Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 12.045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confírmase la resolución del día 26/06/26.
2Costas al recurrente en virtud de como se resuelve.
(art. 68 y 69 del CPCC.)
G.E.F C/ M.E.E S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)
Exp Nº: LZ-12045-2026 Jz flia. 12 (a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los presentes en virtud del recurso de apelación interpuesto por el denunciado en fecha 02/07/26 contra la resolución del día 26/06/26 por medio de la cual la Sra. juez a quo dispusiera una serie de medidas de protección contra la violencia familiar. Asi, se ordenó la fijación de un perímetro de exclusión del denunciado con relación a la actora y su hija menor de edad, la entrega de un botón antipánico y la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico para el control de la medida.
ii. Al fundar el recurso, el Sr. M. se queja de las medidas dispuestas, dirigiendo su crítica principalmente sobre la implementación del sistema de monitoreo electrónico a través de un dispositivo dual, entendiendo que ello resulta una medida de máxima intensidad.
Asimismo, sostiene que no existen en la causa elementos objetivos que justifiquen tal resolución.
iii. Ingresando en el análisis de la cuestión traída cabe destacar que esta Sala tiene dicho reiteradamente que la finalidad de la ley de violencia familiar y su modificatoria —12.569 y 14.509— tienden a hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándose el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se ciernes sobre ellas y que, de otro modo, podrían ser irreparables, pues sólo es posible removerlos a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias (Chechile, Ana María, "Violencia Familiar: Comentarios...", L. L. N°6259, agosto/01; CNac. Civ., Sala C, JA 1997-IV-292).
La solución definitiva al conflicto no es motivo de este proceso, y su decisión, por las vías y procedimientos adecuados, implicará analizar —en base a las pruebas que se produzcan— los derechos que esgriman las partes.
Ello es así, porque lo que primordialmente se procura es proteger cautelar e inmediatamente a las personas que, en principio y verosímilmente, se hallarían inmersas en una situación de presunta violencia familiar, a fin de hacer cesar el riesgo hasta tanto se arribe a una solución definitiva.
En dicho contexto, los presupuestos para el dictado de las medidas de protección se diferencian de los exigidos para las medidas cautelares clásicas (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela), por cuanto se ha señalado que la materia prima del juez será el relato del o la denunciante: "Si de ese relato surge la mera sospecha de maltrato o de una situación de riesgo ante la evidencia física o psíquica, bastará para que el juez se encuentre legitimado para el dictado de las medidas." (Medina, Graciela, "Visión Jurisprudencial de Violencia Familiar", Ed, Rubinzal - Culzoni, Sta. Fe, 2002, p.83).
Esta perspectiva de análisis se agudiza cuando, como en el caso, se ven involucrados niños, niñas y/o adolescentes, pues su especial situación de personas en desarrollo impone el deber de reforzar las medidas de protección desde una intervención con perspectiva de infancia.
iii. Ahora bien, el art. 7 de la ley 12.569 —mod. por ley 14.509— menciona una serie de medidas que tienen por objeto hacer cesar el riesgo y proteger a las víctimas de los hechos de violencia. Se trata de una prescripción enunciativa que lejos está de ser numerus clausus. Por el contrario, el juez tiene amplias facultades para decretar otras medidas acordes con la situación factica a resolver, es decir, estas no cierran el espectro de posibilidades para hacer efectiva la tutela jurisdiccional (GUAHNON, S., "Medidas Cautelares y provisionales en los procesos de familia", Ed. La Rocca, CABA, 2016, p 425).
En este sentido, el propio art. 7 establece que el juez interviniente puede resolver "(...) Toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima.". A su vez, la misma norma contempla que para el caso de incumplimiento, los magistrados deben evaluar la conveniencia de modificar, ampliar u ordenar otras medidas. (art. 7 bis ley cit.).
Se trata de una fórmula genérica para que el magistrado cuente con amplias facultades al momento de decidir en el caso concreto. Asi, entre las medidas no enumeradas pero que pueden resultar ajustadas a los hechos y que se suelen verificar en la practica del fuero, el denominado "botón antipánico" o "botón de pánico" aparece como un dispositivo provisto por un localizador con un pulsador de alertas y funciones de telefonía móvil que permite comunicarse con la Central de Alarmas de la policía correspondiente a fin que dicha central envíe en forma urgente un móvil policial al domicilio de la víctima (ORTIZ, D., "Medidas Cautelares en Violencia Familiar", Ed. Jurídicas, Bs. As. 2014, p.402)
Por su parte, el "sistema de monitoreo electrónico dual"
constituye una herramienta electrónica que permite conocer la ubicación en tiempo real de la persona en situación de violencia y del agresor incluido. Para ello, se debe activar un dispositivo rastreador y tobillera que debe portar el agresor. La ventaja de su implementación, es que proporciona un monitoreo en tiempo real a fin que las órdenes judiciales que establecen perímetros de protección, sean cumplidas.
Con relación a ello, en el ámbito de la provincia de Bs.
As. se creó el programa de abordaje y monitoreo electrónico (conf. Resol. Conjunta N°05/2021 entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; el de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos), el que establece una serie de requisitos a los fines de su implementación. Entre estas pautas, se destaca la necesidad de informar la existencia de una situación de alto riesgo.
iv. En el caso de autos la actora ha denunciado el incumplimiento de las medidas oportunamente ordenadas, informando distintas situaciones de acercamiento del requerido hacia sus lugares de desenvolvimiento cotidiano. (v. fs. 38).
Ante ello, desde el juzgado interviniente se llevó a cabo una entrevista entre la actora y la perito psicóloga perteneciente al equipo técnico del que surge la existencia de hechos graves, que impusieron que las profesional concluyera sobre la existencia de una situación de violencia con riesgo alto para la victima involucrada y su hija (conf. inf. reservado). En virtud de lo expuesto, entendemos que las medidas ordenadas en la resolución en crisis se encuentran ajustadas a derecho y deben ser confirmadas, instando al juzgado de origen a que, atendiendo a la alta peligrosidad informada, se verifique a la mayor brevedad la efectivización de las medidas dispuestas, y se lleve adelante del debido seguimiento conforme el art. 14 de la ley 12.569 (mod. ley 14.509).
Es que nuestro Máximo Tribunal Provincial ha resaltado "la importancia de las medidas sean dictadas en tiempo oportuno y que sean efectivas. No solo es crucial que las medidas se dicten en forma urgente cuando la situación lo amerite, sino que se debe garantizar que las medidas adoptadas sirvan para el objetivo de prevenir o proteger a la víctima de actos futuros. Ello amerita un análisis del caso y un adecuado seguimiento, para dar seguridad y tranquilidad a las victimas de su correcta aplicación y cumplimiento, y para ajustar las medidas existentes, pues se trata de personas expuestas a represalias o riesgos evitables." (SCBA, Resol. SC 189/24, "Guías de Prácticas Aconsejables para Juzgar con Perspectiva de Género").
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Confírmase la resolución del día 26/06/26.
2. Costas al recurrente en virtud de como se resuelve.
(art. 68 y 69 del CPCC.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia