Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 31.239
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora;
2Modificar la SENTENCIA apelada de la siguiente manera: a) elevar el rubro incapacidad física al importe de pesos NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00); b) elevar el rubro incapacidad psicológica al importe de pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000,00); c) elevar el rubro tratamiento psicológico al importe de pesos DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS ($17.302,00); d) elevar el rubro daño moral al importe de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($475.000,00); e) elevar el rubro gastos de farmacia y traslados al importe de pesos OCHO MIL ($8.000,00); f) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 16/11/2009 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos;
3ACLARAR que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la …
GONZALEZ SILVANA DANIELA C/ FUOCO ANGEL GABRIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS LM-31239/2010
Juz. Civ. y Com. Nro.: 2 En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados:
“GONZALEZ SILVANA DANIELA C/FUOCO ANGEL GABRIEL Y OTROS S/
DAÑOS Y PERJUICIOS LM-31239/2010, practicado el sorteo pertinente - art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI- DR. POSCA - DR. PÉREZ CATELLA – resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. Cuestión: ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de la parte actora?
2°cuestion: ¿Es justa la resolución apelada?
3. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 07/09/2020 sentenciante de grado resolvió: “HACER LUGAR A LA DEMANDA PROMOVIDA POR SILVINA DANIELA CONTRA ANGEL GABRIEL FUOCO Y ROSANA GAMARRA. En consecuencia, condeno a éstos últimos a abonar a la primera la sumas de PESOS SETECIENTOS MIL SETECIENTOS ($700.700), con más los intereses establecidos en el considerando séptimo, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución.-Segundo: EXTENDER LA CONDENA CONTRA ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en los límites y con los alcances de la cobertura asumida, sin perjuicio de responder por los intereses aludidos precedentemente, computados sobre el monto de la cobertura.- Tercero: IMPONER LAS COSTAS DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS DEL CONSIDERANDO OCTAVO, y postergando la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes para su oportunidad legal.” Contra dicha forma de resolver, apeló la demandada y citada en garantía el día 08/09/2020, recurso que fuera concedido libremente el día 10/09/2020. Por su parte, la actora mediante presentación de fecha 10/09/2020 también apela la sentencia, recurso que fuera concedido libremente el día 14/09/2020.
Con fecha 12/05/2021 se ordena la elevación a esta Alzada, habiéndose radiado ante esta Sala Primera el día 13/05/2021.
En consecuencia, una vez en condiciones y mediante despacho del día 20/05/2021 se llamó a expresar agravios, cumpliendo la parte actora con dicha carga procesal mediante presentación del día 01/06/2021 y la parte demandada y citada en garantía el día 03/06/2021.
Es así que el día 11/06/2021 se les dio por presentadas en legal tiempo y forma dichas fundamentaciones, corriéndose el respectivo traslado de ley – véase pto. III-, contestando el traslado únicamente el accionado y su aseguradora mediante presentación del día 21/06/2021.
Con fecha 25/06/2021 se ordena correr vista a la Fiscalía de Cámara Departamental, quien contestara mediante presentación del día 12/07/2021. En consecuencia, una vez en condiciones, pasaron los autos para sentencia el día 16/07/2021 y posterior sorteo de orden de estudio con fecha 20/09/2021.
II.-La fundamentación de los agravios de la parte actora De la atenta lectura de la expresión de agravios de la parte actora, se observa que esta se queja por los montos indemnizatorios que entiende resultan reducidos y el límite de cobertura.
Primer agravio: exigua indemnización por el rubro lesiones corporales e incapacidad sobreviniente: expuso que resulta exigua la indemnización otorgada por el juez para este rubro, en virtud de la pericia médica practicada en autos por el perito de oficio, el que dictaminara una incapacidad sobreviniente del 19% de carácter permanente para su vida. Que no se ponderó adecuadamente que la actora, no solo ha visto mermada su capacidad para trabajar, sino que su incapacidad es para toda su vida, lo que engloba no solo la actividad laboral, sino también sus actividades recreativas, sociales, culturales y las más diversas disciplinas que podría haber desarrollado en plenitud, de no haber sido por el injusto ilícito que en esta oportunidad nos convoca. Que si bien es cierto que el sentenciante al fundar este rubro cita jurisprudencia concordante en el sentido de considerar no solo el menoscabo laboral, sino tambien, la edad de la actora, 30 años, la cantidad de hijos (2) y menores de edad, situación económico social, y otros parámetros sociales, culturales y laborales pero advierte que al momento de fijar la indemnización la misma no refleja los dichos del juez. En consecuencia, solicita se eleve considerablemente la partida indemnizatoria otorgada en concepto de incapacidad física parcial y permanente, adecuando la indemnización a las reales secuelas que debió soportar, toda vez que la misma, se ha contemplado –entiende- por el sentenciante, en forma incompleta las pautas que debieron tomarse en cuenta para arribar a la suma indemnizatoria, siendo que no profundizó –manifiesta- realmente en las consecuencias de los daños y perjuicios soportados.
Segundo agravio: exigua indemnización por daño moral: asimismo, se queja por el monto indemnizatorio por daño moral, el cual entiende resulta reducido, toda vez que es innegable que la actora sufrió dolores y perturbaciones que afectaron su paz y tranquilidad interior, no solo en forma inmediata al infortunio sino que ciertos malestares perduraron en el tiempo, lo que resultó en una importante incomodidad para realizar las actividades de la vida diaria. Por lo cual, luego de citar doctrina que entiende respaldatoria solicita se eleve el presente rubro tomando en cuenta las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.
Que González, sufrió un agravio moral al tener organizada su vida con un ingreso económico que le permitía sostenerse ella y su familia, siendo que repentinamente se vio inmersa en lesiones físicas y psíquicas, junto con la pérdida de su trabajo y angustia por no poder solventar los gastos familiares y los demás agravios morales, los cuales el juez –refiere- no supo ponderar íntegramente, al momento de fijar la indemnización del presente rubro. En suma, solicita se eleve el presente rubro.
Tercer agravio: exigua indemnización por daño psicológico:
Respecto a esta parcela, refiere la actora que según surge de las conclusiones medico legales de la pericia psicológica realizada por el perito actuante resulto que la misma padece de un 5% de incapacidad en relación causal con el accidente. Por lo cual, expone que le agravia la aplicación del método de capacidad restante, toda vez que entiende que el daño físico y el psíquico corresponden a esferas diferentes, no debiéndose sumar las mismas, sino por el contrario, la independencia de los rubros indica también que se trata de daños distintos que no deben sumarse como si fuera uno solo. Es entonces, manifiesta que dicha incapacidad resulta ser del 5% y no del 4,05 % fijado por el juez. Que no es congruente establecer una suma de pesos 81.000 por una secuela incapacitante de carácter “permanente” como la padecida por la actora. Que de la misma pericia, surge que la actora posee ideas de desvalorización personal, de perjuicio y abatimiento, inseguridad e intenso miedo desconocidas con anterioridad al accidente que diera origen a la demanda de estos autos. Que padece actualmente de un pensamiento que presenta ideación agresiva y auto agresiva, además de una gran inseguridad, intenso miedo, disminución de autoestima, posicionamiento depresivo, reducción de la energía disponible, aislamiento respecto de su entorno, conductas evitativas, bloqueo afectivo, fantasías de disgregación, deterioro de sus capacidades de concentración, atención y memoria.
Cuarto agravio: exigua indemnización por el rubro tratamiento psicológico: respecto a este rubro manifestó la actora, que fue indemnizada con una partida de $ 4.700 por tratamiento psicológico. Que el perito de oficio recomendó, y el sentenciante recepto, un tratamiento psicoterapéutico por la suma de pesos 250 por sesión durante al menos seis meses, por ello expone que el costo del tratamiento debió ser de $ 6.000, ello sin tener presente, que el costo presupuestado no es el existente al día de hoy. Que la partida otorgada, no tiene asidero en las probanzas de autos y debió ser sensiblemente superior, toda vez lo expuesto y la inflación reinante que sin lugar a dudas hizo que el valor de la sesión sea superior hoy día, al contemplado en el momento de la pericia.
Quinto agravio: exigua indemnización otorgada por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado: en cuanto a este rubro también solicita se eleve, considerando la entidad de los daños físicos y psíquicos sufridos. Que la suma de pesos cinco mil, de ninguna manera alcanza a sufragar los gastos padecidos.
Sexto agravio: inaplicabilidad de límite de cobertura del contrato de seguro: respecto a este punto, expone que le agravia la limitación en la extensión de la condena que se aplica en la sentencia de grado, ya que cuando llega el momento concreto de la reparación de las víctimas de los accidentes de tránsito, se le tiene que explicar –expone el letrado- que si bien la Constitución Art. 42) y la Ley (24.449; Art. 68), establecen que se los tiene que indemnizar, existe una simple Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación (que contradice a la Constitución, Art. 42 y a la Ley 24.449, Art. 68), que casi evapora dicha indemnización, dado que establece un límite de cobertura de irrisorio cien mil pesos. Que en los últimos tiempos, se ha ido abriendo una nueva tendencia Jurisprudencial, que determina que la 'franquicia' de los seguros obligatorios de automotores, no es oponible a la víctima. Que en la causa "ARREGUEZ, Adriana Mónica y Otros vs. Godoy, Daniel Gustavo y Otros s/Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 45.747/2002; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 31, a cargo del Dr. Victor Liberman, de fecha 13 de Mayo de 2004), en el dictado de la sentencia, se realiza un profundo y meduloso análisis de la cuestión, llegándose a la conclusión que la franquicia es inoponible a la víctima de un accidente de tránsito. Que una de las características de la 'postmodernidad' es: 'el traslado del riesgo al consumidor'. Y, a no dudarlo, la franquicia de $ 40.000, es uno de los casos paradigmáticos de 'traslado de riesgo al consumidor' (y a los ciudadanos en general).Que no se puede a través de una "...simple resolución de la SSN derogar la obligatoriedad de asegurarse conforme lo estatuye el art. 68 de la ley 24.449...". Que existe una clara contraposición de normas donde se presenta el artículo 42 de rango constitucional protegiendo al usuario en la relación de consumo conforme a sus intereses económicos y a su seguridad y una mera disposición administrativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación donde se fija un tope indemnizatorio. Por lo cual, refiere que es claro que dicho límite es inconstitucional.
Que la Ley 24.449, es una norma de 'orden público'. Asimismo, se afirma que "...pareciera que la franquicia autorizada permitiría evadir lo normado en la ley 24.449...", que la Ley de Seguros "...remonta en su génesis a 1959/1961; han pasado más de cuarenta años, y por cierto muchas cosas han cambiado, entre otras la Ley de Tránsito y el Seguro Obligatorio para automovilistas...". Asimismo, cita el fallo plenario dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil “Sala J” el 13/12/06 en los autos "Obarrio, María Pía c/ Micrómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les. o muerte) Sumario" y "Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios", en donde expone que se estableció como doctrina legal obligatoria que "en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución N° 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)".
Del mismo modo, cita fundamentos en extenso, a los cuales me remito en honor a la brevedad, estableciendo las siguientes conclusiones: El Art. 68 de La Ley 24.449, al ser una norma de orden público, no puede ser modificada ni limitada a través de una Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la franquicia (Resol. nº 25.429 de la S.S.N.), contradice toda la actual evolución del 'Derecho de Daños', que tiene como epicentro a las víctimas (especialmente, en los accidentes de tránsito); El dictado de la resolución 25.429/97 que aprueba las condiciones contractuales para el riesgo de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte de público de pasajeros, fue consecuencia del dictado del decreto 260/97 que declaraba la emergencia en materia del transporte público de pasajeros, que la modificación de la ley de Defensa del Consumidor introducida por la ley 26.361, lleva a considerar que en los supuestos de seguro obligatorio, como en el caso de los automotores o las motocicletas, las cláusulas de exclusión de cobertura, en cuanto desnaturalizan las obligaciones o limitan la responsabilidad de la compañía de seguros, son inoponibles a las víctimas porque la ley tutela un interés superior que consiste en la reparación de los daños ocasionados a los terceros.
En consecuencia, se entiende que resulta inaplicable el concepto de efecto relativo de los contratos (arts. 1195 y 1199 del Cód. Civil).
Que al declararse aplicable el límite de cobertura estipulado en la póliza, ve violado su derecho de obtener una reparación integral como la establecida en autos. En suma, solicita que la extensión de la condena sea ejecutable contra la citada en garantía en su totalidad, sin límite de cobertura, toda vez que el referido limite, resulta ser inconstitucional y un no seguro, que solo vuelve a victimizar a las víctimas. Cita jurisprudencia que entiende respaldatoria.
Séptimo Agravio: Inaplicabilidad de intereses al monto de sentencia: finalmente, refirió que el sentenciante en su fallo, si bien extiende la condena a la citada en garantía, solo obliga al pago de los intereses hasta el límite de la cobertura. Por lo cual, refiere que dicha sentencia agravia a su parte, ya que limita el pago de intereses, cuando debió extenderlos a la totalidad de la condena. Que la jurisprudencia se ha expedido determinando que: "...al establecer el asegurador un límite a las costas e intereses, entra en colisión con la obligación que aquél tiene de mantener indemne al asegurado. En tal sentido el art. 109 de la Ley de Seguros crea en cabeza del asegurador la obligación de mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato. Así el art. 110 de la misma ley, establece que la garantía del asegurador comprende el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero. ... las cláusulas contractuales se redactan conforme lo determina la autoridad de control, es decir, la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero la cláusula de la póliza que limita la cobertura de costas e intereses, resulta violatoria de normas imperativas (arts. 109 y 110 LS), por tanto resulta abusiva y nula, debiendo tenerse por no escrita (arts. 1066 CC y art. 37 inc. b) Ley de Defensa del Consumidor), en tanto importa una restricción de los derechos del asegurado, consistente –hasta el límite de la suma asegurada- en ser mantenido indemne, sin las limitaciones enunciadas ut supra (v. Rubén S. Stiglitz “Derecho de Seguros”, 5ta. ed., La Ley, T.I, pág. 593)..." ( Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Sala Primera, en autos “RIVARA, María Laura c/ QUITEGUI, Carlos Enrique y otra s/ Daños y Perjuicios. Beneficio de Litigar sin Gastos”, sentencia del 27/11/2014), entre otros fallos citados por la apelante. Que la cláusula de la póliza que limita la cobertura de las costas e intereses del presente proceso resulta violatoria de normas imperativas (arts. 109 y 110 de la Ley de Seguros) por lo tanto abusiva y nula, debiendo tenerse por no escrita (art. 37 inc. "b" de la Ley 24.420, de Defensa del Consumidor) en tanto importa una restricción de los derechos del asegurado, quien debe ser mantenido indemne. Asimismo, refiere jurisprudencia de la SCBA.
Que de las constancias de autos y más precisamente de la póliza de seguro obrante 109/118, en la cláusula 3 anexo III nítidamente se observa que "el asegurador toma a su cargo como único accesorio de su obligación a que se refiere la cláusula 2 el pago de las costas judiciales en causa civil, incluidos los intereses y de los gastos extrajudiciales en que se incurra para resistir la pretensión del tercero (art. 110 de la ley de seguros) dejándose sentado que en ningún caso cualquiera fuera el resultado del litigio, el monto de dicho accesorio podrá superar la menor de las sumas siguientes: a) 30% de la que se reconozca como capital de condena o b) 30% de la suma asegurada. El excedente quedara a cargo del asegurado"; a su vez, la cláusula 2 aludía a que el asegurador asumía su obligación "hasta la suma máxima por acontecimiento" establecida en las condiciones particulares. Que ambas cláusulas, a su juicio, deben interpretarse de consuno; y ello es lo que surge prístino de la cláusula 4bis de condiciones generales, cuando refiere que el asegurador toma a su cargo como único accesorio de su obligación a que se refiere la Cláusula 2 el pago de costas e intereses.
Que si la cláusula 4bis nos habla de un accesorio, es evidente que no puede considerárselo incluido en los alcances -y límites- de la cláusula 2, sencillamente porque -si así fuera- no habría necesidad de incluir la cláusula 4bis; en esencia: la cláusula 2 alude a la obligación principal (léase, el capital) mientras que la 4bis regula lo atinente a sus accesorios (intereses y costas).- Que los términos de la sentencia dictada en autos de ninguna manera se ven violentados por tal interpretación; la sentencia hizo extensiva la condena "con los límites y dentro de los alcances de la cobertura" y tales límites y alcances son, justamente, los ya dichos.
Que es esta la interpretación que mejor se acomoda a un standard de buena fe contractual (arts. 1197 y 1198 C. Civil) y todo ello bajo el manto protectorio que el constituyente nos obliga a colocar sobre el consumidor (artículo 42 constitución Nacional) que siendo que la actora ha quedado con un grado de incapacidad a resultas del evento de autos, deben adoptarse -desde el Estado- todas las medidas necesarias que resguarden y tiendan a materializar sus derechos de la manera más rápida y efectiva posible .
En consecuencia, solicita se modifique el fallo solo en lo que hace responsable a la citada en garantía en cuanto a los intereses devengados, computados sobre el monto de cobertura.
III. Fundamentación de la citada en garantía “Antártida Compañía Argentina de Seguros SA” y del demandado Fuoco Ángel Gabriel Al respecto, de la atenta lectura de los agravios de dicha parte, se observa que esta se queja por la cuantificación de los rubros indemnizatorios. Es así que expuso que en relación a las lesiones - incapacidad sobreviniente- el juez fijó la suma de $380.000 como monto indemnizatorio, solicitando su reducción. Que para ponderar la indemnización del daño patrimonial del accionante, ante la existencia de secuelas, deben atenderse las condiciones personales de la víctima, edad, sexo, estado civil, empleo y actividades habituales y fundamentalmente, la incidencia que las secuelas puedan tener sobre la específica disminución de aptitudes genéricas para el trabajo y sobre la vida de relación. Por lo cual, manifiesta la letrada apoderada de los accionados que el monto indemnizatorio fijado por el juez no guarda atinada correspondencia con la escasa gravedad de las lesiones estimadas por el perito. Que la lesión a la integridad física, no es en sí indemnizable, sino que puede ser causa de un daño patrimonial indemnizable en la medida de que genere un menoscabo económico por la disminución de la capacidad de obtener ganancias o bien ser sólo causa de agravio moral en tanto repercuta desfavorablemente en las afecciones legítimas del damnificado. Que los porcentajes de incapacidad discernidos por los expertos no aparejan de modo inexorable el automático cálculo indemnizatorio en función de dichos baremos, toda vez que éstos constituyen pautas orientativas o referenciales que exigen ser conjugadas con los restantes elementos de la causa a fin de conocer, con relativa aproximación la verdadera incidencia minorante de las lesiones. Que el sentenciante de primera instancia, no ha efectuado una correcta determinación del monto indemnizatorio atendiendo a las circunstancias particulares de la actora que se desprenden de la causa, entre otras: la naturaleza de las lesiones sufridas, edad del afectado, salud, sexo, estado civil, familiares a cargo etc. En suma, solicita se disminuya el monto otorgado por dicho concepto.
b) En relación al daño moral, refirió la letrada que cabe poner de relieve que si bien, su cuantificación queda sujeta al prudente arbitrio judicial, las particularidades del hecho generador y la escasa importancia de las lesiones, situaciones estas, que se verificaron en el caso, tornan la suma fijada por el juez de grado en abultada. Por lo cual, también solicita la reducción del monto. c) Por otra parte, se agravia de los rubros daño psicológico y gasto de tratamiento psicológico y de su cuantía. Que debe considerarse uno u otro cuando la psicoterapia tiene serias posibilidades de remitir la patología, pues de otra forma, se duplicaría el resarcimiento. Que en el caso la incapacidad es permanente, y por ello VS le asignó una partida indemnizatoria, y por lo tanto, entiende que no existe tratamiento que pueda modificar la situación de la persona afectada. En consecuencia, entiende que el caso se presenta el supuesto de duplicación de la indemnización, ya que por un lado el sentenciante atribuyó una suma en concepto de incapacidad, la que aparece ciertamente como abultada a tenor de las constancias de autos y otra para tratamiento cuyo resultado será que, o se disminuya, o ya no exista aquella incapacidad.
LA SOLUCION
III. El pedido de deserción del recurso de apelación por la parte demandada y citada en garantía Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formula la parte accionada al contestar los agravios, solicitando la deserción del recurso de apelación interpuesto por la actora, toda vez que – según su opinión- no se ajusta a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc.
Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación (arts. 260 y 261 del CPCC de la provincia de Buenos Aires) debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que fuera presentada electrónicamente con fecha 01/06/2021 surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante –desde su ángulo de visión subjetivo- considera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnico-formal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Máxime, el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera del mínimo agravio.
Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA Por análogos fundamentos, el Doctor Posca y el Doctor Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
IV. Incapacidad física de González Silvina Daniela Vengo reiterando en mis votos, en otros casos similares al presente, que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar físico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana.
Que el art. 12 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. As., determina que todas las personas en la Provincia tienen derecho a la vida, a la “integridad física, psíquica y moral”. Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód. Civ.).
Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente corresponde que se incluya a toda disminución psicofísica, que deje una secuela permanente para el trabajo o la vida de relación al sujeto que lo sufre, considerando el juzgador de tal forma a la salud en su cabal integridad. Las secuelas, aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratará de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud física, que la víctima solía gozar con total plenitud y con la debida amplitud y libertad. En suma, se trata de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1 Convención Americana de Derechos Humanos).
Transita la vigencia de la “tesis de la inviolabilidad de la persona humana “, y el que daña a un tercero debe resarcir el mal causado, sobre la base del apotegma romanista “no dañar al prójimo”, -con fundamento cristiano- que cobra lozanía con raíz constitucional en el art. 19 de la C. N. En el Congreso Internacional de Derechos de Daños (junio de 1991) la Comisión n° 1, al tratar el Daño a la persona, aprobó las siguientes conclusiones: 1°) La inviolabilidad de la persona humana, como fin en sí misma, supone su primacía jurídica como valor absoluto. 2°) La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integrad de su proyección...” “...3°) El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales...“.
El Juzgador no puede estar ajeno al principio de progresividad que enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), recordando que la dignidad de la persona humana constituye el centro o eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, haciendo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, no está ausente la evaluación del daño como frustración del desarrollo de la plena vida.
El art. 1.086 del Cód. Civ., no menciona a la incapacidad permanente, sin embargo el art. 89 del Cód. Penal se configura el delito de lesiones, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño; disponiendo el art. 90 del mismo cuerpo legal que si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o se hubiese puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiere inutilizado para el trabajo se le impondrá reclusión o presión de 1 a 6 años; pero es éste, el renglón principal del resarcimiento y se configura cuando el delito o cuasi-delito deja en la victima una secuela irreversible, que se traduce en la invalidez permanente del lesionado para el desempeño de cualquier trabajo sea la incapacidad total o parcial.
Cuando la incapacidad es parcial y permanente – caso de autos- debe en primer lugar establecerse el déficit de capacidad en que quedó afectada la víctima en comparación con la aptitud completa del sujeto para el trabajo, lo que se mide en términos de porcentaje y a partir de pericas médicas. Sobre dicha base el juez efectúa la estimación del monto indemnizatorio teniendo presente la actividad desplegada normalmente y los ingresos que la misma significa, es decir lo que produciría un sujeto en un 100 % de su capacidad.
La doctrina judicial ha elaborado en este tema las siguientes pautas: el cómputo de la incapacidad se hace atendiendo a las posibilidades genéricas de la vida y no sólo al déficit para determinado trabajo; a tal fin se computarán las cualidades personales de la víctima, edad, sexo, salud, etc., la lesión de carácter permanente debe ser indemnizada ocasione o no un daño económico actual, pues su reparación no comprende solamente el aspecto laborativo sino el valor del que la víctima se ve privada en el futuro, sobre todas las consecuencias que afecten su personalidad.
Dice Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. Una fervorosa defensa de esta posición puede consultarse en Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, nº 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Ed. Astrea, año 1990, p. 220).
La incapacidad física permanente sea para las actividades laborales o de otra índole, deber ser indemnizada aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad física o corporal, tiene en sí misma un valor indemnizable. Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecten la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, ya sean productivas o no productivas que el lesionado solía realizar con la debida plenitud, amplitud y libertad. En suma, por el bien afectado, estas incapacidades físicas pueden afectar la capacidad laboral o la vida de relación social, familiar, de esparcimiento o entretenimiento, etc., en todas sus gamas. En definitiva, lo que se resarce o indemniza –reponiendo las cosas al estado anterior (art. 1.083 del Cód. Civ.)- y en forma subsidiaria mediante una compensación dineraria, es precisamente ese daño a la integridad corporal, o ese ataque a la vida de relación social.
Es innegable que el daño a la vida de relación de un sujeto que puede haber sufrido, debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento integral por el daño patrimonial, toda vez que la denominada “vida de relación familiar y social o de esparcimiento o de recreación y de disfrute”, debe ser merituada al momento de fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana, pues refiere un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente, procrear y cultivar el contacto con terceros, sin ser objeto de prevención o discriminación. El daño que las facetas extra laborativas del individuo sufran, constituye también un daño indemnizable. También es indemnizable la incapacidad de quien sólo se dedicaba a tareas del hogar, ya que las mismas han sido tenidas en cuenta por la sociedad, que otorga beneficios previsionales a las amas de casa, pudiendo computarse por analogía el monto de un salario mínimo. Es que el derecho civil a diferencia del derecho laboral que toma en cuenta la capacidad funcional o productiva, atiende la tutela de la integridad psicofísica de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, por consiguiente la reparación por la incapacidad sobreviniente comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Cuantificación del daño, Ed. La Ley, Bs. As., año 2.006, págs. 238/9). En este sentido, en las Jornadas sobre temas de responsabilidad civil en caso de muerte o lesión de personas (Rosario, 1979), se recomendó: “Para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana en su integridad, con su multiforme actividad. Debe computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales”.
Por lo tanto, se advierte que la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc. Así las cosas, de las constancias de autos vislumbro que a fs. 361/377 vta. (22/9/2016) el Dr. Ricardo Américo Hermida –perito traumatólogodeterminó que la actora a raíz del accidente padece: “IV.- Consideraciones médico-legales: De todos los elementos obrantes en autos, del examen anatómo-clínico-funcional y de los estudios complementarios realizados en la persona del actor, se demostró que actualmente presenta secuelas físicas de sinovitis de rodilla y tobillo izquierdos, con limitaciones funcionales.
Dentro de las lesiones traumáticas de la rodilla, la contusión corresponde a la lesión de las partes blandas, sin daño específico de alguna de las estructuras de la articulación. Síntomas: dolor en todo el contorno articular, aumento de volumen moderado, tanto por edema traumático, como por derrame articular, equimosis frecuente en el sitio de la contusión. Debe descartarse, por la anamnesis y el examen físico, la existencia de lesiones específicas. En contusiones directas en la cara anterior de la articulación, puede producirse una bursitis traumática, con aumento de volumen prerrotuliano, dolor y limitación funcional. La hidartrosis traumática suele acompañar al síndrome y ello producido por traumatismo violento que llega a comprometer la sinovial (sinovitis traumática).
Confirmado el diagnóstico, el tratamiento exige reposo absoluto de la articulación, vendaje elástico, calor local, analgésicos. Generalmente el proceso cura definitivamente entre 10 a 15 días, pero en algunos puede continuar indefinidamente. La simple inspección del tobillo frecuentemente nos permite reconocer si un hueso o articulación han sido dañados por un atrapamiento, ya que se presentan angulaciones o rotaciones o deformaciones que llaman la atención. Un delicado examen global del tobillo es esencial para verificar eventuales rotaciones en la alineación correcta de los ejes. Es importante recalcar que las deformidades del tobillo no sólo responden al mecanismo que las produjo, sino también a las deformidades que imprimen las fuerzas músculo-tendinosas que actúan sobre las mismas.
Además la actora, presentó herida por arrollamiento en dorso de pie. Según documental y referencia, la actora sufrió un accidente de tránsito (peatón-moto) el día 16/11/2009 siendo derivada al Hospital Argerich por el SAME y luego a la Clínica Santa Cecilia y a la Clínica Solís por su ART, donde le realizaron las curaciones de la herida en el MMII, y le realizaron los estudios correspondientes, le inmovilizaron el miembro y luego realizó FKT. El día 12/2/10 le otorgan el alta laboral. Dichas afecciones guardan relación de causalidad con el accidente denunciado. La actora presenta una incapacidad, parcial y permanente, del 10% -limitación parcial de la movilidad rodilla- y 10% -limitación parcial de la movilidad tobillo-, según la tabla de valuación de incapacidades del aparato locomotor de los Dres.
Fernández Blanco y Romano (…) Actualmente, secuelas definitivas”. Con fecha 16/12/2016 solicita explicaciones la demandada y citada en garantía, las cuales fueron contestadas por el experto el día 03/03/2017, refiriendo que: “En ninguna bibliografía expresa que no puede haber limitación funcional activa y pasiva iguales de las articulaciones. El perito expreso en su momento que “examen de la marcha: disbásica, para su miembro inferior izquierdo. Le es dificultoso realizar puntas de pies y en talones. También mantenerse en cuchillas por dolor en la rodilla izquierda”. (…) El perito expreso que “las circunferencias gemelar se encuentra disminuida en 1 cm. y las circunferencias bimaleolar y dorso-plantar se encuentran aumentada en 2 cm. en relación a la opuesta”.
Esto significa que el perito detectó la hipotrofia de los gemelos del miembro inferior izquierdo. El único antecedente que refiere la actora es el traumático, por ende, la sinovitis detectada tiene dicho origen. El baremo de donde el perito extrajo el porcentual de incapacidad nada habla de utilizar el método de incapacidades restantes”. Tras nuevo pedido de explicaciones, - véase fs. 497/498 (10/11/2017), el perito médico contestó: “El perito ya expreso que “el único antecedente que refiere la actora es el traumático, por ende, la sinovitis detectada tiene dicho origen”. Dentro de las sinovitis, en todas las bibliografías existe la traumática, como en este caso (…) Y este experto expreso en su momento que en el “examen de la marcha: disbásica, para su miembro inferior izquierdo.
Le es dificultoso realizar puntas de pies y en talones. También mantenerse en cuchillas por dolor en la rodilla izquierda”.
En consecuencia, estimo que la pericia realizada y sus explicaciones por el perito médico, se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituyen dictámenes con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas: las copias certificadas de la Causa penal número: 49613, de la cual se desprende: que a fs. 1/1 vta. declaró el Sr. Diego Ezequiel Pereyra, Subinspector, quien manifestó –en lo que nos interesa que-: “arribado al lugar se observa ambulancia del SAME interno 285 a c Dra. Gladys Choque (…) quien se encontraba examinando a la Sra. González Daniela (…) DNI 27278845 (…) quien refirió que momentos antes mientras cruzaba la calle Rivadavia desde Perú hacia Florida fue atropellada por un masculino en motocicleta, el que se encontraba a un lado de la ambulancia. Que dicho femenino fue trasladada por el facultativo antes mencionado al Hospital Argerich con diagnostico traumatismo de pierna izquierda”; a fs. 35 declaró la víctima, quien refirió: “Silvina Daniela González (…) en la fecha se presenta en esta dependencia y manifiesta que el día 16 de noviembre del corriente año (…) es embestida en su lado derecho, por una moto la cual hace caer al pavimento, no perdiendo el conocimiento, sintiendo gran dolor en su cuerpo, observando la instrucción moretones en su rodilla izquierda y en brazo derecho y en su pie izquierdo vendado por herida emanando sangre de la misma. En ese momento llegó personal policial quien solicitó ambulancia del SAME…”; a fs. 39 informe realizado en la persona de la actora por la médica legista Stella Maris Hansen “González Silvina Daniela (…) asistida en primer lugar en Htal Argerich el 16/11/09 y luego por su ART a Clínica Solis. Presenta hematomas en brazo derecho, hematoma en tercio proximal de pierna izquierda, escoriación en pie izquierdo, todas lesiones de la misma data y curarán en menos de un mes”.
Por otra parte, de la compulsa de los autos principales, a fs. 220/221 obra glosada la historia clínica del centro médico Santa Cecilia de la cual surge: “González Silvana 16/11/2009 en la fecha fue embestida por una moto provocándole traumatismo en pie, tobillo y pierna izquierda”; a fs. 299/303 Hospital Solís: “17/11/2009 González Silvina Daniela, politraumatismo por accidente en la vía pública. MII Rodilla, sin signos de edema. Rom limitado, botezo externo doloroso., hematoma subrotuliano, pie con escoriación y edema …rx de rodilla izquierda…rx de tobillo (…) diclosegic, ciprofloxacina, crioterapia, miembro elevado (…) control, politraumatismo…pie izquierdo con herida bien, curación ídem pierna. Región tercio proximal cara anterointerna presenta hematoma…”; y finalmente estudios complementarios de fs. 366/377 y declaración testimonial de fs. 227/229, quien manifestó ser testigo presencial del accidente y observar como la moto “la llevo por delante que la impacto de costado al lado derecho del cuerpo de la nombrada estando todavía el semáforo en rojo ya que el dicente no podía avanzar esperando detenido, que el dicente cuando se bajó del auto la chica estaba tirada en el piso, que había mucha gente, que la vio tirada sobre la vereda”, siendo trasladada por ambulancia. Como vemos, en el caso bajo examen existe relación causal entre el hecho y la incapacidad física detectada en la persona de González Silvana. Por lo tanto, entiendo que todas las secuelas detectadas por el Dr. Hermida Ricardo, han tenido la pertinente acreditación y guardado coincidencia con los estudios complementarios solicitados a tal efecto en el pertinente informe pericial; no encontrando motivos valederos para apartarme de la experticia oficial.
Por otra parte, cabe destacar que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30). Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica. (Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsdn17/07 sentencia del 22/03/07). En consecuencia, ha quedado debidamente acreditado (no solo por las pericias sino por las demás pruebas referenciadas oportunamente) que la actora ha sufrido como consecuencia del hecho de autos un daño a su salud física, que la incapacita de modo parcial y permanente, que ha sido graduado en el porcentaje del 10% -limitación parcial de la movilidad de la rodilla- y del 10% -por limitación parcial de la movilidad tobillo-, ambas en relación causal con el accidente, disminución física que llevará toda su vida y sin perjuicio de las actividades que realizaba o pueda seguir realizando, puesto que la incapacidad puede afectar la capacidad productiva o traducirse en un menoscabo de su plenitud en su vida de relación familiar y social, por ello este daño es totalmente resarcible (art. 1083 del CC).
Toda vez que el juez al preguntarse: ¿Se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuado existente entre el acto ilícito generador del daño causado a la salud de la actora?; la respuesta es que sí, se encuentra acreditado este extremo legal, debe retrotraerse mentalmente en su pensamiento razonable, lógico y prudente al día en que se produjo el accidente y ubicarse en el teatro o escenario de los hechos, recreando los mismos, demostrando y comprobando con los elementos probatorios incorporados en el juicio, que avalan la plataforma fáctica, que el hecho ilícito fue la causa adecuada, idónea y con aptitud suficiente para generar daños a la salud de la actora, según el curso natural u ordinario de las cosas, la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez (arts. 901 y 906 del C. C.).
Asimismo, no escapa a este juzgador que en la pericia referenciada del Dr. Hermida, el experto señala que la víctima padece dolor. Cabe recordar que en relación al mismo ya se ha expedido esta sala Primera con voto de mi distinguido Colega Dr. Ramón Domingo Posca resolviendo que: “No se mide en su justa dimensión al dolor con simples tablas, que por cierto los estudiosos han elaborado. El dolor tiene su propio peso y se carga sin intervalos. Cada vez que se pretende desarrollar una potencia del cuerpo y en este aspecto el hombro es una base para el ejercicio de múltiples esfuerzos, por encima de cualquier secuela o porcentaje de incapacidad, más aún cuando tal como explica la ciencia médica, el miembro afectado es susceptible de experimentar recidivas.” “El dolor -si bien se proyecta en el daño moral al agrietar la tranquilidad de la actora – produce también una natural retracción en los movimientos de la persona, lo que equivale a un perjuicio en cada faceta de relación.” “Rubinstein refiere sobre el dolor como secuela de incapacidad laboral, concepto que a mi criterio, debe extenderse a toda la vida de relación”. (RUBINSTEIN, Santiago J. “Las incapacidades laborativas”, Depalma, Buenos Aires 1996, págs. 41/47); (RUBINSTEIN, Santiago: “Código de Tablas de Incapacidades Laborativas”, Lexis Nexis, Buenos Aires 2005, págs. 313 y ss).” (Campos, Fabián Néstor C/ Magnani, Julio Ángel Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” Causa Nº 1521/1 RSD Nº 94/08).
Finalmente, cabe recordar la distinción entre que significa “valorar los daños a la persona humana”, del concepto: “cuantificar económicamente la lesión sobreviniente”. En tal sentido he expresado en otros votos que valorar el daño significa jurídicamente considerar y determinar la magnitud del mismo, su grado de incapacidad, sus características y su clasificación o calificación, etcétera; cuyos elementos serán tomados especialmente de todos los medios probatorios rendidos en autos, entre ellos la pericia producida por el médico forense, etcétera; sin dejar de lado el nexo causal existente entre el hecho y la consecuencia dañosa.
En cambio, y considerada esta primera etapa del daño, el juez pasa seguidamente a una segunda etapa: denominada de “la cuantificación aritmética o económica del daño a la persona”, en oportunidad de fijar el quantum resarcitorio por las lesiones producidas, liquidando un precio indemnizatorio y que en forma subsidiaria compensa y repone las cosas al estado anterior, dentro de un marco de un sistema económico capitalista.
En suma, dilucidada la cuestión expuesta precedentemente, a los efectos de fijar la suma indemnizatoria compensatoria de la incapacidad física sobreviniente, se tomarán en cuenta las siguientes pautas: edad de la víctima a la fecha del hecho, su situación socioeconómica, profesión u oficio, monto mensual de sus ingresos, estado de salud antes del accidente (que se presume optimo, salvo prueba en contrario), estado civil, grado de incapacidad atribuida, etcétera.
Así las cosas, considerando que la actora tenía a la fecha del accidente 30años de edad, con hijas, quien trabaja en una financiera como empleada, ello conforme surge del beneficio de litigar sin gastos, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, su posición socio-económica, el grado de incapacidad física en el porcentaje del 10% - por limitación parcial de la movilidad de la rodilla- y del 10% -por limitación parcial de la movilidad del tobillo-,ambas parcial y permanente -19% por principio de capacidad restante-relacionadas con el hecho de autos (arts. 901 y 906 del Cód. Civ.); estimo que corresponde elevar el rubro de incapacidad física sobreviniente, en la suma de pesos NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00), (art. 1.068, 1.069, 1.083, y 1.086 del Cód. Civ., y 165, 375, 384,456, 472 y 474 del Cód. Proc.).
V. El daño psicológico de González Silvana Daniela El daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso.
Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente.
En cambio del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente o transitoria. Además, hay que agregar que en el caso de autos, el daño psicológico, es resarcible pues resulta ser traumático, patológico e irreversible. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo.
Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04).
Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene uno origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica. Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC. ) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona,, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Por otra parte, hace menester recordar que esta Sala ya se ha expedido manifestando que si bien el daño “psíquico” no constituye un rubro autónomo puesto que integra el extenso campo de las incapacidades, se admite tan solo su cuantificación por separado para una mejor apreciación de su incidencia en la incapacidad psicofísica, no importando en la especie una doble indemnización. Por lo cual, resulta acertado el cálculo efectuado por el sentenciante de grado de la capacidad restante entre lo detectado por el perito médico y el perito experto en psicología.
Sentado ello, de las constancias de autos surge que a fs. 286/288 el Dr. Edgardo Gabriel Moscardi, determino: “Conjuntamente a la evaluación de las lesiones orgánicas (…) se producen los trastornos psicológicos que evolucionan crónicamente y determinan un cuadro compatible con F43.22 Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (…) el grado de incapacidad psíquica es del diez por ciento de la total de vida, siendo un 5% (cinco por ciento) concausal con el accidente de Litis y un 5% que corresponde a su personalidad de base”.
A fs. 316/316 vta. solicitó explicaciones la parte demandada y citada en garantía, contestando el experto a fs. 322/324 que: “Ratifico diagnóstico, porcentaje de incapacidad y modalidad de tratamiento dado que cada uno de los elementos y consideraciones esgrimidas en el pertinente informe pericial, se hallan contenidos en el capítulo correspondiente del DSI IV”.
En consecuencia, estimo que la pericia realizada por el Dr. Moscardi, y sus explicaciones se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituyen un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de la perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica.
Dicho lo cual, le otorgo pleno valor y fuerza probatoria al dictamen pericial psíquico incorporado como pieza probatoria en estas actuaciones.
Ya he adelantado que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En suma, teniendo en consideración las circunstancias personales de la víctima, su situación o estado económico actual, 30 años a la fecha del hecho, con hijos, empleada de una financiera, el daño psicológico que le ha producido en su salud, el grado de incapacidad psicológica fijado por la perito en el porcentaje del 10% parcial y permanente -relacionado concausalmente con el accidente-,correspondiendo solo por este hecho el 5% de incapacidad (4.05% por el principio de capacidad restante), el perjuicio que le produjo en su vida de relación social, etc., estimo justo, razonable, prudente y equitativo elevar el monto otorgado por el Sr. Juez de la Instancia de origen en la suma de Pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), en concepto de incapacidad psicológica (arts. 1.068, 1.069,1.083 del Cód. Civ. y art. 165 del Cód. Proc.). VI.-Tratamiento psicológico El experto recomendó la necesidad de tratamiento psicoterapéutico. En efecto, expuso que: “Requiere tratamiento individual para evitar la peoría del presente cuadro, por el lapso aproximadamente de seis meses a razón de una sesión semanal…” –véase fs. 266/288-.
Por lo tanto, habiéndose acreditado la necesidad del mismo, adelanto que el rubro es totalmente resarcible, considerando obviamente a los fines de su cuantificación, la concausa determinada por el perito.
Asimismo, esta Alzada ha manifestado que: “El daño psíquico indemniza el daño existente al momento de realizarle el examen pericial, es decir, que se trata de un daño cierto y efectivo al momento del análisis; mientras que el tratamiento tiene como finalidad evitar un mayor daño o aún más; intenta en muchos casos corregir el mismo con resultado aleatorio. En virtud de ello ambos ítems no son excluyentes”. (CNCivil, Sala J, 10/8/98, “Grancharoff, Silvina c/ Orellana, Héctor D. y otro s/ Daños y Perjuicios”, citado por H. Daray, op.cit., pág. 84, sum.102).En idéntico sentido se expresó: “El hecho de que se haya concedido una suma por daño psicológico no es obstáculo para que se otorgue otra para el tratamiento psicoterapéutico dado que no se produce una duplicación de la indemnización que suple la minoración. El tratamiento apunta a evitar el empeoramiento de unos estados psicológicos de gravedad, y en todo caso a conseguir un progreso en la salud, pero no a recuperarla totalmente”. (C.N.Civ., Sala B, 15/9/99, “Bartumeus, José y otro c/ Rigo, Roberto H. y otro s/ Daños y Perjuicios”. (H. Daray, op.cit., pág. 15). La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: “No genera doble indemnización las sumas reconocidas por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico –en la especie tanto psicológico como kinésico-, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9-5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de Agosto de 2007).
Por lo cual, habiendo prosperado el rubro y atendiendo al costo de la sesión, la cual oscila para este juzgador en el importe de pesos 1.800,00, como así también la frecuencia recomendada (24 sesiones, 6 meses/una vez por semana) y valorando la existencia de concausa fijada por el perito, que tiene una incidencia naturalmente en la cuantificación del presente rubro, toda vez que la suma estimada por sesión de $1800,00 se reducen a $720,90, cuya cifra representa la incidencia concausal en el porcentaje del 4.05% en base a la capacidad restante.
En suma, considero que corresponde elevar el rubro tratamiento psicológico en la suma de pesos DIECISIETE MIL TRESCIENTO DOS ($17.302,00).
VII.-Gastos de farmacia y asistencia médica Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal.
En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (pericia médica, atenciones médicas, estudios, constancias de la causa penal, etc.,) las afecciones que sufriera la actora y que de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo elevar a la suma de pesos OCHO MIL ($8.000,00) por dichos conceptos, la que considero justa y equitativa a favor de González Silvana (arts. 1.069 y 1.083 del Cód. Civ. y 165 del CPCC).
VIII. Daño Moral Surge del artículo 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias, etc.. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277). Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima– mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica-, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, constancias de la causa penal, testimonial, constancia de atención médica, pericia médica, estimo que corresponde elevar el rubro daño moral en la suma de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($475.000,00), la cual considero justa y equitativa (art. 1078 del CC).
IX. La adecuación del límite de la cobertura La parte actora al expresar agravios manifestó que la franquicia no resulta oponible al damnificado, siendo solo válida frente al asegurado como así también ha criticado el límite de cobertura, considerando que ello resulta inconstitucional.
Ahora bien, sin perjuicio del criterio sostenido por este juzgador en materia de Franquicia, toda vez que tanto la parte demandada y citada en garantía al contestar los agravios refirieron “A mayor abundamiento, y si bien en el caso no se trata de una franquicia (como erróneamente refiere el actor) sino de un límite de cobertura”, lo cual también se aprecia de la atenta lectura de la contestación de demanda de la citada en garantía a fs. 118/128, quien solo ha referido que su deber de responder se limitaba a la suma máxima asegurada más no se ha manifestado sobre Franquicia alguna, corresponde en la especie declarar abstractos e inoficiosos los agravios vertidos por la actora sobre este punto.
Sin perjuicio de lo expuesto, recientemente he tenido oportunidad de expedirme sobre un caso similar al presente, en los autos caratulados: “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020.
En efecto, en dicha sentencia “ut supra” citada expuse –de oficio- que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables. En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. “Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios.
El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C. C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”.
“De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
“Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.). C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011)”. No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro Y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
“En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que: “Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
“Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…). “Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…).
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).” (…)
“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…)
“II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…)
“II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden públicoa las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…)
“II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit).
“Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) 39821/2011 04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
“Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
Además, repárese que desde la fecha en que se produjo el accidente (16/11/2.009) hasta el día de hoy, han transcurrido doce años, sin que se le indemnizaran los daños a la actora, así que pretender a modo de ensayo, limitar el resarcimiento de los perjuicios causados a la víctima, al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro (12/11/2.009), constituye un verdadero abuso de derecho (arts. 9, 10, 11 y 12 del C. C. y C.), y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora (art. 1794 del C. C. y C.), toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio –y que no necesita ser probado- que es la depreciación de nuestro signo monetario, como consecuencia de un proceso inflacionario, que autoriza –sin hesitación- a adecuar o actualizar monetariamente el límite de la cobertura a la fecha del pago de las indemnizaciones y sus accesorios, según las resoluciones y límites establecidos por S.S.N., en vigencia a la fecha del integro pago.
Así las cosas, entiendo que en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, y atendiendo al modo y la forma de cómo se resuelve este acápite de la cuestión en tratamiento, corresponde en la especie, declarar inoficioso y abstracto el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora en contra del límite de la cobertura contratada originariamente.
Sin perjuicio de ello, debe tenerse por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros glosada a fs. 106/114 vta. de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En consecuencia, considero que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por las Resoluciones de SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada. Lo que así se dispone.
X. Los intereses y el límite de cobertura La parte actora, ha apelado este punto de la sentencia, refiriendo que el sentenciante de grado si bien hace extensiva la condena a la citada en garantía solo la obliga al pago de los intereses hasta el límite de la cobertura. Por lo cual, entiende que dicha sentencia agravia a su parte, ya que limita el pago de intereses, cuando debió extenderlos a la totalidad de la condena.
Esta Sala Primera recientemente en los autos caratulados: “BELTRAN JEREZ ROXANA PAOLA Y OTRO/A C/ LA CABAÑA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (EXP. N°11547), con voto de mi Colega Dr. Pérez Catella (24/08/2021), ha tenido oportunidad de sentenciar en un caso similar al presente.
En efecto, se resolvió en dicha oportunidad que: “Para así decidir he de traer a la memoria la doctrina sentada por nuestra Corte Provincial en los autos caratulados "Labaronnie, Osvaldo Pedro y otra contra Madeo, Leonardo y otros. Daños y perjuicios" (C. 96.946, sent. de 4-XI-2009), en los cuales se pronunció en relación a la suma asegurada, de la siguiente manera: “Pues bien, sabido es que el seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad "mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato" (art. 109, ley 17.418) y la garantía del asegurador no sólo comprende el monto de la indemnización que el asegurado deba pagar al tercero damnificado, sino también los gastos y costas judiciales a que pueda dar lugar la acción promovida por dicho tercero (art. 110, inc. a) en la medida que fuesen necesarios (art. 111).
La imposición a la compañía de tal obligación accesoria responde a un doble orden de fundamentos: 1) toda vez que el seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad mantener "indemne" al asegurado, es obvio que la obligación de la compañía no puede quedar limitada al monto de la indemnización debida a la víctima, sino que ha de comprender también las erogaciones efectuadas por el asegurado en defensa de sus derechos; 2) dichas erogaciones, por otra parte, revisten carácter de gastos de salvamento (art. 73, ley 17.418), en tanto trátase de inversiones que apuntan a evitar o reducir el daño, y como tales deben ser, en principio, soportadas por la aseguradora (esta Corte, in re "Transportes Automotores Chevallier c/ Svegliatti, Oscar", sent. del 7-VII-1970; "El Derecho", 35-273) (...) debiéndose entender -tal como sostiene el recurrente- que los intereses deben ser considerados como parte integrante de la noción de gastos que da cuenta el art. 111 de la ley 17.418 (conf.
C.N.Civ., Sala C, sent. del 8-III-1976, "El Derecho", 67-352; C.N.Civ. y Com. Fed., Sala 2ª, sent. del 12-IX-1996; y jurisprudencia citada en Amadeo, José Luis, "Compendios de Jurisprudencia: Ley 17.418 de Seguros anotada", LexisNexis, Buenos Aires, 2005, pág. 197 y ss.; entre otros)”.“Es que más allá de la suma asegurada, se observa una obligación complementaria del asegurador que comprende el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero (arg. arts. 109, 110, 111, ley 17.418; conf. Stiglitz, Rubén, "Derecho de Seguros", AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1998, 2ª edic. actualizada, tomo II, pág. 255/257; Halperín, Isaac, "Seguros", Depalma, Buenos Aires, 2001, 3ª edic. actualizada y ampliada por Barbato, Nicolás, págs. 650, 703), la que, por un lado, atento su fuente legal, imperativa, no resulta susceptible de limitación convencional, tornándose nula toda cláusula de la póliza de seguros por medio de la cual se pretenda retacear la extensión de dicha adicional carga de la aseguradora (...); arts. 11, 109, 110, 111 y ccdtes., ley 17.418; 3, 4, 10, 37, 38 y ccdtes., ley 24.240; conf.
Stiglitz, Rubén, "Derecho de Seguros", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, 2ª edic. actualizada, tomo II, pág. 262); ...”.
En cuanto a la suma asegurada postula, “...dicho límite contenido en la póliza de seguros respectiva no puede incluir las sumas que deban abonarse como gastos y costas judiciales por el proceso (arts. 61, 62, 109, 110, 111, 118 y ccdtes., ley 17.418); solución que posee suficiente sostén axiológico, pues de otra forma, la prolongación del proceso perjudicaría siempre al asegurado, tanto mediante la retención por la aseguradora de los fondos que integran la suma asegurada, como por el posible ejercicio -por esa- de una oposición gratuita - aunque no manifiestamente injustificada- a la procedencia de la acción y en desmedro del asegurado (conf. arg. contr. art. 111, 3° párr., ley 17.418).” Así las cosas, de la atenta lectura de la póliza que luce glosada a fs. 106/114 vta. se observa que en las condiciones generales para el seguro de vehículos automotores y/o remolques, en su capítulo A, clausula 4 bis dispone: "el asegurador toma a su cargo como único accesorio de su obligación a que se refiere la cláusula 2 el pago de las costas judiciales en causa civil, incluidos los intereses y de los gastos extrajudiciales en que se incurra para resistir la pretensión del tercero (art. 110 de la ley de seguros) dejándose sentado que en ningún caso cualquiera fuera el resultado del litigio, el monto de dicho accesorio podrá superar la menor de las sumas siguientes: a) 30% de la que se reconozca como capital de condena o b) 30% de la suma asegurada. El excedente quedara a cargo del asegurado".
Del mismo modo, el anexo III cláusula 3inc. c dispone: “el asegurador toma a su cargo como único accesorio de la obligación asumida el pago de costas judiciales en causa civil, incluidos los intereses y de los gastos extrajudiciales en que se incurra para resistir la pretensión del tercero sin perjuicio de lo dispuesto por el inc. a) del art. 110 de la ley 17418, dejándose sentado que en ningún caso cualquiera fuera el resultado del litigio, el monto de dicho accesorio podrá exceder de un suma igual al 30% de la que se reconozca como capital de condena y hasta un límite máximo de un 30% de la suma asegurada, quedando el excedente si lo hubiera a cargo del asegurado”. Asimismo, vislumbro que dicha póliza celebrada con el demandado Fuoco Ángel Gabriel habría sido emitida con fecha 12/11/2009 y que el hecho que hoy se reclama en perjuicio de la accionante Silvina González ha ocurrido el día 16/11/2009, es decir han pasado 12 años desde la ocurrencia del accidente. No hay dudas que nos encontramos frente a una relación de consumo prevista en los arts. 1092 al 1095 del CCYCN, en los cuales se protege al más débil de la relación jurídica y las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas con el principio de protección al consumidor. En caso de duda, sobre la interpretación del código, las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor y el contrato se interpreta en el sentido más favorable al consumidor y cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación se adopta la que sea menos gravosa.
Asimismo, no debe perderse de vista que los derechos deben ser ejercidos de buena fe y el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, considerándose tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico (que consagra la ley de seguros al mantener indemne al asegurado o tercero beneficiario) o al que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Repárese también que el predisponente abusa de su posición dominante en el mercado de seguros y las convenciones no pueden dejar sin efecto las leyes de orden público en cuya observancia está interesado este último (arts. 9, 10, 11 y 12 del CCYCN).
