Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 40.805
A. M. L. Y OTRO/A C/ A. L. L. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)
Exp Nº: LZ-40805-2021 Jz Paz Alte. Brown (a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los presentes a esta Alzada a fin de dirimir la cuestión de competencia suscitada entre el señor Juez titular del Juzgado de Familia N° 3 y la señora Jueza a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Alte. Brown, ambos de este Departamento Judicial.
ii. De la compulsa de autos se advierte que luego de haberse recepcionado por ante el Juzgado de Familia n° 3 la denuncia policial efectuada por la señora M. L. A., el titular de dicha dependencia se declaró incompetente para entender este proceso debido a que el domicilio de la denunciante pertenece a la jurisdicción del Juzgado de Paz Letrado de Alte. Brown.
Recibidas las actuaciones por ante este último organismo, la nueva Juez a quo no aceptó la competencia atribuida por considerar que la problemática planteada excedía el marco de lo dispuesto por la ley 12.569 de protección contra la violencia familiar, y por tanto la competencia restringida del juzgado a su cargo para entender en ella.
iii. Sentado lo expuesto, hemos de anticipar que compartimos la postura adoptada por el magistrado a cargo del Juzgado de Familia Nro. 3 Departamental.
Y ello así, por cuanto conforme lo establece el artículo 1 de la ley 12.569 (mod. por ley 14.509) se entenderá por violencia familiar a toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Por su parte, la misma norma establece en su artículo 6 que "Corresponde a los Juzgados/Tribunales de Familia y a los Juzgados de Paz, del domicilio de la víctima, la competencia para conocer en las denuncias a que se refieren los artículos precedentes.".
Es decir, que de la propia disposición legal surge la competencia en razón de la materia de los Juzgados de Paz, respondiendo dicha prescripción a garantizar la inmediatez, esto es, la proximidad del órgano Jurisdiccional con la víctima de maltrato. Así ya fue señalado por nuestro máximo Tribunal Provincial cuando al dictar la RP.459/12 (SSJ) expresó que "(...) La Suprema Corte de Justicia mediante resolución nro. 238/12 determinó claramente, en aras al principio de inmediación y de acuerdo con la regla de la prevención, será competente para entender en las denuncias enmarcadas en la ley de violencia familiar, el magistrado más próximo al domicilio de la víctima (...) En razón de lo expuesto, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en uso de sus atribuciones, RESUELVE: Recordar a los Sres. Magistrados del fuero de Paz como de Familia llamados a intervenir en la materia regida por la ley 12.569, que deberán extremar los recaudos para adoptar con la celeridad y urgencia que esos casos ameritan, las medidas contempladas en la normativa vigente satisfaciendo así, de modo acabado y con la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia familiar.".
iv. Ahora bien, en el caso de autos, y como bien señalara la magistrada del fuero de paz, la victima de los hechos de violencia resulta ser una persona mayor. Así, la denunciante manifestó que su progenitora —M. F. G., de 75 años de edad—, padece de demencia senil y diabetes, y se encuentra conviviendo con su hermana, quien no le estaría brindando los cuidados necesarios puesto que se haya en una situación de deterioro, tanto de su persona como del lugar en el que habita. Asimismo, señaló en que existiría un conflicto con su hermana con relación al dinero correspondiente a su progenitora, por lo cual ella mantendría en su poder la tarjeta de cobro de dichas sumas.
Es en este contexto que cabe destacar que, a más de las normas vigentes sobre protección contra la violencia familiar, nuestro país ha ratificado mediante ley 27.360 (B.O.: 31/05/2017) la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dicha Carta Internacional ha resultado un importante avance respecto de la protección jurídica de la personas mayores, y ello por cuanto suelen ser personas que pueden hallarse en mayor medida en situación de vulnerabilidad, lo que exige por tanto una especial intervención por parte de los organismos judiciales.
En línea con ello, desde la doctrina se ha señalado que "en las personas mayores es natural y frecuente observar las disminuciones de las capacidades físicas, psicológicas y de inserción social, lo que suele colocarlas en cierto grado de vulnerabilidad". (ORALNDI, Olga E., "Una realidad oculta, una cuestión de derechos: la violencia hacia las personas mayores. Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos de las Personas Mayores", Ed. Abeledo Perrot, Revista Interdisplinaria de Doctrina y Jurisprudencia - Derecho de Familia, N°75 (julio/agosto 2016), Bs. AS. 2016, p.95).
En lo que interesa para el presente, cabe observar que el art. 9 de la Convención referida establece que "la violencia contra las personas mayores consiste en "cualquier acción o conducta que cause muerte, daño físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Se entenderá que la definición de violencia (...) comprende entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de la comunidad y toda forma de abandono o negligencia, que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica, que sea perpetrado o tolerado por el estado o su agentes donde quiera que ocurra (...)".
A partir de dicha definición ha de destacarse que en el caso de las personas mayores resulta fundamental observar ciertos tipos de violencia que resultan específicas con relación a este colectivo social. Es que además de la violencia física o psicológica, suelen verificarse situaciones de negligencia en el cuidado o de abandono, como pueden ser a través de la falta de suministro de la medicación adecuada o de controles médicos periódicos, o bien dejando de atender las necesidades del adulto mayor. A estas formas de violencia pueden sumarse otras, entre las cuales se puede mencionar la violencia económica, consistente en el abuso o aprovechamiento financiero de los recursos de la víctima. (ORTIZ, Diego, "La relación entre la violencia económica y la jubilación", en Colección Compendio Jurídico, Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Erreius, mayo 2018, p.415 y ss.).
Trasladando lo dicho al caso de autos, entendemos que aún con los escasos elementos recabados en este estado liminar del proceso, surge la existencia de una posible situación de maltrato hacia la señora M. F. G., que naturalmente conlleva su inmediata tutela y el despliegue de los esfuerzos y estrategias necesarios a los fines garantizar desde la jurisdicción la integridad psicofísica y patrimonial de la misma. Tampoco puede dejar de señalarse que el magistrado que previno declinó su competencia sin haber adoptado medida de protección alguna, y que si bien la magistrada de la justicia de paz ha resuelto establecer el cese de hostigamiento pedido por la denunciante con relación a su hermana, no se verifican en las constancias de autos medidas tendientes a la protección de la señora G., quien resulta prima facie ser la víctima de los hechos traídos y quien exige protección por parte de la jurisdicción.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Dirimiendo la cuestión de competencia suscitada, deberá continuar entendiendo en los presentes al Juzgado de Paz Letrado de Alte. Brown. Practíquese la comunicación correspondiente a la Receptoría General de Expedientes y al Juzgado de Familia nro 3.
2. Instar al Juzgado que continuará interviniendo requerir la inmediata intervención de la Asesoría Tutelar, así como la adopción de las medidas que se consideren adecuadas a los fines de la protección psicofísica y patrimonial de la Sra. M. F. G. (conf. art. 7 ley 12.569 -mod. por ley 14.509-), debiendo darse cumplimiento a las medidas prescriptas por los art. 8 y 11 de la ley 12.569 (mod. ley 14.509). REGISTRESE. DEVUELVASE. (Ac. SCBA 3975/20)
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMAN PEDRO DE CESARE SECRETARIO
Fin de la sentencia