Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 185.938
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido el 14 de enero de 2026, y en consecuencia, revocar el proveído del 7 de enero de 2026, en lo que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas al accionado vencido (arts. 68, 69 y ccds. del CPCC.). Registrar el presente, notificar de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccds. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA.) y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata (5) Juzg. Familia Nº 1 "T., M. M. C/ A. E. S.A S/ AMPARO "
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Los presentes autos, traídos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el 14-01-2026 por la parte demandada, contra la resolución del 7 de enero de 2026; y CONSIDERANDO que:
I. La señora Jueza de primera de instancia, resolvió ordenar - hasta el dictado de la sentencia-, medida cautelar de no innovar sobre la calidad de alumno regular del joven M. J. T. en el Instituto A. E. S.A., disponiendo su inmediata matriculación para el ciclo lectivo 2026.
II. El doctor Carlos Porzio, en representación de la firma A. E. S.A., interpuso recurso de apelación y fundo el 14-01-2026, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria el 19-01-2026 y de la Asesora de Incapaces el 21-01-2026.
Se opone a la concesión de la medida cautelar de rematriculación para el ciclo lectivo 2026 del alumno M. T., argumentando que su supuesta trayectoria en el establecimiento educativo no obliga a su representada a que el alumno deba completar sus estudios en el colegio. Indica que la institución educativa ha colaborado con M. y su familia durante los últimos años para mejorar su conducta, lo que no se ha logrado. Relata las medidas implementadas por el colegio y las supuestas infracciones del alumno en los años recientes.
Manifiesta que a partir de todos los hechos enunciados "...se desprende que la decisión de no rematricular al alumno no fue una medida tomada caprichosamente, sino todo lo contrario, se ha intentado por todos los medios acompañarlo y ayudarlo, justamente para que pudiera culminar su trayectoria escolar en el Instituto..." (textual).
Relata que de la documentación proporcionada se desprende que en los últimos años se ha colaborado con M. y su familia, sin que se haya conseguido un cambio positivo en la conducta del alumno, quien ha continuado infringiendo las normas más básicas de convivencia académica. Finalmente, argumenta que de la demanda no se evidencia la verosimilitud del derecho invocado para justificar la matricula de M. para el próximo ciclo lectivo, dado que su representada ha demostrado el extenso trabajo realizado con el alumno y su familia para corregir los comportamientos inapropiados, y que hay 170 colegios secundarios en Mar del Plata, por lo que es imposible que no encuentre vacante.
III. El recurso merece prosperar.
1. La tutela anticipada puede ser concebida como un pronunciamiento jurisdiccional, de carácter provisional, a través del cual se adelanta -en todo o en parte- a fin de evitar el agravamiento o la consumación de un daño actual o inminente, aquello que tendría que ser objeto de decisión en la sentencia de mérito (cfr. De Los Santos, M. "Resoluciones anticipatorias y medidas autosatisfactivas"; LexisNexis Nro. 0003/000839, Rojas, J. "Sistemas Cautelares Atípicos", Edit. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2009, pág. 138 y sgtes.; esta Sala, causa Nro. 156.299, RSI 108/14 del 10/03/2014).
Por consiguiente, en la tutela anticipada la petición pretende cubrir la necesidad de satisfacer la pretensión que el accionante formula en el proceso antes del dictado de la sentencia definitiva, de manera urgente, total o parcialmente, en virtud del daño irreparable que originaría cualquier dilación.
Es por ello que además de los presupuestos de toda medida cautelar (verosimilitud en el derecho y peligro en la demora) debe agregarse la existencia de un daño irreparable que justifique una medida que anticipa el resultado del pleito (art. 232 y ccts del C.P.C.).
2. El 2 de febrero del presente año, se llevó a cabo la audiencia del artículo 12 del CDN con M. J. T..
Al ser consultado sobre su deseo de continuar en el colegio, expresó que es lo que desea ya que no está seguro de poder adaptarse a un nuevo grupo de compañeros.
Añadió además que los hechos que se le imputan no fueron como el Colegio los describe en las actas, entendiendo que los directivos tienen un problema con él, pero igualmente se compromete a "enfocarse" en modificar sus actitudes para el nuevo ciclo lectivo.
En la audiencia con las partes, el padre del adolescente Sr. M. T., el Director Sr. P. G., y el representante legal de la institución educativa Sr. F. F., y luego de recibir las explicaciones requeridas, no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo.
En particular, y al ser preguntado el Director sobre las razones de la decisión tomada por el colegio, indicó que se debe a la actitud indiferente que ha adoptado el joven frente a las repetidas infracciones y llamados de atención a las normas de convivencia académica. Añadió que no es factible llegar a un acuerdo para que el joven continúe en el Colegio, ya que esto se intentó en el año 2023 y en julio de 2025 sin obtener resultados positivos. El Sr. M. T. relató que concurrió a cuatro colegios que a su modo de ver gozan de buen nombre en la ciudad, sin haber obtenido respuestas positivas respecto a una vacante para su hijo.
3. Tras examinar lo presentado por las partes y evaluar la documentación aportada en el expediente por el demandado (v. Registro de actitudes contrarias a los principios del AIC, parte de sanciones disciplinarias), consideramos que - en principio y con el grado de cognición requerida en una medida cautelar - no se evidencia una arbitrariedad manifiesta en la decisión que motiva el amparo.
Al menos en esta etapa no se advierte que la negativa a inscribir al alumno en el período 2026 carezca de una causa suficiente, pues el Colegio ha acompañado la documentación y brindado las explicaciones adecuadas respecto a las reiteradas infracciones a las normas de convivencia educativa que lo llevaron a adoptar tal decisión.
5. Tampoco parece - en esta etapa provisoria - que se encuentre en peligro, ni mucho menos vulnerado el derecho constitucional de aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional (reforzado por la Ley de Educación Nacional N° 26.206), ya que este derecho no implica una garantía de permanencia indefinida en una institución educativa específica, sino la obligación del Estado de asegurar el acceso a una educación integral, gratuita y de calidad para todos los habitantes.
Al respecto, la Corte Federal ha enfatizado que "el derecho de aprender que la Constitución ampara no sufre mengua alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquél debe someterse (Fallos: 310:2085; 324:4048, entre otros).
Ante la negativa a renovar la matrícula por parte del establecimiento educativo de gestión privada, M. conserva plenamente su derecho a la educación, dado que puede inscribirse en otros colegios públicos o privados disponibles en el sistema educativo, ya que el Estado, a través de sus jurisdicciones provinciales y municipales, garantiza alternativas viables para completar la obligatoriedad escolar (desde los 4 años hasta finalizar el secundario).
Por lo tanto, la decisión del Instituto A. E. no parece afectar la esencia del derecho constitucional de aprender, ni tampoco impedir su ejercicio efectivo en otro ámbito educativo adecuado.
6. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Instituto A. E. S.A. dejando sin efecto la medida cautelar dictada por la Sra. Jueza de Familia (arts. 195, 198, 232 y ccds.; art. 14 de la Constitución Nacional; arts. 6, 13 y 14 de la Ley Nacional 26.206)
IV. Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas .
RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido el 14 de enero de 2026, y en consecuencia, revocar el proveído del 7 de enero de 2026, en lo que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas al accionado vencido (arts. 68, 69 y ccds. del CPCC.). Registrar el presente, notificar de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccds. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA.) y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Suscripto por el Actuario interviniente en la ciudad de Mar del Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20)
Fin de la sentencia