Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 33.455
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confírmase el resolutorio apelado en cuanto ha sido motivo de recurso y agravios, con la modificación referida en el punto precedente en cuanto a la modalidad fijada para el pago de la cuota alimentaria provisoria.
2Impónese las costas a los recurrentes, en su condición de vencidos.
G. F. M. Y OTRO/A C/ P. P. S/ ALIMENTOS
Expediente Nº LZ-33455-2019 Juzgado de Familia N°6 – LZ.
Reg. Sent. Int.: 192/20 Lomas de Zamora, 27 de Julio de 2020.
Vienen los autos a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 81/83 y fs. 84/86 contra la providencia de fs. 64, por la cual el señor juez a-quo resuelve fijar en concepto de alimentos provisorios el equivalente al 10% de los ingresos del señor P. P. (abuelo paterno) y el equivalente al 10% de los ingresos de la señora M. L. R. (abuela paterna) y;
I. Que la parte actora inicia en representación de sus hijas menores de edad incidente de aumento de cuota alimentaria contra P. P. y L. R. M. en su carácter de abuelos paternos de las jóvenes Z. N. y M. I. P., fundando su pretensión en lo dispuesto por el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación; acción que luego fue ampliada también contra el señor P. P., progenitor de las niñas. (v. fs. 148/150).
Según su relato, las jóvenes Z. y M. conviven con la solicitante desde la separación de la pareja parental, habiendo tramitado oportunamente el reclamo alimentario en beneficio de sus hijas en el expediente conexo (N° 57.685) en el que se arribara a un acuerdo — oportunamente homologado— y donde, en sustancia, se convino una cuota alimentaria a cargo del progenitor de las niñas en la suma de $550 (Pesos quinientos cincuenta).
Atento que el monto acordado resulta insuficiente para las necesidades actuales de las jóvenes, la señora G. inició el presente incidente tendiente a aumentar dicha cuota, expresando que dirige la acción en forma subsidiaria contra los abuelos paternos ante el resultado infructuoso de obtener el incremento que persigue por parte del progenitor. Ha de destacarse que tanto la solicitud de la medida cautelar como su admisión se consumaron durante la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el poder ejecutivo nacional, habiéndose autorizado y efectivizado las notificaciones pertinentes mediante la utilización de medios tecnológicos (notificación electrónica y WhatsApp). En lo que es objeto de este recurso, a fs. 43 la peticionante solicita se fije una cuota alimentaria provisoria destinada a regir mientras se sustancie el proceso, lo que es admitido en la instancia de grado (fs. 64), fijando el señor juez a quo como cuota alimentaria provisoria la equivalente al 10% del ingreso de cada uno de los abuelos paternos.
Ahora bien, contra dicha forma de resolver se alzan ambos codemandados interponiendo sendos recursos de apelación (fs.81/83 y fs. 84/86), expresando agravios a fs. 93/98 (codemandado P. P.) y a fs.103/107 (codemandada L. M.), y siendo replicados por la parte actora a fs.139/142. En apretada síntesis, los requeridos se agravian por considerar que el a quo no valoró debidamente los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora al proveer la medida cautelar peticionada, así como tampoco observó el carácter subsidiario de la obligación alimentaria por parte de quienes resultan ser abuelos ni la situación económica actual de los mismos en virtud de los efectos producidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio de público conocimiento.
Finalmente, a fs. 157 dictamina la Asesoría de Incapaces interviniente adhiriendo a los argumentos vertidos por la parte actora. II.i- Deviene propicio recordar inicialmente que en los procesos que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes la consideración primordial de toda intervención de las autoridades públicas deber tender a la satisfacción de su interés superior (art. 3.1 CDN, art. 3 ley 26.061, art. 4 ley 13.298), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome. Dicho interés ha sido definido como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (SCBA, conf. causas Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003; C.102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010).
Se ha dicho al respecto que en resguardo de ese interés superior y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional. (arts. 3, CDN; 75 inc. 22, CN; SCBA, causas C. 119.541 y C. 120.229,cits.) II.ii.- Es que, en cuanto a la cuestión debatida en los presentes cabe aclarar en primer lugar que la finalidad del art. 668 del Código Civil y Comercial de la Nación consiste en garantizar al niño las necesidades básicas para su desarrollo físico, intelectual, espiritual, moral y social (conf. arts. 3° y 27 de la Convención de los Derechos del Niño). Estas normas obligan a los Estados, y en particular a los jueces, a procurar todos los medios para evitar rigorismos formales en cuanto a las pruebas y exigencias procesales que podrían obstaculizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Con la citada norma se flexibiliza el procedimiento. Así, explica Grosman que si bien se admite que la obligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria a la de los padres, pues estos son los principales obligados, se flexibilizan las exigencias sustanciales y procesales teniendo en cuenta que el alimentista es un niño o adolescente que tiene necesidades que no pueden esperar el paso del tiempo. (GROSMAN, Cecilia P., "Especificidad del derecho alimentario en favor de niñas, niños y adolescentes", en FERNANDEZ, Silvia E., Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, t.I., Abeledo Perrot, CABA 2015, p- 870)
Con igual orientación argumental se ha resuelto que "sin perjuicio de la observancia de orden de los obligados a la prestación alimentaria, debe evitarse el rigorismo formal, para dar lugar al aspecto sustancial: las necesidades básicas del niño." (C. Nac. Civil, Sala B, 23/2/2011, JA, fasc.8, 2011-II-55)
Es que en virtud de las exigencias convencionales el acento se debe colocar en las necesidades del niño o adolescente que requieren los alimentos para su desarrollo y formación integral. En este sentido ha de observarse que el art. 27 ap.4° de la Convención de los Derechos del niño prescribe que "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres u otras personas que tengan responsabilidad financiera por el niño.". Esto es, que la manda convencional resulta una formula amplia respecto de los sujetos obligados al pago de la pensión alimentaria.
En igual línea, el Código Civil y Comercial ha incorporado en el artículo 668 antes citado la denominada tesis intermedia por la cual se mantiene la subsidiaridad respecto de los abuelos, pero debiendo estos asumir la obligación ante el incumplimiento del progenitor, o bien para completar el quantum indispensable para cubrir las necesidades del alimentado.
II. iii.- Sentado lo relativo a la viabilidad de la acción contra los abuelos demandados, hemos de considerar los agravios referidos a la falta de valoración de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
Y en cuanto a ello, es sabido que en los procesos de familia los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares presentan sus propios caracteres.
Así, la verosimilitud del derecho, en muchos casos, surge ínsita en la propia naturaleza y contenido de la pretensión. Ello determina que para obtener del dictado de una medida cautelar resulta suficiente la apariencia del derecho invocado, sin que sea exigible un examen de certeza sobre la existencia del derecho. En este sentido tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que "la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia (...) en tanto que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido." (CSJN 24/7/1991, "Estado Nacional (Min. de Economía y Obras y Servicios Públicos) c/Pcia. de Río Negro s/ solicitud de medidas cautelares", E.193.XXIII, Fallos, 314:711).
Por su parte, el peligro en la demora en los casos de solicitud de alimentos surge en general de las propias circunstancias fácticas del planteo, esto es, su finalidad de subvenir necesidades de carácter urgente. Es que precisamente, el objeto de la petición de alimentos provisorios tiende a cubrir necesidades de tipo impostergables.
Por lo expuesto, no es posible soslayar que las dilaciones y exigencia de que quienes representan a los niños acrediten y cumplan requisitos muy rígidos, podría atentar contra los derechos fundamentales reconocidos, tanto por la Convención de los Derechos del Niño como por nuestro Código de fondo (conf. arts. 3° y 27 CDN; art. 668 CCyCN).
II. iv.- Por último, corresponde abordar el planteo de los codemandados con relación a la situación especial generada por la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el dec. 297/20 (B.O. 19/3/20).
Expresan los apelantes que en virtud de dicha disposición no han podido desarrollar sus actividades, en tanto ejercen su labor en forma independiente como monotributistas.
Entrando en el análisis de la situación sanitaria expuesta —que se presume por todos conocida— y que ha generado el dictado de normas excepcionales tanto nacionales como provinciales, tales como las referidas a la limitación de la circulación y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Decretos PEN 260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20; y Decretos Provinciales 132/20, 180/20, 203/20, concordantes posteriores), hemos de adelantar que dicha evaluación ha de efectuarse ponderando la situación de todos los involucrados, pero sin dejar de observar que el derecho alimentario que involucra a los niños, niñas y adolescentes se trata de un derecho humano (conf. art. 27 CDN) cuya satisfacción nos impone a los magistrados extremar las medidas para su efectiva atendibilidad.
En dicho sentido, Herrera señala que si bien la cuestión alimentaria desde el plano civil se encuentra directamente vinculada con el contexto socioeconómico, "nadie duda de que los niñxs y adolescentes deben ver satisfecho este derecho humano, en épocas tanto "normales" como excepcionales." (HERRERA, Marisa, "Las relaciones de familia detrás de un vidrio. Coronavirus y aislamiento social/familiar", La Ley 02/04/2020, 02/04/2020, 1).
A su vez, y como bien señalaran los propios recurrentes, nuestro actual digesto civil y comercial destaca el valor económico que tienen las tareas cotidianas que realiza el progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo, circunstancia que en el contexto sanitario actual se ve incrementada por cuanto es de público y notorio que la ocupación del cuidado se ha extendido tanto en horas como en jornadas. Es decir, que el progenitor que convive con los niños y/o adolescentes se encuentra realizando un mayor esfuerzo en el cuidado cotidiano de los menores de edad, extremo que entendemos debe ser tomado en cuenta al evaluar los aportes realizados.
Para finalizar, consideramos que es en este contexto donde debe cobrar relevancia el principio de solidaridad familiar, entendido este como la función familiar destinada a ayudar a los integrantes más vulnerables. Así se ha resuelto que "El deber alimentario de los abuelos hacia los nietos constituye una obligación civil de base legal que deriva de la responsabilidad parental y encuentra su fundamento en el principio de solidaridad familiar, e implica el reconocimiento del rol que actualmente desempeñan los abuelos en la dinámica familiar, marcado por su mayor presencia y una relación más intensa y continua con los nietos, y a la vez les impone el deber de propender a su desarrollo integral, debiendo velar por el interés superior del niño." (STJ Corrientes, "G. M. A. c/ R. R. A. s/ alimentos", sent. del 17/04/17, cit.MJ-JU-M-104076-AR | MJJ104076 | MJJ104076).-
III. Ahora bien, en el caso de autos ha de destacarse que hasta la resolución de la medida cautelar requerida por la actora se encontraba vigente una exigua cuota alimentaria que ascendía a la suma de $550 (Pesos quinientos), con más la ayuda escolar y asignaciones familiares.
Por ello, no puede dejar de observarse que el transcurso del tiempo, la mayor edad de las jóvenes Z. y M., y la situación económica propia del país han determinado que el monto vigente resulte absolutamente insuficiente para cubrir las más mínimas necesidades de aquéllas. En este sentido ha de destacarse que siendo el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en nuestro país de $16.875 al momento de este pronunciamiento (conf. Resol. 6/19 MPyT), la cuota oportunamente fijada a cargo del progenitor implicaría una suma equivalente al 3% de dicho marco de referencia, y por lo tanto, manifiestamente insuficiente.
Dicha circunstancia no pudo resultar ajena al conocimiento del progenitor de las jóvenes, no obstante lo cual —y más allá de los aportes que informalmente pueda haber realizado— frente a la solicitud de aumentar la cuota formalmente establecida no ha accedido a ajuste alguno. (ver acta de fs. 99 - expte. 54.858)
Y dicho extremo es el que, por los fundamentos expuestos en los puntos precedentes, torna sumamente razonable la medida cautelar dispuesta por el señor juez a quo; desde que tampoco puede resultar indiferente a los aquí recurrentes que el valor de la cuota alimentaria antes referida, así como la actitud asumida por el progenitor, podría colocar a las jóvenes —sus nietas— en situación de ver sus necesidades básicas insatisfechas.
En síntesis, teniendo en cuenta el monto de la cuota alimentaria vigente, así como la obligación subsidiaria de los abuelos emergente del citado artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación y el hecho de que en los procesos como el presente el norte que debe guiar toda solución es el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes involucrados; entendemos corresponde confirmar la medida cautelar resuelta por el juez de primera instancia a fs. 64, aunque modificándose el modo de su traducción económica, pues la fijación en porcentaje podría no ser efectiva de acuerdo a las particulares circunstancias del caso. Por ello, atendiendo que ambos abuelos paternos desarrollan tareas en forma autónoma, la cuota a abonar se establece en el equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil vigente al momento del efectivo pago, a cargo de cada uno de ellos (al momento de este pronunciamiento, $ 8.437,50 a cargo de cada obligado, conf. resol. 6/19 MPyT), importes que deberán ser abonados en forma mensual mediante depósito en la cuenta de autos y a la orden del juez interviniente. (conf. arts. 3° y 27 CDN; arts 544, 550, 668 y ccts. del CCyCN)
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Confírmase el resolutorio apelado en cuanto ha sido motivo de recurso y agravios, con la modificación referida en el punto precedente en cuanto a la modalidad fijada para el pago de la cuota alimentaria provisoria.
2. Impónese las costas a los recurrentes, en su condición de vencidos. REGISTRESE. DEVUELVASE.-
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CÁMARA GERMAN PEDRO DE CESARE SECRETARIO
Fin de la sentencia