Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 23.078
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios;
2Imponer las costas generadas en segunda instancia a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.).
3Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
“MANSILLA BERNARDINO SUS SUCESORES C/ LA CABAÑA SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (LM 23078/2011)
Juz. Civ. y Com. Nro.: 4 RSD Nro.: 145 /21 En la ciudad de San Justo, a los 14 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal) y atento a lo que surge de las Resoluciones Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) , Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18 - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), sus modificatorias y prórrogas, celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “MANSILLA BERNARDINO SUS SUCESORES C/ LA CABAÑA SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (LM 23078/2011) practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI- DR. POSCA - DR. PÉREZ CATELLA – resolviéndose plantear y votar las siguientes:
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 04/03/2021 el sentenciante de grado resolvió: “1º) Hacer lugar a la demanda instaurada, y en consecuencia, condenar a LA CABAÑA SA y a la aseguradora citada en garantía PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, a los SUCESORES DE BERNARDINO MANSILLA la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL ($1.270.000.-), con más los intereses establecidos en el considerando V), desde la fecha de su exigibilidad (23 de Noviembre de 2009) y hasta su efectivo pago.2°) Imponer las costas del presente proceso a los demandados en virtud de la derrota obtenida (art. 68 del CPCC). Hágase saber que oportunamente deberá dar cumplimiento con el pago de la tasa y sobretasa de justicia (art. 337 del Código Fiscal y ley 8455), bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento a los organismos respectivos.3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 Dec Ley 8904/77 y Ley 14967). 4°) Comunicar al Organismo de Contralor el cese de intervención de los peritos actuantes (conf. SCBA, Ac. 2728/96). REGISTRESE. NOTIFIQUESE”.
Contra dicha forma de resolver, apelaron con fecha 09/03/2021 la parte demandada, concedido libremente el día 10/03/2021 y por su parte con fecha 10/03/2021 tambien la citada en garantía apeló dicha sentencia, el cual fuera concedido libremente mediante despacho del día 11/03/2021.
Con fecha 13/03/2021, y tras el fallecimiento oportunamente declarado del Sr. Mansilla, se denuncia el fallecimiento de su cónyuge, habiendo manifestado el letrado de dicha parte que los herederos serian: Rosa Cristina Mansilla, DNI: 17.193.693, Miguel Ángel Mansilla, DNI: 23.420.373 y José Omar Mansilla, DNI: 22.204.067, todos en carácter de Herederos Hijos del Actor y Herederos e Hijos de la Sra. María Teresa Bravo Viuda del actor Fallecida, ya presentados en autos.
Así las cosas, con fecha 30/03/2021 se elevan las presentes actuaciones, siendo radicadas ante esta Sala Primera el día 6/4/2021. Con fecha 20/04/2021 se llamó a expresar agravios a los apelantes, habiendo cumplido con dicha carga procesal mediante presentaciones del día 02/05/2021 y 04/05/2021. En consecuencia, con fecha 10/05/2021 se les dio a ambas partes por presentadas en legal tiempo y forma las expresiones de agravios vertidas a despacho, corriéndose el respectivo traslado de ley, el cual fuera contestado por la parte actora el día 13/05/2021.
En suma, el día 26/05/2021 pasan los autos para sentencia, practicándose posteriormente el sorteo de orden de estudio.
II. Fundamentación de la citada en garantía De la atenta lectura de las quejas efectuadas por la aseguradora, se advierte que esta se agravia –en lo medular- por: la valoración que efectuó el juez de grado de la prueba producida en autos respecto de la atribución de responsabilidad y de la cuantificación de los rubros.
Que no se ha tenido en cuenta aspectos y circunstancias que surgen de la prueba de autos y las explicaciones y/u observaciones formuladas, incurriendo la sentencia de autos en un beneficio no reclamado, indebido e incausado a favor de la parte actora y en los rubros concedidos en violación del principio de congruencia. Asimismo, se agravian por la cuantificación que realiza el sentenciante de grado y de las sumas indemnizatorias otorgadas en todos los rubros. Tratamiento de la producción del daño y la atribución de responsabilidad: esta parte considera que el decisorio recurrido ha endilgado erróneamente a su asistida la responsabilidad sobre el suceso denunciado en autos y los daños materia de reclamo.
Que de la prueba valorada no se obtiene la plena certeza de que el peatón no haya cruzado de manera distraída ni menos aún que no se haya asustado y resbalado. Que los testigos describen solo la manera pausada de caminar del actor, que sumado a la edad avanzada de éste, con la probable falta de reflejos y posible mala audición fuera, lo cual entiende hace viable que los dichos de la demandada y esta parte fuese realmente lo que sucedió. Sin embargo el juez atribuye el 100% de responsabilidad al chofer de la demandada. Por lo cual, esta parte solicita que revalorando toda la prueba pueda revocar la responsabilidad exclusiva en cabeza de la demandada, considerando una concurrencia de responsabilidad entre actor y demandado; b) Segundo agravio: daño psicofísico: refiere que ni la demanda ni la sentencia dictada han buceado convenientemente en la cuestión traída a estos Estrados, y bastaría ahora con reiterar los minuciosos fundamentos jurisprudenciales y doctrinarios dados en la contestación de demanda al tratar el rubro que ahora nos convoca, para posibilitar la reducción de la suma concedida por el sentenciante. Que tanto el porcentaje excesivo que ha otorgado el perito como especialmente la compensación que ha otorgado el juez superan ampliamente lo que informa nuestra jurisprudencia, la cual advierte otorga en casos similares mucho menos porcentaje de incapacidad y por ende mucha menos indemnización por este rubro. Que la incapacidad y el monto otorgado por el a quo resulta abusivo y no encuentra asidero objetivo siquiera en la incapacidad observada que otorgara el perito médico ni en las circunstancias personales del actor. Que el sentenciante ha incurrido en un exceso que ha desequilibrado injustificadamente toda expectativa en el proceso cuyo límite al menos presunto está dado por el reclamo de la propia parte actora.
Que no se entiende tampoco ni es conteste con lo establecido para otros casos similares y que habitualmente se ven en nuestros Tribunales, ¿por qué razón para un cuadro como dice la pericia que afecta al actor, se haya establecido una incapacidad permanente, cuando lo habitual es que se recomiende exclusivamente tratamiento psicoterapéutico? Que en la mayoría de los casos dicha terapia basta y no se otorga incapacidad. Por lo cual, solicita que se haga lugar al presente agravio, revocando la sentencia apelada en el rubro incapacidad psicofísica (daño físico – daño psicológico), ello atento la desproporción y ausencia de fundamento del monto indemnizatorio otorgado aún del porcentaje indicado por los peritos, pues refiere que no se compadece con los baremos de uso común de la materia. c. Tercer agravio: daño moral: que la condena correspondiente al daño moral no tiene carácter punitivo que es el que evidentemente ha primado en el criterio del sentenciante. Es así que luego de citar doctrina que entiende respaldatoria, manifiesta que Igualmente abultada se considera a la suma acordada por dicho concepto. Que en manera alguna encuentra correlato con los antecedentes que rodean al caso en disputa. Que la estimación practicada por el Juez de grado desatiende el principio de equidad, a la par que importa una indebida fuente de enriquecimiento. Que de manera alguna no se habilita a prescindir, como se intenta en el decisorio, de la ponderación tanto de la entidad como de la magnitud del menoscabo experimentado para la objetiva determinación del daño moral indemnizable.- que todo se ha basado solamente en la edad avanzada del actor como principal motivo de la magnitud de la indemnización otorgada, realizando el juez una generalidad (en cuanto a que habitualmente a la gente de edad avanzada el sufrimiento causado le cuesta más procesarlo) extremo que no ha logrado la actora probar en este caso puntual. Que ni siquiera la perito psicóloga ha hecho referencia a ello. Por ello, solicita se reduzca dicha suma.
II.A.- Fundamentación de la parte demandada De los agravios expuestos por “La Cabaña SA”, se observa que esta se queja por los rubros indemnizatorios otorgados. En efecto, expuso respecto a la procedencia del rubro incapacidad sobreviniente (daño físico), que no se merituado las explicaciones y observaciones solicitadas al perito oficial, quien informó dos de tres lesiones que no poseen acreditación de causalidad médico legal derivada del evento de autos ni se justifica su carácter permanente, como así también que la única que posee –relación causal- no ha repercutido en las actividades del actor. Que el sentenciante de grado, solo tuvo en cuenta el informe pericial médico del Perito Médico de autos Dr. Drincovich de fs. 230/235 sin merituar las explicaciones u observaciones formuladas por esta parte y la citada en garantía.
Que en el informe pericial aprobado sin más por el sentenciante de grado, éste indica que “…De la evaluación de los antecedentes obrantes en autos, del examen médico legal realizado por quien suscribe y del resultado de los exámenes complementarios mencionados de este informe pericial, es posible afirmar que el actor presenta: Diagnóstico cervicalgia y lumbalgia con pérdida de la lordosis y compromiso de la movilidad, pseudoartrosis de apófisis estiloides de cúbito. Pronóstico: moderado. Tratamiento: requiere eventual kinesiología. …a la alteración de la movilidad de la muñeca se suma el 5% por la pseudoartrosis de la apófisis estiloides del cubital con lo que se arriba al valor calculado (sic) del 23 % de incapacidad.”
Que dijo el juez además: “Dictamen que ha sido confirmado por otro profesional médico interviniente en autos quien con fecha 6 de junio de 2020 expuso que "...Considerando el diagnostico al que se arribó en el informe pericial: cervicalgia y lumbalgia con pérdida de la lordosis y compromiso de la movilidad, y pseudoartrosis de apófisis estiloides cubital; el informe que realizo de los estudios complementarios: Rx de columna cervical de F y P perdida de la lordosis fisiológica cervical. signos de espondilodis cartrosis generalizada. Signos de uncoartrosis. Rx de columna lumbar de F y P disminución de la densidad mineral ósea y de los espacios discales L4-L5 y L5-S1 Rx de muñeca izquierda F y P solución de continuidad a nivel de la apófisis estiloides cubital, a correlacionar con antecedente traumático; y los hallazgos del examen físico; es que rectifico el porcentaje de incapacidad otorgada previamente y desarrollo la valoración: - 8% por cervicalgia con pérdida de la lordosis fisiológica, limitación funcional y signos degenerativos discales. De dicho porcentual se puede adjudicar 4% de concausalidad. - 10% por lumbalgia con pérdida de la lordosis fisiológica, limitación funcional y signos degenerativos discales. De dicho porcentual se puede adjudicar 5% de concausalidad. Al aplicar la fórmula de la capacidad restante entre los porcentuales mencionados (11%, 5% y 4%), la misma arroja un valor de 19% (18.83%). Respecto al tratamiento kinésico, al tratarse de secuelas consolidadas por el tiempo transcurrido se podría indicar tratamiento kinésico con fines paliativos antalgicos, iniciando el mismo por 10 sesiones por región y luego a demanda según la clínica (dolor)..." (Sic) (arts. 375, 384, 394, 473, 474 del CPCC).”
Que en base a lo informado y cuya incapacidad, no fue confirmada como dice el sentenciante sino rectificada por el perito Dr. Cozzi que tuvo a su cargo contestar las explicaciones solicitadas pendientes de respuesta por el perito Drincovich. Por lo cual, destacan que el ultimo experto otorgó concausalidad en la cervicalgia y lumbalgia. Sin embargo, refiere que ni siquiera existe tal concausalidad del 50 % ya que jamás fueron detectadas ni informadas en documental de base asistencial originada en el accidente y que carece de absoluto nexo causal médico legal.
Que con respecto al grado de incapacidad de base somática dictaminado pese a haberlo solicitado no surge cuáles eran las actividades habituales (no hipotéticas o eventuales) del actor, que transitaba la tercera edad de la vida, en las áreas laboral, de ocio, de la vida diaria y deportiva, hasta el accidente denunciado, identificando aquéllas que se encuentre fácticamente imposibilitado de realizar a raíz de las afecciones dictaminadas.
Que no se encuentra tampoco acreditado en autos que el actor haya dejado de realizar actividades. Que la jurisprudencia vigente toma como base indemnizatoria la “unidad productiva” de la persona y de la concreta y real incidencia funcional que debe acreditarse así como de la menor cantidad de años productivos a considerar, la situación laboral y la concreta pérdida de ingresos. Que el actor Sr. Mansilla, ya se encontraba jubilado y no consta que realizara otra actividad que generara ingresos, que no perdió ni disminuyeron por la o las lesiones.
Que con respecto a la lumbalgia no existe tampoco sustento fáctico, que es requisito para el encuadre en el ítem del baremo escogido como referencia, la presencia de rectificación de la lordosis, la cual no fue hallada ni semiológica ni radiológicamente. Asimismo, cuestiona el nexo de causalidad médico-legal de la incapacidad de base somática se ha solicitado Que la única es la lesión en su muñeca izquierda y que no existe acreditación de vinculo causal alguno con base en documental medico asistencial con la lumbalgia y cervicalgia diagnosticadas. Que el actor presentaba a la fecha del examen pericial evidentes manifestaciones patognomónicas de artrosis primaria generalizada avanzada, acorde a su edad y ajena a los hechos de autos, entidad nosológica idónea y suficiente para causar cervicalgia y lumbalgia, y ninguna secuela estructural patognomónica de origen traumático, sin perjuicio de lo cual, el perito atribuyó infundadamente la totalidad de la génesis del dolor actual al accidente ocurrido siete años antes. En suma, insiste que de la ausencia de constancia que vincule la lumbalgia y cervicalgia con el hecho de autos, el cuadro detectado luego de siete años del evento, debe atribuirse al cuadro degenerativo ajeno al accidente, no correspondiendo a los peritos vincular patologías con los hechos de autos sin prueba alguna que lo acredite. Que dicha apreciación, en todo caso y de hallarse algún otro indicio en las restantes pruebas será de apreciación jurisdiccional, no pericial. Que la única lesión vinculada causalmente al hecho de autos es la pseudoartrosis de la apófisis estiloides del cubital a la que los expertos le otorgan un 5 % de incapacidad, de pronóstico moderado.
En función de dichos agravios, solicita se modifique la suma indemnizatoria otorgada, reduciéndola a la lesión de la muñeca. La cual reitera que jamás ha sido objeto de tratamiento a pesar que su pronóstico era “moderado” y cuya incapacidad excede la del propio baremo tomado por el perito.
Por otra parte, se queja por la procedencia y sumas concedidas en concepto de daño psicológico -al que se le ha dado carácter autónomo- pese a ser leve y susceptible de tratamiento, y atento que no ha sufrido un daño psicológico derivado del hecho de autos.
Que del informe legal psicológico aprobado sin más, pese a reiterados pedidos de explicaciones y observaciones, concluye la experta, luego de evaluar al actor que "... De acuerdo al manual DSM IV Mansilla, cumple con los criterios para el diagnóstico de Trastorno por estrés postraumático (...) Debido al tiempo transcurrido el cuadro psíquico denota una irreversibilidad en el fuero civil. El accidente sufrido ha producido en el actor daño psíquico de manera causal (...) Estimo un porcentual de 5 % debido a lo fundamentado en el presente informe. Dicho daño es de carácter parcial y permanente..." y prosigue indicando que "...El actor requiere de tratamiento psicológico individual con una frecuencia semanal por el período de 12 meses.
Se indica una terapia focalizada con especialidad en gerontología, para que trabaje en un espacio terapéutico lo acontecido y su cuadro no empeore ni se profundice, siendo irreversible y permanente el daño del actor..." (sic; arts. 375, 384 del CPCC). Que por su parte, el sentenciante de grado, expresó: “atendiendo a las particularidades de la situación de la víctima, considerando fundamentalmente su edad, estado de salud, naturaleza de las lesiones, expectativas que vio conculcadas hasta su deceso, como así también, sus grados de incapacidad, estimo prudente y justo, cuantificar este rubro para los sucesores del Sr. Mansilla en la suma de Pesos ochocientos cuarenta mil ($840.000.-), a la fecha de este decisorio - monto resultante de manera específica de calcular la incapacidad física en la suma de $665.000 teniendo en cuenta una incapacidad del 19% y la incapacidad psíquica en la suma de $175.000 teniendo en cuenta una incapacidad del 5%, es mi convicción que deberán indemnizarse a los herederos presentados en autos sólo por estos conceptos” , Que sin perjuicio de considerar excesivas a todas luces las sumas otorgadas por el sentenciante de grado, el Sr.
Mansilla no presentó signos que acreditaran el diagnóstico de la experta, así en todo momento indica que el actor es “una persona normal, convencional” y solo fue la esposa del actor la que aclaró que “actualmente el actor se mostraría confundido y temeroso”. Que no ha explicado la experta de que pruebas o indicios surge que el actor tendría un grado de incapacidad mental si surge que el Sr. Mansilla a) posee “atención y memoria conservados”, b) en el área “volitiva tiene un pensamiento comprensivo”, c) “los recursos intelectuales son acordes a su nivel de instrucción”. Que el mismo Sr. Mansilla le refirió a la perito que “cruzó en amarillo”, lo que indica que el evento no fue “sorpresivo”; que “se manejaba solo” pese a que utiliza audífono (que no funciona) y que tiene “daño en la vista”, lo que la misma experto consignó.
Que esta parte sostiene que la incapacidad leve del actor no era de carácter permanente y que con otorgar y haber realizado un corto tratamiento sería suficiente para revertirlo. Que por otro parte la labilidad y sensibilidad del actor al momento del examen derivaría de otra patología por lo que la experta requiere que lo trate un “gerontólogo”. Que la lesión psíquica que pudo poseer el actor como derivada exclusivamente del accidente requeriría tan solo de una terapia breve dado que sus secuelas no habían sido jamás tratadas. En suma, solicita se revoque la sentencia y se otorgue en todo caso un monto que contemple la “compensación” equivalente a un tratamiento breve o indemnización sustitutiva de terapia de carácter breve.
Asimismo, se queja por las sumas concedidas en concepto de daño moral, la que entiende resulta excesiva y carente de sustento. Que en el caso en particular, no se ha brindado prueba mínima de que el actor sufriera algún tipo de daño moral, no hay testimonios ni pruebas que así lo indiquen fundando su dictamen. Que a lo sumo podría contemplarse aquí un breve periodo de incapacidad derivada de una lesión en la muñeca jamás tratada por el actor, ya que no se han acreditado sufrimientos, tratamientos de ningún tipo, períodos de inactividad productiva ni merma en sus actividades cotidianas ni laborales, ni realizó tratamiento alguno. Solicita se reduzca.
Finalmente, se agravia por que la sentencia de autos otorga el rubro gastos de asistencia médica, farmacia y traslados, cuando se encuentra acreditado que la sola y única atención medica recibida fue gratuita. Que en la especie no pueden ser presumibles dichos gastos cuando de las constancias de autos surge que solo recibió una atención médica, que fue trasladado por el chofer de su mandante y que jamás se cumplió con otro control médico, consulta, tratamiento, etc. Que la eximición de prueba no es “presumible” cuando surge de la causa prueba en contrario.
LA SOLUCIÓN
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de ésta instancia jurisdiccional, me abocaré al tratamiento de los mismos, debiendo destacar que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
El art. 253 del CPCC dispone que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.
Por lo cual, cuando los agravios pueden ser reparados por vía de apelación, no corresponde considerar el recurso de nulidad, pues debe estarse al principio de validez del acto jurisdiccional. Por lo demás, "la vía recursiva de nulidad, está incluida en el recurso de apelación" (Cam. Civ. Com La Plata. Sala II, 26/1 1/92, "Jurisprudencia", n° 3, P 130). Carlos Eduardo Fenochietto Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Comentado, Anotado Y Concordado Legislación Complementaria 7a edición actualizada y ampliada Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma Ciudad De Buenos Aires 2003)
Asimismo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). Del mismo modo, que solo serán tratados aquellos agravios que constituyan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que los apelantes consideren equivocado.
III. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores, en perjuicio de un peatón El hecho ilícito dañoso de autos fue el resultado de la intervención de un Colectivo de la empresa de transporte demandada “La Cabaña SA” Línea 242 interno 97, el cual era conducido en la oportunidad por el chofer Brack Ramiro Ricardo –desistido-, quien habría colisionado al Sr. Mansilla Bernardino en circunstancias en que se disponían al cruce de la Av. Carlos Casares y la arteria Beazley el día 23/11/2009 en horas de la tarde.
En la especie no está cuestionado la existencia del hecho ni la intervención de las partes, si la mecánica del accidente, habiendo referido la citada en garantía que fue la culpa de la propia víctima la causa del accidente; solicitando en esta instancia se establezca al menos una responsabilidad concurrente.
Ahora bien, sobre la base de esta plataforma fáctica de los hechos, en el cual son protagonistas un colectivo y dos peatones, se aplica la doctrina legal que emana del art. 1113 del Código civil, es decir la teoría del riesgo creado. De este modo, la responsabilidad civil derivada de accidentes producidos en estas circunstancias se presenta como un microsistema jurídico regulado por la Ley Nacional de Tránsito 24449–vigente a la fecha del accidente- integrado y armonizado legalmente con la aplicación de los arts. 512, 513, 902, 1.109, 1.111 y 1.113 siguientes y concordantes del Código Civil, con los Códigos de Transito locales, entre ellos la Ley citada, que varía según la jurisdicción en donde se produzca el accidente.
En efecto, la ley 24449, en su artículo 38 regula que “Los peatones transitarán: a) En zona urbana: 1. Únicamente por la acera u otros espacios habilitados a ese fin; 2. En las intersecciones, por la senda peatonal”. Del mismo modo, dicha ley referida en su artículo 39 dispone que: “En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito”.
En consecuencia, siempre se exige el absoluto control del rodado, pues no puede eximirse de circular con precaución y pleno dominio del vehículo, circunstancia que no puede pasar por desapercibido por cualquier conductor, máxime cuando la atención del manejo debe ser acrecentada en las zonas de mayor circulación de vehículos y peatones. Asimismo, no debe dejar de considerarse que el chofer, conductor del colectivo demandado, naturalmente ostenta la categoría de chofer profesional y que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de las cosas. (arg. art. 902 del CC).
En suma, las pautas vertebrales a aplicar de la integración y la armonización del microsistema jurídico establecido en la ley 24449 con el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivadas de los accidentes de la circulación de automotores en las cuales son protagonistas un colectivo y un peatón, serían las siguientes, a saber: a) pesan sobre dueño o guardián de la cosa riesgosa, presunciones legales de responsabilidad sobre la base de la teoría del riesgo prevista en el precepto jurídico del art. 1.113 del Cód. Civ., es decir que el que pretenda eximirse total o parcialmente de responsabilidad – interrumpiendo el nexo causal- deberá acreditar el hecho o la culpa de la víctima, el hecho o la culpa de un tercero por el cual no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor o que la cosa fue usada o utilizada en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián de la cosa (arts. 513 y 1.111 del Cód. Civ.). b) corresponde también aplicar en este acápite la teoría elaborada por Pichon Rivie, quien en 1936 introduce la teoría del consuno de seguridad, que consiste en determinar que cuando más cosas riesgosas o peligrosas se introducen en la sociedad ello trae como consecuencia un consumo de seguridad en perjuicio del peatón; c) se sienta el principio de que la parte más débil de la relación jurídica producida por el acto ilícito es la víctima del daño, en este caso el peatón; d) en caso de duda, la balanza debe inclinarse a favor de la víctima del daño, se sienta el principio -en esta materia en especial- que en caso de duda: "In dubio pro-victima" y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica -aplicable para cada caso "in-concreto"- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la victima del daño, frente a la máquina de gran potencialidad dañosa, sea ciclista, conductor, dueño o guardián del vehículo protagonista del accidente de tránsito. e) el peatón distraído forma parte de la contingencia habitual del tránsito y de los accidentes vehiculares.
Así las cosas, habiendo sentado la doctrina que entiendo aplicable en el presente caso bajo juzgamiento, comenzaré por dar lectura, estudio y valoración a los medios probatorios producidos ante la Sra. Jueza Colega de Trámite, bajo las siguientes consideraciones que paso a desarrollar:
A fs. 15/22 vta., obra glosada la demanda presentada por el Dr. Walter Andrés González, en su carácter de letrado apoderado del accionante Don Mansilla Bernardino iniciando demanda de daños y perjuicios contra Brack Ramiro Ricardo –desistido posteriormente, véase fs. 108/109- y contra La Cabaña SA. Respecto a los hechos, expuso que el día: “El 23 de Noviembre de 2009, siendo aproximadamente las 16,30 hs., mientras se encontraba mi poderdante cruzando a pie en la esquina por la senda peatonal en la intersección de la Av. Carlos Casares y calle Beazley con semáforo que habilitara su cruce como peatón al llegar a la mitad de la Avenida Carlos Casares es embestido en forma súbita y violenta por el micrómnibus que gira y/o dobla a la izquierda donde el semáforo que estaba funcionando no tiene flecha de giro que así lo indique pero corta en rojo para los vehículos que vienen en ambas manos de circulación y al cambiar a verde para el que circula por la calle Beazley este con luz verde dobla a la izquierda hacia la estación de Rafael Castillo, el micrómnibus no espera el cruce de peatón de mi representado que es una persona mayor, y lo embiste con su parte frontal del mismo, teniendo en cuenta y presente que la prioridad de paso es del peatón pues el semáforo habilitó su cruce y el micrómnibus debía esperar que cruzara mi representando pero como es una persona mayor no camina tan rápido y el colectivo dobló como venía y lo embiste y/o choca con su parte frontal (…) como consecuencia del accidente mi representado con el impacto y la frenada del microómnibus y contra el piso del asfalto al hacer presentó politraumatismo, excoriaciones múltiples, con fractura de muñeca izquierda y luxación de brazo y codo izquierdo, con traumatismos de rodilla izquierda (…) y traumatismo de columna cervical, dorsal y lumbar y cráneo…”. Asimismo, se denunció el deceso del actor Bernardino Mansilla, conforme partida de defunción adjuntada el día 3 de Agosto de 2019, en consecuencia, se presentan sus sucesores María Teresa Bravo viuda de Mansilla; Rosa Cristina Mansilla; Miguel Ángel Mansilla y José Omar Mansilla, estos tres últimos en carácter de hijos del actor, conforme las partidas acompañadas (véase fs. 334,335, 336, 337, 338, 348, 349, 350, 351/352, 353/355 y 359/360).
Por otra parte, con fecha 13/03/2021, y tras el fallecimiento oportunamente declarado del Sr. Mansilla, se denuncia ahora el fallecimiento de su cónyuge –adjuntó certificado de defunción-, habiendo manifestado el letrado de dicha parte que los herederos serian: Rosa Cristina Mansilla, DNI: 17.193.693, Miguel Ángel Mansilla, DNI: 23.420.373 y José Omar Mansilla, DNI: 22.204.067, todos en carácter de Herederos e Hijos del Actor y Herederos e Hijos de la Sra. María Teresa Bravo Viuda del actor Fallecida, ya presentados en autos, tal como se expusiera “ut supra”.
Corrido el pertinente traslado de demanda, a fs. 38/54 contestó la demanda “La Cabaña SA” a través de su letrado apoderado, quien luego efectuar también una negativa general de los hechos, expuso que: “…el día 23 de Noviembre de 2009 aproximadamente a las 16.30 horas el chofer de mi mandante a cargo del interno N° 9 de la línea 242 circulaba por la arteria Carlos Casares, cuando al llegar a la intersección de la calle Beazley de la localidad de Rafael Castillo y circulando en una misma línea recta de circulación a velocidad moderada se le interpone repentinamente un peatón que sale sorpresivamente por entre los coches estacionados. El chofer de mi mandante reacciona tocándole bocina y frenando en forma inmediata. Aparentemente, el peatón que iba absolutamente distraído se asusta y se cae en la calzada sin que el pasajero o persona alguna advirtiera contacto alguno con el vehículo de mi mandante. El chofer de mi mandante al ver su caída se baja y le pregunta como estaba, y el actor quien se incorpora ayudado por el chofer dijo que se había asustado y perdió el equilibrio y que sólo le dolía mucho la muñeca. Ante tales dichos y muecas de dolor del actor el chofer -tal como se encuentra obligado por mi mandante a asistir a toda persona que sufriera un percance de éste tipo- se ofreció a llevarlo hasta algún nosocomio que lo revise, lo llevó a la Unidad Sanitaria Dr. Sakamoto donde le informaron que tenía fractura de muñeca como consecuencia del apoyo repentino que el propio actor tuvo sobre el asfalto al caerse...".
A fs. 126/132 vta. se presenta la citada en garantía “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” a través de su letrado apoderado. Del mismo modo, dicha aseguradora luego de reconocer la cobertura y denunciar la existencia de franquicia refirió que: “En las circunstancias de tiempo referidas en la demanda, el colectivo asegurado se desplazaba con corrección y prudencia y a moderada velocidad por Calos casares de Rafael Castillo, en cumplimiento de su recorrido habitual. Así las cosas, en circunstancias en que el colectivo se dirigía hacia el cruce de dicha arteria con Beazley, un peatón –lejos del cruce peatonal- se lanza a cruzar entre vehículos estacionados y sin mirar. Ante la inesperada aparición del peatón, conductor del colectivo inmediatamente aplica los frenos y toca bocina para anoticiar al actor, quien aparentemente al asustarse, cae al suelo, sin que el colectivo tomara en ningún momento contacto con el distraído peatón. Así la aparición del actor en la reglamentaría línea de marcha del ómnibus resultó imprevisible e irresistible para su conductor…”. En suma, solicitó el rechazo de la demanda.
Así las cosas, una vez en condiciones se abrió la causa a prueba.
Considero que en primer lugar corresponde valorar las actuaciones penales IPP 41673 labradas en consecuencia del presente accidente de tránsito, la cual fuera ofrecido como prueba por la parte actora, quedando incorpora como medio probatorio instrumental público y con “validez y eficacia jurídica” en este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones, pericias, etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso. El principio de adquisición procesal hace posible que cualquiera sea la procedencia de las probanzas que obran en el expediente, su valoración por los jueces de mérito sea siempre conducente, cualquiera fuera la parte perjudicada o favorecida por ellas (SCBA Ac 85685, 08/09/04de esta Sala ''in re" ''Deus" Nro 5221/1 "Martin" Nro 5031/1, ''Zerda' c. 54686), ello en sintonía con los principios de buena fe y colaboración en el esclarecimiento de los hechos que pesa sobre ambas partes que conforme con los modernos principios que rigen la materia, las partes tienen que "colaborar” con el esclarecimiento de la verdad. En la misma línea se ha establecido que el principio dispositivo que gobierna el proceso civil no puede emplearse, por falta de cooperación, en perjuicio de la verdad jurídica objetiva, ni el adecuado y deseado resultado de la justicia (CSJN sent del 22-VII-1985, JA 1986-1-473). (Pietra Diego Gabriel C/ Machado Rodrigo Sebastián Y Otro/A S/ Daños Y Perjuicios” (Expte. LM-5671-2017). En efecto, de dichas actuaciones se vislumbra el parte preventivo, en el cual se ha dejado constancia que: “fecha y hora indicada denunció el denunciante de autos, quien con fecha 23/11/2009, siendo alrededor de las 16.30 hs. a 17.00 hs., cuando estaba cruzando la avenida Carlos Casares en la intersección con la calle Beazley con semáforo en verde, es colisionado por un colectivo de la línea 242 interno 97, el cual salió de calle Beazley y dobló en Carlos Casares en dirección a Ruta 3. Consecuencia, sufrió fractura de muñeca y luxación de codo brazo izquierdo. Fue trasladado por chofer hasta sala Sakamoto”.
A fs. 1 también se encuentra la denuncia efectuada por la víctima, quien habría manifestado en aquel entonces que: “cruzando la arteria Carlos Casares en la intersección con la calle Beazley… y cuando ya estaba justo a la mitad de la avenida Carlos Casares, es colisionado por un colectivo de la empresa la cabaña (…) el cual salía de la calle Beazley y doblo en Carlos Casares en dirección a Ruta 3. A consecuencia de la colisión el dicente cayó al suelo y se fractura muñeca, luxación en codo del brazo izquierdo y hematomas en todo su costado lateral derecho”. Dicha denuncia, resultó ampliada a fs. 11, manifestando entonces el accionante que: “en la esquina de la calle Beazley y Carlos casares. Cruzo Carlos Casares con semáforo en rojo habilitado para peatón y el colectivo 242 interno 97 viene por Beazley y toma Carlos Casares girando a la izquierda en un semáforo que no tiene giro, sentido Ruta 3, me colisiona…”.
A fs. 5 observo copia de la constancia de atención recibida el actor el día 23/11/2009: “Mansilla Bernardino paciente que fue atropellado, tocado, por colectivo. Produjo trau. de codo izq y muñeca izq. Con signos de fx, se deriva a su obra social. Lo alcanza y traslada personal de la empresa La Cabaña”, a fs. 6 “control por traumatología”.
Asimismo fs. 7 de dicha instrucción penal, la victima Sr. Mansilla habría sido examinado por el Cuerpo Médico de La Matanza, organismo que informara: “Bernardino Mansilla…presenta yeso en mano y antebrazo izquierdo, aporta rx, en la cual se observa fractura de radio en la muñeca izquierda y presenta escoriaciones en brazo izquierdo, muslo izquierdo y rodilla izquierda. Consideraciones médico legales: dichas lesiones son compatibles con golpe o choque con o contra superficie dura y roma y es causante de una inutilidad laboral mayor al mes, con un tiempo evolutivo de aproximadamente 20 días (…) carácter grave”.
También a fs. 14/15 de dichas actuaciones penales, se encuentra la declaración testimonial brindada por el Sr. Jonatan Rivero. De la atenta lectura de su declaración advierto que manifestó: “El día del hecho el dicente se encontraba en la panchería ubicada en la intersección de la calle Beazley y la Av. Carlos casares; siendo aproximadamente las 16.30 horas (…) pudo ver que una persona mayor de edad que cruzaba la Avenida por la Arteria Beazley, en dirección hacia la estación de Castillo fue colisionado por un colectivo de la empresa “la Cabaña” línea 242, que giro hacia la izquierda, proveniente de la calle Beazley. Preguntado para que diga si es esa intersección el semáforo habilita el giro a la izquierda responde que no, pero es habitual que los vehículos lo hagan. De hecho la línea de colectivo tiene su recorrido por el lugar y giran hacia la izquierda. Que luego de ser arrollado al suelo, el transeúnte fue asistido por el chofer del colectivo, quien con la ayuda de algunos pasajeros lo subió al colectivo y lo trasladó hasta algún nosocomio”.
Por otra parte, respecto a los datos geográficos en las cuales ocurriera el accidente, a fs. 30 La Municipalidad de La Matanza informó que en la intersección de las arterias Av. Carlos Casares y Beazley se encontraba en funcionamiento un semáforo y la dirección de viabilidad informó que: “La Av. Carlos Casares en su intersección con la calle Beazley (…) dicho cruce se haya materializado por pavimento de hormigón en óptimas condiciones de mantenimiento. La señalización vial está conformada por líneas de frenado, sendas peatonales en las cuatro esquinas, y carteles indicadores de frenado, sendas peatonales en las cuatro esquinas y carteles indicadores del nombre de las arterias. Existe iluminación artificial (…) en la intersección mencionada hay existencia de semáforos, estando permitido el giro a la izquierda (…) para los vehículos que circulando por la calle Beazley deseen girar a la izquierda para circular por la Av. Carlos Casares en la dirección a la RN 3. La calle Beazley posee doble sentido de circulación…”.
Por otra parte, en los autos principales contamos con dos declaraciones testimoniales que lucen glosadas a fs. 194/194 vta. y fs. 197/197 vta. En dichas actuaciones, volvió a prestar declaración el Sr. Rivero, quien manifestó en esta sede que: “Para que diga el testigo si sabe y como le consta si conoce al Señor Bernardino Mansilla y de donde. Contestó: Lo conocí el día del accidente, cuando sucedió el hecho me acerqué y le di mi nombre y el teléfono, por que pude ver todo lo que pasó. A LA TERCERA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta que fue lo que pasó. Contestó: Si yo estaba ahí en la panchería que está justo ahí en la esquina de Beazley y Carlos Casares yo estaba comiendo y ahí desde la panchería se puede observar todo, bueno lo que yo veo mientras estoy el señor cruzando la calle despacito y obviamente el semáforo habilitándolo a cruzar por la senda peatonal y el colectivo que también viene desde el mismo lado y dobla y lo empuja o sea le pega con el frente del colectivo y bueno eso fue lo que sucedió, y después de que yo vi lo que sucedió fue cuando me acerqué y le di mi teléfono y mi nombre porque había observado lo que sucedió y que obviamente el colectivo dobló de manera equivocada porque no hay giro en ese lugar.- A LA CUARTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si se acuerda que día fue el accidente.
Contestó: El 23 de noviembre del año 2009, a las 16.30 de la tarde, me consta porque en el año 2009 empecé a trabajar en Rafael Castillo a unas cuadras en la Comisaría de Rafael Castillo y esa fecha es el cumpleaños de mi mamá. - A LA QUINTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta que línea de colectivo era y el interno. Contestó: Si el colectivo era de la línea 242, interno 97, de la Empresa La Cabaña, me consta por que trabajé ahí varios años por ese lugar y conozco las empresas de colectivos que están ahí y obviamente ese día verifiqué que empresa es, la línea y el interno.-A LA SEXTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta a qué velocidad venía el colectivo. Contestó: Bueno doblaba bastante rápido y cuando dobla hacia la izquierda ahí es cuando lo embiste al señor Mansilla.- A LA SEPTIMA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta como eran las características climáticas del día.
Contestó: Era un día soleado, lindo me consta porque estuve ahí.- A LA OCTAVA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si declaró usted en sede penal. Contestó: Si declaré en la fiscalía de Varela.- A LA NOVENA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta dibuje un croquis del hecho. Asimismo el testigo procede a realizar un croquis. Con lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de los comparecientes, por ante mí de lo que doy fe”.
Del mismo momo, observo que a fs. 193 el testigo realizó un croquis con la escena del accidente.
El día 28/10/2015 –fs. 197/197 vta.- también declaró en sede civil Narvarta Ariel Arnaldo, quien refirió que: “A LA SEGUNDA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si conoce al Señor Bernardino Mansilla y de dónde. Contestó: Bueno el 23 de Noviembre del año 2009 aproximadamente 16.30horas el señor Bernardino Mansilla, bueno se encontraba cruzando la senda peatonal de la Avenida Carlos Casares, sobre la senda peatonal estaba cruzando con el semáforo en verde para el peatón, cuando viene el colectivo de La Cabaña línea 242 por la calle Beazley y va doblando a la izquierda retomando Carlos Casares, y fue ahí cuando el colectivo frenó de golpe y lo golpeó al Señor Mansilla, lo golpeo del lado derecho y cayó al piso y bueno yo venía por detrás de Bernardino cruzando Carlos Casares, cuando vi que el colectivo lo golpeó al señor Mansilla nos acercamos a ver como estaba él y bueno él se encontraba dolorido por el golpe y tirado en el suelo bueno baja el colectivero y yo recuerdo que hace bajar a la gente del colectivo y bueno lo llevaron al Hospital, lo cargaron en el colectivo al Señor Mansilla y se lo llevaron al Hospital y calculo yo que lo llevaron al Hospital porque sé que lo cargaron en el colectivo y después no supe más nada, yo mientras el señor Mansilla se reincorporaba por ayuda del chofer, yo le dejé mi número al señor Mansilla por si el necesitaba algo después y mientras le preguntábamos si estaba bien, eso fue todo, lo subieron al colectivo y se lo llevaron.- A LA TERCERA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta que fue lo que pasó.
Contestó: Se remite a la pregunta segunda. A LA CUARTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si se acuerda que día fue el accidente. Contestó: Se remite a la pregunta segunda. A LA QUINTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta que línea de colectivo era y el interno. Contestó: La línea era 242 interno 97, empresa La Cabaña, me consta porque yo lo vi, yo estaba ahí.- A LA SEXTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta a qué velocidad venía el colectivo. Contestó: Y la velocidad no sabría decirlo con exactitud pero venia doblando fuerte el colectivo, me consta porque yo vi toda la secuencia digamos. Lo único que podría agregar es que ese semáforo no tiene luz de giro y el semáforo estaba en verde para el peatón, o sea los que veníamos cruzando veníamos bien.- A LA SEPTIMA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta como eran las características climáticas del día.
Contestó: No era un día lindo soleado, me consta porque lo ví.- A LA OCTAVA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si declaró usted en sede penal. Contestó: No, no declaré en ningún lado más solo acá.- A LA NOVENA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta con que parte del colectivo lo golpea al señor Mansilla. Contestó: De frente lo golpeó, me consta porque lo ví.- A LA DECIMA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta proceda a dibujar un croquis del hecho. Acto seguido el testigo procede a realizar un croquis. Con lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de los comparecientes, por ante mí de lo que doy fe”.
Dicho testigo, procedió a efectuar un croquis, conforme surge glosado a fs. 196, en el cual se observa al igual que con el testigo Rivero, la trayectoria de la víctima, quien cruzaba la Av. Carlos Casares por la esquina, en igual sentido que el colectivo y el momento del impacto cuando dicho transporta gira a su izquierda.
Respecto a la valoración de la prueba testimonial, he sentenciado en reiteradas oportunidades que a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, debe apreciarse judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.). Tiene dicho la jurisprudencia con criterio que comparto, que “La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "la sana crítica", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras. Con arreglo al sistema de valoración probatoria de mención, el juez apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar.” (CC0103 MP 165308 71 S 02/05/2018). “La valoración crítica y prudente de la prueba testimonial -a la luz de las denominadas reglas de la sana crítica- motiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe concluir a la vinculación -directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (arts. 375 y 384 del C.P.C.)”. (CC0102 MP 162070 150-S S 15/06/2017). (Fallo “Pietra” citado, voto del Dr. Pérez Catella). Estos testimonios se encuentran corroborados por otros medios probatorios que le dan credibilidad, entre ellos las actuaciones penales, la cual ha sido analizada en su totalidad (acta de procedimiento, parte preventivo, declaración de la víctima) (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.).
Por lo cual, juzgo que los testimonios son creíbles y sus relatos de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentran corroborados y avalados por la prueba aportada en la causa. Como surge de la narración de los hechos producidas, se advierte las explicaciones de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables. De esta manera, no encuentro mérito para apartarme de las mismas.
Finalmente, no puedo dejar de valorar que con fecha 16/05/2019 se ha tenido presente el pedido de confesión ficta a la parte demandada “La Cabaña SA” –véase fs. 314-, conforme pliego glosado previo a la sentencia de grado, ello por encontrarse debidamente notificada de la audiencia señalada y no haber comparecido.
De este modo y forma, con aplicación del precepto legal art. 415 del CPCC, le doy por absueltas en forma ficta a la demandada y por reconocidas como ciertas las siguientes posiciones: a la número tres: “Para que jure como es cierto: “que su dependiente el chofer, gira a la izquierda hacia la Av. Carlos Casares y embiste al actor cuando cruzaba a pie por la senda peatonal, con prioridad de paso peatón”; y siguiendo la misma suerte, a la posición número cuatro que dice: “Para que jure como es cierto” “que su dependiente el chofer al doblar (...) embiste con la parte frontal del colectivo al actor mientras cruzaba…”. Confesión ficta que se encuentra corroborada y avalada por las declaraciones testimoniales prestadas en autos y las constancias de las actuaciones de la IPP valoradas en este voto.
Por lo cual, habiendo efectuado un amplio examen de las pruebas producidas en estas actuaciones, adelanto que los agravios de la citada en garantía no pueden prosperar.
En efecto, dicha parte ha manifestado en su escrito de agravios que: “De la prueba valorada por el a quo, no se obtiene la plena certeza de que el peatón no haya cruzado de manera distraída ni menos aún que no se haya asustado y resbalado. Los testigos describen solo la manera pausada de caminar del actor, que sumado a la edad avanzada de éste, con la probable falta de reflejos y posible mala audición fuera viable que los dichos de la demandada y nuestra parte fuese realmente lo que sucedió. Sin embargo, el a quo atribuye el 100% de responsabilidad al chofer de la demandada. Esta parte solicita a VE que revalorando toda la prueba pueda revocar la responsabilidad exclusiva en cabeza de la demandada, considerando una concurrencia de responsabilidad entre actor y demandado”.
No obstante, en primer lugar los testigos cuya idoneidad no fue cuestiona, han referido que el colectivo asegurado colisionó al actor cuando este se disponía a cruzar por la senda peatonal con el semáforo a su favor, encontrándose por ello habilitado el cruce para el peatón víctima del daño. Asimismo, si bien se encontraba permitido el giro a la izquierda y semáforo habilitado para el chofer de la línea demandada, lo cierto es que el peatón gozaba de la prioridad de paso, cruzó en forma reglamentaria por la senda peatonal y por los croquis acompañados se encontraba casi finalizando dicho cruce. Insisto, no debe perderse de vista que el chofer de la empresa demandada resultaba ser un conductor profesional quien debía estar atento a las contingencias del tránsito.
