Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 165928
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso de apelación articulado en fecha 09-02-2022 (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas al ejecutante atento su carácter de vencido y en función de la réplica de fecha 09-03-2022 (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 165928. JUZGADO N ° 1.
"FISCO PCIA BS AS C/ CONO SUR SA S/ APREMIO".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " FISCO PCIA BS AS C/ CONO SUR SA S/ APREMIO " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora contra la resolución de fecha 30-12-2021.
I. En el auto cuestionado el Juez: 1) rechazó la la impugnación a la liquidación formulada por el Dr. Monterubianesi -representante de la parte ejecutante- destinada a adoptar el monto del presunto acuerdo acompañado en la presentación electrónica del 23-09-2020 ($487.019,50) como base regulatoria para las presentes; 2) hizo lugar a la impugnación en cuanto a la exclusión del cómputo de intereses en el pie tarifario por la excepción de prescripción, fijándolo en la suma de $5.275.987,52; 3) ordenó practicar una nueva liquidación por la parcela del reclamo que prosperó; 4) impuso las costas por su orden.
II. El 09-02-2022 apeló el ejecutante. Sus agravios se orientaron a que se tome como base regulatoria para todos los letrados el monto del presunto acuerdo celebrado por la parte ejecutante y el codemandado Cono Sur S.A.
Así, se quejó de que la sentencia ordenase practicar una nueva liquidación sin tener en cuenta el mencionado instrumento. Se agravió de que la base regulatoria para los honorarios de la Dra. Franchini - representante del codemandado Bacigalupo- fuese mayor a la del acuerdo formulado con el codemandado Cono Sur.
Indicó que resultaba erróneo considerar un monto a los fines de abonar los honorarios del representante del Fisco -parcela de la ejecución que progresó- y otro para los de la letrada del codemandado -por la excepción de prescripción-.
En ese sentido, pretendió que se adopte como base regulatoria para los honorarios de la Dra. Franchini el monto del acuerdo de pago pues -a su modo de ver- y pese a no haber intervenido, la letrada consintió el acuerdo al solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre su parte.
En relación a ello, señaló que lo resuelto por el juez -en cuanto a que el instrumento presentado resultaba ineficaz por reunir los recaudos necesarios para ser considerado un acuerdo al carecer de firma ológrafa de las partes- constituía un exceso de rigor formal en tanto el acto había cumplido con su finalidad -cual fuera cancelar la deuda del codemandado Cono Sur S.A. con el Fisco-.
La presentación mereció replica de la contraria en el escrito electrónico del 09-03-2022 al cual nos remitimos.
III. El recurso no prospera.
1. La base regulatoria a adoptar por la parcela de la ejecución que progresó no es la misma que se debe utilizar para cuantificar la excepción de prescripción acogida. Así, cada pie tarifario deberá ser estimado teniendo en cuenta el interés jurídico perseguido por los litigantes, los que, a su vez, se encuentran alcanzados por distintas normas y escalas arancelarias, ya que la acción principal se rige por el art. 22 de la ley 13.406, en tanto por la excepción es de aplicación el art. 47 del Decreto-Ley 8904/77.
Es que, para fijar los honorarios de la liquidación que se refiere únicamente a la excepción corresponde tomar una base regulatoria distinta de la que deberá ponderarse a los fines de practicar la regulación por la ejecución, atendiendo al valor económico que representa el éxito parcial obtenido (esta Sala en c. 101.203 RSI-970-97).
Coincidimos con Hitters y Cairo cuando indican que " Para determinar el monto del juicio a los efectos de la Ley de Honorarios Profesionales, debe mensurarse el interés puesto en juego por las partes, pues cuando es susceptible de apreciación pecuniaria, constituye la base regulatoria el quantum de la pretensión accionada. Sobre el mismo recae la labor (y la responsabilidad) de los profesionales actuantes. El total de la condena refleja de forma simétrica e inversa el éxito y el fracaso de la tarea de los letrados que asistieron a ambas partes enfrentadas: de la misma manera que lo reclamado y no reconocido por la sentencia marca el éxito de la defensa y -paralelamente- el fracaso del actor" (“Honorarios de abogados y procuradores”, p. 266, LexisNexis, Buenos Aires, 2007).
Al respecto, esta Sala ha sostenido que " Si el reclamo inicial fue desestimado en parte como consecuencia de la recepción de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, corresponde distinguir dos bases regulatorias. Una estará dada por la suma en que progresa la demanda y a partir de ella se le regularán honorarios al letrado del actor como vencedor y al del demandado como vencido. La otra se fijará en la cifra por la que prosperó la defensa aludida, ya que en este aspecto es ese el "valor económico" comprometido, es decir el de la disminución de la condena. Para este segundo caso los roles de vencedor y vencido se invertiran.-. " (c. 102.260 RSI-702-97 del 17/07/1997).
2. En el caso observamos que, más allá al análisis realizado por el juez en cuanto a la validez del instrumento presentado como acuerdo de pago cuyo análisis queda desplazado en función de lo explicado en el punto anterior, la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho toda vez que diferencia la base regulatoria a tener en cuenta para la parcela de la acción que progresó (períodos por los que se acompañó el acuerdo y por los que ordenó practicar una nueva liquidación) de aquella a utilizar para estimar los honorarios por la excepción de prescripción acogida (períodos por los que se rechazó la ejecución).
El argumento brindado por el recurrente sobre la oponibilidad del acuerdo celebrado a aquellos letrados y partes que no intervinieron en su confección, resulta ineficaz para atacar la base regulatoria de la excepción de prescripción ya que el objeto del acuerdo fue, precisamente, el pago de la deuda por los períodos por los que progresó la acción, mientras que la excepción no debe ser cuantíficada en base a tal instrumento sino en relación a los períodos por los que se receptó: es decir los títulos ejecutivos identificados con los números 77857 (por $4.851.725,14) y 77859 (por $424.262,38) que ascienden en total a $5.275.987,52.
Nada se dijo en el acuerdo respecto a la excepción de prescripción -ni tampoco se debió decir- pues el codemandado que opuso la defensa no es el mismo que el que realizó el acuerdo con la parte actora. Repárese que el instrumento acompañado en fecha 28-10-2020 fue celebrado -presuntamente pues carece de firmas ológrafas- entre el Fisco ejecutante y el codemandado Cono Sur S.A, mientras que la excepción de prescripción fue opuesta por el codemandado Anibal Bacigalupo.
Por lo tanto, deberán valorarse las tareas de forma independiente, cuantificándose por un lado las retribuciones correspondientes a la ejecución que progresó -y por las cuales resulta vencedora la parte actora y vencida la parte demandada- y por otro aquellos honorarios devengados por la excepción de prescripción por los períodos comprendidos entre enero de 1992 y septiembre de 1996 (conf. sent. fs. 981/993) -en los cuales los roles de vencedor y vencido se han invertido-.
Es que, debe tenerse en cuenta que si la accionada resultó vencida en lo principal, pero a su vez resistió la pretensión de su contraria para que no se incluyan determinados rubros solicitados en la demanda (posteriormente desestimados por el Juez), se trata de un vencimiento parcial del ejecutante. En consecuencia, el actor debe cargar con las costas respecto de las pretensiones no receptadas (ob. cit p. 266).
Consecuentemente, corresponde desestimar el embate introducido por la parte ejecutante en cuanto ha sido objeto de análisis y confirmar la resolución que ordena practicar una nueva liquidación por la parcela de la acción que progresó y fija la base regulatoria por la excepción de prescripción en la suma de $5.275.987,52.
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Desestimar el recurso de apelación articulado en fecha 09-02-2022 (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas al ejecutante atento su carácter de vencido y en función de la réplica de fecha 09-03-2022 (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 08:50:05 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2022 11:17:10 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2022 12:06:06 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 21/04/2022 13:41:06 hs. bajo el número RR-155-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia