Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176774
Expediente nº 176. 774 – Juzgado n°5
// En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “PIOLI Víctor Nicolás s. Sucesión ab intestato”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia del 14.12.2022 el Sr. Juez de primera instancia desestimó el planteo efectuado por la Sra. Adela Ayache, conviviente del causante, con costas.
Tomó como base regulatoria la suma de $ 1.366.284,32 depositados en autos por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, y reguló los honorarios de los Dres. Horacio Ceferino Fernández Albouy, gestor procesal de la incidentista y del Dr. Ramiro René Rech, patrocinante de los herederos, en las sumas de 4,19 jus (equivalentes a $ 28.718,26) y 5,98 jus (equivalentes a $ 40.986,92) respectivamente, con más aportes.
Dispuso además que una vez firme la sentencia y cumplido con el art. 21 de la ley 6716 se levantaría la medida de no innovar decretada el 10.11.2022.
Para decidir así, se refirió en primer lugar a las distintas posturas jurisprudenciales respecto a la aplicabilidad del art. 20 de la ley 14.370 a los retiros militares que tienen un régimen propio en la ley 19.101.
Señaló que de acuerdo a lo informado por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares la suma depositada se integra con un retroactivo devengado hasta el 31.10.2019 de $ 371.067,97, con anterioridad a la muerte del Sr. Pioli, con más la suma de $ 995.216,35 en concepto de intereses generados hasta el 28.2.2022.
Entendió que los haberes devengados con anterioridad al fallecimiento del causante integran su acervo sucesorio al igual que los intereses que generaron.
Agregó que de la consulta de dos páginas web que menciona, surgía que no corresponde el pago de haberes devengados y no percibidos a los convivientes de un retirado militar, y un informe del propio Instituto, según el cual “…los actores (…) Víctor Nicolás Pioli (DNI 5.477.447) se encuentran fallecidos. Por tal motivo, en cuanto las sumas aprobadas a su favor integran el acervo hereditario…”.
II: Apeló el Dr. Fernández Albouy con fecha 24.12.2022, el recurso le fue concedido en relación, y el memorial fue presentado el 9.2.2023 sin merecer respuesta.
En su único agravio el apelante destacó que el causante y la Sra. Ayache habían convivido por más de 30 años, y que el Sr. Poli era beneficiario de una caja de previsión social, y que al fallecer, ese beneficio devino en el derecho de pensión a favor de su representada, cuestión que está acreditada mediante prueba documental y “reconocida por la contraria”.
Adujo que la supuesta distinción entre jubilado y retirado no era tal, pues la Sra. Ayache era beneficiaria, en razón de su convivencia, del beneficio de pensión, y los intereses generados, un accesorio de la obligación principal, que, en el caso es el propio beneficio del cual derivan.
El texto del decreto reglamentario 3019/83 (de la ley 22.919) invocado por los actores, establece en su art. 23 inciso i) que los haberes devengados por fallecimiento integran el acervo sucesorio del causante, pero no se ha advertido que en el caso existe un tercero con mejor derecho que los herederos.
La discusión sobre si es un ajuste previsional o no, agregó, es secundaria, porque si la Sra. Ayache es beneficiaria previsional, debe serlo de los ajustes que se generan en consecuencia.
Concluyó afirmando que era “absurda” la argumentación de que se están reclamando sumas de dinero, ya que lo importante es la causa por la cual se generaron esas sumas, “no se ejecuta un instrumento, es una discusión en torno a un beneficio previsional” (se refirió a los argumentos de los herederos al contestar su presentación de fecha 7.11.2022).
Solicitó la revocación de la sentencia y que se declarara a su patrocinada beneficiaria de la suma depositada.
III: La sentencia debe ser confirmada.
III.1: El análisis de la legislación aplicable y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en causa S. 218 XXXV, “Salgueiro Elida Josefa c. ANses s. Reajustes por movilidad” (sent. del 3.12.2002), armónicamente interpretados me permiten llegar a esa conclusión (art. 2 del CCCN).
i) El fallo de la Corte Suprema nacional fue citado por la Cámara Federal de la Seguridad Social Sala III, en los autos “Villarreal Ramón Antonio c. ANSES s. Reajustes varios” (causa 128.911, sent. del 6.11.2014), invocado por el apoderado de la Sra. Ayache al efectuar su planteo con fecha 7.11.2022 (Punto II “Antecedentes”, párrafo segundo).
Allí se resolvió reproduciendo los argumentos del Sr. Fiscal General subrogante Gabriel de Vedia, que los importes devengados al momento del fallecimiento del causante deben ser percibidos por su viuda a la que se le otorgó la pensión, por aplicación del art. 20 de la ley 14.370 y según lo resuelto por la Corte Nacional en el fallo “Salgueiro”.
Sin embargo la lectura del fallo del Superior Tribunal permite apreciar que la allí actora se había agraviado por la limitación que la Alzada había establecido respecto a las diferencias retroactivas que debían ser abonadas, sosteniendo que no correspondía que se las liquidara a partir del 1.8.1993 que era la fecha inicial de pago de su beneficio, pues no se trataba de una prestación nueva (considerando 2).
Y en el considerando tercero que ha sido genéricamente reproducido, la Corte dijo: “Que tal objeción es procedente ya que el a quo no advirtió que la fecha indicada en la resolución administrativa de fs. 17 correspondía a un beneficio derivado de una jubilación por invalidez dada de alta en el año 1984 (fs. 11), por lo que corresponde revocar lo decidido sobre el punto, pues los importes devengados al tiempo del fallecimiento del causante deben ser percibidos por su viuda a la que se le otorgó pensión, de conformidad con las disposiciones del art. 20 de la ley 14.370” (Fallos: 200:283 y 248:115)”.
Ninguna discusión hubo entre la viuda beneficiaria de la pensión derivada por fallecimiento de su cónyuge –que no era militar- y otros herederos que pudieran reclamar derechos sobre los reajustes.
Así lo demuestran los precedentes citados en el fallo, pues en “Piera López Lola V. c. Provincia de Tucumán” (Fallos: 200:283, sent. del 22.6.1943), se le había negado a una hija mayor de edad la pensión derivada del fallecimiento de su madre, por aplicación de la ley de Montepío Civil de la provincia, y en “García de Thorndike María Helena” (Fallos: 248:115, sent. del 24.10.1960), se discutía si la cónyuge a la que se le había otorgado la pensión por muerte de su marido, antes de la sanción de la ley 14.367, debía compartirla con un hijo adulterino menor de edad, luego de la entrada en vigencia de la ley que eliminaba esa calificación.
Sin embargo, reitero, el fallo ha sido indiscriminadamente citado en apoyo de los derechos de la “viuda” frente a los restantes causahabientes.
ii) La lectura de las normas aplicables me lleva también a compartir la decisión apelada.
a) La ley 14.370 (B.O. 18.10.1954) estableció el “Nuevo régimen de jubilaciones a otorgarse por las Cajas Nacionales de Previsión”, y en el citado art. 20 dispuso:
“El importe de los haberes de las prestaciones que quedaran impagos al producirse el fallecimiento del beneficiario, hubiese o no solicitado el beneficio y que no se hallaren prescritos, sólo podrá hacerse efectivo a los causahabientes del mismo comprendidos en la presente ley entre quienes serán distribuidos conforme al orden y forma previstos para las pensiones.
En caso de no existir algunas de las personas mencionadas precedentemente, los haberes impagos podrán abonarse a quien haya sufragado los gastos de sepelio y última enfermedad del causante y sólo hasta el monto de lo abonado por estos últimos conceptos”.
El art. 17 establecía en lo que aquí interesa que:
“En los casos en que las leyes nacionales de previsión reconozcan derecho a jubilación y ocurra el fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a gozar de la pensión que las mismas instituyen, las personas enumeradas a continuación, por orden de prelación excluyente:
a) La viuda del causante, en concurrencia con los hijos varones hasta los 18 años de edad e hijas solteras hasta los 22”.
En el art. 23 se disponía que los afiliados que hubieren prestado servicios en los distintos regímenes comprendidos en el decreto 9316/46 (“Régimen de Reconocimiento y Reciprocidad para el Cómputo de Servicios Prestados en Distintas Cajas”, del 2.4.1946), sólo podían obtener una prestación única considerando la totalidad de los servicios prestados y las remuneraciones percibidas.
La única referencia al personal de la Administración Nacional se encuentra en el art. 33, que dispone que el P.E. podrá disponer con carácter obligatorio y cuando lo estime oportuno, el pago de aportes y contribuciones jubilatorias sobre los adicionales, bonificaciones, suplementos y complementos de asignaciones y toda otra remuneración o retribución que integre el haber mensual del agente, siempre que su liquidación tenga el carácter de regular, habitual y permanente.
c) La ley 19.101, “Ley para el Personal Militar” fue dictada el 30.6.1971, es decir, 17 años después de la ley 14.370.
Resultan aplicables al caso las disposiciones de su Título IV, “Pensionistas de Personal Militar”, que en su art. 82 establece quiénes son los “familiares” del personal militar con derecho a pensión. En ese momento no se incluía a la conviviente.
En el art. 83 se establecía que los familiares comprendidos en el inc. 3 primer párrafo segunda parte al inc. 11 inclusive del art. 82 (es decir, que no fueran la esposa no separada o divorciada o el esposo septuagenario o incapacitado no separado o divorciado, las hijas e hijos solteros menores de edad y los mayores incapacitados, y los nietos y nietas solteras, que fueran hijos legítimos y huérfanos de padre y madre), podían concurrir con derechohabientes si carecían de medios propios de subsistencia o hubieran estado total o parcialmente a cargo del militar fallecido (t.o. ley 19.513, B.O: 10.3.1972).
El art. 84 establece que los familiares del personal militar (con la sola excepción de los indicados en los inc. 7 y 8 del art. 82), concurren a ejercitar su derecho a pensión “con arreglo a la situación existente al día del fallecimiento o de la baja del causante, no pudiendo con posterioridad al mismo concurrir a ejercitar ese derecho cuando no lo tuvieren en aquel momento”.
El art. 86 establece el orden en que se concederá el haber de pensión, y el art. 87 regula las distintas situaciones de concurrencia entre beneficiarios.
El art. 90 dispone que los haberes de pensión se liquidarán desde la fecha de fallecimiento o de la baja del causante sin perjuicio de aplicarse las reglas sobre prescripción. Si el derecho a la pensión se hubiere originado con posterioridad al fallecimiento o a la baja del causante, la pensión se liquidará desde la fecha en que se produjo el hecho que motivó el derecho a ella. Si otro familiar justificara un derecho a participar de una pensión ya concedida, el beneficio se otorgará desde la fecha de presentación de su solicitud.
d) La ley 22.919 (B.O. 26.9.1983), “Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares” (creado por ley 12.913), considera beneficiario del Instituto al personal procedente del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas que goce de un haber de retiro o indemnizatorio a partir del 1.1.1947 y sus pensionistas (art. 5).
Esos haberes así como las pensiones derivadas serán costeados parcialmente por la ley general de presupuesto, y en el porcentaje que excediera, por los aportes del personal, según la escala de prorrateo vigente a la fecha de su otorgamiento (art. 16).
e) El decreto 3019/83 reglamentario de la ley 22.919 (B.O. 22.11.1983), dispuso en su art. 23 inc. i) que los haberes devengados por fallecimiento integran el acervo sucesorio del causante.
En el apartado 1) establece que:
“Por el fallecimiento del personal militar retirado, se abonarán a las personas que lo soliciten y que justifiquen debidamente haber sufragado los gastos privilegiados, de conformidad con las disposiciones del Código Civil, con excepción de los del sepelio cuandoéstos se les hayan abonado por la respectiva Fuerza en forma de subsidio. Dicho pago no podrá exceder el gasto realizado, ni será superior al importe del retiro no percibido. Si no se efectuaren estas presentaciones o, si quedare remanente, se abonarán los haberes devengados a los parientes que lo soliciten, en el grado sucesible, de acuerdo con la legislación vigente y con acreditación de vínculo”.
f) La ley 24.241 que regula el “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” (B.O. 18.10.1993), excluye expresamente en su art. 2 apartado a) punto 1 al “personal militar de las fuerzas armadas” y al “personal militarizado o con estado “policial de las fuerzas de seguridad y policiales”, no así al personal civil de esas fuerzas (punto 2).
g) La ley 18.037, “Régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia” (B.O. 10.1.1969), también excluía en su art. 2 al personal militar de las fuerzas armadas y al personal militarizado o con estado policial de las fuerzas de seguridad y defensa.
Fue modificada en el inc. 1) de su art. 38 (en realidad el art. 37, que es el que establecía qué parientes tenían derecho a pensión en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación), por la ley 23.570 (B.O. 25.7.1988), disponiendo que lo tenían el viudo o la viuda, y agregando a:
“la conviviente o el conviviente, en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo, en el supuesto que el causante se hallase separado de hecho y hubiese convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado”.
“El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos, que éstos hubieran sido reclamados fehacientemente en vida o que el causante fuera culpable de la separación; en estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales”.
En el art. 10 se establece que “los textos definitivos de los incisos 1 y 3 del artículo 38 de la ley 18.037 fijados por la presente, se aplicarán a los regímenes establecidos en las leyes 12.992, 13.018, 19.101, 19.349 y 21.965”.
La lectura del art. 10 de la ley 23.570 permite apreciar que la reforma a la ley especial 19.101 sólo alcanza a los sujetos legitimados para ser beneficiarios de una pensión, pero de ninguna manera, que el régimen general de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relación de dependencia, sea aplicable a los miembros de las fuerzas armadas, dadas las exclusiones expresas de las leyes que las regulan (art. 82 de la ley 19.101; art. 2 de la ley 18.037; art. 2 apartado a) punto 1 de la ley 24.241).
Adviértase que en la Resolución del Jefe de Estado Mayor de la Armada por el que se le otorgó la pensión militar a la Srta. Ayache, el 6.9.2021 (agregada con el escrito de fecha 7.11.2022), se mencionan precisamente las normas citadas destacando que la cuestión –los derechos de la conviviente- era un aspecto no contemplado por “los arts. 81, 82 y concordantes de la ley 19.101 para el Personal Militar, régimen específico aplicable a dicho personal” (la cursiva me pertenece).
iii) La consulta de la página web citada en la sentencia (https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-el-cobro-de-los-haberes-devengados-de-un-retirado-militar; última entrada el 8.5.2023), correspondiente al Ministerio de Defensa - Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, habilitada para tramitar el cobro de haberes devengados por un retirado militar –beneficiario fallecido, indica que:
“El Haber Devengado es la liquidación de los haberes y el proporcional de aguinaldo pendientes hasta un día antes del fallecimiento del beneficiario.
Se liquida a favor de los deudos del fallecido, para lo cual, además de la presentación de este trámite, el IAF tendrá en cuenta el informe de la Fuerza de “Deudos con Derecho a Pensión”.
¿A quién está dirigido?
A los derechohabientes del retirado fallecido
No corresponde el pago de los haberes devengados a convivientes” (la cursiva y negrilla son propias).
Por su parte, el informe dirigido por el propio IAF al Juzgado Federal de la Seguridad Social n°7, Secretaría 1, con fecha 20.1.2021, luego de referirse al momento en que se efectuará el pago de sentencias judiciales de conformidad al art. 15 inc. c) de la ley 22.919, enumera a actores fallecidos, y entre ellos se encuentra Víctor Nicolás Pioli (DNI n°5.477.447), y finaliza: “Por tal motivo, en cuanto las sumas aprobadas a su favor integran el acervo hereditario, previo al inicio del proceso de pago, deberá informarse la carátula, radicación y CBU del sucesorio o deberá V.S. ordenar el depósito en la cuenta judicial de autos a favor de los herederos o causahabientes” (http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=WoXqromKXmf5XMVPAm01CY3ib8j2jdsg6FfLxIHpLG8%3D&tipoDoc=deo&cid=219281%22).
iv) La respuesta del IAF al oficio que le fuera dirigido por el Juzgado, presentada el 30.5.2022, indica que la deuda de capital devengada al 31.10.2019 asciende a la suma de $ 371.067,97 y agregan a la liquidación la de $ 995.216,35 al 28.2.2022, acompañando anexo de imputación, certificado de retención y comprobante de transferencia.
El importe de capital fue reconocido hasta el 31.10.2019, fecha en que el Sr. Pioli todavía vivía, ya que falleció el 26.7.2020 (acta de defunción agregada con el escrito de demanda de fecha 24.5.2021), y los juicios en los que se hizo lugar a su reclamo fueron iniciados con mucha anterioridad en los años 2007 y 2013 (“Pioli Víctor Nicolás y otros c. Estado Nacional-Ministerio de Defensa s. Personal Civil y Militar de la FF AA y de Seguridad”, expte. n°53.289/2007 de trámite por ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social n°7; y “Pioli Víctor Nicolás c. Ministerio de Defensa s. Personal Militar y Civil de las FF AA y de Seguridad”, expte. n°87.705/2013, de trámite por ante el Juzgado de la Seguridad Social n°5 Secretaría n°1, en http://scw.pjn.gov.ar ).
Para la legislación especial aplicable los haberes devengados antes del fallecimiento integran el acervo sucesorio del causante (art.23 inc. i) del decreto 3019/83 reglamentario de la ley 22.919), por lo que no encuentro razones para apartarme de las reglas de interpretación que señalan la prevalencia del criterio jerárquico (ley superior y ley inferior) sobre el material (ley general y ley especial) y el temporal (ley posterior), y del material sobre el temporal, excepto cuando éste sea el único criterio de preferencia (Guibourg Ricardo A., “Colección de Análisis jurisprudencial. Teoría general del derecho”, ed. La Ley, Buenos Aires 2003, pág. 135).
En el caso no sólo resulta aplicable la ley especial, sino que las leyes 18.037 y 24.241 excluyen expresamente de sus disposiciones al personal de las fuerza armadas y de seguridad.
La conviviente no es heredera (arts. 2277, 2337, 2339, 2340, 2444 y ccdtes. del CCCN), y por ello, pese a ser beneficiaria de la pensión que le
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