En cuanto a las cláusulas abusivas, dispone el art. 1117 que se aplican lo dispuesto por los arts. 985, 986, 987 y 988 del código de fondo unificado y con mayor razón cuando existan cláusulas predispuestas por una de las partes. De más está decir, que las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas (art. 1118 CCYCN).
Por lo cual, bajo dicho norte considero que dichas cláusulas limitativas de los accesorios de la obligación principal constituyen – a mi juicio- un verdadero abuso de derecho por parte del pre-disponente –es decir la compañía aseguradora, que ejerce una posición dominante en el mercado asegurador- y a la vez un enriquecimiento sin causa, previsto en el art. 1794 del CCYCN, el cual prescribe “Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda”.
A mayor abundamiento, observo que los términos de las mismas objeto de tratamiento, implica desde su nacimiento o desde su génesis cláusulas abusivas, convirtiéndose en un acto ilícito, pues el art. 37 de la ley 24240, estatuye que sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: “a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte…”. Así también lo dispone el art. 988 del C. C. y C. al prever que son abusivas, las clausulas, que: a) desnaturalizan las obligaciones del pre-disponente; b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del pre-disponente que resultan de normas supletorias. (art. 989 del C. C. y C.).
Repárese además, -reitero- que dicho contrato de póliza de seguro fue celebrada con el demandado Fuoco Ángel Gabriel y emitida con fecha 12/11/2009 y que el hecho que hoy se reclama en perjuicio de la accionante Silvina González, ha ocurrido el día 16/11/2009, es decir han pasado 12 años desde la ocurrencia del accidente.
Por esta circunstancia –del tiempo transcurrido desde la fecha en que se produjo el infortunio hasta el día de hoy- se agrava aún más la conducta antijurídica, abusiva y enriquecedora que ensaya la compañía aseguradora al pretender –sin éxito- limitar su responsabilidad por los conceptos de intereses, costas, costos y gastos judiciales en el porcentaje del 30% de la suma asegurada o del capital de la condena, precisamente por el dilatado tiempo transcurrido y en perjuicio de la víctima del daño, al pretender limitar su responsabilidad por los accesorios de la obligación principal, frente a tan dilatado tiempo de doce años, en donde el segmento de dichos accesorios se incrementan día a día, precisamente por el estado de mora de la aseguradora (art. 509 del Cód. Civ.), siendo ella la única culpable de dicho incumplimiento contractual (art. 512 y 902 del Cód. Civ.), o de la estipulación a favor de un tercero (art. 504 del Cód. C iv.).
Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellas, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor (art. 961 del C. C. y C.). Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante (art. 965 del C. C. y C.). En consecuencia, atento a dichos fundamentos, y la doctrina legal aplicada, corresponde hacer lugar a los agravios de la parte actora, decretándose la nulidad de la cláusula 4 bis condiciones generales capitulo A y la cláusula 3 inc. c. anexo III, las cuales limitan el monto de los intereses, gastos y costas judiciales causídicos al porcentaje del 30% del capital de la condena o suma asegurada, teniéndosela por no escrita, toda vez que las redacciones de éstas realizadas unilateralmente por el predisponente (asegurador), en su génesis, es decir en su nacimiento, constituyen un verdadero abuso de derecho que la ley no ampara (arts. 1, 2, 3, 7, 1117, 1.119, 1120, y 1122 del C. C. y C., 158 de la ley de Seguros, 42 de la C. N. y 38 Const. Pcia. de Bs. As.). Lo expuesto, es sin perjuicio de la validez del contrato, resolviéndose que éstas se tendrán por no convenidas, manteniendo virtualidad el límite de cobertura (siempre éste ultimo de conformidad con los alcances de las resoluciones dictadas por la SSN) tal como se resolviera “ut supra” oportunamente, a la fecha del pago íntegro de las indemnizaciones fijadas en esta sentencia con más sus accesorios sin limitación alguna.
XI. Tasa de interés La reparación integral devenida por un daño causado resulta una deuda de valor que debe ser mantenida incólume hasta el momento de su liquidación en la sentencia.
Del mismo modo, siendo que los intereses de la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, resulta irrelevante que el perjudicado haya o no desembolsado el dinero necesario para restañar algún perjuicio o para compensar alguna pérdida o deterioro, o bien que la taxatio de algún desmedro se sitúe con referencia a una fecha posterior a la del hecho que lo generó, pues como la indemnización será percibida tardíamente por el acreedor, éste debe ser resarcido por la indisponibilidad de ese capital desde la causación del daño; por ende, teniendo en mira la función retributiva que esos accesorios cumplen como contraprestación por el uso de un capital ajeno -pues su finalidad es mantener o restablecer un equilibrio patrimonial, con independencia del estado de mora del deudor- , su procedencia desde el instante mismo del siniestro es incuestionable, más allá de la iliquidez de la deuda. (CC0101 LP 248626 RSD-152-7 S 30/08/2007. Sansone, Viviana M. c/Tejeda, Laura M. s/Daños y Perjuicios. B101967).
Así las cosas, considerando como han prosperado los diversos rubros apelados y teniendo en cuenta que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde fijar que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 16/11/2009 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda – sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
XII.-Las costas de Segunda Instancia Atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en esta instancia deben ser impuestas a los demandados vencidos y su aseguradora de conformidad a lo resuelto “ut supra” con referencia a dichos accesorios (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.)
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Posca y Pérez Catella también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA TERCERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE RECHACE el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2°) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA apelada de la siguiente manera: a) SE ELEVE el rubro incapacidad física al importe de pesos NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00); b) SE ELEVE el rubro incapacidad psicológica al importe de pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000,00); c) SE ELEVE el rubro tratamiento psicológico al importe de pesos DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS ($17.302,00); d) SE ELEVE el rubro daño moral al importe de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($475.000,00);
e) SE ELEVE el rubro gastos de farmacia y traslados al importe de pesos OCHO MIL ($8.000,00); f) SE FIJE que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 16/11/2009 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 3°)SE ACLARE que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; 4°) SE DECLARE la nulidad de la cláusula 4 bis condiciones generales capitulo A y la cláusula 3 inc. c. anexo III, las cuales limitan el monto de los intereses, gastos y costas judiciales causídicos al porcentaje del 30% del capital de la condena o suma asegurada, sin perjuicio de la validez del contrato, resolviéndose que éstas se tendrán por no convenidas, manteniendo virtualidad el límite de cobertura (siempre éste ultimo de conformidad con los alcances de las resoluciones dictadas por la SSN); 5°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 6°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia a los demandados vencidos y a su aseguradora, de conformidad a lo resuelto “ut supra” con referencia a dichos accesorios (arts. 68 del C.P.C.C.). 7°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, los Dres. Posca y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. RECHAZAR el pedido de deserción del recurso de apelación de la parte actora; 2°) MODIFICAR LA SENTENCIA apelada de la siguiente manera: a) ELEVAR el rubro incapacidad física al importe de pesos NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00); b) ELEVAR el rubro incapacidad psicológica al importe de pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000,00); c) ELEVAR el rubro tratamiento psicológico al importe de pesos DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS ($17.302,00); d) ELEVAR el rubro daño moral al importe de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($475.000,00); e) ELEVAR el rubro gastos de farmacia y traslados al importe de pesos OCHO MIL ($8.000,00); f) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 16/11/2009 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 3°) ACLARAR que al establecer que la aseguradora responde con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; 4°) DECLARAR la nulidad de la cláusula 4 bis condiciones generales capitulo A y la cláusula 3 inc. c. anexo III, las cuales limitan el monto de los intereses, gastos y costas judiciales causídicos al porcentaje del 30% del capital de la condena o suma asegurada, sin perjuicio de la validez del contrato, resolviéndose que éstas se tendrán por no convenidas, manteniendo virtualidad el límite de cobertura (siempre éste ultimo de conformidad con los alcances de las resoluciones dictadas por la SSN); 5°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 6°) IMPONER las costas generadas en esta instancia a los demandados vencidos y su aseguradora, de conformidad a lo resuelto “ut supra” con referencia a dichos accesorios (arts. 68 del C.P.C.C.); 7°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia