Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas D S.a S/ Concurso Preventivo (pequeño) de Zamora, Sala I · Causa 50.981
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revócase la resolución apelada de fecha 21/08/2025, con los alcances indicados.
2Costas en el orden causado, atento el modo en que se resuelve. (arts. 68, 69 del CPCC.).
DOTORALES S.A S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)
Exp Nº: LZ-50981-2024 Jz 13 En la ciudad de Lomas de Zamora,
Se reciben los autos por ante esta Alzada a fin de resolver el recurso de apelación deducido en fecha 28/08/2025, contra el pronunciamiento del 21/08/2025 mediante el cual el señor Juez de grado declaró la conclusión del trámite concursal de DOTORALES S.A. en los términos del art. 30 LCQ, por incumplimiento de los deberes de información, trazabilidad contable y publicidad, con costas a su cargo, y;
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que "...la apertura del concurso produce consecuencias de orden sustancial y formal de enorme relevancia, cuales son la afectación al control judicial de todo el patrimonio del concursado, la sujeción forzada de sus acreedores a un procedimiento especial, de carácter sumario y plazos limitados, la intervención de terceros, auxiliares que hagan viable el preciso conocimiento de la situación al tribunal. Todo lo cual lleva a la consagración y efectiva aplicación de los principios liminares del proceso, como el de defensa en juicio, concentración de los procesos —como modo de favorecer la economía procesal y seguridad jurídica— así como el de inmediación, los que contribuyen al destino final de la prestación de un buen servicio de justicia" (cfr. CSJN; Fallos: 318:2027).
Conforme las pautas reseñadas, a fin de abordar el planteo traído a consideración y clarificar la cuestión a resolver, realizaremos una breve reseña de las circunstancias acontecidas en los presentes. Al fin propio, se advierte que en fecha 06/12/2024 se dictó el correspondiente auto de apertura del concurso preventivo de DOTORALES S.A. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 10, 11 y 12 de la Ley 22.542. En dicha ocasión, el magistrado dispuso —entre otras medidas— decretar la inhibición general de bienes de la concursada, la comunicación del concurso preventivo a los registros respectivos, la interdicción para salir del país a sus administradores, permitir a la concursada la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico, la intimación a depositar el monto establecido por gastos de correspondencia, ordenar la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, la fijación de audiencia a efectos de realizar el sorteo público del síndico que habrá de intervenir y ordenar la publicación de edictos a cargo de la concursada; todo ello en los términos de los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29 y concordantes de la ley concursal.
Ahora bien, en fecha 28/03/2025 el señor Juez de grado ordenó —dada la complejidad y magnitud del concurso— la integración plural de la sindicatura decidida originariamente individual, estableciendo las pautas del régimen de coordinación (art. 253 LCQ) y la constitución de un comité de acreedores, dejando sin efecto lo resuelto al respecto en el auto de fecha 06/12/2024 (art.14 inc. 13 LCQ). A su vez, procedió a ampliar aquél auto de apertura, intimando a la concursada para que en el plazo de tres (3) días: a) ponga a disposición de la sindicatura los libros de comercio y demás documentación contable y societaria correspondiente. b) elabore un informe detallado de la totalidad de boletos de compraventa que suscribió c) amplíe y acredite debidamente la composición de todo su activo, acompañando la documentación respaldatoria correspondiente. Por último difirió el abordaje de la situación denunciada con fecha 11/03/2025 por pretensos acreedores para el momento en que existiera en autos la presentación del informe general previsto en el art. 39 de la LCQ.
Que del desarrollo ulterior del proceso se observa que sin perjuicio de las sucesivas presentaciones efectuadas por la concursada en fecha 14/05/2025 a los fines de dar cumplimiento con las medidas dispuestas, frente al responde negativo de la sindicatura en su informe del 10/06/2025 se intimó nuevamente a DOTORALES S.A. por el plazo de cinco (5) días a fin de que formule los descargos que estime corresponder (pronunciamiento del 10/06/2025); emplazamiento que fuera cumplido en fecha 23/06/2025.
Ahora bien, habiendo presentado la sindicatura en fecha 24/06/2025 la nómina de insinuantes que han requerido tempestivamente la verificación de sus créditos (art. 32 LCQ); abierto el período de observación (art. 34) e incluso agregadas las observaciones efectuadas (cfr. presentaciones de fechas 11/07/2025 y 04/08/2025), el magistrado a quo declaró la conclusión del trámite concursal de DOTORALES S.A., en los términos del art. 30 LCQ.
Para sí decidir, adujo que la concursada incumplió los deberes de información, trazabilidad contable y publicidad. Señaló en lo medular que: a) La omisión de cinco automotores inscriptos a nombre de la concursada no denunciados (art. 11 inc. 3 LCQ); b) fractura temporal de los Libros societarios y contables (art. 11 incs. 3, 4, 5 y 6); c) incumplimiento de deberes de veracidad, transparencia y buena fe que rigen el proceso concursal (arts. 52 y 274 LCQ); d) deficiente nómina de empleados (art. 11 inc. 8 LCQ); e) incumplimiento de los requisitos de publicidad edictual en el diario La Unión de Lomas de Zamora (art. 27 LCQ.).
Teniendo en cuenta dichos antecedentes, y si que escape al conocimiento del Tribunal el conjunto de incumplimientos señalados por el magistrado de grado en la resolución recurrida, lo cierto es que el cuadro de situación señalado por el a quo no resulta, a nuestro entender, trasladable por analogía a la sanción de "desistimiento" prevista por el artículo 30 de la Ley de Concursos y Quiebras.
En primer lugar, por cuanto el juez de la instancia de origen dictó oportunamente la sentencia de apertura considerando cumplidos todos los presupuestos formales impuestos por el art. 11 de la LCQ; y ya en pleno trámite del concurso abierto —durante el lapso de nueve (9) meses— advirtió luego que aquéllos requisitos que otrora consideró cumplidos en rigor no lo estaban tanto, reabriendo así un debate sobre la etapa de admisibilidad inicial.
En segundo lugar, en tanto la carga de publicidad impuesta por el art. 27 de la ley concursal ha sido cumplimentada por la concursada en ocasión de expresar sus agravios. En efecto, adunó la constancia que acredita la publicación edictual en el diario "La Union" de Lomas de Zamora de fecha anterior al pronunciamiento recurrido, dando cumplimiento entonces con el requisito señalado como defectuosamente presentado. Al respecto, debe recordarse que resulta admisible en circunstancias particulares y de acuerdo al principio procesal de adquisición cumplir en la alzada los requisitos que la ley impone al peticionario de la apertura del concurso preventivo.
Es decir que en la especie, la condición —omisión de publicar edictos— a la que se encuentra supeditada la efectivización de la sanción, se encuentra cumplida (arts. 27 y 30 LCQ).
Por último, y en lo que a criterio de este Tribunal define la cuestión, es que resto de los motivos que dieran sustento a la conclusión del trámite por desistimiento resultan inaplicables a los supuestos taxativamente previstos para la aplicación de la sanción del art. 30 de la ley concursal (presentación de los libros, art. 11, inc. 5º de la LCQ, depósito judicial del importe fijado para gastos de correspondencia del art. 11, inc. 8º; publicidad adicional del art. 28, párr. 1ª; justificación de la publicación efectuada del art. 28, párr. 2º, LCQ).
Desde esta óptica, no cabe sino revocar el decisorio atacado, toda vez que, no obstante las facultades del magistrado tendientes a obtener la mayor información atinente al real estado jurídico económico en que se encuentra inmersa la deudora que pretende adherir al remedio concursal, lo cierto es que —en el estado que la causa ofrece— no es dable retrotraer el proceso a etapas anteriores para extinguirlo.
En su caso, ante el incumplimiento del deudor en torno al deber de información y colaboración el magistrado puede eventualmente separarlo de la administración y designar reemplazante; disponer la designación de un coadministrador, un veedor o un interventor controlador; y/o disponer medidas de mayor restricción que estime adecuadas al caso; hasta incluso la quiebra en determinadas circunstancias.
A su vez, encontrándose la causa próxima a la presentación de los informes individuales (art. 35 LCQ), la propia normativa concursal regula expresamente un proceso con plazos breves y concatenados para la solución de la crisis patrimonial, ya sea en un acuerdo preventivo para superar la crisis o en la liquidación que supone la quiebra.
Tampoco debe soslayarse que el proceso concursal no está instituído en exclusivo beneficio del deudor. Los intereses comprometidos son múltiples. No solo le interesa al deudor en cesación de pagos como mecanismo para recomponer su patrimonio y superar la crisis patrimonial en la que está envuelto, sino también a sus acreedores, quienes no solo tendrán en sus manos un mecanismo para percibir sus créditos (tutela del crédito) sino que podrán participar en el trámite tendiente a reestructurar el pasivo del deudor. (Ricardo D. Sosa Aubone, "Ley de Concursos y Quiebras comentada...", 1° edición 2021, Ed. Hammurabi)
En este sentido, las exigencias impuestas a quien quiere lograr el remedio concursal preventivo no pueden verse agravadas por una interpretación en exceso rigurosa de los requisitos a satisfacer, tanto más si conforme la exposición de motivos de la ley de Concursos se debe auspiciar la solución preventiva de las crisis patrimoniales.
En consecuencia, teniendo en cuenta los efectos patrimoniales que se siguen como consecuencia de la presentación y posterior resolución de apertura de concurso preventivo —y sin que lo expuesto importe anticipar criterio sobre las ulteriores etapas del proceso— estimamos que corresponde revocar la resolución que tuvo por concluído el trámite en los términos antes indicados. (arts. 11, 14, 30, 32, 34, 35, 36, 39 y cctes. de la Ley N° 24.522).
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Revócase la resolución apelada de fecha 21/08/2025, con los alcances indicados.
2. Costas en el orden causado, atento el modo en que se resuelve. (arts. 68, 69 del CPCC.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia