Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179436
Expediente nº 179.436 – Juzgado n° 1
// En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “GUTIÉRREZ GUERRERO Martín Carlos Alberto c. GUIDO GUIDI S.A. y otor s. Daños y perjuicios” (Exc. Autom./Estado)”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada el 11.10.2023 el Sr. Juez de primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Guido Guidi S.A. e hizo lugar a la demanda promovida por Martín Carlos Alberto Gutiérrez Guerrero contra esa sociedad y Volkswagen S. A. de Ahorro para Fines Determinados, condenándolas en forma solidaria a abonarle la suma de $ 2.238.546,53 dentro de los diez días de quedar firme la sentencia.
Ordenó liquidar intereses según los distintos rubros admitidos: a) reintegro de sumas abonadas ($159.636,53), al no haber previsión contractual, a la tasa prevista en la cláusula 13 de la Solicitud de Adhesión, la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina, por ser la más favorable para el consumidor, desde la mora -27.8.2018- y hasta el efectivo pago; b) daño moral ($ 400.000) a la tasa pura del 6 % anual desde esa fecha y hasta la de la sentencia, y a partir de allí a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires; c) daño punitivo ($ 1.678.910), a la tasa pura del 6 % anual desde la fecha de notificación de la demanda -14.5.2019- hasta la de la sentencia, y desde allí hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta del banco oficial provincial.
Para decidir como lo hizo, luego de establecer los lineamientos de los contratos de ahorro previo y las normas legales que les resultan aplicables (arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240; arts. 963, 1092 y sgtes. del CCCN; decreto 142.277/43 y Resolución General 8/2015 de la Inspección General de Justicia), señaló que los demandados coincidieron en afirmar que el actor suscribió un plan de ahorro, aceptando de conformidad las cláusulas y condiciones dispuestas, pero que la prueba pericial caligráfica de la Lic. María Lidia Moya, determinó que Gutiérrez Guerrero no firmó la solicitud de adhesión n° 00750043 para ser incluido como adherente al plan de ahorro para adquirir un automotor marca Volkswagen, modelo Polo Trend 5 puertas, con una duración de 84 períodos, plan H, ni la documentación complementaria.
Enumeró a continuación cuál era la documentación con firma en color azul atribuida al actor que no le pertenecía, y que entre ella, había originales agregados por la demandada Volkswagen -que detalló-, cuya devolución fue dispuesta por esa razón, y que no iban a ser tenidos en cuenta para resolver.
Tuvo así por acreditado el primer incumplimiento de las empresas demandadas consistente en no entregar al actor los instrumentos para su conocimiento y suscripción, violando los arts. 287 del CCCN y el art. 1.1.2 incs. a y b, del capítulo I de la Res. 8/2015. Destacó que la administradora tampoco acreditó que en febrero de 2018, en que sucedieron los hechos, tuviera habilitada una página web de acceso libre y gratuito con contenidos mínimos informativos de las operatorias autorizadas por la IGJ (capítulo I, art. 4.4 de la Res. 8/2015).
Señaló que el hecho de que la documentación traída por las demandadas no pudiera ser considerada, no implicaba desconocer la existencia del vínculo contractual, de por sí reconocido por las partes, por lo que consideró que el contrato se había celebrado a distancia por vía telefónica utilizando la aplicación WhatsApp, en coincidencia con la versión de los hechos del actor, y tuvo por auténticas las copias impresas por él acompañadas.
Se basó para ello en las conclusiones de la pericia informática, de la que surgió la existencia, sin adulteraciones, de mensajes de texto y conversaciones (audios) e imágenes intercambiadas a través de esa aplicación entre el teléfono celular del actor peritado y el n°11-3218310, cuya titularidad no se pudo establecer pero que el accionante atribuyó a “Angeles Fernández VW plan nacional”, y que se corresponden no sólo con las copias agregadas, sino con el contenido de la documentación obrante a fs. 225-238 (valor y pago de la primera cuota de $ 5000, el nombre “Angeles Fernández” en el margen superior de la solicitud de adhesión de fs. 225, el precio de financiación de $ 344.064 en el mensaje de wspp es el mismo que el de la solicitud, así como los datos personales con los consignados en el “Anexo Datos UIF”, que las cuotas fijas desde la 2 a la 13, coinciden con el “anexo bonificación de aumento de valor móvil”).
Valoró también que la administradora del sistema emitió los cupones agregados a fs. 31-36 con la consigna “la emisión de este cupón implica que la Solicitud ha sido aceptada”, que la fecha de aceptación y número de grupo y orden figuraba al frente, y que si bien luego los desconoció, no podía pasarse por alto que había reconocido el pago de los valores liquidados en los cupones, y que cuando fue intimada a presentarlos adujo que habían sido entregados al cliente en su domicilio, por lo que no podía discutirse su autenticidad.
Respecto al alcance de la contratación, señaló que al comparar los términos de los mensajes de wspp con el contenido de la solicitud de adhesión y los anexos cuyas firmas pretendieron atribuirle al actor, se advertía que la información no había sido adecuada, idónea, precisa ni completa, resultando ineficaz y violatoria de lo establecido por los arts. 985 y 1107 del CCCN sobre los requisitos que deben reunir las cláusulas generales predispuestas y la información que el proveedor está obligado a proporcionar cuando se trata de un contrato de consumo a distancia, así como las disposiciones del art. 10 del decreto 142.277/43.
Por ello, dado el carácter imperativo de esas normas, y el carácter formal del contrato de ahorro previo que debe otorgarse por escrito, ante la falta de un soporte electrónico que supliera esa exigencia en los términos del art. 1106 del CCCN, concluyó que no cabía incluir a las condiciones generales incorporadas a fs. 225-227 y anexos de fs. 230-238, como parte del contrato, “en tanto no han sido facilitadas a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, ni subsanado con posterioridad, pese al compromiso asumido y el insistente reclamo del actor”.
En base a esta conclusión, tuvo por acreditado el “consenso” habido respecto a la adhesión del actor al plan nacional para adquirir el automotor descripto, en 84 cuotas, con un primer pago de $ 5000 que incluía la primera cuota, las cuotas 2 a 13 fijas, por un importe de $ 4096 cada una, y partir de la 14 ajustable según el valor del vehículo con un tope de aumento del 25 % anual. Se le aseguró además la adjudicación en la cuota 3 y la posibilidad de cambiar el modelo financiado –Polo Trendline-, por un Polo Comfortline por una “diferencia de $ 16.000”.
Estimó que si la concesionaria concertó telefónicamente por wspp la adhesión y la actora recibió los cupones de pago emitidos por la administradora, “ello dio visos de seriedad a la propuesta y la viabilidad del acuerdo por tal vía”, por lo que no era descabellado que el Sr. Gutiérrez Guerrero se sintiera sorprendido y exigiera un detalle de los gastos de entrega y cambio de modelo, cuando se le informó que ascendían a $ 57.460 y $ 49.773 respectivamente, es decir un total de $ 107.233 (la autenticidad del mail de fecha 11.6.2018 enviado desde la casilla [email protected] que informaba estos montos fue acreditada con la pericia informática del Ing. Escobar).
Las demandadas incumplieron el art. 26.5.3 de la Res. 8/2015 de la IGJ, pues no hicieron suscribir al actor la “cláusula sobre gastos de entrega”, y con ello no sólo vulneraron el deber de información del art. 4 de la ley 24.240 sino que estaban impedidas de reclamar suma alguna por tal concepto.
Tampoco estaban autorizadas a cobrar un seguro sobre el bien tipo, porque si bien se le informó al actor que tenía que sumar el valor del seguro a la cuota, esa información fue insuficiente –no se le dijo desde cuándo- y confusa, pues por mensaje se le indicó que hiciera un “seguro contra terceros, ya que el auto está prendado y es todavía de la fábrica”.
La administradora por su parte, no acreditó el hecho en que sustentó la liquidación de este concepto – la facturación de la unidad por parte del concesionario-, pese a que cuando se liquidó por primera vez el seguro del bien en la cuota 5, ya conocía el reclamo formulado por el actor respecto a los gastos de entrega pretendidos por la concesionaria (surge del acta de las actuaciones ante la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, obrante a fs. 260) y no obstante lo incluyó.
Atribuyó responsabilidad solidaria a las empresas demandadas, por integrar ambas la cadena de comercialización generada por el plan de ahorro previo, por aplicación del art. 40 de la ley 24.240 y por encontrar configurado en el caso un fenómeno de conexidad contractual.
Destacó que “la concesionaria es el vehículo que utiliza la empresa de ahorro para ofertar sus productos” obteniendo con ello una ventaja asociativa, generando una apariencia jurídica derivada de la buena fe creencia frente al tercero.
Admitió los reclamos de reintegro de las sumas abonadas (con fundamento en el art. 10 bis de la ley 24.240). , daño moral y daño punitivo y rechazó el de daño por privación de uso del dinero.
III: Apeló el apoderado de Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados, el recurso le fue concedido en relación y con efecto devolutivo, presentó el memorial con fecha 8.12.2023, que mereció la respuesta del 26.12.2023.
Sus agravios pueden sintetizarse así:
i) Criticó la atribución de responsabilidad a su representada, con fundamento en el incumplimiento del deber de información sobre el alcance de las condiciones contractuales.
Argumentó que quienes toman contacto con los solicitantes “son los agentes promotores o vendedores de los planes del concesionario”, a esas personas corresponde “tomar los datos del pretenso adherente e informar sobre las condiciones de contratación” para que luego su mandante proceda a la formación del grupo.
Agregó que su representada no tiene facultades para comercializar planes de ahorro ya que su objeto social la limita a administrarlos y quienes se encargan de brindar completa atención y explicación de los alcances del contrato a suscribir, “son los vendedores de los concesionarios”, quienes cargan con la obligación de dar copia del contrato al adherente.
La pericial informática demostró que las conversaciones peritadas fueron entre el actor y el concesionario, por lo que mal puede entenderse que su parte incumplió con el deber de información, cuando, por otra parte, cuando le es asignado al ahorrista un número de grupo y orden, tiene la posibilidad de acceder al portal de autogestión del que puede descargar la copia del contrato de adhesión y las condiciones generales donde se detallan sus alcances.
El Sr. Juez consideró que el contrato debía rescindirse por aplicación del art. 10 bis de la ley 24.240, en virtud de la incorrecta información del concesionario sobre los gastos de entrega y de cambio de modelo, sin valorar que esa operatoria resulta ajena a su mandante que se limita a administrar el plan.
ii) Cuestionó la decisión de no aplicar las cláusulas contractuales y considerar válidas las manifestaciones del concesionario por wspp al momento de la suscripción del plan.
Reiteró que no tuvo participación en la venta del plan de ahorro porque la comercialización “se realiza a través de la red de concesionarios”, que reciben comisión por esas ventas, y al no estar presente en el momento de la suscripción de los formularios de ingreso no le es posible saber con certeza si la persona que ha puesto su firma y aportado sus datos, es el actor o un tercero en su nombre. La solicitud es enviada a la administradora, una vez formado el legajo del adherente, para que la acepte o no.
Toda su actuación, argumentó, tuvo causa en la solicitud de adhesión que regula los derechos y deberes de las partes, las que no pueden ser modificadas por los concesionarios con pautas distintas a las de las condiciones generales, y la persona que decide ingresar lo hace teniendo en cuenta esas condiciones.
Por ello, en virtud del estado del plan, rescindido, lo que le corresponde recibir al actor, según cláusulas 13 y 16, son los haberes netos y no el total de lo abonado como erróneamente interpretó el Juez.
En el fallo se le ordenó devolver, además, la suma de $ 120.000, abonada en concepto de licitación en mayo de 2018, cuando ha quedado demostrado que ya le fue restituida al concesionario Guido Guidi SA para que la devolviera al actor, y la de $ 5000 que también fue recibida por éste, según reconoció al contestar la demanda, es decir que “nunca ingresó a las arcas” de su mandante.
iii) Criticó que la recepción del rubro daño moral sin que se haya acreditado su existencia.
Se está reclamando un incumplimiento contractual, adujo, y en esa órbita el daño moral no se presume, y no queda configurado por “cualquier molestia” o “inquietudes propias del mundo de los negocios”, por lo que debe aplicarse un criterio restrictivo de valoración.
Sostuvo que la legislación vigente exige la acreditación de la concreta existencia del daño, y en la sentencia no se ha aplicado el art. 1741 del CCCN, por lo que obedece a un criterio “meramente antojadizo” que no vincula los hechos con las pruebas producidas.
Transcribió a continuación jurisprudencia de tribunales de otras jurisdicciones, para culminar criticando la aplicación de intereses a la indemnización admitida, por considerarla “contraria a derecho”, ya que, a su criterio, “el daño moral supuestamente padecido no se incrementa ni actualiza con el tiempo”, y no debe actualizarse “de acuerdo a los precios de mercado”.
iv) Se agravió de la indemnización fijada en concepto de daño punitivo, y la exorbitancia del monto establecido.
Adujo que no se configuran los requisitos de procedencia de la figura, por cuanto no ha existido una conducta desaprensiva ni antisocial por parte de su mandante, que fuera intencional y pensada en su beneficio, ya que no se ha demostrado que lucrara con el supuesto incumplimiento.
Efectuó un extenso desarrollo de citas doctrinarias y jurisprudenciales, centrando su crítica en la falta de prueba de la conducta especuladora y de la cuantificación del beneficio económico que la empresa habría obtenido en detrimento de los derechos de los consumidores.
v) El último agravio estuvo dirigido a criticar la imposición de costas, argumentando que se rechazó el rubro “privación de uso del dinero”, por lo que la demanda no prosperó íntegramente, y por ende, las costas debieron imponerse en los porcentajes que correspondieran “según la procedencia de las pretensiones”.
Solicitó la revocación de la sentencia, con costas, y mantuvo la introducción del caso federal.
III: Antes de ingresar en el análisis de los agravios, cabe señalar que llegan firmes a esta instancia por falta de impugnación idónea (arts. 260 y 266 del CPCC), las siguientes cuestiones: a) el derecho aplicable y el encuadre del vínculo entre las partes como relación de consumo (considerando I, puntos 1 y 2); b) la improcedencia del cobro del seguro sobre el bien tipo, liquidado por la administradora en la cuota 5, emitida el 1.8.2018 (considerando II, punto 6); c) la calificación de la responsabilidad de las empresas codemandadas como solidaria, fundada en la conexidad contractual y el art. 40 de la ley 24.240 (considerando II, punto 7), y el consecuente rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la concesionaria; d) el rechazo del rubro “privación de uso del dinero” (considerando III, apartado 3).
III.1: El primer agravio a tratar, en atención al orden lógico para resolver, es el relativo a la atribución de responsabilidad a Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados.
He transcripto los principales argumentos de la muy fundada sentencia de primera instancia y no encuentro razones para apartarme de sus conclusiones.
El apelante no ha cuestionado la existencia de conexidad contractual establecida por el Sr. Juez, descriptiva del vínculo entre la concesionaria y la administradora del sistema de ahorro previo, y encuadrada dentro de la definición del art. 1073 del CCCN.
Se ha limitado a sostener que no tuvo contacto alguno con el solicitante del plan de ahorro, pretendiendo desviar en los “agentes promotores o vendedores del concesionario” la responsabilidad por la falta de información que se le imputó.
Esa lógica anclada en el principio de relatividad de los contratos (art. 1021 del CCCN) fue descartada por el Sr. Juez, que la consideró superada por los fenómenos de conexidad contractual, en los que fundó el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva del concesionario.
El sistema de ahorro previo está integrado por un grupo de contratos de cambio cuyo elemento unificador es la conexidad, que debe diferenciarse de la integración total o parcial de naturaleza societaria. Esa conexidad es la que da fundamento a la existencia en la red de “una causa sistemática, la finalidad supracontractual y la reciprocidad sistemática de las obligaciones… de modo que las partes tienen entre sí obligaciones principales, accesorias y deberes secundarios de conducta, y además, deberes referidos al sistema que integran” (Lorenzetti Ricardo L., “Tratado de los contratos”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2021, Tomo I, pág. 742; Nicolau Noemí, “Bases para la investigación del sistema de ahorro para fines determinados por círculo cerrado”, en Juris-1987-80-347; Hernández Carlos, Picasso Sebastián, “La conexidad en las relaciones de consumo”, en “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, ed. La Ley, Bs. As. 2011, Tomo III, Parte especial, pág. 485).
La noción de relación de consumo (art. 42 de la CN, art. 3 de la ley 24.240 ref. por ley 26.361; art. 1092 del CCCN), caracterizada como aquella en la que participan quien asume un deber jurídico frente al que ostenta un derecho subjetivo, es la que permite prescindir de la causa fuente, pues en ella se está aprehendiendo el contenido, independiente del hecho generador que le ha dado nacimiento (Rinessi Antonio Juan, “Relación de consumo y derechos del consumidor”, ed. Astrea, Buenos Aires 2006, pág. 3).
Los argumentos de la empresa demandada centrados en el hecho no haber tenido contacto con el actor, y en el carácter de tercero que ostentaría frente al contrato de compraventa celebrado por uno de sus concesionarios, pierden relevancia ante el mandato imperativo de la norma constitucional y las leyes aplicables en el orden de prelación normativa (arts. 2 y 1094 del CCCN).
Al calificar el vínculo entre las partes como una relación de consumo, queda incorporado necesariamente el proveedor o empresario, calidad que en esta noción amplia está determinada, más que por el acto de vincularse con otro sujeto y establecer con él una relación de adquisición, tenencia o uso de la cosa que pertenece al primero, en la actitud de asumir una actividad de intercambio (Lorenzetti Ricardo, “Tratado de los contratos. Parte general”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2018, pág. 587, cuando hace referencia a la causa “supracontractual” de la operación global), lo que coloca al todo “el entramado negocial bajo el paraguas protector de la “relación de consumo” (Alvarez Larr
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