Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 9656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) ATRIBUIR la responsabilidad endilgada en un 75% a cargo de la parte demandada –Sr. Emilio Gustavo Saravia y Sr. Emilio Saravia García- y la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” –en la medida del contrato de seguro-, debiendo atribuirse el otro 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado parcialmente la eximente culpa de la víctima; b) elevar el rubro valor vida en la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75 % a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($1.875.000,00);
C) elevar el rubro daño psicológico y tratamiento al importe de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ($490.400,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora, por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($367.800,00); d)
Elevar el rubro daño moral en la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00) (art. 1078 del CC), lo …
IBAÑEZ CORONEL MATHEO C/ SARAVIA EMILIO GUSTAVO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
LM NRO.9656/14 JUZ CIV. NRO. 8 RSD: 46 /1 FOLIO NRO.:670
A los 31 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: IBAÑEZ CORONEL MATHEO C/ SARAVIA EMILIO GUSTAVO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS, habiéndose practicado el sorteo pertinente - art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli - Dr. Posca- Dr. Pérez Catella- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 23/09/2019 la Sra. juez de la instancia de grado resolvió: “Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Nidia Érica Coronel en representación de su hijo Matheo Gastón Ibáñez Coronel contra los demandados SARAVIA GARCIA EMILIO y SARAVIA EMILIO GUSTAVO y LIDERAR COMPAÑIA DE SEGUROS 2) Condenar a SARAVIA GARCIA EMILIO y SARAVIA EMILIO GUSTAVO y a LIDERAR COMPAÑIA DE SEGUROS, en los términos de su contratación a abonar la suma total de pesos UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHOMIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 1.518.240) en favor del actor, dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, con más los intereses establecidos en el considerando VII. 3.- Imponer las costas a los demandados que resultan vencidos en la contienda. (Art. 68 del CPCC). 4) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 8904. 5) Regístrese, dese vista a la Asesoría de Incapaces interviniente. Notifíquese personalmente o por cédula por Secretaria. (arts. 135 inc. 12 y 483 del CPCC)”.
Contra dicha forma de resolver, apelaron la parte actora con fecha 01/10/2019 y 02/10/2019 la citada en garantía, recursos que fueran concedidos libremente con fecha 3/10/2019 y 08/10/2019.
Una vez en condiciones, se elevan las presentes actuaciones, las cuales fueran radicadas ante esta Sala Primera –véase despacho del 25/09/2020-. Con fecha 21/10/2020 se llamó a expresar agravios, habiendo cumplido con dicha carga procesal la parte actora el día 28/10/2020 y la citada en garantía el día 30/10/2020 En consecuencia, con fecha 04/11/2020 se les dio por presentada en legal tiempo y forma la expresión de agravios de ambas partes, corriéndose el respectivo traslado de ley, el cual solo fuera contestado por la actora con fecha 06/11/2020. Habiéndose corrido vista a la Sra. Asesora de Incapaces interviniente, la misma contesta mediante presentación electrónica de fecha 20/11/2020, pasando los autos para sentencia y posterior sorteo de orden de estudio.
II. Fundamentación de los agravios II.a.-Agravios de la Citada en Garantía De la atenta lectura de la fundamentación del recurso, se infiere que la citada en garantía se agravia –en lo medular- por: a) en primer lugar, expone que corresponde aclarar que la sumatoria de los rubros que componen la sentencia, en lo concerniente a la atribución de responsabilidad que la jueza de primera instancia otorgó a su representada, arroja el monto total de $1.321.240 y no la suma de $1.518.240 como figura en la sentencia de grado; b) Fundamentación de la sentencia: Argumenta la citada en garantía que al condenar a esta parte sin fundamentación suficiente en la sentencia la misma se torna arbitraria. Que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional, pues están en juego las formas sustanciales de la garantía constitucional de la defensa, que deben ser observadas en toda clase de juicios puesto que en definitiva, debe mediar fiel observancia al liminar recaudo de la sentencia fundada en ley a que aluden los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional; c) Atribución de responsabilidad: Se agravia esta parte en cuanto a que en la sentencia recurrida la jueza concluye atribuyendo responsabilidad a la parte demandada en la producción del evento de autos en un 60%.
Expone que en estos actuados la actora manifiesta que el padre de su hijo sufrió un accidente de tránsito cuando al circular a bordo de la motocicleta que el mismo conducía, el demandado lo embistió provocando su caída y posterior muerte. Que asimismo, la actora alega que dicho evento se produjo cuando el demandado, quien dice circulaba por la Ruta Provincial 21, giro hacia la izquierda y que por ello el conductor de la motocicleta no pudo evitar embestir al rodado del demandado. Que lo cierto es que el demandado circulaba por la Ruta 21 a velocidad moderada, y que al aproximarse a la intersección de la precitada ruta con la calle Recuero colocó la luz de giro a la izquierda, anticipando su maniobra como es debido, deteniendo su rodado sobre su carril a la espera de que los automóviles que circulaban por el carril contrario avancen, para luego efectuar el giro a la izquierda anunciado.
Que encontrándose totalmente detenido, observa que una motocicleta que venía zigzagueando pierde el control, invadiendo el carril del Sr. Saravia, impactando en su rodado. Que vale recordar que el actor no llevaba casco reglamentario al momento del hecho. Refiere que resulta fundamental tomar en cuenta la declaración testimonial del Sr. Maldonado. Que surge que la conducta del conductor de la motocicleta tuvo entidad suficiente para ocasionar el evento de autos y como consecuencia de ello su responsabilidad es exclusiva. Que ha probado que ha mediado en la producción del evento dañoso la total y exclusiva responsabilidad del conductor de la motocicleta, y como consecuencia de ello dicha incidencia causal debería haber sido total y no como la establecida por la Jueza de grado.
Por lo cual, solicita se modifique el fallo en crisis, propugnando la modificación del item en cuestión en cuanto establece la responsabilidad del demandado en un 60% y se atribuya la total y exclusiva responsabilidad en la producción de autos al conductor de la motocicleta, con costas;
subsidiariamente solicita se reduzca significativamente el porcentaje de responsabilidad atribuido al accionado; c) Valor vida: se agravia la aseguradora por el monto que la sentenciante de grado ha fijado en concepto de valor vida. Entiende que la actora debió probar que a la fecha del hecho era asistida económicamente por el causante, de modo que el fallecimiento lo hubiere privado de esa ayuda, circunstancia esta –refiere- que no ha sido acreditada. Que la pérdida de la vida no puede ser indemnizada sino cuándo y en la medida que represente un detrimento económico, tanto actual como futuro para quien reclama la reparación, es decir cuando represente la pérdida de una chance. Por lo cual, luego de citar doctrina y jurisprudencia que entiende respaldatoria, solicita el rechazo del rubro o en su defecto, la reducción del mismo; d) Incapacidad psicológica y tratamiento psicológico: del mismo modo, expuso el apelante que la Juez de grado ha fijado la suma total de pesos setenta y ocho mil doscientos cuarenta ($78.240.) para responder a daño y tratamiento psicológico, por lo que esta parte sostiene que el monto indemnizatorio fijado en dicho concepto, más allá de considerarlo excesivo, resulta arbitrario e infundado conforme las constancias de autos. Por ello, solicita se rechace dicho rubro o en su defecto, se reduzca; e) Daño moral: finalmente también se agravia por dicha partida indemnizatoria. Expuso que le agravia la cifra fijada en la Instancia de Grado en el rubro de daño moral, pesos doscientos noventa y cinco mil ($295.000,00) para el actor por considerarla excesiva. Que la sentencia se aparta de los criterios de prudencia y sana crítica omitiendo considerar las circunstancias particulares acreditadas en la causa. Que alguna pauta debió acreditar la contraparte en relación a los mencionados sufrimientos, a fin de que el Juez de Grado pudiese justificar la cifra fijada. Que corresponde evaluar las características de las lesiones sufridas teniendo en cuenta la índole del hecho generador, los tratamientos suministrados, las secuelas padecidas, la edad de la víctima, y la alteración de su ritmo normal de vida que le ha originado el evento dañoso. En suma, solicita su reducción.
II.b-Agravios de la parte actora De los agravios expuestos por la accionada, se observa que se agravia – en lo medular- por: a) responsabilidad: refiere el apelante que la decisión de grado no se ajusta totalmente a derecho, en virtud que, en sintonía con lo previsto por nuestro ordenamiento legar, omitió S.S. realizar un análisis correcto de los hechos, de la prueba y del derecho. Expone que la juez de grado hace una valoración totalmente incorrecta de la responsabilidad de la co-demandada y el padre del actor. Que en primer lugar, la jueza de la instancia inferir llega a esa conclusión analizando tres pruebas, a las cuales, en forma totalmente desacertada –entiende-, le da la misma fuerza probatoria.
Que concibe un errado análisis de la prueba testimonial del Sr. Valenzuela y, peor aún, refiere que se le da valor a una prueba testimonial obrante en la causa penal. Que S.S. ha valorado el testimonio del Sr. Maldonado Jorge Omar llevado a cabo el día 24 de abril de 2012 en la causa penal. Sin embargo, considera que no se tuvo en cuenta que la declaración policial en sede penal sin la debida participación de la parte es absoluta y definitivamente inoponible e ineficaz en su valor probatorio. De allí que en la medida y, sólo en ella, en que no fuese objeto de expresa ratificación en este juicio civil, con el debido contralor y fiscalización de esta parte, carece de toda virtualidad, eficacia y oponibilidad probatoria.
Que el principio procesal de contradicción se encuentra resguardado por el art. 18 de la Constitución Nacional, e implica que la prueba, para ser válida, o por lo menos eficaz y oponible, debió haber sido producida con audiencia o intervención de la parte contraria de modo que esta pudiese haber fiscalizado su ordenada asunción y haber contado con la posibilidad de ofrecer prueba en descargo. Por lo cual, entiende que la declaración del Sr. Maldonado en la causa penal, no debió ser tenida en cuenta para el dictado de la sentencia. Por otra parte, manifiesta que, respecto a la declaración de Ariel Omar Valenzuela, no existió contradicción de su relato, lo que sucede –expresó- es que muchas veces los testigos no tienen un nivel dialéctico de excelencia, empero ello no lo desacredita para narrar lo ocurrido.
Por el contrario, quien debe tener la capacidad de entender las formas y dichos de los testigos son los funcionarios que deben resolver la cuestión, situación que en este caso –advierte- no paso. Que de dicha declaración se desprende claramente que quien embiste imprudentemente es el co-demandado al papá del menor Matheo Gastón Ibáñez Coronel, lo cual se encuentra avalado con la pericia mecánica. Que la claridad del informe pericial del perito ingeniero mecánico es indudable, el cual está realizado con excelencia, diligencia y profesionalismo, enseña que el auto del demandado embistió imprudentemente a la motocicleta del papá de Matheo, es decir, la culpa del siniestro de marra es 100% responsabilidad de la parte demandada; b) Valoración incorrecta de los montos indemnizatorios: Valor vida: con respecto a este rubro, expone la apelante que si bien concuerda con la sentenciante, que para merituar este rubro debe tenerse en cuenta la edad de la víctima, en el caso de autos 29 años.
Empero, advierte que es elocuente y totalmente desacertada la frase “Ahora bien en autos no ha quedado acreditada la ocupación del Sr. Gastón Ibáñez ni tampoco sus ingresos, sumado a ello nada se ha dicho en función a si éste era sostén del hogar, si convivía o bien si le brindaba apoyo económico al actor, tampoco se ha expresado acerca de las aptitudes profesionales y formación educacional”. Que el accidente provocado por los demandados no solo le quitó la vida a un joven de tan solo 29 años, sino que le quitó a un nene de 5 años la posibilidad de crecer, disfrutar y tener un papá, con todas las consecuencias negativas que conlleva eso. Que este dato, el cual es incuestionable, fue valorado por la juez para resarcir dicho daño con la cantidad de $ 1.580.000 (siendo el 60% $ 948.000), es decir, al momento de realizar este escrito, con la suma de u$s 8.700 al valor vulgarmente conocido como “blue”, es decir aproximadamente el 5% de un departamento de 3 habientes en San Justo.
Por lo cual, solicita el aumento del rubro en cuestión; Daño Moral: del mismo modo, solicita se eleve el presente rubro considerando las circunstancias personales de la parte actora y la pérdida tan temprana para su progenitor. Que la jueza de grado le otorgó $ 492.000 (60% $ 295.000) por el daño moral provocado, es decir, haciendo un fácil calculo, le otorgó u$s 2.700 teniendo en cuenta el monto actual de la moneda estadounidense en el sector "Blue”; Daño psíquico y tratamiento psicológico: Expone que la señora Juez decidió valorarlo en $ 78.240, sin hacer una diferencia entre el tratamiento psicológico y daño psicológico, pese a la pericia psicológica glosada en autos. Que el hecho le ha causado un daño psicológico a Matheo tal cual lo describió la perito psicóloga, el cual debe ser resarcido en un monto mayor.
Que dicho daño, debe diferenciarse con el tratamiento psicológico, el cual Matheo necesitará por la pérdida de su padre, tal cual lo dispuso la perito psicóloga. Que la sesión psicológica al día de la fecha tiene un valor promedio de $ 2.000, por lo que teniendo en cuenta que debe hacerse como mímico 78 sesiones, refiere, le debería indemnizar la contraria con la suma de $ 156.000.- solo de tratamiento psicológico para no provocar un empeoramiento-. Que asimismo, también debe cuantificarse el 8% de daño psicológico que le provocó la pérdida de su padre al menor. Es decir, refiere que a los $ 156.000 (Gasto de tratamiento psicológico) hay que sumarle el daño psicológico que la muerte de su padre, a causa del accidente de marras, le produjo al menor.
Por ello, solicita se incrementen los rubros en cuestión; Daño Material: respecto a este rubro, manifiesta la parte actora que la jueza de la instancia inferior decide declinar la indemnización de este rubro manifestando que “Toda vez que no se encuentra acreditada la titularidad de la motocicleta y así tampoco se ha acompañado presupuesto alguno de reparación de rodado, no resulta procedente el rubro solicitado”. Que surge claramente de la prueba aportada en autos –dominio automotor ver fs. 601/603- que la motocicleta que conducía el padre del actor era de titularidad de él. Que por otro lado, en la pericia mecánica obrante en autos se corroboraron los daños sufridos por la mentada motocicleta -los cuales se encuentras desactualizados-.
En consecuencia, solicita se haga lugar al rubro en cuestión. Valoración incorrecta de la tasa de interés a aplicar: se queja la apelante porque S.S. ha aplicado la tasa pura del 6%. En efecto, entiende que en los juicios por “daños y perjuicios” debería estipularse la “tasa activa”, tal cual sucede en la mayoría de los Juzgados y Cámaras Nacionales. Sin perjuicio de ello, considera que debe aplicarse la tasa pasiva más alta –en virtud de la jurisprudencia provincial- fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago. Que aplicar una “tasa de interés” más baja que ella, sería generar un menoscabo del patrimonio de la actora en favor de la demandada, es decir una injustificable decisión, que solo beneficiaría a la demandada obligada al pago.
Asimismo, cita jurisprudencia que entiende respaldatoria, a la cual me remito por honor a la brevedad. Valoración incorrecta del alcance del seguro: finalmente, advirtió el apelante que la jueza de la instancia inferior decidió “V.- La extensión del resarcimiento.- Que conforme lo normado por los arts. 701 del Código Civil y 118 de la ley 17.418, la condena que se impone en autos se hará extensiva, en la medida de la cobertura a LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SA en su carácter de aseguradora a la fecha del siniestro del automotor partícipe en el evento, en los términos de la contratación… ”. Que sin embargo, nada aclaró si se debe tener en cuenta los actuales límites de cobertura para pólizas de seguro automotor.
Que los argumentos radican en que, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos, pero teniendo en cuenta situación económica inflacionaria en la que se encuentra el país, la duración de los procesos judiciales y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda es que resulta necesario realizar una actualización de los límites. Que el monto pactado en la póliza data de once años atrás, el cálculo indemnizatorio se fija a valores actuales y el límite de cobertura se considera al valor histórico, lo que claramente produce un desajuste, que favorecería sin razón a la parte que ha dilatado el proceso por años licuando así su deuda, aprovechando el paso del tiempo e impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento justo al tiempo más cercano al daño sufrido.
Asimismo, advierte que carecería de sentido que la Superintendencia de Seguros de la Nación actualice los topes de las pólizas de seguro si a la hora de obtener el resarcimiento estos límites no fueran actualizados. Que en el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio”.
Cita jurisprudencia que entiende respaldatoria.
LA SOLUCIÓN
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de ésta instancia jurisdiccional, me abocaré al tratamiento de los mismos, debiendo destacar que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Asimismo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). Del mismo modo, que solo serán tratados aquellos agravios que constituyan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que los apelantes consideren equivocado.
III. De la falta de fundamentación de la sentencia Que respecto a las manifestaciones vertidas sobre la falta de fundamentación de la sentencia, importa destacar que el Nuevo Código Civil y Comercial en vigencia el 1 de agosto del corriente año dispone, en su art. 3: “Deber de resolver. El Juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”
Al respecto cabe señalar que el art. 163 del rito, establece en su inc. 5 que la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener los fundamentos y la aplicación de la ley. Por su parte, el inc. 6 del citado artículo determina que también la sentencia deberá contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.
Es sabido que la sentencia es un acto inescindible, una unidad lógica jurídica cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación (CSJN, 27/6/89, ed, 134-723; SCBA, 6/9/94, DJBA, 149-5057). Cuando nos referimos a la fundamentación y aplicación de la ley hacemos hincapié en la determinación de los hechos (reconocidos, admitidos, confesados o comprobados) y la individualización del precepto legal. El deber de fundar la sentencia comporta un deber constitucional, porque “posibilita el control externo sobre el modo como el juez ejercita el poder jurisdiccional” (SCBA, 23/02/99, djba, 156-1261). Así la fundamentación de las resoluciones judiciales constituye una garantía para las partes (SCBA, 12/5/98, DJBA, 155-4452). Por estas circunstancias el art. 168 de la Const. de la Prov. de Buenos Aires dispone que los tribunales deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. El Código Procesal contiene previsiones concretas al respecto, estableciendo que los jueces deben incorporar al pronunciamiento “los fundamentos y la aplicación de la ley, lo que igualmente rige en segunda o ulterior instancia, por lo que una sentencia que no contiene ninguna motivación y solamente incorpora la mención de un texto legal, infringe arbitrariamente aquellos parámetros del Código y, por ende, resulta nula (SCBA, 23/2/99, DJBA, 156-1261 (Cit por: Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Edit. Astrea, año 2009, págs. 208/2013).
Sentadas tales premisas y adentrándome en el análisis de la sentencia de grado, no puedo dejar de advertir que el pronunciamiento dictado por la Sra. Juez de la Instancia de origen, se ajusta a las prescripciones legales emanadas del art. 163 del Código adjetivo –más allá de que alguna de las partes del proceso considere desde su punto de vista subjetivo, que el fallo y sus fundamentos no se ajusta a derecho y resulta improcedente-.
En efecto, aprecio judicialmente que la sentencia cuestionada, en su estructura externa se compone de autos y vistos, resultandos, considerandos y fallo como parte dispositiva.
Del mismo modo, la misma en sus aspectos internos –es decir en sus contenidos endógenos- resulta que se describen detalladamente las pretensiones jurídicas de la parte actora en cuanto a los sujetos, demandados, el objeto, la causa petendi, el monto reclamado por los conceptos de daños y perjuicios, el relato de los hechos, y el petitorio. Más adelante relata que se presenta la citada en garantía contestando demanda, reconociendo la existencia de un contrato de seguro, negando los hechos, planteando la culpa de la víctima, solicitando el rechazo de la demanda con costas. Que asimismo, los codemandados Emilio Gustavo Saravia –conductor del vehículo Ford Escort- y Emilio Saravia García –titular registral-, se han presentado en autos y se adhirieron a la contestación de demanda de la citada en garantía.
Surge de dicha sentencia, que así ha quedado trabada la Litis, resultando ello, de las pretensiones formuladas por cada una de los litigantes del proceso. En los considerandos del fallo recurrido, vistas las posturas de las partes en sus debidas pretensiones, se encuentran contestes en las circunstancias de tiempo y lugar en donde ocurrió el hecho ilícito. Como así también, los vehículos involucrados en el accidente y las personas que conducían los mismos, centrándose la controversia judicial, en cuanto a la mecánica del hecho y la ruptura del nexo causal (culpa de la víctima).
Por lo cual, considera S. S. tener por acreditado el hecho, en virtud del reconocimiento que efectuara cada una de las partes en su escrito de inicio y contestaciones, como por las actuaciones labradas en sede penal y demás constancias en los autos principales. En cuando a la fundamentación del derecho en torno a la responsabilidad civil, encuadra la cuestión en el art. 1.113 del Cód. Civ., presumiéndose la responsabilidad legal del dueño o guardián de la cosa riesgosa (el automotor); como así también, valoró la culpa de la víctima, considerando que en la especie, el accionar de ésta ha interrumpido el nexo de causalidad en el porcentaje del 40%, otorgándole el otro 60% a cargo de la parte demandada. En efecto, valoró ambas declaraciones testimoniales (Maldonado en sede penal y Valenzuela en sede civil), conjuntamente con la correspondiente pericia mecánica llevada adelante.
Por otra parte, la Sra. Juez Colega de Primera Instancia al estudiar y dar tratamiento jurisdiccional a los rubros reclamados por la parte actora, analiza y valora judicialmente la pericia psicológica producida, otorgándole a la misma pleno valor probatorio y eficacia jurídica (art. 474 del Cód. Proc,). Del mismo modo, y considerando los arts. 1084 y 1085 del CC, cuantificó la partida valor vida y otorgó una suma que consideraba indemnizaba al accionante el daño moral por la pérdida de su progenitor; además de liquidar económicamente el daño psicológico conjuntamente con los gastos de tratamiento psicoterapéuticos. Asimismo, aplicó la tasa pura del 6% para calcular los intereses.
En síntesis, como lo he demostrado jurisdiccionalmente en el presente voto, la sentencia recurrida se encuentra debidamente tratada, considerada y fundada en el derecho aplicable al caso “in concreto”, dando cumplimiento la Sra. Jueza de la instancia de origen –desde su punto de vista subjetivo- su opinión y pensamiento jurisdiccional a la hora de juzgar y resolver la presente contienda judicial.
Sin perjuicio de lo expuesto, adelanto que dicha postura no ata a este juzgador a la hora de valorar nuevamente los hechos y pruebas producidas en la instancia de grado, en función de los agravios propuestos.
En consecuencia, pasaré a considerar y tratar el resto de los agravios expuestos, a saber:
IV. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores, sobre la base legal de un micro sistema jurídico integrado con el Código Civil El hecho ilícito dañoso de autos que se investiga, resulta de la intervención de dos vehículos, un ciclomotor Motomel CG 125 Dominio 241 GYK conducido por el progenitor del actor, quien habría fallecido en dicho accidente luego de encontrarse internado en terapia intensiva, difunto Matías Gastón Ibáñez y un automotor Ford Escort dominio STD 810, propiedad del demandado Emilio Saravia García y conducido en la emergencia por Emilio Gustavo Saravia.
En este caso y de conformidad a lo dispuesto por el art. 1.113 del Código Civil reformado por el Decreto Ley 17.711 se aplica la teoría de los riesgos recíprocos. Esta postura fue sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud, y su actualizador André Tunc. En la especie, la ley presume que los demandados son responsable de los daños que hayan causado al ciclomotor que conducía el padre del actor y presume por otra parte, que el fallecido Ibáñez Matías es responsable de los daños que hipotéticamente habría causado su rodado. En autos: “Sacaba de Larosa c/ Vilches” el Superior Tribunal Provincial aplica la tesis “de los riesgos recíprocos” en los casos de colisión entre automotores, fallo de la S.C.J.B.A., Pub. La Ley 1986-D-479, con nota de Félix Trigo Represas, Aceptación jurisprudencial de la tesis de los “riesgos recíprocos” en la colisión de automotores”. Se refirió también respecto a este tema Atilio Anibal Alterini, comentando un fallo de la Corte Suprema Nacional, de diciembre 22 de 1987, caratulado: Empresa Nac. de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As., bajo el título: “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores”, (pub. en La Ley 1988-D-297). Cuando en la producción del daño interviene activamente una cosa riesgosa son responsables su dueño y su guardián, salvo que demuestren la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista, que lo exima total o parcialmente de responsabilidad. La Corte Federal en su integración anterior y en la actual ha reiterado que en esta materia el encuadre legal es el del riesgo creado del art. 1.113, párr. 2° “in fine” del Cód. Civ.
Por lo cual, en la responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de los automotores, se presenta como un microsistema jurídico (denominado así al Código o Ley de Tránsito) que se integra y armoniza legalmente con la aplicación de los arts. 512, 513, 902, 1.109, 1.111 y 1.113 siguientes y concordantes del Código Civil, con dichos Códigos de Tránsito locales.
Que al respecto es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “Cuando el artículo 1113 del Código Civil establece que el dueño o el guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad el riesgo creado. Y así la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño. Así, y como sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuya al responsable, es el actor quien soporta el "onus probandi", estándose en el supuesto, ante la aplicación del principio de que la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado corresponde a quien lo hace valer”. (CC0203 LP 118097 RSD-54-19 S 20/03/2019, Linas Jorge Juan c/ Bois Luciano Enrique y otro/a s/ Daños y Perjuicios autom. s/ lesiones. B357057);La carga de la prueba respecto de la existencia del hecho, de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes, corresponde a quien las alega (art. 1734 y 1736 del CCyC y 375 del CPCC)CC0203 LP 124501 RSD- 12-19 S 07/02/2019, Castro Tarifa Armando Y Otros C/ Olheiser Jorge Y Otro/A S/ Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)"B357032).
Qué, asimismo, la ley 24449 –vigente a la fecha del hecho, dispone en su artículo 39 inc. b que: “b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito. Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos”. Por otra parte, respecto a los giros hacia la izquierda, cierta corriente jurisprudencial ha sentenciado –criterio que este Vocal Preopinante comparteque: “Cuando se transita en una vía de dos manos de circulación la maniobra de giro a la izquierda debe estar precedida y asumida con extrema precaución, pues el intento significa colocar un obstáculo tanto en la mano que se va a cruzar como en la mano de circulación que se lleva, ya que ese giro importa el cambio de dirección, y así al menos en forma breve traduce una obstrucción para los vehículos, lo cual se acentúa en tanto la aproximación a esa posición estática o casi estática del vehículo que va a doblar sea mayor. Ello ha de significar, entonces, avisar mediante adecuadas señales la intención y el accionar del giro, y especialmente valorar si la interferencia que significa colocar el vehículo en la aludida posición transversal a la circulación puede ser sorteada adecuadamente por el resto de los vehículos que eventualmente concurran en la contingencia” (arts. 512, 1109, 1113 del C. Civil; 53 inc. 1º ley 11.430).CC0203 LP 112585 RSD-193-10 S 21/12/2010 Juez BILLORDO (SD) Carátula: V. M., G. c/F., N. E. s/Daños y Perjuicios. B355640).
En la especie, las pautas vertebrales-jurídicas en que se basa la aplicación de la teoría de los riesgos recíprocos, serian –entre otras- las siguientes: a) la teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas y constituye un principio que ilumina este sistema de responsabilidad objetiva; b) pesan presunciones concurrentes de causalidad y/o de responsabilidad, contra cada dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, quien debe afrontar los daños causados a la otra cosa y/o a la persona humana, salvo que pruebe la existencia (total o parcial) de eximición de responsabilidad; c) Que las presunciones de responsabilidad o de causalidad no son contrarias entre sí; d) Que las eximentes legales de liberación total o parcial son la culpa o el hecho de la propia víctima (art. 1.111 del Cód. Civ.) o la de un tercero por quien el dueño o guardián no debería responder, el caso fortuito o la fuerza mayor y/o el uso de la cosa contra la voluntad presunta o expresa del su dueño o guardián. Ergo la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, o si se quiere, en otros términos, la existencia de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa; e) La carga o el “onus probandi“ de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivodeudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; f) Se sienta el principio –en esta materia en especial- que en caso de duda: “In dubio pro-victima“ y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica –aplicable para cada caso “in-concreto“- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la víctima del daño, frente a la máquina de gran potencialidad dañosa, sea ciclista, conductor, dueño o guardián de cualesquiera de los vehículos co-protagonistas del accidente de tránsito.
Finalmente, conviene recordar que no constituye óbice para evaluar la responsabilidad, el archivo de la IPP en tanto con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y por consiguiente puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera. (artículos 31 y 18 C.N. y 15 Constitución Provincial, Suprema Corte Bs. As., 21/9/1984, - Aspron, José Hernán v. Magaña de Coppola, Hebe Rosario y otro s/ Daños y perjuicios), es decir, carece de relevancia en sede civil; máxime si rigen los principios de la responsabilidad objetiva o sin culpa, de suerte que el guardián del vehículo debe demostrar, en todo caso, "la culpa de la víctima" para eximirse parcial o totalmente de responsabilidad (art. 113 párrafo 2do. 'in fine', C.Civil).(Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, 0001, 21-3-91,”Martín, Ángel c/ Cuningham, Luciano s/ Daños y perjuicios”).
Sentado el marco legal, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, comenzare por dar tratamiento a los agravios expuestos por las partes. De la atenta lectura del escrito de expresión de agravios de la parte actora y la citada en garantía, se vislumbra que si bien reconocen la existencia del hecho, sujetos involucrados, han cuestionado la mecánica del accidente, refiere el actor la exclusiva responsabilidad de la parte demandada y por su parte la contraria, que se ha omitido evaluar la conducta –culpa- de la víctima.
Así las cosas, importa preguntarse, ¿Qué ha ocurrido realmente en el teatro de los hechos? para ello comenzaré por dar lectura, estudio y valoración a los medios probatorios producidos ante el Sr. Juez Colega de Trámite, bajo las siguientes consideraciones que paso a desarrollar:
1. En primer lugar, destaco que a fs. 127/135 obra glosada la demanda presentada por Nidia Érica Coronel, quien se presenta en nombre y representación de Matheo Gastón Ibáñez Coronel, quien fuera hijo menor de edad de ésta y del difunto Matías Gastón Ibáñez, conductor de la motocicleta. En cuanto a los hechos, refirió que: “Con fecha 21 de abril del año 2012, siendo aproximadamente las 3 am, el señor Matías Gastón Ibáñez circulaba en forma prudente con su motocicleta marca Motomel CG 125 dominio 241 GYK, color negra y gris, de su propiedad, por la Ruta Provincia 21 sentido provincia (este a oeste) en la localidad de Gregorio de Laferrere, cuando imprevistamente fue embestido por un automotor marca Ford modelo Escort dominio STD 810 … cuyo propietario era Emilio Saravia García y estaba siendo conducido por Emilio Gustavo Saravia, quien intentaba doblar por la calle Recuero de Gregorio de Laferrere”. Que el demandado transitaba por la Ruta Provincial 21, sentido Capital Federal (oeste a este), de la localidad de Gregorio de la Laferrere y al llegar con la intersección de la calle Recuero, repentinamente doblo hacia la izquierda, intentando atravesar la mano sentido Provincia (este a oeste) de Ruta Provincial 21, y que con dicha maniobra imprudente embistió al padre del hijo del actor.
Que a raíz del accidente, el conductor de la motocicleta quedo inconsciente con las consecuentes lesiones físicas que luego derivaron en su muerte, tras pasar varios días internado en terapia intensiva.
2. A fs. 505/533 vta. contestó la demanda la citada en garantía “Liderar Compañía de Seguros SA”, quien en lo medular manifestó que fue la culpa de la víctima como participación activa y determinante del evento. Destaco que en el día y horario indicado por el actor y en las arterias mencionadas “Emilio Gustavo Saravia circulaba al mando de rodado Ford Escort STD-810 por la Ruta 21 (…) al aproximarse a la intersección de la precitada ruta con la calle Recuero, el Sr. Saravia coloca la luz de giro a la izquierda a los fines de anunciar con la debida antelación la maniobra que efectuaría posteriormente. Es así que en dichas circunstancias el Sr. Saravia detiene su rodado sobre su carril a la espera de que los automóviles que circulaban por el carril contrario avancen, para luego efectuar el giro a la izquierda anunciado. Encontrándose totalmente detenido, reitero, sobre su carril es que observa que venía una motocicleta por el carril contrario circulando de manera zigzagueante y a velocidad elevada. El conductor de la motocicleta efectuado estas temerarias maniobras pierde evidentemente el control de su moto, invadiendo el carril contrario y termina impactando al rodado del Sr. Saravia, que se encontraba detenido sobre su correspondiente carril (…) que además circulaba sin llevar casco reglamentario”.
3. Por su parte, a fs. 544/546 adhieren a la contestación de la citada en garantía los codemandados Saravia Emilio Gustavo y Saravia García Emilio - véase también fs. 548/550-.
4. Mediante constancia electrónica de fecha 01/02/2019 se encuentra digitalizada la causal penal labrada con motivo del accidente y quedando incorpora como medio probatorio instrumental público y con “validez y eficacia jurídica” en este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones, pericias, etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso. De la atenta lectura de la misma se observa que: “21 de abril de 2012 siendo las 3 am (…) en las calles Ruta 21 y Recuero de esta ciudad se había producido un accidente de tránsito con heridos entre un vehículo particular (…) en el lugar no se observan semáforos ni de carteles indicadores de tránsito (….) observamos detenidos (…) un vehículo de la marca Ford Escort …el cual a simple vista presenta daños en su lateral delantero izquierdo, óptica delantera izquierda, capot, guardabarro izquierdo lado conductor, a cuyo conductor se identifica como Emilio Gustavo Saravia (…) que a pocos metros sobre la banquina de la Ruta 21 con sentido hacia González Catán se observa una motocicleta marca Motomel…patente 241 GYK tirada sobre el pavimento a un costado del cordón de la vereda con daños sobre la rueda delantera, tanque de combustible suelto, luces delanteras y traseras, tablero instrumental (…) a pocos metros se encuentra su conductor tendido sobre la calle y a quien logramos identificar como Matías Gastón Ibáñez, quien presentó graves lesiones en el rostro, miembros superiores e inferiores y resto de su cuerpo, en estado de inconsciencia”. Asimismo, en dicha acta de constatación se informó que la víctima fue trasladada por ambulancia al Hospital Simplemente Evita de González Catán.
Del mismo modo, en dicha IPP digitalizada se observa la ficha de ingreso en el Hospital km 32 de González Catán del difunto Ibáñez Matías el día 21/04/2012.
Por otra parte, advierto que se ha llevado adelante, el examen de visu de los rodados intervinientes. Del mismo se observa que se ha dejado constancia que respecto al Ford Escort presentaba los siguientes daños: “colisión en su extremo delantero izquierdo, con rotura de guardabarro, capot, óptica delantera, paragolpe delantero, todo ello extremo delantero izquierdo”. Respecto a la motocicleta Motomel conducida por el fallecido Ibáñez, se determinó que presentaba los siguientes daños: “rueda delantera, tanque de combustible, tablero instrumental, horquilla, luces delanteras y traseras…”, habiéndose acompañado fotografías de los respectivos vehículos.
Que en cuanto a la declaración testimonial de Maldonado en sede policial, adelantó que discrepo totalmente con la valoración que efectúa de ese testimonio la Sra. Juez Colega de la Instancia de origen, púes estimo que la misma no está corroborada ni avalada por ningún otro medio probatorio, todo ello con aplicación del principio de la prueba compuesta, entre ellos: prueba pericial técnica, croquis del hecho, fotografías, posición de los vehículos después del accidente, etc., Por lo tanto –a mi juicio- dicho testimonio en su conjunto carece de credibilidad y sinceridad, pues se aplica la regla de la libre apreciación del juez, a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, apreciando judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. La neutralidad es condición esencial del declarante y ello resulta abiertamente contrario a su falta de sinceridad, que revela parcialidad o designio de favorecer. En nuestro caso existen dos testimonios contradictorios, el de Maldonado y el de Valenzuela, encontrándose este último corroborado por otros medios probatorios que le dan credibilidad. De este modo descarto el testimonio de Maldonado, por considerarlo inválido y sin fuerza probatoria (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.).
No se afectan las reglas de la sana critica, cuando por motivos razonables se da mayor fe a unos testigos que a otros (SCBA, 10/6/80, DJBA 119-530).
Ahora bien, con referencia a la declaración de Valenzuela, juzgo que su testimonio es creíble pues narra claramente que el conductor del Ford Escort“ ya había metido la nariz del auto y quedo la trompa hacia la izquierda, y su relato de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentra corroborado y avalado por la prueba pericial técnica, por la posición de los rodados descripta por el perito mecánico al afirmar que los restos de las partes desprendidas del automotor se encontraban dispersos en el carril donde circulaba la motocicleta, como así también el croquis del hecho realizado por el experto técnico de fs1135/1143, 1147/1150 y las placas fotográficas anudadas en la causa penal que lucen agregadas a fs. 17/20 que dan cuenta de la zona topográfica del impacto entre los dos vehículos,(art. 456 del Cód. Proc,).
Por otra parte, como surge de la narración de los hechos producida por su testimonio, que “ut infra” se transcribe, se advierte la explicación de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables y que causaron el desenlace fatal.
Asimismo, de la epicrisis efectuada en el Hospital se observa que se ha dejado constancia que: “Ibáñez Matías Gastón … internación del 21/04/2012 al 29/05/2012 en UTI por politraumatismos, TEC grave, fractura de femur, meningitis post quirúrgica(…) paciente con secuelas neurológicas graves secundario a politraumatismo y traumatismo de cráneo grave con internación prolongada en terapia intensiva (…) donde intercurrio con múltiples intercurrencias infectologicas (…) disfunción organice múltiple (…) fractura de femur(…) 14/06/2012 a las 17 hs presenta pario cardiaco sin respuesta a RCP. Se constató óbito a las 17.30”. “TAC cerebro temporo parietal izquierdo con desplazamiento de línea media, fractura del temporal en dos fragmentos. Se evidencia pérdida de masa encefálica por oído derecho…”.
Por otra parte, contamos con el acta de Necropsia, en la cual se dejó constancia que Ibáñez Matías Gastón falleció por traumatismo de cráneo, lo cual también se informó en la constatación de defunción glosada a dichas actuaciones. Del mismo modo, de la autopsia llevada a adelante, se constató un severo traumatismo craneoencefálico, habiéndose dejado como conclusiones que: “la muerte de Matías Gastón Ibáñez se produjo por un paro cardiorespiratorio traumático, bronconeumonía bilateral, traumatismo encefalocraneano grave…”.
Conforme adelanté, a fs. 1075, declaró en sede civil Valenzuela Ariel Omar, testigo presencial del hecho, quien manifestó que: “A LA SEGUNDA PREGUNTA: para que diga cuanto sepa acerca del hecho: yo esa noche estaba yendo por Ruta 21 hacia G. Catan yo trabajaba para una empresa de seguridad y estaba controlando objetivo, iba en un móvil ploteado de la empresa de seguridad, y veo adelante mío ( había pocos autos) media cuadra una moto que venía sobre mano izquierda paso y cuando va a llegar a la esquina veo un auto que iba a girar a la izquierda. Estaba parado y desacelerando y ya había metido la nariz del auto, el chico que iba en la moto paso normal por que veníamos todos a la misma velocidad, no veníamos fuerte ( por que había poca luz, había muchos pozos, no se podía ir rápido) así como venía doblo la dirección hacia la izquierda y quedo la trompa hacia a la izquierda pero no llego a frenar y siguió y ahí le pega al muchacho de la moto,entonces frenamos, quedamos 4 ó 5 autos, yo prendí las balizas del móvil de seguridad en el que venía, retrocedí media cuadra marcha atrás con las luces prendidas y señalice la calle con el auto, yo vi que los otros conductores se bajaron algunos fueron hacia el muchacho y otros hacia el auto, todos llamamos al 911, cuando yo llame me dijeron que ya habíansido tomada la alerta y a los pocos minutos cayeron los primeros patrulleros y cuando llegaron los primeros yo me fui”.
A fs. 1135/1143 y 1147/1150 obra glosada la pericia mecánica llevada a cabo por el perito Otero Rubén, quien determinó que: “De las fotografías del automotor, puede observase que el material afectado, se desplazó hacia atrás por la acción de fuerzas orientadas en ese sentido. Con respecto a la motocicleta, emerge de las fotografías que la misma resultó afectada en su parte delantera, con rotura del tablero, óptica, y deformaciones de la rueda, el guardabarros y la horquilla. Considerando las deformaciones y roturas mencionadas, como así también, las fuerzas que actuaron, es posible desde el punto de vista mecánico, que los hechos se hayan desarrollado de la manera que se indica en el croquis adjunto al presente informe.
En efecto, es probable que transitando ambos rodados por la Ruta Nacional N° 21, en sentidos contrarios, se impactan con sus respectivos frentes, cuando el Ford Escort giró su izquierda para tomar la calle Recuero. (…)Esta fotografía, muestra que el automóvil se encuentra sobre la mano contraria a la que circulaba y que tanto la motocicleta como los restos de material dispersados sobre la calzada, se ubican en la mano contraria a la que transitaba el automóvil, es decir sobre la que transitaba la motocicleta”. Dicha pericia fue impugnada por la citada en garantía, lo cual se tuvo presente a fs. 1158.
No encuentro mérito para apartarme de este dictamen pericial técnico, por lo tanto lo declaro con validez y fuerza probatoria toda vez que se ajusta a las prescripciones legales exigidas por los arts. 472 y 474 de Cód. Proc). Así las cosas, tal como anticipé “ut supra” en la especie ambas partes han apelado la sentencia, por considerar que no se ha realizado una correcta valoración de la prueba. La parte actora insiste en la exclusiva responsabilidad de la parte demandada; mientras que los accionados reiteran que fue la culpa de la víctima, solicitando el rechazo de la demanda o en su defecto, distribuir en un porcentaje menor la responsabilidad endilgada.
La sentenciante de grado, a los fines de distribuir la responsabilidad (60% en cabeza de la demandada y 40% a cargo de la propia víctima), valoro los términos expuestos en la declaración del Sr. Valenzuela conjuntamente con la pericia mecánica, exponiendo que: “Debo señalar que sin perjuicio de la poca claridad de su relato, éste último testigo indica que el demandado “estaba parado y desacelerando”, luego indica que queda con su trompa hacia la izquierda, pero no llega a frenar y en consecuencia embiste al Sr. Ibañez. Analizada esta narración corresponde señalar la postura jurisprudencial frente a la contradicción en la declaración de un mismo sujeto, a la que se le resta credibilidad, debido a que no se sabe cuál es la verdad, siendo que como ésta es una sola, no es posible que el mismo testigo la refiera de manera diversa.
Finalmente resta valorar el informe pericial del ingeniero mecánico del que teniendo en cuenta como han quedado dañados los rodados, así como también las fuerzas que actuaron, denuncia que “es probable que transitando ambos rodados por la Ruta Nacional N° 21, en sentidos contrarios, se impactan con sus respectivos frentes, cuando el Ford Escort giró su izquierda para tomar la calle Recuero” luego indica que “tanto la motocicleta como los restos de material dispersados sobre la calzada, se ubican en la mano contraria a la que transitaba el automóvil, es decir sobre la que transitaba la motocicleta. Esta conclusión ha sido impugnada por la demandada alegando que la misma carece de sustentos facticos.
Y seguidamente, estudiando el informe, se desprende que el experto propone su conclusión como una hipótesis sobre cómo pudo suceder el hecho -y no como una afirmación de hechos. Sin embargo, ante el planteo de esta hipótesis y de la afirmación de donde han quedado arrojados los restos materiales de los vehículos, debe recogerse en forma parcial lo declarado por el testigo Omar Valenzuela, más específicamente cuando “no llego a frenar y siguió y ahí le pega al muchacho de la moto” (…)En consecuencia analizando las probanzas aportadas en conjunto, conforme las reglas de la sana crítica concluyo, que se encuentra acreditado el contacto entre los vehículos ocurrido en la Ruta 21 y la Calle Recuero, igualmente se encuentra probado que el rodado conducido por el demandado ha quedado dañado en su lateral izquierdo frontal y la moto conducida por la victima quedo dañada en la parte delantera.
Luego ante la ausencia de otras probanzas para recrear el accidente, cabe concluir que ambos conductores contribuyeron en igual medida a la producción del accidente”.
Finalmente, concluyó la sentenciante de grado: “en virtud de la situación de desequilibrio entre peso de los rodados, debe endilgarse mayor responsabilidad al Automotor del demandado siendo el de mayor porte quien tiene mayor potencialidad dañosa hacia terceros, y más aún cuando intentaba realizar una maniobra de alta peligrosidad, como lo es detenerse en una ruta en el carril izquierdo o cuando realiza un giro a la izquierda. (…) Corresponde endilgar la responsabilidad en forma concurrente, en un 60% por ciento el demandado y en un 40% al padre del actor, debiendo responder en consecuencia la parte demandada en esa medida”.
Ahora bien, tal como ha quedado trabada la Litis y considerando las pruebas aportadas a la causa, adelanto que en la especie se encuentra probada la responsabilidad de la parte demandada como así también, que se ha configurado la culpa o el hecho de la propia víctima (pero únicamente ante la ausencia de casco protector de la cabeza y con incidencia concausal), la cual interrumpió parcialmente el nexo de causalidad adecuada. Desde ya adelanto que discrepo totalmente con la solución propuesta al caso de autos por la Sra. Jueza Colega de Primera Instancia y paso a explicarme.
En primer lugar, no caben dudas que ha existido contacto material entre la motocicleta conducida por el difunto Ibáñez Matías y el vehículo conducido por el codemandado Saravia Emilio Gustavo el día 21 de abril de 2012 en la intersección de la Ruta Provincial Nro. 21 y la calle Recuero de la ciudad de Gregorio de Laferrere partido de la Matanza en el horario aprox. de las 3 am. En segundo lugar, el testigo Valenzuela, claramente expuso que el conductor del Ford Escort “ya había metido la nariz del auto” y “quedo la trompa hacia a la izquierda”, dicha declaración resulta avalada por la pericia mecánica presentada en autos y ut supra referenciada, pues el propio perito baso su hipótesis de posible mecánica del accidente en función de la posición de los rodados.
Específicamente, determinó el experto que: “es probable que transitando ambos rodados por la Ruta Nacional N° 21, en sentidos contrarios, se impactan con sus respectivos frentes, cuando el Ford Escort giró su izquierda para tomar la calle Recuero. (…)Esta fotografía, muestra que el automóvil se encuentra sobre la mano contraria a la que circulaba y que tanto la motocicleta como los restos de material dispersados sobre la calzada, se ubican en la mano contraria a la que transitaba el automóvil, es decir sobre la que transitaba la motocicleta”. Observada, la fotografía a la que hiciera alusión dicho perito, la cual se encontraría glosada a la causa penal, advierto que efectivamente el rodado de la parte demandada luego del impacto habría quedado sobre la mano contraria, es decir sobre el carril en el que transitaba el difunto Ibáñez.
Por lo cual, resulta evidente que el Sr. Saravia Emilio Gustavo había iniciado el giro a su izquierda o al menos invadido en parte el carril de circulación de la víctima, generando por ello el impacto. No escapa a este Juzgador que el hecho se produjo en horas de la madrugada, que si bien según el parte preventivo el cielo estaba despejado, todavía seria de noche y en el lugar de los hechos no existía ni semáforos ni carteles indicadores de tránsito, por lo tanto, a los fines de efectuar un cruce tan peligroso como lo es el giro a la izquierda, el demandado naturalmente debió extremar los recaudos antes de efectuar cualquier maniobra que invada el carril de circulación en el que transitaba el Sr.
Ibáñez. Por lo cual, resulta a todas luces que la parte demandada no actuó con debido cuidado y previsión, debiendo por ello responder por las consecuencias dañosas. De este modo, puso en riesgo la seguridad pública, violando su deber de “no dañar al prójimo” (art., 19 C. N.).
Sin perjuicio de lo expuesto, no puedo dejar de advertir que la parte demandada y citada en garantía expusieron en sus escritos de contestación de demanda que el actor no portaba el casco reglamentario, cuestión que fuera reiterada al expresar agravios por la aseguradora.
Si bien, la sentenciante de grado ha omitido tratar dicha cuestión, considero que en función de lo que dispone el art. 273 del CPCC, la misma puede ser analizada en esta instancia recursiva, a saber:
En orden al punto de la falta de uso del casco se ha violado una norma de tránsito, no obsta a la reconstrucción integral de lo sucedido. La doctrina afirma que la violación de las leyes de tránsito no constituye por sí sola una fuente objetiva de responsabilidad: Pero de ello no puede inferirse la imposibilidad de considerar el hecho mismo de la violación, en consonancia con las demás circunstancias del caso. En esas condiciones resulta probado, la ausencia de uso de casco protector por parte del difunto Ibáñez, ello considerando que de las pruebas referidas precedentemente la víctima falleció “por un paro cardiorespiratorio traumático, bronconeumonía bilateral, traumatismo encefalocraneano grave“, habiendo sufrido pérdida de masa encefálica por el oído, lo cual hace –reitero- presumir que el mismo no portaba dicho casco (art. 163 inc. 5º del Cód. Proc.)- toda vez que constituyen indicios o hechos reales y probados y que por su número, precisión, gravedad y concordancia producen en el juez convicción judicial de acuerdo a la naturaleza del juicio y de conformidad con las reglas de la sana critica. Pues considero que de haberlo llevado el casco protector de seguridad, quizás se habría evitado la lesión o bien podría haber aminorado la misma y con ello, quizás evitar el desenlace fatal.
Vale decir, con aplicación de la experiencia de la vida diaria o expresándome con mayor rigor científico, con aplicación de las “máximas de experiencia del Juez” y haciendo uso del sistema jurídico de la relación de causalidad adecuada, vislumbro que dicha omisión guarda nexo causal adecuado, con incidencia concausal y la experiencia recogida teniendo en cuenta lo que sucede a diario, nos indica que la falta de casco produce -como el accidente de autos materia de investigación- lesiones en la cabeza de la víctima, lo cual ha quedado probado por la historia clínica labrada en el Hospital de González Catán, el acta de necropsia y principalmente por la autopsia llevada en el cuerpo de Ibáñez.
Considero oportuno transcribir un voto del Dr. Jorge M. Galdós que dice: “Los peritos en accidentología destacan que “la utilización de los cascos es la más importante medida de seguridad para los motociclistas según los registros estadísticos en los cuales se compararon los accidentes fatales con los no fatales. El casco da dos protecciones simultaneas: distribuye las fuerzas concentradas sobre toda la cabeza y distribuye la energía del impacto“ (Esposito Mario Degli, “La pericia accidentológica”, Derecho de daños N° 3, ps. 286/287)... “Más adelante agrega: “Como hipótesis se puede decir que el casco protege al cráneo de los golpes y por tal razón se recomienda su uso”. Ahora bien la doctrina legal de la Corte Provincial (...) sostuvo en un antecedente de 1997, por unanimidad, que “más allá de que la falta de casco es una infracción a una norma de tránsito que por sí mismo no es determinante de responsabilidad (conf. Ac. 46.754 del 3/8/93; Ac. 47.547 del 31/8/93, etc.), dicha omisión podrá - eventualmente- incidir sobre la magnitud de las lesiones sufridas, más no se puede sostener que haya repercutido en la causación del hecho (S. C. Bs. As. Ac. 61.908, 15/7/97, "Chialli, Enrique A. y otro c. Iribas René L., s. ds. yps.). Empero, luego esa doctrina fue sustentada en minoría, prosperando la tesis de que la “circunstancia de que con la falta de uso del casco protector se haya violado una norma de tránsito, no obsta a la reconstrucción integral de lo sucedido y aunque no constituya una fuente objetiva de responsabilidad, de ello no puede inferirse la imposibilidad de considerar el hecho mismo de la violación en consonancia con las demás circunstancias del caso” (S. C. Bs. As., Ac. 57.637, 15/9/98, Granillo Olga C. c. Tedeschi, Lorenzo C. y otro s. ds. Y ps.“; DJBA, 155-381) (CCiv. y Com. Azul, Sala II, „Miñaur de Sabathie, Dora E. c. Trucc, Inés S. , fecha marzo 9, de 2.000, Pub. LLBA, 2.000, 572).
Cuando como en el caso de autos, el fallecimiento del padre del actor tiene relación causal con el riesgo de la cosa peligrosa (el automotor como coprotagonista de la ilicitud objetiva) con incidencia concausal de la culpa o el hecho de la víctima del daño, pues circulaba con ausencia del casco protector de su cabeza, de allí se impone atribuir la responsabilidad parcial a la propia víctima, por guardar ésta vinculación de causa-efecto con la lesión y la probabilidad objetiva, según sucede de ordinario, de que (por las apuntadas razones científicas) la cobertura del casco protector hubiera incidido, aminorando, el efecto del daño.
Es aquí aplicable la doctrina legal casatoria sobre la relación causal -en el “sub-lite”- cocausación del daño (arts. 384 y 163 inc. 5º del Cód. Procesal; 901,906 y concs. del Cód. Civ.; art. 64 inc. 2° Ley 11.430). El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; este debe haber sido causado u ocasionado por aquél. Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (Sala II, C.C.C. Azul, 11/6/96, Álvarez Mirta L. y otro c. Pianta, Sergio D. , J. A.
1997-II-183, LLBA, 1996-791).
En suma, toda vez que ha quedado probado a ver del suscripto que la parte demandada el día 21 de abril de 2012,3 hora. am, mientras circulaba por la Ruta Provincial Nro. 21, sentido Capital Federal, al llegar a la altura de la calle Recuero, en la ciudad de Gregorio de Laferrere, inició un giro a la izquierda a los fines de retomar por ésta última arteria nombrada, invadiendo de ese modo el carril de circulación del Sr. Ibáñez, quien también circulaba por la Ruta Provincial 21 con sentido a González Catán –sentido contrario-, generando que ambos vehículos colisionen con sus frentes (para el demandado, puntualmente el extremo delantero izquierdo) y que por su parte, la víctima quien no contaba con el uso del casco protector reglamentario, hallándonos frente a un caso de presunciones concurrentes de causalidad o de responsabilidad–amerita que se distribuya el grado de responsabilidad entre los sujetos co-protagonistas del accidente (víctima y demandado y su aseguradora) en un 75% de responsabilidad imputable al demandado y a la citada en garantía, en los límites de la cobertura contratada, por haber contribuido en la causación en ese porcentaje, quedando eximido parcialmente de responsabilidad (la demandada y su aseguradora) en el porcentaje del 25%, por haber incurrido y contribuido la víctima por su culpa en la causación del daño (art. 512, 901, 902, 906, 1111 y 1113 del Cód. Civ.).
En suma, atento a la forma en que se resuelve, corresponde ahora dar tratamiento al resto de los agravios expuestos por las partes, a saber:
V. Resarcimiento pecuniario por la pérdida de la vida humana a título de compensación indemnizatoria Las convenciones y tratados internacionales del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional protegen el derecho a la vida y todos los que se relacionan con el mismo: el derecho a la vida propiamente dicho; la prohibición del aborto; la protección de la salud; el derecho a la integridad personal, etc. El derecho a la vida, por ser el primero en la jerarquía, está ampliamente reconocido en todas las convenciones y tratados internacionales del art. 75 inc. 22, de la C. N., especialmente en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, La Convención sobre la Discriminación contra la mujer, La Convención sobre los –Derechos del niño, y la Convención contra el Genocidio. En estos documentos se trata no sólo el derecho a la vida, sino otros temas relacionados: el aborto, la pena de muerte y el genocidio. Vemos algunas de estas normas fundamentales. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre coloca en primer lugar al derecho a la vida, así dice: “el art. I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona“. La declaración Universal de Derechos Humanos también ubica en primer lugar este derecho: „Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona“ (art. 3). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no sólo asegura este derecho, sino que además le reconoce toda clase de garantías: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley: Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (art. 6 inc. 1). La Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho a la vida y a la vida como el derecho más importante. El art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que todos los habitantes de la Provincia, son por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, consagrando el art. 12 derechos civiles, al establecer que todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, del derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
Asimismo si bien, cabe señalar que "la valoración de la vida humana" no es, en principio, otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos para los que el causante producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue; o sea que lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que recaen sobre otros patrimonios por la brusca interrupción de una actividad creadora y productora de bienes (C.S.J.N., Fallos, 316:912; 317: 728, 1006 y 1921; 318:2002; 320:536; 322:1393; 323:3614; 324:1253 y 2972; 325:1156; véase especialmente in re "Bianchi, Isabel del Carmen c/ Pcia. de Buenos Aires y/u otros", RCyS 2006-XII, p. 50; conf.
S.C.B.A., causas C. 97.184, sent. del 22-IX-2010; C. 108.764, sent. del 12-IX-2012; C. 110.499, sent. del 26-III-2014; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., Derecho de las Obligaciones, 4ª ed. LL, 2010, t. IV, p. 607); no puede perderse de vista que La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre la cuestion destacando que: “…el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo.
Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues, las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres” (CSJN, 21/9/2004, “Aquino, Isacio C. Cargo Servicios Industriales SA”, Fallos: 327:3753). Que el criterio de la producción y de los resultados económicos de un trabajo, conyuntural e históricamente comprobado, se queda en la parte más sórdida del valor de la vida que, por cierto, tiene otros ámbitos, otras expresiones y otras expansiones valorables patrimonialmente hablando pero que no se ajustan estrictamente al cuanto y al debe de una entrada lucrativa ocasional, temporal y determinada.
Si no fuera así, un jubilado a quien se le resta el 90% de aptitud vital, no tendría vida valorable (CNCiv., sala C, 2/12/1993, “Shartes, Norma c. Herrera, Ramón”, La Ley, 1994-B, 347). La vida tiene, más allá o mas acá de sus posibilidades productivas concretas, un valor psicoenergético por sí misma, donde las ganancias no son más que un dato no decisivo para su valuación. (conf. CNCiv., sala C, 22/9/1194, “S.,J.: y otro c/ Clínica San Pablo SA y otros”, la Ley., 1195-C, 625; dJ 1995-2, 1014; CNCiv., Sala C, 14/12/1993, “Ortiz, Juan C. y otro c. Cabrera, Oscar E. y otros”, La Ley, 1994-C, 168; CNCiv. Sala C, 2/12/1993…”) (“Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético. Jorge Alterini, T VIII.
Ed. La Ley. Págs. 276/278).
Ahora bien, en el caso del homicidio doloso o culposo el responsable tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral; además de lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando librado a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla (art. 1084 , CCiv.). Es que la supresión de una vida, nos enseña Jorge J. Llambías (en "Tratado de Derecho Civil" cit., ps.91/92), aparte del desgarramiento en el mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental; y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios incide, de la brusca interrupción de una actividad creadora productora de bienes. Estas consecuencias perjudiciales pueden ser presumidas (art. 1084 , CCiv.) (Taraborrelli, José N., Bianchi, Silvia Noemí Legitimación activa en los daños originados por los delitos o cuasidelitos de homicidio. Cita Online: 0003/014976).
Respecto a los damnificados acreedores del daño, el principio general está expresado en el art. 1079 , CCiv., que dice: "La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de manera indirecta". El damnificado directo es la víctima del delito o cuasidelito, es decir, la persona que padece el daño por el hecho ilícito, sea que éste recaiga sobre su persona humana o sobre las cosas que le pertenecen. El damnificado indirecto es toda persona que sufre el daño de una manera indirecta (art. 1079 , parte 2ª, CCiv.) y que tiene derecho a ejercer la acción, sin haber sido víctima o damnificado directos. Cuando se produce la muerte de una persona como consecuencia de un delito o cuasidelito, en este caso no habría damnificados directos sino damnificados indirectos a quienes el autor del ilícito debe indemnizar. Los legitimados activos aparecen en el art. 1084, CCiv., otorgando acción en caso de homicidio, a la viuda e hijos del muerto, y, por su parte, el art. 1085, CCiv. hace referencia al cónyuge sobreviviente y a los herederos necesarios del muerto. Empero -más genéricamente-, el art. 1079, CCiv. expresa que la obligación de reparar un daño existe no sólo respecto del damnificado directo, sino también respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de manera indirecta. Sin olvidarnos de la regla del art. 29, CPen., que en los casos de condena criminal determina la posibilidad de indemnizar el daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero.
Como vemos el art. 1084, CCiv. crea una presunción de daño a favor de las personas allí aludidas: la viuda o viudo y los hijos menores (21 años ) de la víctima. Esta presunción legal es iuris tantum, de modo que puede el demandado demostrar que los reclamantes no sufrieron perjuicio alguno por la muerte del cónyuge madre o padre, respectivamente. (Taraborrelli, José N., Bianchi, Silvia Noemí Legitimación activa en los daños originados por los delitos o cuasidelitos de homicidio. Cita Online: 0003/014976).
A mayor abundamiento, el Código Civil y Comercial de la Nación, dispone en su artículo 1745 que: “Indemnización por fallecimiento: En caso de muerte, la indemnización debe consistir en: a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal; b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes; c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido”. La norma en estudio establece las principales presunciones legales de daño patrimonial por fallecimiento y se refiere, en particular, a los gastos funerarios (inc. a), los de manutención de los familiares cercanos (inc. b), y la pérdida de chance de ayuda futura (inc. c).
El CCyC, al igual de lo que ocurría con los arts. 1084 y 1085 del Código de Vélez Sarsfield, establece los componentes del daño material en caso de fallecimiento del damnificado, corrientemente llamado “valor vida”. No debe perderse de vista, de todos modos, que este último término es técnicamente desacertado, pues es sabido que la vida humana no tiene un valor económico, ni es susceptible de apreciación económica en sí misma. El concepto encierra, entonces, a las consecuencias resarcibles que se generan en cabeza de los damnificados indirectos como consecuencia de la afectación del bien jurídico perteneciente al damnificado directo (vida). La norma se refiere, en primer lugar, a los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral del fallecido, que constituyen un daño emergente.
Asimismo, establece expresamente que se encuentra legitimado para reclamar su reparación quien haya realizado esas erogaciones, aun cuando se encontrara obligado legalmente a hacerlo. El segundo inciso establece que integran la indemnización los alimentos del cónyuge, del conviviente y de los hijos menores, hasta los 21 años de edad, con derecho alimentario, como así también de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Se trata — como ya se sostenía respecto de los arts. 1084 y 1085 del Código de Vélez— de una presunción iuris tantum de daño a favor de las personas mencionadas. Esto no quita que puedan existir otros damnificados legitimados para demandar (por ejemplo, hijos mayores), aunque en tal caso les corresponde producir la prueba del perjuicio que han sufrido como consecuencia de la muerte de la víctima directa (art. 1744 CCyC).
A diferencia de lo que ocurría con el art. 1084 CC, que se refería a lo necesario para la “subsistencia” de la viuda y de los hijos del muerto, la norma en comentario alude a la prestación alimentaria que les corresponda. Se trata de toda la ayuda que el fallecido habría prestado a los legitimados en vida, de no haberse producido el hecho ilícito (lucro cesante). Se vincula con los requerimientos materiales para la continuidad de la vida. La presunción alcanza, en primer lugar, al cónyuge o conviviente. También incluye a los hijos menores, aunque extiende la presunción hasta los 21 años de edad, sin perjuicio de que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años (art. 25 CCyC). Esto es así porque la presunción subsiste mientras el fallecido deba prestar alimentos, lo que ocurre hasta los 21 años de edad del descendiente, salvo supuestos especiales (art. 658 CCyC).
Asimismo, se mantiene la presunción, cualquiera sea la edad del hijo, cuando este último sea incapaz o con capacidad restringida, sin que sea preciso que medie una declaración judicial en tal sentido. El hecho de que exista un deber alimentario frente al reclamante por parte de un tercero no excluye la presunción.
(http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigocomentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf).
Finalmente para cuantificar la indemnización del valor económico por la pérdida de la vida humana, está facultado el juez para considerar en su pronunciamiento judicial las circunstancias particulares del caso “in-concreto”, que giran en torno a la víctima o víctimas), teniendo en cuenta -entre otras- las siguientes pautas doctrinarias y pretorias, a saber:1°) Ingresos percibidos al momento del deceso; 2°) evolución probable de sus actividades rentables; 3°) edad al momento de su muerte; 4°) años de vida que estadísticamente podía vivir o años de vida útil; 5°) estado de salud, enfermedades, evolución; 6°) gastos que efectuaba en su persona; 7°) miembros de familia que deja, sexo y edad de cada uno de ellos, situación socio-económica de los mismos y nivel y grado de estudio, actividades de esparcimiento y recreación; 8°) sexo del fallecido; 9°) educación, habilidades hedonísticas, profesión; 10°) modos de vida, condición social, etc.“. (Taraborrelli José Nicolás y Bianchi Silvia Noemí, en Cuantificación de la indemnización por la pérdida a la vida humana, La Ley, diarios del 4 y 7 de enero de 2.008).
Sentada la doctrina y jurisprudencia que entiendo aplicable al presente caso, comenzaré a dar tratamiento y resolución a los agravios expuestos por ambas partes.
En efecto, de las constancias de autos se advierte que se trata de una persona fallecida a los 29 años de edad de nombre Matías Gastón Ibáñez– véase partida de defunción a fs. 11- , de sexo masculino, de estado civil soltero con un hijo. Asimismo, advierto que de la atenta lectura de la demanda –véase fs. 16 pto. II.c.- la parte actora destacó que la víctima se desempeñaba como encargado del bar “Cocktail”, de la localidad de González Catán, habiéndose indicado incluso en su acta de defunción, la profesión “gastronómico”, refiriéndose en el escrito de inicio que percibía una remuneración mensual de pesos 4.000,00a la fecha del deceso (2012). No obstante, dicha remuneración, más allá de sus dichos, no se encuentra acreditado mediante otra prueba. Así las cosas, se justifica estimar los ingresos de la víctima fatal acudiendo a la facultad que otorga a los magistrados el art. 165 del Código procesal. Por consiguiente, para efectuar el cálculo tomaré como pauta referencial el valor de la escala salarial del Convenio de los Trabajadores Gastronómicos 389/04, el cual conforme descripción y categorías (categoría 6 para el supuesto del actor por desempeñarse como encargado) el salario básico actual asciende en promedio y aproximadamente a la suma de pesos $39.431,00.
Sentada dichas bases, observo que en autos se ha presentado el niño Ibáñez Coronel Matheo, menor de edad, hijo del difunto –conforme certificado de nacimiento glosado en autos a fs. 10- con la representación de su progenitora Nidia Érica Coronel. Por lo tanto, considero que el mismo se encuentra legitimado para el reclamo, atento a lo que dispone el art. 1084 y 1085 del Código Civil. Es así que analizado las parámetros expuestos “ut supra” respecto a las condiciones socio-económicas del difunto y la situación socioeconómica de la parte actora y que se encuentra acreditada en los autos: “Ibáñez Coronel Matheo Gastón c/ Saravia Emilio Gustavo y otros s/ Beneficio de Litigar Sin Gastos”, que tengo ante mí vista; surge que tenía la edad 4 años a la fecha del deceso de su papá según copia de DNI que obra glosada a fs. 3 de los autos principales, quien convive con su progenitora y abuelos maternos y finalmente presumo que el fallecido gozaba de buena salud ya que no se ha probado lo contrario (arts. 163 inc. 5° y 375 del Cód. Proc.); por lo cual, considero corresponde elevar el importe otorgado en la instancia de grado en la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75 % a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($1.875.000,00).
VI. Daño psicológico del actor El daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso.
Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente.
En cambio del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente y no la transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico e irreversible. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo.
Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
IV.a.1. El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04).
IV.a.2. Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene uno origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica. Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC. ) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona,, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Ahora bien, a fs. 1089/1092 el Perito Psicólogo, Lic. Carlos Saul Elizate, determinó que el actor padece: “el examen realizado se desprende, que la situación que se ventila en esta litis, constituyó un hecho traumático que afectó psíquicamente a quien lo padeció, en este caso IBÁÑEZ CORONEL, Matheo Gastón. Efectivamente, se constatan mermas en su actividad psíquica, que tienen su origen en la pérdida de su padre. Punto 2: Se observan indicadores de un trastorno depresivo no especificado F32.9 e Indicadores de estrés postraumático. (…)De este modo el periciado presenta, efectos psíquicos a partir de los hechos que constan en autos. El Daño Psicológico determinado corresponde a un cuadro de Depresión Leve, con un 8 % de Daño Psíquico (Código 11.9.1. de “Modificaciones al Baremo de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Prov.
De Bs.As”, Prof. M Castex y Prof. D. Silva). Dicho porcentaje de incapacidad psíquica se desprende de la utilización del Baremo de Evaluaciones de las incapacidades psiquiátricas, de Louis Melennec “Valoración de las discapacidades y el daño corporal” Ed. Masson, 1997, pag.94 y 95. Escala que va del 5% al 10%.”. Dicha pericia, recibió pedido de explicaciones por la citada en garantía mediante presentación electrónica de fecha 29/08/2019, las cuales fueran contestadas por el experto el día 25/03/2019, exponiendo el perito que: “Respecto de lo dicho con anterioridad, no sé por qué se infiere que con anterioridad al hecho de autos, el estado psíquico del periciado se encontraba afectado, más bien todo lo contrario, el niño recordó con tristeza que antes del accidente su papá jugaba con él y que le había pintado su cuarto del color que a él le gustaba.
Desde el momento del accidente de su padre, Matheo espero a que su papá se recupere y cuando le comunicaron que había fallecido, aparecieron episodios de enuresis, de pensamiento mágico ya que seguía al momento de la pericia con ganas de que su papá vuelva a estar con él y apareció después del accidente un bloqueo emocional. No hace falta ser un experto en materia psicológica para entender que siempre el fallecimiento de un padre genera un trauma y mucho más aún, si es de un momento para el otro como lo expuse en mi dictamen pericial (…) No obstante vuelvo a aclarar, los indicadores emocionales que aparecieron en el periciado están directamente vinculados al accidente del padre, como lo expuse en el punto 1 de mi dictamen.
Las secuelas son las que expuse en el Punto 2: Se observan indicadores de un trastorno depresivo no especificado F32.9 e Indicadores de estrés postraumático (…) Sostengo el Daño Psicológico determinado corresponde a un cuadro de Depresión Leve, con un 8 % de Daño Psíquico”.
Del mismo modo, el experto recomendó la necesidad de tratamiento psicológico, manifestando que: “Producto de lo observado durante el proceso pericial, sugiero un tratamiento de un año y medio con una frecuencia de una vez por semana, con el psicoterapeuta, en la institución, que el actor se sienta cómodo, es decir, que sea de su elección”. Por lo cual, desde ya adelanto que este rubro es totalmente resarcible.
Al respecto esta Alzada ya se ha pronunciado manifestando que: “El daño psíquico indemniza el daño existente al momento de realizarle el examen pericial, es decir, que se trata de un daño cierto y efectivo al momento del análisis; mientras que el tratamiento tiene como finalidad evitar un mayor daño o aún más; intenta en muchos casos corregir el mismo con resultado aleatorio. En virtud de ello ambos ítems no son excluyentes”. (CNCivil, Sala J, 10/8/98, “Grancharoff, Silvina c/ Orellana, Héctor D. y otro s/ Daños y Perjuicios”, citado por H. Daray, op.cit., pág. 84, sum.102). En idéntico sentido se expresó: “El hecho de que se haya concedido una suma por daño psicológico no es obstáculo para que se otorgue otra para el tratamiento psicoterapéutico dado que no se produce una duplicación de la indemnización que suple la minoración. El tratamiento apunta a evitar el empeoramiento de unos estados psicológicos de gravedad, y en todo caso a conseguir un progreso en la salud, pero no a recuperarla totalmente”. (C.N.Civ., Sala B, 15/9/99, “Bartumeus, José y otro c/ Rigo, Roberto H. y otro s/ Daños y Perjuicios”. (H. Daray, op.cit., pág. 15). La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: “No genera doble indemnización reconocida por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9- 5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de Agosto de 2007, voto de este suscripto).
En efecto, pasando revista a dicha pericia y sus explicaciones, estimo – en primer lugar- que las mismas también se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica.
Dicho lo cual, le otorgo pleno valor y fuerza probatoria al dictamen pericial psíquico incorporado como pieza probatoria en estas actuaciones.
En suma, el daño psicológico o la incapacidad psicológica padecida por el actor en el porcentaje del 8% fue causado con motivo del fallecimiento de su padre en el accidente (art. 901 y 906 del Código Civil), toda vez que se produjo según el curso natural y ordinario de las cosas y conforme la experiencia de la vida diaria, de manera que reúne todos estos caracteres o elementos constitutivos del mismo.
Ya he adelantado que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En su consecuencia, teniendo en consideración las circunstancias personales del niño Matheo, su situación o estado económico actual (ello según surge del beneficio de litigar sin gastos que corre agregado por cuerda al principal y tengo ante mí vista), 4 años a la fecha del hecho, el daño psicológico parcial y permanente que le ha producido en su salud la pérdida de su padre, el grado de incapacidad psicológica fijado por la perito en el porcentaje del 8%, el perjuicio que le produjo en su vida de relación social, etc., el tratamiento psicoterapéutico recomendado por el experto en la cantidad de 78 sesiones (periodo de año y medio una vez por semana y considerando que el año tiene 52 semanas), el precio promedio en que oscilan actualmente dichas sesiones ($1800,00) para este juzgador, estimo justo, razonable, prudente y equitativo elevar el monto otorgado por la Sra. Juez de la Instancia de origen en la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ($490.400,00), en concepto de incapacidad psicológica y tratamiento (arts. 1.068, 1.069,1.083 del Cód. Civ. y art. 165 del Cód. Proc.), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora, por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($367.800,00).
VII. Daño Moral Considero pertinente, antes de dar tratamiento al rubro daño moral, traer a la memoria, como fuente doctrinaria que el Proyecto de Código Civil para la República Argentina Unificado con el de Comercio para el año 2000 preceptuaba en el art. 1600, inc. b, en su parte pertinente, que "El daño extrapatrimonial comprende al que interfiere en el proyecto de vida, perjudicando a la salud física o psíquica o impidiendo el pleno disfrute de la vida. Así como al que causa molestias a la libertad, en su seguridad personal, en la dignidad personal, o en cualesquiera otras afecciones legítimas", disponiendo, por su parte, el art. 1601 del mismo proyecto que "Son reparables el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, sea directo y indirecto, así como el daño futuro cierto, y la pérdida de probabilidades en la medida en que la contingencia sea razonable".
Existe un daño al proyecto de vida familiar, se trata de un daño profundo, que compromete al ser humano en función de la vida de relación familiar; es un daño que afecta, trastoca o frustra el proyecto de vida familiar a través del cual se proyecta y realiza el ser humano desde la concepción en el seno materno. Se trata de un menoscabo que impide el desarrollo de ese proyecto para el desenvolvimiento o despliegue en el futuro integrando una familia. No resulta imposible imaginar que frente al vacío existencial, producido como consecuencia de la pérdida de la vida humana, de quien no sólo era el sostén económico del grupo familiar o bien podría serlo en el futuro, sino también quien daba protección moral y afectiva y colaboraba en la contención familiar, repercute en el bienestar integral.
La interrupción abrupta de la vida de la persona humana lesiona el interés legítimo de otras personas que vivían integrando una familia constituida con el fallecido a causa de un delito o cuasidelito de homicidio. Es que los integrantes de esa familia de sobrevivientes, llámense cónyuge, hijos menores de edad, nietos, hermanos discapacitados, etc., sufren -entre otros perjuicios- un daño que denominamos "al proyecto de vida familiar", pues la familia se desintegra parcialmente por la pérdida de ese ser querido. Todos los miembros de una familia tienen en común un proyecto de vida familiar unidos o no biológicamente, que se elabora de modo natural y constante. El concepto de proyecto de vida familiar surge de modo implícito al considerar armónicamente el sistema jurídico como plexo normativo (art. 14 bis, in fine, CN), que se refiere a "la protección integral de la familia", y también del art. 265, CCiv., en el cual se observa la voluntad del legislador de proteger la familia constituida.
Del mismo modo, los tratados internacionales de derechos humanos, como el art. 17, CADH (Pacto de San José de Costa Rica), con jerarquía constitucional (art. 75 , inc. 22, CN), garantizan la protección de la familia, disponiendo que "Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo". El art. 12 , inc. 1, PIDESC reconoce el "derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". El art. 16, DUDH reconoce que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, a casarse y fundar una familia.
El art. VI, DADDH reconoce que "Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección de ello. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten". El art. 10, PIDESC se ocupa de la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, y al que se le debe dispensar la más amplia protección, especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. También el art. 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos repite que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene el derecho a su protección.
La Convención sobre la Discriminación Contra la Mujer asegura a las mujeres el "acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre la planificación de la familia" (art. 4, inc. h). El art. 17, inc. 5, CADH dice que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Es en la Convención sobre los Derechos del Niño donde estas normas protectoras de la infancia están más desarrolladas. En su preámbulo la Convención plantea la importancia de la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños.
Indica que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Las convenciones internacionales del art. 75, inc. 22, CN han incorporado la previsión de la Enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos y del art. 33, Constitución argentina en cuanto al reconocimiento de otros derechos implícitos, que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, además de los que están expresamente mencionados. En tal sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles dice: "...no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado" (art. 5, inc. 2).
Asimismo, el art. 36, incs. 1, 2 y 7, Const. Bs. As. tutela: "La protección de la familia, y de la niñez". El art. 264, CCiv. regula la protección y formación integral de los hijos. El art. 1277 del mismo cuerpo de normas garantiza "el interés familiar"; y las leyes 13352 y 24779 procuran dar un hogar regular a quienes no lo tienen naturalmente, como así también la ley 14394 sobre el Bien de Familia y diversas leyes nacionales y provinciales sobre protección de la familia y los menores. (Taraborrelli, José N., Bianchi, Silvia Noemí Legitimación activa en los daños originados por los delitos o cuasidelitos de homicidio. Cita Online: 0003/014976).
Por otra parte, surge del artículo 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad del actor, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas a causa del prematuro fallecimiento de su padre, las angustias, etc.
Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277). Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales del actor mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicológica, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, y considerando los padecimientos vividos por el niño Matheo a raíz de la pérdida de su progenitor con tan solo 4 años de edad y el daño al proyecto de vida familiar que dicha pérdida ocasionó, estimo que el monto fijado por S.S. en la sentencia de Primera Instancia en concepto del resarcimiento de daño moral debe ser elevado en la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00) (art. 1078 del CC), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado el eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($937.500,00).
VIII.-Daños materiales de la motocicleta De la atenta lectura de la expresión de agravios de la parte actora se observa que esta se ha agraviado por el rechazo del rubro en cuestión. Ahora bien, conforme surge de las constancias de autos, se advierte que a fs. 603 obra glosado el informe de dominio de la motocicleta dominio 241GYK Motomel, cuya titularidad se encuentra a nombre del difunto Ibáñez Matías Gastón DNI 30210261, porcentaje de titularidad 100% desde el 07/04/2011, progenitor del actor. Del mismo modo, de conformidad al art. 3262 del Cód. Civ. las personas a las cuales se les transmiten los derechos de otras personas se llaman sucesores, de manera tal que en adelante pueden ejercerlos por derecho propio.
El sucesor es aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona (art. 3263 del Cód. Civ.). Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento de la herencia (art. 3410 del Cód. Civ). De este modo, el heredero que tiene la posesión de la herencia “ministerio legis” puede ejercer todas las acciones que correspondan a su causante con solo acreditar el vínculo, sin que sea necesario que se haya dictado declaratoria de herederos a su favor.
Así dispone el artículo 3417 del Cód. Civ. que el heredero que ha entrado en la posesión de la herencia o que ha sido puesta en ella por el juez competente, continua la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepciones de aquellos rubros que no son transmisibles por sucesión. Los frutos y productos de la herencia le corresponden. Se transmiten también al heredero los derechos eventuales que puedan corresponder al difunto. De manera tal, que acreditado el fallecimiento del padre en el luctuoso accidente, el hijo (este último actor en autos) entra en posesión de la herencia de su padre “ipso jure” y por “ministerio legis”, acreditándose el fallecimiento y el vínculo paterno filial con las partidas de defunción y nacimiento glosadas oportunamente al expediente; quedando el accionante debidamente legitimado en forma activa o “ad causam”, para reclamar judicialmente a los adversarios la reparación de los daños materiales causados a la motocicleta, entendiéndose como daños producidos a la cosa que era propiedad del fallecido, cuyos derechos subjetivos se le transmitieron “mortis causa” al accionante.
Por lo cual, resulta evidente que el accionante se encuentra legitimado para el reclamo del presente rubro.
Así las cosas, el perito mecánico interviniente, expuso que: “Y con respecto a la motocicleta se informó que: presenta a simple vista la rotura de los siguientes elementos: rueda delantera, tanque de combustible, tablero instrumental, horquilla, luces delanteras y traseras (…)3-3 Punto 3) Contesto: CALCULO ACTUAL 2 días de reparación a razón de $ 2.400 cada uno $ 4.800 Horquilla $ 4.450, Óptica $ 835 Guardabarros delantero $ 1.099 Llanta $ 1.500Neumático $ 705 Tanque de combustible $ 2.968 Tablero de instrumento $ 1.300 TOTAL $ 17.657. CALCULO ACTUAL AL MES DE ABRIL DE 2012 2 días de reparación a razón de $ 600 cada uno $ 1.200 Horquilla $ 934 Óptica $ 175 Guardabarros delantero $ 230 Llanta $ 315 Neumático $ 148 Tanque de combustible $ 623 Tablero de instrumento $ 273 TOTAL $ 3.898.Se estima un tiempo de dos días para realizar esta reparación.3-5 Punto 5)Contesto: En la actualidad una moto como la de la actora, tiene un valor aproximado de $ 17.000, no contando el suscripto con valores a la época del accidente”.–véase presentación de fs. 1135/1143 y 1147 y 1150. Dicha pericia resultó impugnada por la citada en garantía, lo cual se ha tenido presente. En efecto, del estudio de la misma estimo que se ajusta a las prescripciones legales de los art. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuenta, con los aspectos preparatorios, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, en suma constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos que la causa ofrece, entre ellas las constancias de la causa penal, parte preventivo, examen de visu habiéndose dejado constancia que: “se determinó que presentaba los siguientes daños: “rueda delantera, tanque de combustible, tablero instrumental, horquilla, luces delanteras y traseras…”, las fotografías glosadas también en dicha instrucción penal.
Ahora bien, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tiene dicho in re: “Bi Launek S.A.A.C. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires”. Causa C.117.735 (24/09/2014) que: “este Tribunal ha precisado que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio al momento de dictar sentencia (conf. arg. causas L. 77.503 y L. 75.346, ambas sents. Del 6-VI-2001; C. 101.107, sent. Del 23-III-2010; C.100.908, sent. Del 14-VII-2010).
En consecuencia, teniendo en consideración que los daños producidos a la motocicleta se los califica como una deuda de valor que el juez liquida y fija al momento de sentenciar y habida cuenta que el perito determinó los repuestos y la mano de obra que se requieren para la reparación de la mismo, cuyo monto total el experto lo justipreció en la suma de $17.657,00, conforme pericia realizada a precios de fecha mayo 2018; entiendo que resulta justo, razonable y equitativo, hacer lugar al presente rubro y otorgar la suma actualizada de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00) que liquido en este acto, ello conforme consulta efectuada (como pauta referencial) de la página conocida popularmente que se dedica a la venta de todo tipo de artículos y servicios, como Mercado Libre, la cual también es utilizada por millones de usuarios para la compra y venta de repuestos para vehículos/motocicletas y ofrecimiento de mano de obra, como así también más la experiencia de la vida diaria y máximas experiencias del juez, con fundamento en las prescripciones legales de los artículos 1068 y 1083 del C.C. y especialmente en el artículo 165 del CPCC que faculta a los magistrados a cuantificar económicamente los daños, lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00).
IX. La aclaratoria Atento a la forma en que han prosperado los rubros indemnizatorios, corresponde declarar abstracto las manifestaciones vertidas por la apelante citada en garantía, quien expuso en sus agravios que la sumatoria de los rubros que componen la sentencia y considerando el porcentaje de responsabilidad atribuido por la sentenciante de grado, no resultaba correcta su sumatoria, pues dicha cuestión ha perdido virtualidad en virtud de como prosperó la responsabilidad en esta instancia y los montos otorgados por este juzgador.
X. Adecuación del límite de la cobertura La parte actora en su escrito de agravios, ha planteado que el fallo en crisis dispuso hacer extensiva la condena a la Citada en Garantía, Liderar Compañía General de Seguros SA, en la medida del seguro. No obstante, refiere que nada se aclaró si se debe tener en cuenta los actuales límites de cobertura para pólizas de seguro automotor. Que el monto pactado en la póliza data de once años atrás, el cálculo indemnizatorio se fija a valores actuales y el límite de cobertura se considera al valor histórico, lo que claramente produce – entiende- un desajuste, que favorecería sin razón a la parte que ha dilatado el proceso por años licuando así su deuda, aprovechando el paso del tiempo e impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento justo al tiempo más cercano al daño sufrido.
Así las cosas, y a los fines de dar solución a este agravio, considero que corresponde traer a colación lo resuelto recientemente por este sentenciante – de oficio- en cuanto me expedí acerca de lo que debe entenderse que la responsabilidad de la citada en garantía se hará extensiva “dentro de los límites de la cobertura contratada”.
Es así que en los autos caratulados: Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1) 08/09/2020, expuse que: “a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional)”.
“La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables. En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados”.
“Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. “Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios.
El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C. C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, porque las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica de los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios”.
“De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos”.
“El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
“Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.).C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011)”.
No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro Y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
“En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que: “Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
“Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…). “Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…).
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).” (…)
“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…)
“II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…)
“II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden públicoa las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…)
“II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit).
“Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE)
39821/201104/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo.
Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
“Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J)”. (Acuña c Guillen s/ daños y perjuicios. Voto citado).
Así las cosas, entiendo que en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijado en la póliza de seguros, de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En consecuencia, toda vez que en la Resolución 1162/2018 se actualizaron los límites de cobertura de los seguros de responsabilidad civil obligatorios y voluntarios para los vehículos automotores, además de los montos en concepto de gastos sanatoriales y de sepelio por persona (muerte e incapacidad total por persona de ARS 400.000 a ARS 1.000.000; los gastos sanatoriales aumentaron de ARS 30.000 a ARS 45.000 y los gastos de sepelio de ARS 16.000 a ARS 24.000.En los casos de los contratos de seguro de responsabilidad civil voluntario, la SSN elevó los montos máximos autorizados de cobertura por acontecimiento de ARS 6.000.000 a ARS 10.000.000 para automóviles), considero que al establecer que la aseguradora deberá responder con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN Nº 1162/2018, o la que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada.
XI.-Tasa de interés La parte actora se queja porque se ha dispuesto en la sentencia de grado la tasa pura del 6%, solicitando por ello la tasa activa o en su defecto la tasa pasiva más alta.
Si bien vengo señalando que el indócil tema de los intereses ha promovido en la jurisprudencia soluciones a veces antagónicas y este Tribunal, por mayoría, en fallos recientes no ha aplicado las soluciones brindadas por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires en los casos “Vera” y “Nidera” (sentencias dictadas con fecha 18/04/2018 y 3/05/2018) por interpretar que dichos precedentes no constituían doctrina legal; la sentencia recaída en los autos "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, plantea un giro radical en la dirección interpretativa de este Tribunal.
Por lo cual, adelanto que los agravios no deberán prosperar, por aplicación de la doctrina legal destacada en la causa citada “Paredes”. En efecto, teniendo en cuenta que la SCBA ha afirmado en dicha causa referenciada, que: “… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV- 2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde confirmarse la sentencia apelada, en cuanto dispuso que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 21/04/2012 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5- 2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
Dicha forma de decidir, importa rechazar los agravios de la parte actora y declarar abstractos e inoficiosos el resto de las manifestaciones vertidas.
XII. Las costas de Alzada Respecto a éste acápite, cabe señalar que tiene dicho mi distinguido colega, el Dr. Posca in re: “Torres Julio Cesar c/ Garelli Ramirez s/ Daños y perjuicios (RSD Nro.: 213/13, Folio Nro. 1372) que:“En este aspecto la jurisprudencia ha expresado: “Aunque se declare la existencia de culpa concurrente en el accidente de tránsito, las costas de ambas instancias deben ser abonadas por la demandada en virtud del progreso de la acción” (art. 68 Cód. Proc. Civil y comercial de la Nación) (C.N. Civil Sala B 7/9/99 “Torres Juan c/ Carballo Alfredo s/ Ds y Ps., cit. Por Hernán Daray en “Derecho de Daños, el accidente de tránsito” T. 2 Astrea, Buenos Aires 2001, Pág. 375 sum. 2) Con respecto a ello: “Las costas de ambas instancias, tratándose de demandas por daños y perjuicios, corresponde que se abonen por la demandada (art. 68 Cod. Proc. Civil y Comercial de la Nación), en virtud del carácter resarcitorio que posee la condena a pesar de la culpa concurrente pues, al resolver lo contrario, se vería retaceada la indemnización otorgada a los damnificados” (C.N. Civ. Sala M 3/3/97 “Álvarez Cristian M. c/ Cordero Amalia F. s/ Ds y Ps.” cit. Por Hernán Daray en “Derecho de Daños, el accidente de tránsito” T. 2 Astrea, Buenos Aires 2001, Pág. 376 sum.9). “La solución concuerda con el principio de reparación integral y con la función de indemnización que tienen las costas en los juicios de daños y perjuicios y con el hecho que la parte actora se ha visto en la necesidad de litigar. (mi voto en “Politi, Roberto Vicente C/ Rios, Marcelo Y Otros S/ Daños Y Perjuicios”, Causa 2581/1 RDS 132 folio 893)”.
Dicho lo cual y atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en esta instancia deben ser impuestas a los demandados y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.)
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y Pérez Catella también VOTANPARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que por mayoría: 1º) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE ATRIBUYA la responsabilidad endilgada en un 75% a cargo de la parte demandada –Sr. Emilio Gustavo Saravia y Sr. Emilio Saravia García- y la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” –en la medida del contrato de seguro-, debiendo atribuirse el otro 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado parcialmente la eximente culpa de la víctima; b) SE ELEVE el rubro valor vida en la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75 % a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($1.875.000,00); c) SE ELEVE el rubro daño psicológico y tratamiento al importe de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ($490.400,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora, por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($367.800,00); d) SE ELEVE el rubro daño moral en la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00) (art. 1078 del CC), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($937.500,00);
e) SE HAGA LUGAR al rubro daños materiales de la motocicleta en el importe de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00); f) SE DECLARE abstracto la aclaratoria solicitada por la citada en garantía respecto a la sumatoria de los montos indemnizatorios; 2°) SE ACLARE que al establecer que la aseguradora deberá responder con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN Nº 1162/2018, o la que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; 3°) SE FIJE que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 21/04/2012 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 4°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 5°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).6°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Posca y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A.
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) ATRIBUIR la responsabilidad endilgada en un 75% a cargo de la parte demandada –Sr. Emilio Gustavo Saravia y Sr. Emilio Saravia García- y la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” –en la medida del contrato de seguro-, debiendo atribuirse el otro 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado parcialmente la eximente culpa de la víctima; b) ELEVAR el rubro valor vida en la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75 % a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($1.875.000,00);
c) ELEVAR el rubro daño psicológico y tratamiento al importe de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ($490.400,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora, por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($367.800,00); d)
ELEVAR el rubro daño moral en la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000,00) (art. 1078 del CC), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($937.500,00); e)
HACER LUGAR al rubro daños materiales de la motocicleta en el importe de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), lo cual atendiendo a como prosperó la responsabilidad, 75% a cargo de la parte demandada y 25% a cargo de la parte actora por haberse configurado la eximente culpa de la víctima, que ha interrumpido parcialmente el nexo causal, corresponde adecuar dicho importe a favor del actor en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00); f) DECLARAR abstracto la aclaratoria solicitada por la citada en garantía respecto a la sumatoria de los montos indemnizatorios; 2°) ACLARAR que al establecer que la aseguradora deberá responder con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN Nº 1162/2018, o la que se encuentre en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguros, en el caso que resultare ésta última más elevada; 3°) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 21/04/2012 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 4°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 5°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).6°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia