Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 172.830
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación en subsidio deducido el 1 de julio de 2021, y en consecuencia, confirmar el proveído del 29 de abril en lo que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68, 69 y ccds. del CPCC.).
Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata (13) R - Juzg. 15 "PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR P.A.C. C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. S/ REPETICION SUMAS DE DINERO CUADERNILLO ART. 250 CPCC "
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Los presentes autos traídos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación en subsidio interpuesto el 1 de julio de 2021 por la doctora Aldana Paola Soledad Merlo, con el patrocinio letrado del doctor Jorge Alberto Peragallo Sommer, en representación de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., contra la resolución del 29 de abril de 2021; y CONSIDERANDO que:
I. La resolución recurrida:
El señor juez de primera instancia, ante la resistencia de la ahora apelante de efectivizar la publicación edictal que había ordenado, intimó al "Diario Clarín" a fin de que dentro de los cinco días de recibida la orden proceda a publicar en forma gratuita el edicto judicial ordenado en autos bajo apercibimiento de ser considerado desobediencia judicial y aplicar una multa diaria de 2 Jus por cada día de retardo en su cumplimiento.
II. El recurso interpuesto y sus fundamentos:
Contra ese pronunciamiento se alzó Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio y solicitó que, atento a que lo dispuesto afecta derechos constitucionalmente reconocidos a su mandante (como el de trabajar y ejercer toda industria licita, comerciar, usar y disponer de su propiedad e incluso el de libertad de expresión), ello sin que se le hubiera otorgado derecho a ejercer su defensa, se deje sin efecto el auto cuestionado y se ordene la publicación con pago previo o en su defecto con el pago de una compensación económica en los términos del art. 399 del rito de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la parte interesada y/o la parte del pleito que se entienda deba responder por el costo de las publicaciones ordenadas en el Diario Clarín o en cualquier otro medio gráfico de tirada nacional que la parte obligada al pago decida. En primer lugar dijo que son las autoridades estatales y no su mandante, quienes deben promover la protección de los consumidores quedando a cargo de los proveedores el deber de información en relación con los bienes y servicios que proveen dentro de las relaciones de consumo (art. 4 Ley 24.240), por lo que entendió que es abusivo y fuera de toda coherencia que se exija a su representada asumir parte de las costas de un proceso del que no forma parte y en relación con un servicio que no provee. Manifestó que existen medios de comunicación públicos disponibles para realizar este tipo de comunicaciones y no hay norma que exija ejercer su industria sin una retribución económica y cubra los gastos que generarían las publicaciones ordenadas. También recordó que ejerce una actividad privada y que su subsistencia depende exclusivamente de las ganancias que obtienen a través de las publicaciones de avisos clasificados, publicidad y edictos, máxime considerando que hoy en día el uso de las nuevas tecnologías y obtención de la información periodística de manera online y gratuita, ha afectado gravemente la industria de la prensa escrita y la venta de los ejemplares impresos.
Explicó que de condenarla a asumir los costos de la publicación y consecuentemente quitarle la posibilidad de obtener las ganancias que le significaría la venta del espacio se afectarían sus derecho de propiedad y de defensa y que al mismo tiempo se vería agravada por el antecedente creado, considerando el auge actual de las acciones colectivas y la gran cantidad que existen en trámite en todo el país; resultando la masificación de la intimación a publicar gratuitamente un gravamen tangente e irreparable.
Luego argumentó que el beneficio de justicia gratuita propio de la ley consumeril no es equiparable al beneficio de litigar sin gastos. Dijo que "...sin lugar a dudas que la norma no posee la extensión que se le pretende dar (asimilándose sus efectos al beneficio de gratuidad de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor) y que el juez al momento de dictar sentencia será quien impondrá las costas respecto de la capacidad económica de 'LAS PARTES', y no de un tercero totalmente ajeno al proceso, como es el caso de mi mandante..." (textual, escrito del 1/07/2021).
II.a. Contestación de los fundamentos:
En la presentación del 12 de julio la Asosiación accionante contestó los argumentos de la parte apelante.
Señaló que no requirió la realización de una publicación en forma gratuita como así alude la entidad recurrente sino que, por el contrario, oportunamente dichos gastos formarán parte de las costas causídicas y deberán ser soportados por la entidad bancaria demandada.
También afirmó que surge de manera manifiesta que en autos deviene aplicable el régimen procesal propio establecido en el art. 53 de la ley 24.240 (norma especial y de orden público), esto es el beneficio de gratuidad que incluye el pago de los edictos.
III. Tratamiento de la revocatoria en la instancia de origen:
El 4 de agosto de este año el a-quo rechazó la reposición interpuesta.
Dijo que al momento de ordenar el traslado de la acción "...el suscripto ha concedido a la Asociación de Consumidores accionante el beneficio de justicia gratuita previsto por los art. 55 2do pár. de la ley 24.240 (texto según ley 26.361) y 25 de la ley 13.133 efectuando un estudio respecto a su extensión, las pasturas doctrinarias y jurisprudenciales existentes respecto a dicho tema y adoptando un criterio amplio respecto al mismo equiparándolo en cuanto a sus efectos al beneficio de litigar sin gastos establecido en la legislación adjetiva (arts. 79 y sgts. del CPCC)..." (sic. res. recurrida).
IV. Tratamiento de los agravios:
Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal advertimos que el recurso interpuesto no merece prosperar. Señalaremos que a diferencia de lo afirmado por el apelante en su recurso, en nuestro ordenamiento legal vigente no corresponde diferenciar al beneficio de gratuidad (de la ley consumeril) con el beneficio de litigar sin gastos (de la ley procesal) en cuanto a sus efectos o alcances. Dicha asimilación ha sido sostenida por esta Sala en reiterados pronunciamientos (ver causas n° 150.495, 169.448, entre muchas otras) y -recientemente- la Corte Suprema Nacional se expidió en idéntico sentido. Ese Tribunal expuso el 14 de octubre de este año que "...al sancionar la ley 26.361 -que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240-, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso...". Seguidamente, señaló que "...cabe destacar que si los legisladores descartaron la utilización del término 'beneficio de litigar sin gastos' en la norma no fue porque pretendieran excluir de la eximición a las costas del juicio, sino para preservar las autonomías provinciales en materia de tributos locales vinculados a los procesos judiciales...". También puntualizó en que "...una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no solo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no distingue (Fallos: 294:74; 304:226; 333:375) sino que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores -y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses- a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos..." (conf. CSJN en autos "Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa ADDUC y otros c/ AySA SA y otro s/ proceso de conocimiento", del 14/10/2021).
Sabido es que los fallos dictados por el Cimero Nacional resultan una fuente de obligatorio acatamiento para los jueces provinciales (al igual que para nuestros pares en el ámbito nacional), máxime cuando esas disposiciones versan sobre derechos reconocidos por la Constitución Nacional, ello en virtud de que dicho órgano asegura la supremacía y es el intérprete final de la Carta Magna (argto. arts. 42, 116 de la CN). En ese marco, esas sentencias deben ser lealmente respetadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187), principio que se basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía de ese Tribunal, que ha sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio del acatamiento que sus fallos inspiran en los tribunales inferiores -art. 16, apartado final, ley 48- (Fallos: 325:2723).
Repárese en que si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias que la Corte Nacional dicta en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201).
Más allá de la contundente claridad del resolutorio reseñado y sin perjuicio de la obligatoriedad señalada, agregamos que el fundamento de otorgarle gratuidad a estas asociaciones radica en que en el caso de las acciones de clase (en que se busca el reconocimiento o defensa de intereses difusos y el Estado otorga un beneficio legal a las asociaciones), su sustrato no observa las condiciones económicas del reclamante y/o reparar en que el reclamo sea de mayor o de menor cuantía, porque lo que se protege es un interés difuso (inapropiable, no excluyente e indivisible) y la sociedad (a través de sus legisladores), otorgó este beneficio que permite a la asociación la defensa de esos intereses (argto. conf. doct. del Rosario, Cristian O., "El beneficio de gratuidad y su alcance en las acciones de clase", TR, LA LEY, AR/DOC/1471/2009).
Esta problemática, es decir, el pago de la publicación edictal en el marco de acciones colectivas donde quien acciona cuenta con el beneficio de justicia gratuita, ya ha sido abordada por la Justicia Nacional. Siguiendo este sentido, la Sala D de la Cámara Nacional del Comercio, dispuso que "...no debe perderse de vista que la comunicación del proceso debe ser una medida dispuesta a favor de los consumidores y, por lo tanto, no puede constituir una barrera para litigar colectivamente; lo cual acontecería si se obliga a la actora a publicar edictos cuyo valor económico resulta excesivamente oneroso. Porque en nuestro sistema legal, la forma más adecuada de cumplir con la comunicación a los consumidores es la publicación de avisos en un diario de amplia difusión..." (causa "Asociacion por la Defensa de Usuarios y Consumidores C/ Banco Santander Rio S.A. S/Ordinario" res. del 30/10/2014).
Por su parte, la Sala F de ese organismo sentenció que "...el art. 55 de la ley 24.240 (T.O. por el art. 28 de la ley 26.361) se enrola dentro de la innegable finalidad protectoria del ordenamiento en la materia, ordenada a promover el amplio y efectivo ejercicio de los derechos que asisten a los consumidores y usuarios, cuando dispone que las actuaciones judiciales que se inicien en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita. Desde esta conceptualización se ha propugnado la irrestricta gratuidad de los procesos que se inician en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, entendiéndoselo integrativo tanto del pago de impuestos y sellados de actuación -que concierne al acceso a la jurisdicción como de los demás gastos que genere la tramitación del proceso, tales las costas causídicas (...) Por tales motivos no corresponde que la asociación actora cargue con el costo de publicidad..." (causa "Unión De Usuarios y Consumidores (Asoc. Civil) C/ Kia Motors Argentina S.A. S/ Ordinario", N° 14730/2014 del 12/07/2018). En ese orden de ideas, no advertimos motivos para excluir de esa franquicia a la publicación edictal en el diario de mayor circulación provincial optado por el accionante en la presentación del 19 de abril de 2021. No obstante, y como señala la Asociación al responder el recurso, esto no significa lisa y llanamente que Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. deba realizar esa publicación en forma gratuita. Por el contrario, esto implica que al no poder hacerle cargar ese costo a la accionante representante de los consumidores, en virtud de lo dispuesto por la ley 24.240, ese pago quedará supeditado a lo que eventualmente pueda resolverse en la sentencia definitiva en cuanto a la imposición de costas (argto. art. 55 de ley 24.240).
Entendemos que la "prensa" (escrita, oral o visual, sea a través de los diarios, revistas, cinematografía, radiotelefonía, televisión o transmisión electrónica por aire o satelital de imágenes y sonido), representa el medio o servicio que atiende los reales fines humanamente valiosos, es decir, los que conducen a la comunicación social. El desarrollo de las técnicas de divulgación de que se vale la prensa y su tendencia a la globalización, conduce necesariamente a la competencia entre poderosas empresas comerciales que pone en conflicto su necesidad de producir ganancias con la responsabilidad y función social que incumbe a quienes manejan dichos medios (argto. conf. doct. Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad social de los medios masivos de comunicación. La sociedad mediática", TR, LA LEY, AR/DOC/2320/2001).
Por las razones expuestas, advirtiendo que lo decidido no implica una restricción irrazonable al derecho de propiedad del medio gráfico apelante -art. 17 CN- (toda vez que podría perseguir el cobro de la publicación a quien sea condenada en costas) corresponde mantener la decisión de primera instancia.
Al margen de lo resuelto, hágase saber al señor Juez de primera instancia que en el de caso que en su organismo tramiten actuaciones análogas a la presente -o que se inicien en el futuro-, en las cuales se requiera la publicidad de acciones colectivas en diarios de gran circulación sin cargo para la asociación accionante, deberá optar por alternar entre los distintos medios que tengan distribución masiva a fin de evitar "recargar" sólo a uno ellos con este tipo de comunicados.
V. Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas y lo normado por los arts. 34 inc. 3º ap. b), y 5to, 36, 161, 241, 242, 246, 260 y ccds. del CPCC, 53 y 55 de la ley 24.240, arts. 42 y 116 de la CN.
RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación en subsidio deducido el 1 de julio de 2021, y en consecuencia, confirmar el proveído del 29 de abril en lo que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68, 69 y ccds. del CPCC.). REGISTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPCC., devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA.
Fin de la sentencia