Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 150
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revócase la resolución recurrida y, en consecuencia, admítase parcialmente la medida cautelar solicitada disponiéndose la suspensión provisoria de la obligación contractual inherente al pago de las cuotas correspondientes al plan de ahorro suscripto entre el actor C. O. C. y F.S.A., respecto del automóvil Fiat modelo Toro, dominio ***, desde la fecha de inicio de esta acción (4/05/2020) y por el término de seis (6) meses. Previa caución juratoria que deberá prestarse en la instancia de grado, la que podrá efectivizarse electrónicamente, practíquese la notificación y/o líbrese el instrumento del caso. (arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1011, 1091, 1093, 1094, 1095, 1710, 1711, 1713, 1725, 1726, 1727, 1730 y ccts. del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 198, 199, 232 y cctes. del CPCC.)
2Habida cuenta como se resuelve y la normativa aplicada al concreto supuesto de autos, sin perjuicio de lo que corresponda oportunamente decidir sobre la cuestión de fondo hágase saber a las partes que, de considerarlo adecuado a sus intereses, durante el plazo establecido en el punto precedente deberán arbitrar los medios para la adecuación judicial o extrajudicial del contrato que las vincula. (arts. 1011, 1091 y 1713 del CCyC.) Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado. (art. 68, segundo párrafo del CPCC.).
C., C. O. C/ F.S.A. S/INCIDENTE (EXC. LOS TIPIFICADOS EXPRESAMENTE)
Reg. Sent. Int.: 150/20 Lomas de Zamora, ... de Junio de 2020.
Vienen los autos por ante este Tribunal para resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente el día 11/5/2020 contra la resolución dictada en fecha 5/5/2020, y por la cual el señor Juez a quo desestimara la medida cautelar peticionada por el incidentista, y
i. Que el señor C. presentó esta demanda incidental persiguiendo como pretensión de fondo la adecuación del valor de las cuotas mensuales correspondientes al Plan de Ahorro al que oportunamente adhiriera — suscripto con la accionada F.S.A.— y por el cual le adquiriera a esta última el vehículo marca Fiat Toro, dominio ***. Solicitó también, y ello motiva la intervención del Tribunal, la suspensión cautelar del pago de las cuotas posteriores al mes de mayo del corriente año, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada.
En apretada síntesis, sostuvo como fundamento de la petición cautelar que el día 6/03/2017 adquirió el vehículo antes indicado mediante el plan de ahorro al que también se hiciera referencia, y por el que se obligara a pagar a la accionada ochenta y cuatro (84) cuotas consecutivas. Sostuvo que el valor de esas cuotas se fue incrementando ostensiblemente, indicando que en el mes de febrero de 2018 pagó $ 8.160, en julio del mismo año $ 10.453, en abril de 2019 $ 19.676, en enero de 2020 $ 27.334, en febrero del mismo año $ 28.541, y en el mes de marzo del corriente $ 29.249; importe que se ha tornado excesivamente oneroso y que en la actualidad le resulta imposible de pagar.
Adujo que el valor de esa última cuota representó un aumento en el tiempo del cuatrocientos por ciento (400%), y a la vez el setenta por ciento (70%) de sus ingresos del mes de abril, pues con motivo de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 no pudo trabajar ni facturar, en tanto es monotributista y no se encuentra exceptuado por ninguna de las excepciones previstas en los decretos que indicara.
Agregó a su vez, que el vehículo adquirido tuvo desperfectos técnicos de fábrica por los cuales debió ser ingresado al taller del concesionario oficial en retiradas ocasiones —donde se encuentra al momento de la presentación inicial— sin que hasta el presente hubiesen sido solucionados; todo lo cual es objeto del juicio principal caratulado "C. C. O. C/ F.S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ. POR INCUMP. CONTRACTUAL”
(EXPTE. ***) que se tiene a la vista.
Enfatizó, por último, que en el contexto actual se ha tornado imposible cumplir con el pago de las cuotas que unilateralmente decidió imponer la empresa fabricante y financista, las que se incrementan mensualmente, cuando además no cuenta con el vehículo por las fallas de fábrica que indicara. Fundó en derecho y solicitó se admita la medida cautelar pedida.
Que el señor Juez de turno al momento de la decisión recurrida, si bien habilitó el asueto vigente en aquél entonces desestimó la medida cautelar peticionada, entendiendo que no se hallaban configurados en el caso los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora necesarios, habida cuenta la ausencia de un informe contable que permitiese ilustrar con precisión las variabilidades que afectaran a cada una de las cuotas del plan de ahorro desde su celebración, ni acreditada la irreversibilidad de los daños que produciría a la parte actora la continuidad en el pago de las mismas, de acuerdo al sistema vigente.
Contra esa decisión se alzó el recurrente, agraviándose del resultado propiciado. Mantuvo, en sustancia, los argumentos que motivaran su presentación inicial, agregando que "el recurso se basa en la real tutela jurídica que merece un sujeto vulnerado en sus derechos, en este caso en particular, sobre la excesiva alícuota que debe pagar el actor, tornándose excesivamente onerosa y siendo imposible de cumplir, debido al excesivo aumento de la misma y en las condiciones actuales de la actual emergencia sanitaria de pandemia del COVID-19, donde los ingresos/facturación del actor se ven vulnerados al no ser un sujeto exceptuado por ningún Decreto de Necesidad y Urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional ni provincial; donde se solicita la suspensión de la misma, hasta en tanto se resuelva la situación de fondo"; señalando también que el peligro en la demora está dado por el riesgo derivado de la posible ejecución y secuestro del vehículo.
ii. Cabe poner de resalto inicialmente que los Jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino que basta que hagan mérito de aquéllas que consideren más adecuadas para sustentar sus conclusiones. (CSJN, noviembre 8-1981, "Dos Arroyos SCA c/ Ferrari de Noailles" en "Actualización de Juris.", N° 1440, La Ley, 1981 - D, pág. 781), siendo tales cuestiones esenciales ésas que, según las modalidades del caso, resultan imprescindibles para la correcta solución del pleito y que vienen constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento. (SCBA, AC. 21917, DJBA, T. III, pág. 15, ídem Ac. 35.221 "Ramos de Pagella c/ Escot", 22-4-86)
Sentado ello, de la atenta lectura del fallo recurrido se advierte que el señor Juez a quo centró su atención en la acreditación de uno solo de los hechos fundantes la pretensión incoada —esto es, la variación del valor de las cuotas— pero sin atender, a nuestro modo de ver, la incidencia que el actual contexto de la emergencia sanitaria tiene en la solución de la cautelar requerida en la especie.
Es que, en nuestro criterio, no corresponde soslayar aquí las importantes consecuencias sociales y económicas que ciertamente se derivan de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud, ni el consecuente estado de crisis sanitaria dispuesto en el ámbito nacional y provincial —que se presume por todos conocidos— generador del dictado de normas excepcionales tales como las referidas a la limitación de la circulación y al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. (Decretos PEN 260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, y Decretos provinciales 132/20, 180/20, 203/20, concordantes posteriores)
Múltiples son los informes de entidades oficiales, locales e internacionales, que dan cuenta de ello. Sólo a modo de referencia puede citarse el muy completo análisis que las Naciones Unidas (ONU) elaboró para nuestro país, donde —básicamente— dice que "...La epidemia causada por el virus COVID-19 tendrá en la Argentina un impacto multidimensional. Afectará al total de la ciudadanía, a los distintos sectores de la economía y actores de la vida del país, al ambiente y los recursos naturales... Los primeros análisis e investigaciones muestran cifras contundentes: a la par de una respuesta sociosanitaria implementada hasta el momento que ha sido destacada por sus resultados, se registra una caída en la producción, el crecimiento de la pobreza y de la cantidad de personas en estado de emergencia —sanitaria, alimentaria, económica—. Además, se abren interrogantes sobre la dimensión temporal de esta crisis: la sociedad argentina teme que lo coyuntural pase a ser estructural, y que los nuevos pobres y marginados de esta crisis pasen a ser los nuevos pobres y marginados del país. La crisis de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad y la discriminación hacia los y las menos protegidos/as de la sociedad, destacando profundas desigualdades económicas y sociales que requieren atención urgente..."
El mismo informe sostiene que "...Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la combinación de estos factores excepcionales llevará a que la economía argentina caiga un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote de coronavirus en el país..." (el resaltado es propio)
Con mayor precisión, refiere en torno a la actividad económica: "...En el contexto del aislamiento social, la principal causa asociada con la disminución de ingresos está relacionada con el tipo de actividad económica (venta ambulante, trabajo por cuenta propia de plomería, albañilería, electricidad, changarín, etc.) y la imposibilidad de salir a trabajar (56%); seguida por la suspensión temporal (18%); la disminución en el nivel de ventas, pedidos o clientes (15%); la reducción de horas trabajadas (12%); la reducción de salario (8%), entre otras con menor incidencia. Esto se ve reflejado en que, por ejemplo, en aquellos hogares sin presencia de asalariados, el 72% sufrió una reducción de sus ingresos. Además, el 7,2% de los hogares declara que se ha perdido al menos un empleo: en 400.000 hogares una persona ha perdido su empleo... Por último, ante la disminución de ingresos, algunos hogares (39%) han tenido que dejar de pagar algún servicio, principalmente luz, gas, teléfono, celular o internet. Estos valores ascienden al 45% en el caso los hogares de menores ingresos. Además, un 5% de los hogares tuvo que reducir el consumo de medicamentos, valor que asciende al 7,5% en los hogares ubicados en villas y asentamientos". (http://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf)
A similares conclusiones arriban organismos como la CEPAL o o el Banco Mundial, quienes coinciden en señalar los efectos "devastadores" que sobre la economía mundial tendrá la actual pandemia de COVID-19. (https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos; íd. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19- to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii) Circunstancias todas ellas que parecieran haberse tenido en consideración para que el Estado Nacional y el Provincial dictaran las normas por las cuales se suspendieran las ejecuciones de créditos hipotecarios, prendarios y lanzamientos, además de las prórrogas de los contratos de locación, congelamientos de precios de alquileres, entre otras medidas paliativas de diversa naturaleza. (ley 15.172; DNU 320/20) Ante ese particular y excepcional contexto, cobra singular importancia la función preventiva de la responsabilidad civil incorporada a nuestro derecho con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1011, 1709, 1710, 1711, 1713; CCyC.); pues se exige a los involucrados en la contienda —partes y juzgador— adoptar de buena fé medidas razonables que tiendan a evitar o disminuir la producción de daños innecesarios, o bien para no agravarlos, en el caso de ya haberse aquéllos producido.
En este sentido, se ha dicho que "La tutela preventiva contractual podrá erigirse en una valiosa herramienta de resolución de conflictos obligacionales", pues "El Código Civil y Comercial confiere el andamiaje normativo para hacer actuar la anticipación del daño, aún si la legislación procesal local no ha regulado sus vías instrumentales. Todas estas normas que habilitación la anticipación del daño en las esferas extracontractual y contractual, armonizadas con muchas otras instituciones y mecanismos jurídicos, podrán constituir un valioso aporte del derecho privado a la resolución de conflictos derivados de la emergencia por pandemia del COVID-19." (Cfr. Galdós, Jorge M., "La tutela preventiva del coronavirus en el Código Civil y Comercial de la Nación", La Ley, tapa y pág.
6, T. 2020-B, 7/04/2020)
En correlato con ello, también establece el mismo Código que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa "por una alteración extraordinaria" de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, "sobrevenida por causas ajenas a las partes" y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a pedir ante un juez la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación; de lo que se deduce el caso que nos ocupa `prima facie´ se ajustaría al supuesto previsto en la norma, tornando por ende verosímil el derecho alegado por el recurrente. (cfr. doc. art. 1091 CCyC.)
Por lo demás, verificándose también la existencia de una relación de consumo deviene aplicable aquí el principio según el cual las normas que regulan este tipo de relaciones deben ser aplicadas e interpretadas en el sentido más favorable al consumidor, sin dejar de soslayar que el derecho a la prevención al que antes se hiciera referencia deriva de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, los que a su vez prevén la tutela de prevención de los consumidores y usuarios para la protección de la relación de consumo, el ambiente, la transparencia, el mercado y la competencia. (cfr. doc. arts. 1093, 1094 y 1095 del CCyC.; ley 24.240; Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, T° VIII, pág. 297)
En suma, según las más tradicionales caracterizaciones doctrinarias, la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, motivo por el cual la procedencia de toda medida precautoria no exige de los jueces un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino verificar la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. (Cfr. CSJN, Fallos: 306:2060; 313:521; 318:2375; 314:711; íd. SCBA, LP I 73232 2 RSI-472-14 I 08/10/2014)
Teniendo en cuenta estas premisas, y que el peligro en la demora se encuentra dado precisamente por la imposibilidad del recurrente de afrontar el pago de las cuotas en las excepcionales circunstancias actuales derivadas de la pandemia y la consecuente emergencia sanitaria declarada en el país, considera el Tribunal que con la documentación aportada y la obrante en los autos principales se encuentran sumariamente configurados en el caso los presupuestos necesarios para el andamiento parcial de la medida cautelar solicitada, sin que ello implique efectuar un juicio de valor sobre lo que en definitiva corresponda decidir al culminar la sustanciación del proceso.
Por ello, oído que fuera el señor Fiscal de Cámaras, el Tribunal
1. Revócase la resolución recurrida y, en consecuencia, admítase parcialmente la medida cautelar solicitada disponiéndose la suspensión provisoria de la obligación contractual inherente al pago de las cuotas correspondientes al plan de ahorro suscripto entre el actor C. O. C. y F.S.A., respecto del automóvil Fiat modelo Toro, dominio ***, desde la fecha de inicio de esta acción (4/05/2020) y por el término de seis (6) meses. Previa caución juratoria que deberá prestarse en la instancia de grado, la que podrá efectivizarse electrónicamente, practíquese la notificación y/o líbrese el instrumento del caso. (arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1011, 1091, 1093, 1094, 1095, 1710, 1711, 1713, 1725, 1726, 1727, 1730 y ccts. del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 198, 199, 232 y cctes. del CPCC.)
2. Habida cuenta como se resuelve y la normativa aplicada al concreto supuesto de autos, sin perjuicio de lo que corresponda oportunamente decidir sobre la cuestión de fondo hágase saber a las partes que, de considerarlo adecuado a sus intereses, durante el plazo establecido en el punto precedente deberán arbitrar los medios para la adecuación judicial o extrajudicial del contrato que las vincula. (arts. 1011, 1091 y 1713 del CCyC.) Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado. (art. 68, segundo párrafo del CPCC.). REGISTRESE.
NOTIFIQUESE ELECTRONICAMENTE (ARTS. 3, 4 y 6 RES. SCBA.
480/20). DEVUELVASE A LA INSTANCIA DE ORIGEN.
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO
Fin de la sentencia