Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en cuanto desestimó el rubro incapacidad física, MODIFICANDOLA en cuanto a la suma fijada por daño moral, la que se eleva a la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) .-
Costas de Alzada, en un 50% a la actora y en un 50% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).-
Causa Nº MO-8338-08 R.S.101 /2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 08 de Junio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "I. M. Y. A. C/ C. M. B. S(N4)/ DAÑOS Y PERJUICIOS" , Causa N º MO-8338-08 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-FERRARI , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental a fs. 443/450 dictó sentencia en la que resolvió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen. -
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 451 la actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente a fs. 452 y se fundó con la expresión de agravios de fs. 461/463vta., replicada a fs. 469/470vta.-
Cabe aclarar que demandada y citada en garantía, habiendo apelado (fs. 457/vta.), desistieron de su recurso cuando fueron convocadas a fundarlo (ver fs. 466/vta.).-
3. A fs. 472vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
La parte actora se agravia, por un lado, de la desestimación del rubro incapacidad y, por otro, de la suma fijada en concepto de daño moral, denunciándola reducida.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
Teniendo en cuenta la índole de los agravios y los temas que habremos de tratar, es necesario definir si resultará de aplicación, o no, el CCyCN.-
La solución es la misma que en materia de responsabilidad: decía la Dra. Kemmelmajer de Carlucci que el daño no es una consecuencia sino un elemento constitutivo del régimen de responsabilidad y esta es la razón por la cual rige la ley vigente al momento del hecho y no la posterior; señalando categóricamente que la mayoría de las reglas establecidas en los artículos 1708 y siguientes se aplican solo a los daños producidos después de Agosto de 2015 (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplicación, cit., p. 28 y 158).-
En el mismo sentido, ha explicado Moisset de Espanes que “la obligación de resarcir es una relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable, en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios para que ella se configure. Uno de los presupuestos básicos es el daño sin el cual no va a nacer la obligación de resarcir; queremos destacar, entonces, que el daño no es consecuencia de la relación jurídica de responsabilidad, sino que es causa constitutiva de esa relación. Para que nazca la obligación de resarcir es menester que se reúnan todos los presupuestos que la ley exige y, en especial, el daño” (MOISSET DE ESPANES, Luis, El daño moral y la irretroactividad de la ley, JA 1972 Serie Cont.-13, 352).-
Distinguiendo, con mucha claridad, efectos de consecuencias se ha dicho que efectos son las derivaciones necesarias de un hecho o acto; y que, por estar incorporados en él, se regirían siempre por la ley existente en el momento de su constitución (LAVALLE COBO, Jorge E., en AA.VV., Código Civil y leyes complementarias, BELLUSCIO, Augusto C. (dir) – ZANNONI, Eduardo A. (coord), T 1, p. 21).-
En suma: para el juzgamiento de los montos resarcitorios vinculados con los daños producidos al momento de acontecer el hecho, corresponderá aplicar el ordenamiento jurídico vigente en aquella época.-
Con ello dicho, entro al tratamiento de los agravios, parcelando mi razonamiento para dotarlo de mayor claridad expositiva.-
a) Incapacidad física
Para abordar el recurso es necesario recordar -en cuanto a la incapacidad física- que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Con todo, para que proceda el resarcimiento en concepto de incapacidad permanente existen una serie de recaudos que, necesariamente, deben converger.-
El principal es que el daño debe estar debidamente acreditado y ello corresponde al actor (arts. 375 del CPCC; esta Sala en causa nro. 49.685 R.S. 522/04).-
Desde esta Sala hemos señalado que " lo importante a los efectos de determinar una incapacidad en esta área es la existencia de cierta secuela física, como consecuencia del evento, de carácter permanente (es decir, irreversible) y con puntual incidencia en la víctima. La incapacidad es, en definitiva, el reflejo de un concreto menoscabo físico en el sujeto, instalado en él como fruto del hecho dañoso y que no puede volverse atrás (pues si así fuera lo que correspondería serían los gastos de tratamiento) " (esta Sala en causa nro. 14.863 R.S. 95/15).-
Por cierto, la prueba específica para la acreditación de determinada incapacidad, de carácter permanente, es la pericial (arts. 376 y 458 del CPCC), que luego habrá de conjugarse con las otras que se arrimen al proceso (documentación médica, testigos, etc.).-
Recuerdo, entonces, que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Ahora, en el caso, el perito médico legista designado en autos descartó la existencia de una incapacidad física permanente derivada del derecho dañoso (fs. 158/162, 289/vta.); no observando mérito, razón ni fundamento para apartarme del dictamen aludido (arts. 384 y 474 del rito).-
Dicho dictamen conllevó la desestimación del rubro en la instancia previa, de lo que viene quejándose la accionante.-
Ahora, en sus agravios no llega a demostrar -concreta y razonadamente- la existencia de la (inicialmente alegada, ver fs. 33vta./35) incapacidad de carácter permanente, sino que nos habla de una serie de padecimientos transitorios, que no ameritan resarcibilidad dentro de este rubro (el cual, justamente, apunta a la incapacidad permanente o irreversible).-
Consecuentemente, y no habiéndose acreditado la existencia de una incapacidad permanente, presupuesto elemental para que el rubro se admita (art. 375 del CPCC), entiendo que el recurso -en este punto- no puede prosperar.-
b) Daño moral
Los $30.000 fijados en la instancia previa, también agravian a la accionante.-
Aquí viene acreditado el hecho dañoso, como así también que la actora padeció, como consecuencia del mismo, diversas lesiones (politraumatismo, hematoma renal), aunque las mismas no llegaron a instalar en ella una incapacidad de carácter permanente; tenemos probado, además, que la actora tenía al momento del hecho 12 años de edad; que tuvo que someterse a internación, diversos estudios y tratamientos, amén de a reposo, lo que se extendió por un lapso considerable de tiempo (de todo ello nos habla el experto médico, en base a documentación específica -ver fs. 158/159-).-
En tal contexto, entiendo que lleva razón la apelante cuando denuncia la insuficiencia de la suma fijada; es que, por un lado, debe tenerse en cuenta la corta edad de la víctima, circunstancia apta para potenciar el padecimiento moral (cfe. esta Sala en causa nro.
56.382 R.S. 2/17); por lo demás, la entidad misma del hecho (colisión de un automotor contra una persona) con todos los dolores y padecimiento que ello puede ocasionar (lógicamente mayores, en ciertas etapas de la vida -vgr. niños-) a lo que se suman, insisto, internaciones, atenciones médicas y tratamientos con la consiguiente cuota de incertidumbre que ello puede generar, en cuanto al pronóstico sobre la propia salud; mas aun cuando la colisión provoca daños (que afortunadamente revierten) en ciertos aspectos vitales para el funcionamiento del organismo (riñones).-
Entonces, y por lo que llevo dicho, entiendo que el monto fijado se perfila reducido, por lo que promoveré su elevación a la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) .-
c) Costas de Alzada
Atento el resultado propuesto para el recurso, y su éxito solo parcial, deberán imponerse en un 50% a la actora y en el restante 50% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).-
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar la sentencia apelada en cuanto desestimó el rubro incapacidad física, modificarla en cuanto a la suma fijada por daño moral, la que habrá de elevarse a la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) , imponiendo las costas de Alzada en un 50% a la actora y en un 50% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor FERRARI , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en cuanto desestimó el rubro incapacidad física, MODIFICANDOLA en cuanto a la suma fijada por daño moral, la que SE ELEVA a la suma de $50.000 (cincuenta mil pesos) .-
Costas de Alzada, en un 50% a la actora y en un 50% a la demandada y citada en garantía (arts. 68 y 71 del CPCC).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
Ante mí: Dr. DIEGO ALEJANDRO GIUSSANI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia