responsabilidad y el rechazo de la declinación de cobertura 2) En relación a los daños reclamados: a) MODIFICAR respecto del reclamo de Mabel Graciela Vespasiano el importe de la indemnización por valor vida que se fija en la suma de $ 355.376 a la fecha de la sentencia de primera instancia; b) CONFIRMAR la valuación del daño moral para ella y su litisconsorte Edgardo O. Vespasiano, aunque con la modificación por aporte causal de la omisión de la víctima al 50% reduciéndola a la suma de $ 88.800 para cada uno de ellos a la fecha del hecho; c) MODIFICAR la indemnizaciones para el menor Naim Aaron Vespasiano fijando el valor vida en la suma de $ 279.417 y el daño moral en la de $ 325.000; ambos importes a la fecha de la sentencia de primera instancia; d) CONFIRMAR el rechazo del daño psíquico y tratamiento psicológico futuro reclamado por Natalia Pamela Criche e) CONFIRMAR el importe fijado a favor de Natalia Pamela Criche de $ 1.350 por daño emergente por la sentencia apelada a la fecha del hecho f) MODIFICAR los importes por incapacidad sobreviniente y daño moral correspondientes a la actora Natalia Pamela Criche, los que se fijan en la suma de $ 11.000 y de $ 20.000 respectivamente a la fecha de la sentencia de primera instancia.
3. En materia de intereses, modificar los fijados para las sumas que materia de recurso se cuantificaron a la fecha de la sentencia de primera instancia, a las que se aplicará la tasa de interés puro del 6% anual entre la fecha del hecho (21/11/2004) y la sentencia de primera instancia (3/9/2018) y desde ese momento hasta el efectivo pago los dispuestos en la instancia de origen. Respecto del concepto daño emergente correspondiente a la actora Criche, la tasa pasiva aplicable será la más alta, si en algún período llegare a superar a la modalidad BIP dispuesta. 4) Las costas de Alzada se imponen de la siguiente forma: en Expte 34/2006 -reclamo por el menoríntegramente a cargo de los demandados y la aseguradora; en Expte. 3901/2006- reclamo de los padres- en un 90% a cargo de los demandados y la citada en garantía y 10% a cargo de los actores; en Expte 3959/2006 - reclamo Srta. Criche- en un 75% a cargo de los demandados y la citada en garantía y en un 25% a cargo de la actora (arts. 68 y 71 del CPCC). Los honorarios de Alzada correspondientes al letrado de los demandados Dr. Marcelo Hugo Monaldi a cargo en todos los casos a cargo de la aseguradora.
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. CAROLINA JOSEFA CLAVERA (Auxiliar Letrada).-
//NIN, (Bs. As.), 4 de Junio de 2019.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:
1. CONFIRMAR la atribución de responsabilidad y el rechazo de la declinación de cobertura 2) En relación a los daños reclamados: a) MODIFICAR respecto del reclamo de Mabel Graciela Vespasiano el importe de la indemnización por valor vida que se fija en la suma de $ 355.376 a la fecha de la sentencia de primera instancia; b) CONFIRMAR la valuación del daño moral para ella y su litisconsorte Edgardo O. Vespasiano, aunque con la modificación por aporte causal de la omisión de la víctima al 50% reduciéndola a la suma de $ 88.800 para cada uno de ellos a la fecha del hecho; c) MODIFICAR la indemnizaciones para el menor Naim Aaron Vespasiano fijando el valor vida en la suma de $ 279.417 y el daño moral en la de $ 325.000; ambos importes a la fecha de la sentencia de primera instancia; d) CONFIRMAR el rechazo del daño psíquico y tratamiento psicológico futuro reclamado por Natalia Pamela Criche e) CONFIRMAR el importe fijado a favor de Natalia Pamela Criche de $ 1.350 por daño emergente por la sentencia apelada a la fecha del hecho f) MODIFICAR los importes por incapacidad sobreviniente y daño moral correspondientes a la actora Natalia Pamela Criche, los que se fijan en la suma de $ 11.000 y de $ 20.000 respectivamente a la fecha de la sentencia de primera instancia.
3. En materia de intereses, modificar los fijados para las sumas que materia de recurso se cuantificaron a la fecha de la sentencia de primera instancia, a las que se aplicará la tasa de interés puro del 6% anual entre la fecha del hecho (21/11/2004) y la sentencia de primera instancia (3/9/2018) y desde ese momento hasta el efectivo pago los dispuestos en la instancia de origen. Respecto del concepto daño emergente correspondiente a la actora Criche, la tasa pasiva aplicable será la más alta, si en algún período llegare a superar a la modalidad BIP dispuesta. 4) Las costas de Alzada se imponen de la siguiente forma: en Expte 34/2006 -reclamo por el menoríntegramente a cargo de los demandados y la aseguradora; en Expte. 3901/2006- reclamo de los padres- en un 90% a cargo de los demandados y la citada en garantía y 10% a cargo de los actores; en Expte 3959/2006 - reclamo Srta. Criche- en un 75% a cargo de los demandados y la citada en garantía y en un 25% a cargo de la actora (arts. 68 y 71 del CPCC). Los honorarios de Alzada correspondientes al letrado de los demandados Dr. Marcelo Hugo Monaldi a cargo en todos los casos a cargo de la aseguradora. Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. CAROLINA JOSEFA CLAVERA (Auxiliar Letrada).
Fin de la sentencia