Asimismo, las partes coaccionadas en sus escritos de contestación de demanda refirieron que la víctima se habría lanzada a la calzada de forma imprevista “un peatón se lanza (…) a cruzar entre vehículos estacionados y sin mirar. Ante la inesperada aparición del peatón, el conductor del colectivo inmediatamente aplica los frenos…”, mientras que aquí manifiesta la aseguradora la supuesta lentitud al caminar del difunto Mansilla para hacer valer la culpa de la víctima, al menos parcialmente.
De la atenta lectura de las constancias de autos se observa que la citada en garantía, ha reconocido la existencia del accidente, los sujetos involucrados aunque han controvertido la mecánica del mismo. Sin perjuicio de ello, no ha aportado a la causa ningún elemento que acredite alguna eximente de responsabilidad; es decir, no han probado la culpa o el hecho de la propia víctima, la culpa o el hecho de un tercero por el cual no deben responder, el caso fortuito o fuerza mayor, ni que la cosa haya sido utilizada en contra de su voluntad expresa o presunta, únicos eximentes que habrían desvirtuado la responsabilidad endilgada a la parte demandada La Cabaña SA.
No puede olvidarse que precisamente frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como una regla para el juzgador indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (artículo 1113 del CC y 375 CPCC su doctrina). (arts. 1113 2º del CC. Su doctrina y 375 CPCC; SCBA Ac. 35253, Ac. L33784, CC0202 LP 88476, SEnt. 28/11/99; CC0002 SM 50114, 26/11/01, Galdós Jorge Mario “Derecho de daños en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, p. 337/8. Ed. Rubinzal-Culzoni). (CORZO ELBA YOLANDA Y OTRO C/ CORPUS HUGO ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. CAUSA Nro.: 4495/1 JUZ Nro.: 7. RSD Nro.: 63/17 Folio Nro.: 510. 02/05/2017).
Así las cosas, en razón de la orfandad probatoria en la que incurrieran la accionada y su citada en garantía en la demostración de los hechos impeditivos de la acción (arts. 330, 375, 384, cctes. del Cód. Procesal), poco trecho queda recorrer, para advertir que corresponde rechazar los agravios que critican la responsabilidad endilgada a la parte accionada.
En su consecuencia y considerando todos los elementos probatorios antes valorados, llego a la convicción judicial que se encuentra debidamente acreditado la existencia del hecho en el cual fueran protagonistas un colectivo de la línea demandada La Cabaña SA y un peatón, sin que dicha parte accionada haya probado eximente de responsabilidad alguna.
En efecto, tengo por acreditado que el día 23 de noviembre de 2009 en circunstancias que el Sr. Mansilla Bernardino se dispuso al cruce de la Av. Carlos Casares por la senda peatonal y con semáforo habilitado fue embestido por un colectivo de la línea 242 de la empresa La Cabaña SA interno 97, quien circulando por la calle Beazley al girar a su izquierda lo impacta. Por lo cual, juzgo y es mi convección judicial, sobre la base de las pruebas producidas, la experiencia de la vida diaria y las máximas de experiencia del juez, que corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto endilga responsabilidad a la parte demandada “La Cabaña SA”, haciéndola extensiva a su citada en garantía (arts. 512, 902, 1111, 1113, y cc. del Cód. Civ. y arts. 68, 163, 354, 375, 384, 413, 415, 456, 472 y 474 del Cód. Proc. y jurisprudencia citada “ut supra“).
IV. El derecho a la indemnización por la incapacidad psicofísica sobreviniente de una persona adulto mayor y jubilado Vengo reiterando en mis votos, en otros casos similares al presente, que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar físico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana.
Dice el Dr. Norberto Luis Valentini, en un trabajo monográfico intitulado: “El adulto mayor, su debida protección…”, presentado en fecha julio 2021, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Católica de La Plata, que en fecha 9 de mayo de 2017 el Poder Legislativo, sanciona la ley 27.360 aprobando la Convención adoptada por la cuadragésima quinta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre “LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES” dictada por dicho organismo internacional el 15 de junio de 2015”. “En cuanto al objeto y ámbito de aplicación sostiene que: es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad (art.1).
El autor citado refiere, que en el artículo 2º, se denomina al sujeto a proteger como: “Persona mayor a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor".
Los documentos internacionales que contienen disposiciones directa o indirectamente vinculadas al derecho de las personas de mayor edad son muy numerosos. Por ej., la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. El título XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes Humanos de 1948 dice: "Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". Con un criterio más amplio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (art. 25). El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 enumera los mismos parámetros normativos y remarca que el Estado se obliga a proveer los recursos necesarios "hasta el máximo de que disponga" (Kemelmajer de Carlucci, Aida, La personas ancianas en la jurisprudencia argentina. ¿Hacia un derecho de la ancianidad?, Publicado en internet, página web.
http://www.scielo.cl).
Los ancianos no estaban mencionados en el texto originario de la Constitución Argentina sancionado en 1853. Mucha agua pasó debajo del puente hasta la reforma de 1994 que entre las facultades del Congreso introdujo la de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad " (art. 75 inc. 23). Pese a la fortaleza de la formulación, se ha dicho que "el reconocimiento de los derechos de la ancianidad resulta extremadamente débil en la Constitución Nacional y solo se cuenta con alguna referencia específica en un artículo que cuenta con escasa proyección inmediata, el art. 75 inc 23, y el inc 22 referido a la vigencia de los tratados y pactos internacionales". En la Argentina, aun antes de la reforma de 1957, un sector doctrinal consideró que los derechos de la ancianidad tenían rango constitucional por ser uno de los derechos implícitos mencionados en el art. 33 de la CN que dispone: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". Esta norma no figuraba en el texto originario de 1853; se incorporó en la reforma de 1860, y tuvo como fuente directa la enmienda IX de la Constitución Norteamericana. La doctrina ha señalado que la fórmula argentina es defectuosa porque parece referirse solo a los derechos políticos, no a los llamados derechos civiles. Sin embargo, hay acuerdo en interpretar el texto a la luz de su fuente y, consecuentemente, comprende a ambos tipos. Esta es también la solución del art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno". (Kemelmajer de Carlucci, Aida, Opus Cit.)
El damnificado enfermo y de edad avanzada que reclama la indemnización por incapacidad económica sobreviniente, respecto a la incapacidad en sí misma, como minoración de la integridad física, debe tenerse en cuenta que para una persona mayor o anciana, es normal que las molestias se agranden; es decir, que al disminuir su fondo físico y mental de tolerancia, lo que para una persona joven significa una molestia más o menos vencible soportable se convierta para ella en una causa de sufrimiento psíquico, sufrimiento teóricamente indemnizable a título de pecunia dolores. No se trata de la pérdida de la capacidad laboral sino del comportamiento doméstico, la pérdida o disminución de autonomía para la realización de los más elementales actos de cuidado de su propia persona o de atender a las tareas más fáciles como es vestirse o desnudarse, coser, limpiar, preparar algún alimento en la cocina, etc. (Audiencia Provincial de Valencia, 2/9/1996, Rev. General de Derecho, año LII n° 627, Dic. 1996, pág. 13.743, cit. por. Aida Kemelmajer de Carlucci, Daño a la Persona, Mendoza 2010, Presentación de Power Point). Dice Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. Una fervorosa defensa de esta posición puede consultarse en Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, nº 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Ed. Astrea, año 1990, p. 220).
La incapacidad física permanente sea para las actividades laborales o de otra índole, deber ser indemnizada aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad física o corporal, tiene en sí misma un valor indemnizable. Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecten la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, ya sean productivas o no productivas que el lesionado solía realizar con la debida plenitud, amplitud y libertad. En suma, por el bien afectado, estas incapacidades físicas pueden afectar la capacidad laboral o la vida de relación social, familiar, de esparcimiento o entretenimiento, etc., en todas sus gamas. En definitiva, lo que se resarce o indemniza –reponiendo las cosas al estado anterior (art. 1.083 del Cód. Civ.)- y en forma subsidiaria mediante una compensación dineraria, es precisamente ese daño a la integridad corporal, o ese ataque a la vida de relación social.
Es innegable que el daño a la vida de relación de un sujeto que puede haber sufrido, debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento integral por el daño patrimonial, toda vez que la denominada “vida de relación familiar y social o de esparcimiento o de recreación y de disfrute”, debe ser merituada al momento de fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana, pues refiere un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente, procrear y cultivar el contacto con terceros, sin ser objeto de prevención o discriminación. El daño que las facetas extra laborativas del individuo sufran, constituye también un daño indemnizable. También es indemnizable la incapacidad de quien sólo se dedicaba a tareas del hogar, ya que las mismas han sido tenidas en cuenta por la sociedad, que otorga beneficios previsionales a las amas de casa, pudiendo computarse por analogía el monto de un salario mínimo. Es que el derecho civil a diferencia del derecho laboral que toma en cuenta la capacidad funcional o productiva, atiende la tutela de la integridad psicofísica de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, por consiguiente la reparación por la incapacidad sobreviniente comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Cuantificación del daño, Ed. La Ley, Bs. As., año 2.006, págs. 238/9).
En este sentido, en las Jornadas sobre temas de responsabilidad civil en caso de muerte o lesión de personas (Rosario, 1979), se recomendó: “Para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana en su integridad, con su multiforme actividad. Debe computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales”.
Asimismo, importa traer a la memoria que el daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso.
Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente.
En cambio del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente y no la transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico e irreversible. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámese patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo.
Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04).
Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene uno origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica. Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC. ) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona,, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Por otra parte, hace menester recordar que esta Sala ya se ha expedido manifestando que si bien el daño “psíquico” no constituye un rubro autónomo puesto que integra el extenso campo de las incapacidades, se admite tan solo su cuantificación por separado para una mejor apreciación de su incidencia en la incapacidad psicofísica, no importando en la especie una doble indemnización.
Por lo tanto, la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc. IV.a) Incapacidad psicofísica sobreviniente parcial y permanente de una persona adulto mayor Adentrándonos al tratamiento de la cuestión, observo que a fs. 230/235 vta. el perito Carlos Alberto Drincovich –médico legista y neurocirujanodeterminó respecto al Sr. Mansilla Bernardino que: “en base a los expuesto precedentemente estimo que el tipo de incapacidad es física, parcial y permanente y guarda en el caso de autos relación de causalidad con el accidente, de demostrarse este como cierto. el grado de incapacidad parcial y permanente es del 23% correspondiendo un 4% a cervicalgia por contractura muscular y reducción del rango de movilidad, un 6% por lumbalgia con contractura muscular y reducción del rango de movilidad y 13% por psudoartrosis de estiloides del cubital con trastornos de la movilidad” (…) "...De la evaluación de los antecedentes obrantes en autos, del examen médico legal realizado por quien suscribe y del resultado de los exámenes complementarios mencionados de este informe pericial, es posible afirmar que el actor presenta: Diagnóstico cervicalgia y lumbalgia con pérdida de la lordosis y compromiso de la movilidad, pseudoartrosis de apófisis estiloides de cúbito. Pronóstico: moderado. Tratamiento: requiere eventual kinesiología. Tipo de incapacidad: Física, parcial y permanente. Grado de incapacidad: 23%. Nexo de causalidad: causal de demostrarse el accidente invocado en autos (...)”.
Dicha pericia recibió pedido de explicaciones con fecha 23/05/2019 y 29/5/2019, habiendo contestado el experto con fecha 14/06/2019 que: “A.1 El actor no puede realizar las actividades habituales de su edad. Se queja de dolores que antes no tenía, no puede realizar sus actividades diarias en su jardín, dificultad para salir a hacer sus compras. Dificultad para mover la muñeca izquierda. A.2 no necesariamente debe haber rectificación de la columna lumbar para tener lumbalgia ya que la misma se produce por cantidad de elementos articulares y ligamentarios y musculares. A.3 a la alteración de la movilidad de la muñeca se suma el 5% por la pseudoartrosis de la apófisis estiloides del cubital con lo que se arriba al valor calculado. B.1 Unidad Sanitaria Sakamoto de la localidad de Rafael Castillo donde lo atienden y encuentran escoriaciones múltiples, fractura de muñeca izquierda, traumatismo de rodilla izquierda y traumatismo de columna cervical y lumbar. (…) no es la concausa la que produce la secuela del accidente sino el accidente en sí y la concausa agrava o empeora”.
Tras el fallecimiento del perito médico y del actor Sr. Mansilla Bernardino, en autos se designó la intervención de un nuevo perito médico y se dispuso a éste que efectuara la contestación del pedido de explicaciones pendiente conforme constancias de autos.
En consecuencia, con fecha 6/9/2019 el Dr. Cozzi informó que: “Que en legal tiempo y forma vengo a contestar el traslado conferido, dando respuesta al pedido de explicaciones solicitado por la parte demandada y citada en garantía. En el Libro de Guardia del Centro de Salud Sakamoto, consta trauma de codo y fractura de muñeca izquierda. Considerando el diagnostico al que se arribó en el informe pericial: “cervicalgia y lumbalgia con pérdida de la lordosis y compromiso de la movilidad, y pseudoartrosis de apófisis estiloides cubital”; el informe que realizo de los estudios complementarios: “Rx de columna cervical de F y P […] perdida de la lordosis fisiológica cervical. Signos de espondilodiscartrosis generalizada. Signos de uncoartrosis. Rx de columna lumbar de F y P […] disminución de la densidad mineral ósea y de los espacios discales L4-L5 y L5-S1 […] Rx de muñeca izquierda F y P […] solución de continuidad a nivel de la apófisis estiloides cubital, a correlacionar con antecedente traumático”; y los hallazgos del examen físico; es que rectifico el porcentaje de incapacidad otorgada previamente y desarrollo la valoración:- 8% por cervicalgia con pérdida de la lordosis fisiológica, limitación funcional y signos degenerativos discales. De dicho porcentual se puede adjudicar 4% de concausalidad.- 10% por lumbalgia con pérdida de la lordosis fisiológica, limitación funcional y signos degenerativos discales. De dicho porcentual se puede adjudicar 5% de concausalidad. Al aplicar la fórmula de la capacidad restante entre los porcentuales mencionados (11%, 5% y 4%), la misma arroja un valor de 19% (18.83%).Respecto al tratamiento kinésico, al tratarse de secuelas consolidadas por el tiempo transcurrido se podría indicar tratamiento kinésico con fines paliativos / antalgicos, iniciando el mismo por 10 sesiones por región y luego -a demanda- según la clínica (dolor)”.
A fs. 277/280 vta. (fecha 8/03/2018) presenta su experticia la perito psicóloga María Cecilia Matías, quien respecto al Sr. Mansilla determinó que: “A partir del análisis correspondiente se arriba a la conclusión que el actor presenta daño psíquico, a partir de los hechos acontecidos. (…) el daño psíquico que el actor presenta, remite al cuadro descripto en el Baremo para Daño neurológico y psíquico de Castex& Silva: 2. 6. 7. POSTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD O DESARROLLO PSÍQUICO POSTRAUMÁTICO especie en la figura genérica descripta por Freud y por ende claramente diferenciada de esta) leve, los autores determinan un porcentual entre 1 % a 10 %. Estimo un porcentual de 5 % debido a lo fundamentado en el presente informe.
Dicho daño es de carácter parcial y permanente”. Esta pericia también fue cuestionada por las partes el día 9/05/2018 y 22/5/2018, habiendo contestado la perito el día 1/2/2019 que: “El Señor Mansilla tiene una personalidad con estructura neurótica, como se aclaró en el apartado esto significa que es normal, porque estamos hablando de funcionamiento (…) Los indicadores de angustia y ansiedad surgen de las exhaustivas entrevistas al evaluado y a su mujer. Como sostiene Graciela Celener la entrevista es la prueba principal para diagnosticar o evaluar, en este caso para ver si hay daño psicológico. Punto IV: Las “sensaciones” por las que consulta, si son suficientes, son emociones y síntomas que son características del trastorno por estrés post traumático.
(…) De acuerdo a las preguntas realizadas en la misma, las capacidades de oír y ver (Disminuidas, pero no ausentes el día de la toma) disminuyeron tras el accidente de marras (…) Por una cuestión empática, sin necesidad de ser experto en una materia, para una persona que tiene disminuidas (No ausentes) las capacidades de escuchar y ver, un accidente es inesperado y ajeno a su voluntad. Punto VI y VII Como se menciona oportunamente en el informe la atención, la memoria junto con el área volitiva, se encuentran conservadas en relación a su edad. Los recursos intelectuales coinciden con su grado de instrucción. Una persona normal y convencional se puede encontrar confundida y temerosa tras un accidente (…) De acuerdo a lo relatado la capacidad de escucha y la vista no estaban deterioradas en el mismo grado que si lo estaban el día de la entrevista.
Por lo cual el Señor Mansilla, si podía circular sólo”. Asimismo, con fecha 17/07/2019 contestó la experta que “Se ha evaluado al Sr. Mansilla, Bernardino. Como se explicó oportunamente el evaluado tiene una patología reactiva cuyo cuadro es de Estrés post traumático”.
En consecuencia, estimo que las pericias realizadas por los peritos médicos, y sus explicaciones y la pericia psicológica también con sus respectivas explicaciones, se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia, los fundamentos y su conclusión, constituyen dictámenes con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas: la causa penal 41673/09 en la cual se ha dejado constancia a fs. 5 copia de la atención recibida el actor el día 23/11/2009: “Mansilla Bernardino paciente que fue atropellado, tocado, por colectivo.
Produjo trau. de codo izq y muñeca izq. Con signos de fx, se deriva a su obra social. Lo alcanza y traslada personal de la empresa La Cabaña”, a fs. 6 “control por traumatología”, a fs.7el examen practicado por el Cuerpo Médico de La Matanza, organismo que informara: “Bernardino Mansilla…presenta yeso en mano y antebrazo izquierdo, aporta rx, en la cual se observa fractura de radio en la muñeca izquierda y presenta escoriaciones en brazo izquierdo, muslo izquierdo y rodilla izquierda. Consideraciones médico legales: dichas lesiones son compatibles con golpe o choque con o contra superficie dura y roma y es causante de una inutilidad laboral mayor al mes, con un tiempo evolutivo de aproximadamente 20 días (…) carácter grave”, la declaración testimonial realizada en dichas actuaciones por el Sr.
Rivero, la historia clínica de fs. 211/214, en la cual se ha dejado constancia que: “Siendo las 17 05 hs., ingresa Mansilla Bernardino 70 años, reside en Marconi 1522 R. Castillo, traído por personal de La Cabaña por haber sufrido acc. envía pública, trau. de codo y muñeca con signos de Fx, lo trasladaron a la Clínica los Cedros por OS PAMI”; las declaraciones testimoniales brindadas en sede civil, a fs. 194/194 vta. y fs. 197/197 vta., testigos presenciales del hecho quienes refirieron: Rivero: “bueno lo que yo veo mientras estoy el señor cruzando la calle despacito y obviamente el semáforo habilitándolo a cruzar por la senda peatonal y el colectivo que también viene desde el mismo lado y dobla y lo empuja o sea le pega con el frente del colectivo y bueno eso fue lo que sucedió (…) Bueno doblaba bastante rápido y cuando dobla hacia la izquierda ahí es cuando lo embiste al señor Mansilla” y Narvata: “Bueno el 23 de Noviembre del año 2009 aproximadamente 16.30 horas el señor Bernardino Mansilla, bueno se encontraba cruzando la senda peatonal de la Avenida Carlos Casares, sobre la senda peatonal estaba cruzando con el semáforo en verde para el peatón, cuando viene el colectivo de La Cabaña línea 242 por la calle Beazley y va doblando a la izquierda retomando Carlos Casares, y fue ahí cuando el colectivo frenó de golpe y lo golpeó al Señor Mansilla, lo golpeo del lado derecho y cayó al piso (…) él se encontraba dolorido por el golpe y tirado en el suelo bueno baja el colectivero y yo recuerdo que hace bajar a la gente del colectivo y bueno lo llevaron al Hospital”.
No escapa a este juzgador que se ha cuestionado la relación causal respecto a la incapacidad detectada por los expertos intervinientes por cervicalgia y lumbalgia, las cuales conforme el Dr. Cozzi estaban relacionadas concausalmente con el hecho de autos. La parte demandada denuncia que no existe prueba documental que acredite dichas patologías. No obstante ello, no puede perderse de vista que el colectivo de la empresa demandada colisionó al actor mientras efectuaba el cruce por la senda peatonal, lo cual hace presumir que a raíz del accidente el Sr. Mansilla habría sufrido diversos politraumatismos. Considero (esto dentro de la experiencia de la vida diaria y/o las máximas experiencias del juez), que una persona expuesta a un evento traumático violento como el denunciado en autos (colectivo que colisiona a un peatón) va a manifestar secuelas físicas inmediatas y secuelas mediatas, dentro de las primeras: pueden ser valoradas fracturas, heridas o déficits sensoriales/motores, como pérdida de la conciencia o alteraciones en el aparato locomotor. Dentro de la segunda: alteraciones y disfunciones residuales que si bien pudieron no tener una expresión clínica de inicio –es decir en el momento mismo del hecho-, han tenido como punto de partida el violento traumatismo padecido, todas estas imputables –en principio- al autor del daño. Tales consideraciones se refuerzan en virtud de la mecánica misma del accidente (art. 901, 903, 904 del CC). Advierto que pese a los sendos argumentos expuestos por la demandada y citada en garantía en sus escritos de agravios, respecto a la pericia médica practicada, las conclusiones médico legales arribadas, no han sido una simple expresión o manifestación del accionante, sino que ha estado fundamentada entre la relación concordante y coincidente de la pruebas clínicosemiológicas practicadas y los estudios aportados. Máxime cuando la contraria tuvo la oportunidad de producir prueba de descargo y no lo hizo.
Por lo tanto, entiendo que todas las secuelas detectadas por el Dr. Drincovich y Cozzi –las cuales fueron coincidentes en su diagnóstico, más allá de la rectificación del porcentaje-, han tenido la pertinente acreditación y guardado coincidencia con los estudios complementarios solicitados a tal efecto en el pertinente informe pericial y sus explicaciones; no encontrando motivos valederos para apartarme de dicha experticia oficial.
Por otra parte, cabe destacar que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30).
Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica.
(Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsdn17/07 sentencia del 22/03/07). En consecuencia, ha quedado debidamente acreditado (no solo por la pericia sino por las demás pruebas referenciadas oportunamente) que el actor habia sufrido como consecuencia del hecho de autos un daño a su salud psicofísica, que ha sido graduado en el porcentaje de incapacidad física del 18, 33% (8% por cervicalgia con pérdida de la lordosis fisiológica, limitación funcional y signos degenerativos discales. De dicho porcentual se puede adjudicar 4% de concausalidad; 10% por lumbalgia con pérdida de la lordosis fisiológica, limitación funcional y signos degenerativos discales.
De dicho porcentual se puede adjudicar 5% de concausalidad. Al aplicar la fórmula de la capacidad restante entre los porcentuales mencionados (11%, 5% y 4%), la misma arroja un valor de 19% (18.83%) y un 5% por incapacidad psicológica por estrés postraumático, disminución psicofísica que habría llevado hasta el momento de su deceso y sin perjuicio de las actividades que realizaba, puesto que la incapacidad puede afectar la capacidad productiva o traducirse en un menoscabo de su plenitud, por ello este daño es totalmente resarcible, (art. 1083 del CC).
Toda vez que el juez al preguntarse: ¿Se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuado existente entre el acto ilícito generador del daño causado a la salud del actor?; en respuesta a que sí, se encuentra acreditado este extremo legal, debe retrotraerse mentalmente en su pensamiento razonable, lógico y prudente al día en que se produjo el accidente y ubicarse en el teatro o escenario de los hechos, recreando los mismos, demostrando y comprobando con los elementos probatorios incorporados en el juicio, que avalan la plataforma fáctica, que el hecho ilícito fue la causa adecuada, idónea y con aptitud suficiente para generar daños a la salud del actor.
Finalmente, cabe recordar la distinción entre que significa “valorar los daños a la persona humana”, del concepto: “cuantificar económicamente la lesión sobreviniente”. En tal sentido he expresado en otros votos que valorar el daño significa jurídicamente considerar y determinar la magnitud del mismo, su grado de incapacidad, sus características y su clasificación o calificación, etcétera; cuyos elementos serán tomados especialmente de todos los medios probatorios rendidos en autos, entre ellos la pericia producida por el médico forense, etcétera; sin dejar de lado el nexo causal existente entre el hecho y la consecuencia dañosa.
En cambio, y considerada esta primera etapa del daño, el juez pasa seguidamente a una segunda etapa: denominada de “la cuantificación aritmética o económica del daño a la persona”, en oportunidad de fijar el quantum resarcitorio por las lesiones producidas, liquidando un precio indemnizatorio y que en forma subsidiaria compensa y repone las cosas al estado anterior, dentro de un marco de un sistema económico capitalista.
En suma, dilucidada la cuestión expuesta precedentemente, a los efectos de fijar la suma indemnizatoria compensatoria de la incapacidad psicofísica sobreviniente, se tomarán en cuenta las siguientes pautas: edad de la víctima a la fecha del hecho, su situación socioeconómica, profesión u oficio, monto mensual de sus ingresos, estado de salud antes del accidente (que se presume optimo, salvo prueba en contrario), estado civil, grado de incapacidad atribuida, etcétera.
Así las cosas, considerando que el actor tenía a la fecha del accidente 70 años de edad, jubilado, casado con hijos, conforme surge del beneficio de litigar sin gastos, el porcentaje de incapacidad física del 18.33% de carácter parcial y permanente relacionado concausalmente con el hecho de autos y del 5% de incapacidad psicológica, relacionada causalmente con el hecho de autos (arts. 901 y 906 del Cód. Civ.); estimo que corresponde confirmar el rubro incapacidad psicofísica sobreviniente, en la suma de pesos OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($840.000,00) (comprensivo de $665.000,00 por incapacidad física y $175.000,00 por incapacidad psicológica) (art. 1.068, 1.069, 1.083, y 1.086 del Cód. Civ., y 165, 375, 384, 456, 472 y 474 del Cód. Proc).
V. Daño Moral Surge del artículo 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias, etc.. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277). Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima– mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica-, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, constancias de la causa penal: acta de procedimiento, declaraciones allí efectuadas, constancia de atención médica, prueba testimonial, pericia médica, los sólidos fundamentos brindados por el sentenciante de grado respecto al derecho del mayor adulto y la protección a la ancianidad, estimo que corresponde confirmar el rubro daño moral en la suma de pesos CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000,00), importe que considero justo y equitativo.
VI.-Gastos de farmacia y asistencia médica Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal.
En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (pericia médica, atenciones médicas, estudios, constancias de la causa penal, etc.,) las afecciones que sufriera el actor, sus condiciones personales y que de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo confirmar la suma de pesos DIEZ MIL ($10.000,00) por dichos conceptos, la que considero justa y equitativa. (arts. 1.069 y 1.083 del Cód. Civ. y 165 del CPCC).
VII. Las costas de Alzada Atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en segunda instancia deben ser impuestas a la demandada y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.) Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Posca y Pérez Catella también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE CONFIRME la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 2°) SE IMPONGAN las costas generadas en segunda instancia a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.). 3°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, los Dres. Posca y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 2°) IMPONER las costas generadas en segunda instancia a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.).
3. DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia