Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174290
Expedientes nº 174.095 y 174.290 – Juzgado n°15
// En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos: “TURATI Sabrina c. HEREDEROS CELIA VIVIANA TURATI s. Simulación” y “SERIO María Luján c. TURATI Sabrina s. Desalojo”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Rubén Oscar Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: El Sr. Juez de primera instancia dictó sentencia única el 28.12.2021, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva promovida por la escribana Sylvia Paurici rechazando la demanda de simulación promovida contra ella y su aseguradora, Chubb Argentina de Seguros SA, e impuso las costas en el orden causado.
Admitió la demanda iniciada por Sabrina Paola Turati contra Celia Viviana Turati, declarando simulada la compraventa del inmueble de calle Manuela Pedraza n° 28/23 piso 5° unidad “20” de la C.A.B.A. celebrada el 26.12.1996, y ordenando la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, para que se tome nota del fallo y se proceda a dar de baja al asiento respectivo, con costas a la demandada.
Rechazó el desalojo promovido por María Luján Serio (hija y apoderada de Celia Turati) contra Sabrina Paola Turati, y le impuso las costas.
Para decidir como lo hizo estableció que el régimen legal aplicable era del Código Civil derogado pues tanto la presunta compraventa simulada como la alegada causal de desalojo se produjeron con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código.
Entendió que la simulación había sido absoluta e ilícita, por el perjuicio que le había causado a la actora, Sabrina Paola Turati (refiriéndose al peligro de ser desalojada del inmueble). Juzgó que su carácter de heredera de una de las partes otorgantes del acto (su padre Sr. Guillermo Pascual Turati), determinaba que, ante el perjuicio, se la debiera considerar una tercera respecto al negocio simulado, y que no resultara aplicable el art. 3410 del CC.
Consideró relevante al documento agregado a fs. 4-5- del expediente de medidas cautelares y valoró los siguientes indicios: a) la declaración de voluntad contraria a la de la escritura de compraventa fue celebrada el mismo día y se certificaron las firmas por ante otra escribana; b) los instrumentos estaban en poder de la actora, lo que permite presumir que los tenía su padre cuando murió, pese a que el primer testimonio de la escritura fue expedido para la compradora; c) a los pocos meses de la muerte de Turati, se solicitó un segundo testimonio en el Registro de la Propiedad, trámite que, en principio, sólo puede ser realizado por el titular dominial; d) la conducta asumida por la demandada frente al contradocumento, pues pese a desconocer su existencia, no redarguyó de falsedad la certificación de su firma; e) la afirmación de haber otorgado un usufructo en favor de su hermano, sin acreditarlo con la escritura pública exigida por la ley.
Efectuó una valoración final en atención a que si se considerara que el acto simulado no fue otorgado con el fin de perjudicar a la actora, igualmente el perjuicio hubiera sobrevenido ante la posibilidad de ser desalojada del inmueble.
Si la simulación fuera lícita, argumentó, la Sra. Turati, como sucesora a título universal, debería ser considerada parte, en cuyo caso, la presencia del contradocumento llevaría al mismo resultado, la nulidad del acto simulado.
Al hacer lugar a la demanda por simulación rechazó la acción de desalojo, por no resultar la Sra. Celia Viviana Turati titular del inmueble, ni estar obligada la demandada –Sabrina Turati- a su restitución.
II: Apeló la Sra. María Luján Serio, el recurso le fue concedido libremente, la expresión de agravios fue presentada el 25.3.2022 y contestada el 13.4.2022.
Los agravios de la apelante pueden sintetizarse así:
i) Cuestionó que se haya considerado a Sabrina Turati con derecho a demandar la simulación absoluta, pues nunca indicó cuál era la causa simulandi, es decir el interés que llevó a las partes a celebrar el contrato, porque de haber sido perjudicar a acreedores o terceros ella nunca podría haber ejercido la acción.
El perjuicio por el que el Juez la consideró un tercero no surge de las “escuetas” manifestaciones en la demanda ni está acreditado.
El contradocumento en que basó la actora su acción fue el único elemento probatorio que aportó, fue desconocido (en el segundo agravio la apelante desconoció su autenticidad ideológica), y estaba en su poder, lo que constituye un indicio de que fue parte de la supuesta maniobra ilícita, lo que le impediría promover la acción.
Si se la hubiera querido perjudicar como heredera, el instrumento no hubiera estado en su poder, y constituyó un exceso del Juez razonar que era su padre quien lo tenía.
ii) Criticó la valoración de las pruebas efectuada, porque se basó en el contradocumento con firmas certificadas, circunstancia que “si bien lo configuraría como un instrumento público enumerado por el art. 960 del Código Civil derogado” (sic), lo cierto es que esa certificación no hace plena fe de su contenido, máxime cuando no fue acompañado de otros medios probatorios para acreditar su veracidad.
Enumeró las posiciones doctrinarias elaboradas en torno a “si la certificación es un instrumento público o privado y si el documento en que va inserto se convierte en instrumento público” (sic), destacando que en el contradocumento se menciona un poder que habría otorgado la compradora, que no se agregó y cuya existencia no se demostró.
Sostuvo que había una violación del principio dispositivo, porque el Juez había hecho una “exagerada” aplicación del principio dinámico de la prueba, y su análisis de la actividad probatoria de ambas partes era “sesgado”.
Adujo que no se tuvo en cuenta que la actora no detalló los motivos que podrían haber llevado a su padre a celebrar la compraventa; no existen hechos que por su precisión, gravedad y concordancia “se conviertan en indicios no desvirtuados” que permitan tener por probada la simulación mediante presunciones.
Tampoco impugnó en la demanda el contenido del instrumento público “cuya simulación pretende que se decrete” (sic), ni desconoció la posesión ejercida por la demandada, por tradición anterior al acto escriturario.
En relación al juicio de desalojo, solicitó que una vez rechazada la acción de simulación se hiciera lugar al desalojo de la Sra. Sabrina Turati.
III: La sentencia debe ser confirmada.
En cuanto a los fundamentos desarrollados por el Sr. Juez sobre el carácter de parte o tercero de la actora respecto al acto simulado, considero que es necesario efectuar algunas precisiones.
Cuando quien acciona por simulación es un sucesor universal, puede actuar con idéntico interés al de su antecesor, y por ello debe producir la prueba de la simulación en las mismas condiciones que se le exigían a él (art. 1195 y 960 del CC; art. 1024 y 335 del CCCN; Zannoni Eduardo A., “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos”, ed. Astrea, Buenos Aires 1986, pág. 397).
Si tuviera un interés contrario, como en el caso del legitimario que ataca una venta simulada por el causante, se lo reputa tercero, y puede valerse de todo medio de prueba, pero en ese caso, adquiere particular relevancia la demostración de la causa simulandi, es decir, de los móviles que guiaron a las partes en el acuerdo simulatorio, y que tienen estrecha relación con la licitud o ilicitud de la simulación (Cifuentes Santos, “Negocio jurídico”, ed. Astrea, Buenos Aires 1986, págs. 511 y 533).
La causa simulandi no es recaudo exigido legalmente, y, por lo tanto, no cabe imponerla como condición sine qua non para probar la ficción del acto simulado, pero se vuelve de demostración imprescindible, como excepción, cuando se indaga acerca de la ilicitud de la simulación (Mosset Iturraspe Jorge, “Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios”, ed. Ediar, Buenos Aires 1974, Tomo I, pág. 270; Zannoni Eduardo A., ob. cit., pág. 356).
Si bien la jurisprudencia actual pone de resalto el rol del demandado, el papel principal en la demostración de la simulación le corresponde al actor, con base en los criterios de apariencia –se trata de modificar la situación jurídica creada-, de normalidad –la mayor parte de los negocios jurídicos que se celebran son auténticos, veraces, serios-, de conservación –debe estarse por la validez y eficacia del negocio realizado-, y también, aunque íntimamente ligados a los principios expresados, con fundamento en el orden y la seguridad jurídicas (Mosset Iturraspe Jorge, “Negocios simulados…”, ob. cit., Tomo I, pág. 243 y 244).
El indicio necessitas funciona como contracara de la causa simulandi, porque mientras ésta intenta explicar el motivo de la falsedad del negocio aparente, el primero busca explicar su veracidad, su existencia real. Del fracaso de esta explicación, de la carencia de una necesidad a satisfacer con el negocio impugnado, se extrae un dato simulatorio. No basta la alegación de un motivo, debe ir acompañado de la prueba porque sólo de esta manera se podrá justificar el negocio (esta Sala, exped. 134.237, Acuña Adriana Esther c. Dietsch Mónica y otros s. Simulación”, sent. del 28.10.2009; expte. n°100.121, “González Peón c. Sinat Raúl y otro s. Nulidad de acto jurídico por simulación”, sent. del 10.7.2010).
Muñoz Sabaté señala que es innegable que el más eficiente dispositivo para atacar un indicio de causa simulandi es precisamente la existencia de una buena respuesta al necessitas, y que la fijación de este indicio ha de surgir casi siempre de la actitud y respuestas que desarrolle el demandado de simulación (Muñoz Sabaté José, “La prueba de la simulación”, ed. Hispano Europea, Barcelona 1972, pág. 239).
III.2: Al igual que mi colega de la instancia anterior, estimo que en cualquiera de las hipótesis en que me ubique, la demanda de simulación debe ser admitida.
III.2.1: A mi modo de ver la actora ha actuado como sucesora a título universal de su padre (art. 1195 del CC; arts. 400, 1021, 1024 y ccdtes. del CCCN), y presentó la prueba que se le hubiera exigido a él, el contradocumento, que en original se encuentra agregado a fs. 4-5 del expediente caratulado “Turati Sabrina Paola c. Turati Celia Viviana s. Medidas precautorias”, que tengo a la vista (art. 960 del CC; art. 335 del CCCN).
i) Ese instrumento privado tiene certificada la firma de la Sra. Celia Turati por ante la notaria Chimenti de Suárez (fs. 5), lo que le confiere fecha cierta (art. 1034 y 1035 del CC; art. 317 del CCCN).
Es cierto que la adquisición de fecha cierta ninguna relevancia tiene respecto a la veracidad del contenido del instrumento, pero no lo es menos que la firma de la Sra. Turati fue un hecho pasado ante la presencia de la oficial público, por lo que hace plena fe hasta que sea redargüido de falso (art. 993 del CC; art. 296 inc. a) del CCCN).
Al estar certificada su firma, el contenido queda reconocido entre las partes del acto (arts. 1026 y 1028 del CC; art. 314 segundo párrafo del CCCN).
Por lo tanto, la sola negativa de la demandada al contestar la demanda de simulación, negando haber firmado el contradocumento (fs. 38 vta.), o no recordando haberlo firmado (fs. 43 vta. del juicio de desalojo, punto 3, quinto párrafo) no es suficiente para tenerlo por legalmente desconocido si no promovió la redargución de falsedad de la certificación.
ii) La parte actora sólo tenía que producir prueba en contrario sobre la veracidad del acto instrumentado en la escritura pública n° 362, otorgada por ante la escribana Sylvia Paurici (fs. 1 a 3 del expediente de medidas cautelares).
La apelante señaló que no fueron desconocidos el “contenido del instrumento público” ni las cláusulas relativas al precio pagado o a la entrega de la posesión, olvidando que lo que se planteó fue precisamente la nulidad de ese acto.
La lectura de la escritura, me permite apreciar que el domicilio del vendedor que allí figura es en el inmueble objeto de la compraventa (fs. 1); el precio fue de $ 18.000, pero Turati manifestó que “lo ha recibido con anterioridad a este acto en dinero en efectivo y a entera satisfacción de manos de la nombrada adquirente” (fs. 2); en relación a la posesión, la compradora manifestó que “se encuentra en posesión material y efectiva de lo adquirido en virtud de la tradición operada con anterioridad a este acto” (fs. 2, “Agregando”).
Esas “manifestaciones” de las partes al escribano, pueden ser controvertidas por simple prueba en contrario, pues no se trata de hechos pasados ante él o cumplidos en su presencia (arts. 994 y 995 del CC; art. 296 inc. b) del CCCN).
Rivera señalaba durante la vigencia del código anterior, que cuando los arts. 994 y 995 hablaban de “plena fe” debían interpretarse en el sentido de que hacen “prueba completa”, que no tenía el mismo significado de “prueba indiscutible”. De modo que “si por cualquier medio se demuestra la falta de sinceridad de lo vertido en el instrumento, éste caerá”, y esa prueba contraria pueden realizarla tanto las partes como los terceros (Rivera Julio César, “Instituciones de derecho Civil. Parte general”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2010, Tomo II, pág. 459).
iii) La escritura n°362 y el contradocumento fueron firmados el mismo día, 26.12.1996 (fs. 1 y fs. 4 respectivamente), por ante distintas notarias, hecho que la demandada consideró “sospechoso” (fs. 39, quinto párrafo), sin advertir que sólo ella conoce la causa del obrar que ahora pretende desconocer.
El contradocumento está destinado a mantenerse oculto, fuera del alcance de los terceros, y debe contener el acuerdo simulatorio celebrado. No se trata de una contradeclaración que deja sin efecto o modifica la que contiene el acto aparente o simulado, “sino el reflejo instrumental de la maniobra desarrollada por las partes para fingir un acto jurídico que exhibe una determinación causal que es querida sólo como una apariencia para engañar a terceros, la evidencia de la falta de sinceridad” (Saux Edgardo Ignacio, “Tratado de Derecho Civil Parte General”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018, Tomo III, pág. 629, con cita en nota 211 de Cámara Héctor, “Simulación en los actos jurídicos”, ed. Depalma, Buenos Aires 1944, pág. 139).
Los autores coinciden en que puede otorgarse en forma simultánea o antes o después del acto simulado (Saux, ob. cit., pág. 629; Zannoni, ob. cit., pág. 398), pero siempre debe tener simultaneidad intelectual, lo que significa que debe ser “fiel reflejo de la intención común de probar la apariencia de un negocio concreto, lo que se infiere de su sentido y alcance” (Cifuentes, ob. cit., pág. 522, quien indicaba que la simultaneidad intelectual era una idea clásica y firmemente recibida de Demolombe).
No caben dudas de la simultaneidad intelectual de la compraventa instrumentada en la escritura n°362 con el contradocumento de fs. 4-5, en el que la demandada afirmó que el inmueble “pertenece en propiedad a mi hermano Guillermo Pascual Turati, argentino, soltero, con Documento Nacional de Identidad 4.192.299, el cual podrá disponer del mismo con la utilización de un poder general otorgado por mí en otra oportunidad” (fs. 4).
Al contestar la demanda, argumentó que Turati no podía disponer del inmueble sin ese poder que nunca se otorgó (fs. 39, párrafo sexto), pero eso es irrelevante a la hora de establecer si él o su hija podían ejercer la acción de simulación basada en el contradocumento.
iv) La Sra. Turati no ha alegado y mucho menos probado que la simulación fuera ilícita, de manera de intentar vedarle el ejercicio de la acción a su sobrina (arts. 957 y 959 del CC; arts. 334 y 335 del CCCN; ver contestación de demanda de fs. 38-40).
Sus argumentos a la hora de justificar por qué su hermano siguió viviendo 15 años y casi 6 meses hasta su muerte, ocurrida el 8.7.2012 (certificado de defunción de fs. 29 del juicio de desalojo) en el inmueble que le había vendido son, además de contradictorios, poco creíbles a la hora de acreditar la necessitas que señala la doctrina.
Cuando su hija promovió, como apoderada, la demanda de desalojo (con el poder de fs. 2-7), adujo que le había prestado a su hermano el departamento “pues vivía solo y se encontraba mal de salud” (fs. 13, último párrafo); en el mismo expediente, al contestar el traslado de la documentación, agregó que como no tenía nadie que lo pudiera cuidar, “decidió hacerse cargo del hermano y lo dejó viviendo en el departamento para que lo utilizase hasta el fin de sus días” (fs. 43 vta.).
El punto 3 de su presentación fue titulado “Usufructo. Hechos Nuevos”, y en él afirmó que el hermano tenía el “pleno uso y goce” del inmueble pero no podía disponer de él, y que “le prestó el departamento porque no tenía donde vivir” (fs. 43 vta. y fs. 44 del expediente de desalojo).
Claramente está aludiendo a un comodato pues, como bien señaló el sentenciante, no agregó la escritura pública en que se debería haber instrumentado el usufructo de existir (art. 1184 inc. 1 y 2255 del CC; art. 1017 inc. a) y 1533 del CCCN).
Al contestar la demanda de simulación, reiteró la versión sobre el usufructo otorgado “por un acuerdo entre hermanos” para que lo usara “hasta el fin de sus días” (fs. 38 vta., apartado b).
Esta versión de los hechos fue negada por Sabrina Turati al contestar la demanda de desalojo (fs. 31 vta.), y no fue acreditada en ninguno de los dos expedientes acumulados (art. 375 del CPCC).
v) Sólo ahora, al apelar la sentencia, la demandada argumentó que la actora no había indicado la causa simulandi en su escrito inicial, y que si el “motivo” del acto simulado había sido perjudicar a acreedores o terceros, no podía ejercer ninguna acción; la cuestión no fue sometida a la decisión del Sr. Juez (art. 272 del CPCC).
La referencia a que Sabrina Turati habría sido “parte” de una “supuesta maniobra simulatoria ilícita” porque si se la hubiera querido perjudicar en sus derechos hereditarios el contradocumento no estaría en su poder, no resiste el análisis.
La demandada no ha podido explicar por qué su hermano tenía en su poder el primer testimonio de la escritura n°362 (pese a que en el texto del instrumento se indicó que se expidió para la COMPRADORA, a fs. 2 vta.), y el contradocumento por ella firmado, si no fue porque ella misma se los entregó.
La conclusión del Sr. Juez lejos de ser arbitraria es la que se corresponde con las constancias de las causas.
Adviértase que cuando se promovió la demanda de desalojo, no se acompañó la escritura sino un informe de dominio, porque claramente no la tenía en su poder.
Del informe del Registro de la Propiedad Inmueble agregado a la causa de desalojo el 17.3.2021, surge que con fecha 16.11.2012 se anotó un segundo testimonio del acto inscripto en el asiento 10 –la compraventa de Celia Turati-, que no figura en el informe de dominio de fecha 30.10.2012, agregado por Sabrina Turati al iniciar el expediente de medidas cautelares (fs. 11). Ese juicio fue iniciado el 14.11.2012 (fs. 20 vta.) y la actora ya tenía la escritura en su poder.
vi) El expediente de medidas cautelares fue iniciado el 14.11.2012 (fecha que se correlaciona con la de expedición del informe de dominio obrante a fs. 8-11, del 30.10.2012), acompañando la escritura original y el contradocumento.
La lectura del escrito de inicio, donde en ningún momento se refiere a que su padre hubiera querido perjudicarla, refuerza mi convicción de que Sabrina Turati actuó como sucesora a título universal, pues el eventual perjuicio que el Sr. Juez valoró –el de ser desalojada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.