Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 51.021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocase la resolución del 25/08/25 en lo que ha sido materia de agravios.
2Costas de Alzada a cargo del Estado Provincial. (art. 68 y 69 del CPCC.)
Ju flia. N°11 LZ -51021-2015 (a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los presentes en virtud del recurso de apelación interpuesto por la abogada del niño designada Dra. N.B.T en fecha 31/08/25 contra la resolución del día 25/08/25 por medio de la cual el Sr. juez a quo impusiera las costas del proceso mitad a cargo de la progenitora del jóven C.M.G y mitad a cargo del Estado Provincial.
ii. Ingresando en el análisis de la cuestión traída, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico interno a través del artículo 27 de la ley 26.061 dispone textualmente que: "Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: (...) c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine...". A su vez, el Decreto Nacional 415/06 —reglamentario de la ley 26.061— en su artículo 27 establece "el derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar.".
Por otro lado, el derecho de los niños a la asistencia letrada se halla reconocido en el Código Civil y Comercial de la Nación al disponer: "La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada (...)" (art. 26 CCyC).
Ahora bien, en la Provincia de Buenos Aires se creó la figura del abogado del niño a través de la ley 14.568 —con expresa remisión a lo establecido por el artículo 12 inc. 1 y 2 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica—, siendo esta reglamentada por el Dec. 62/15 que establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Así, mediante convenio firmado por la autoridad referida con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se acordaron clausulas tendientes a garantizar la asistencia letrada del niño, niña o adolescente velando por la satisfacción integral de su interés superior, disponiendo en su clausula octava —que luego se plasmara en el art.16 del Reglamento Único de funcionamiento del Registro de Abogados y Abogadas de niños, niñas y adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires— que "los honorarios del Abogado del Niño se determinarán de acuerdo a las pautas del Decreto ley 8904/77 —hoy ley 14.967— y que los mismos serán a cargo del Estado provincial en todos aquellos casos en que se acredite el beneficio de pobreza de conformidad con lo establecido en el inc. c) del artículo 27 de la ley 26.061, mientras que en caso de no acreditarse tal beneficio, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo 50% del estipendio y respecto del 50% restante se aplicarán los principios generales del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.".
iii. Ahora bien, no puede dejar de observarse que los presentes obrados presentan una especial naturaleza.
Es que no se trata de un proceso contencioso donde pueda surgir una parte vencedora y otra vencida, sino que constituyen procesos promovidos por el propio Estado dentro del denominado "Sistema de Protección Integral" con el fin de velar por la protección, asistencia y restablecimiento de los derechos de los niños involucrados.
De las constancias de la propia causa surge la situación de extrema carencia de recursos tanto del jóven C. — en cuyo beneficio se promovieron los presentes— como de su progenitora y grupo familiar (v. inf. socio ambiental del ***). En dicho contexto, la exigencia de promover un proceso especial a los fines de acreditar una situación socioeconomica desfavorable cuando la misma surge en forma prístina de la totalidad de informes realizados, aparece como un requerimiento excesivamente formal que no se compadece con la naturaleza y objeto de estos obrados. Vale recordar que las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en situación de vulnerabilidad señalan como condiciones de vulnerabilidad tanto la edad, el género como la pobreza (Conf. Capt. 1, Secc. 2da. Pto. 1) prescribiendo que en dichos supuestos se debe garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad cuando dichas personas se vean en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones (Conf. Capt. 2, Secc. 2 Pto.2). Así, desde un análisis interseccional de las vulnerabilidades que rodean la situación del jóven, a su progenitora y su grupo familiar, mantener las costas como fueran impuestas en la instancia de origen, lejos de garantizar el adecuado acceso a la justicia se presentarían como un obstáculo para la efectivización de los derechos que la medida pretende. Por último, hoy también adquiere particular importancia lo prescripto por la nueva Ley 15.610 cuando al modificar el art.6 de la ley 14.528 establece que en este tipo de procesos los niños, niñas y adolescentes deben comparecer con asistencia del Abogado del Niño, agregando expresamente que: "En todos los casos la asistencia letrada será garantizada y proporcionada gratuitamente por el Estado.".
En consecuencia, por los fundamentos señalados, corresponde revocar la resolución en crisis, fijando que los honorarios profesionales regulados sean en su totalidad a cargo del Estado provincial (conf. art. 27 inc. c) ley 26.061; art. 5° ley 14568 y decreto reglamentario 65/2015; art. 16 Reglamento Único de funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños).
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Revocase la resolución del 25/08/25 en lo que ha sido materia de agravios.
2. Costas de Alzada a cargo del Estado Provincial. (art. 68 y 69 del CPCC.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia