Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7800
Causa Nº MO-7800-2014 R.S. 154 /2020
Con fecha 2 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ ACUÑA RAMON ORLANDO C/ TC HAEDO SRL Y OTRO/A S(N6)/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) ”, Causa Nº MO-7800-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental con fecha 27 de Mayo de 2019 decidió rechazar la demanda, con costas a la actora.
2. Contra tal forma de decidir se alzó el accionante, interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido libremente.
Elevadas las actuaciones a este tribunal, el recurso fue fundado con el escrito de fecha 28 de Octubre de 2019, el cual mereció las réplicas de fecha 27 y 29 de Noviembre de 2019.
3. A fs. 412vta. se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Cuestiona el accionante el rechazo de su demanda, argumentando en torno a la prueba rendida, a la pericial llevada a cabo y a su resultado.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Preliminarmente debo señalar que, a mi modo de ver, la expresión de agravios cumple, algo ajustadamente, con las exigencias del art. 260 del CPCC; y digo esto porque, desde mi punto de vista, algunos aspectos del fallo salen casi incólumes de la argumentación del quejoso y gran parte de la fundamentación transita por conceptos generales. Sin perjuicio de ello, con aquel mínimo de crítica que se vislumbra y el criterio elástico que sobre el punto cabe aplicar (en resguardo del derecho de defensa), es suficiente como para ingresar al análisis del fondo del asunto.
Ello así, he de pasar al tratamiento de los agravios.-
Y a modo de cuestión preliminar es necesario efectuar una precisión acerca del ordenamiento jurídico que resulta de aplicación al presente para el juzgamiento de la cuestión de la responsabilidad.-
El Sr. Juez de Grado aborda el tema desde la perspectiva de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos en análisis, siguiendo el mismo criterio que desde esta Sala hemos utilizado, y sobre el tema no existe agravio de las partes, con lo cual he de asumir idéntica postura.
Sobre este piso de marcha, y definido ya el ordenamiento jurídico aplicable, continúo mi análisis, para referirme (ahora) a los fundamentos de la atribución de responsabilidad.
Para ir comenzando, y yendo hacia la naturaleza de la responsabilidad civil de los médicos en particular, y conforme lo he sostenido en numerosísimas causas antes de ahora tanto como Juez de 1ra. Instancia y en la presente Sala, vemos que en el derecho argentino es abrumadoramente mayoritaria la posición que cimienta la "responsabilidad contractual", y sin hesitar adhiero a la tesis que prohíja como regla general la adopción de la responsabilidad contractual para contemplar la especie (ver específico trabajo realizado por el Dr. Alberto J. Bueres en su obra: "Responsabilidad Civil de los Médicos" con prólogo del Dr. Jorge Bustamante Alsina, pág. 41 y sgs., Ed. Abaco, Buenos Aires, 1979 y la abundante y copiosa cita allí efectuada de doctrina y jurisprudencia a la que me remito en homenaje a la brevedad).
El Dr. Bustamante Alsina, con acierto, expresó que ubicar siempre la responsabilidad del médico en el ámbito extracontractual es totalmente equivocado puesto que ello importa introducir una confusión entre la causa fuente de la obligación y el contenido de la prestación asumida por el médico, en lo que hace a la efectiva concreción de los deberes a satisfacer por el mismo.
Y por ello es antojadizo considerar por un lado que el facultativo tiene derecho a percibir sus honorarios en virtud del nexo convencional y sostener, por otra parte que asiste al enfermo el derecho de reclamar una indemnización por daños y perjuicios -derivados de la incorrecta ejecución del contrato- acudiendo a los principios jurídicos de una fuente distinta (conf. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", nros 1367, 1368, págs. 393/4, ed. A. Perrot, Bs.As., 1973; CHIRONI, G.P., "La culpa en el derecho civil moderno: culpa extracontractual", Reus, Madrid, 1904, t I, pág. 146).
Por otra parte, soy de opinión que en nuestro derecho no hay cabida para insertar la mentada "culpa profesional" puesto que al infringir los dictados de su ciencia o especialidad, el médico incurre en la culpa común que supone una noción singular, invariable y genérica acorde con el principio fluyente del art. 512 del Código Civil, y la circunstancia de que transgrede ciertos deberes especiales emanados del ejercicio profesional, no es óbice para que, al constituir esa falta una violación del contrato, la responsabilidad no siga siendo puramente contractual (ver Mazzeaud, H. y León y Tunc, A., "Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual", Ejea, Bs. As., 1977, t I, Vol. I, nro. 206-2, pág. 290 y sgs.).-
Asimismo, entendemos que el médico está compelido a satisfacer una obligación de "medios" -o de diligencia-, pues la mayor parte de las veces sólo promete observar una conducta diligente para la obtención de un "resultado", con prescindencia de que éste se verifique.
Y sólo por excepción, puede suceder que el profesional de la medicina garantice un resultado, asumiendo por ende una obligación de tal laya y obligación determinada.
Ahora bien, cuando la obligación es de "medios", el deudor está constreñido a prestar una conducta que razonablemente conducirá a un resultado (aunque éste es prescindente), y por lo tanto, la omisión de esa conducta constituye la "culpa", es decir que en este último tipo de deberes (los de medios) al acreedor incumbe la prueba de la culpa pués ésta consiste en el incumplimiento (conf. BUERES, Alberto J., ob. cit., pág. 189; fallo del Dr. Jorge H. ALTERINI como Juez de 1ra. Instancia, publicado en L.L., 1976-C, nro. 73.338 del 6/8/75, pág. 207).
En relación a nuestro ordenamiento positivo es dable acotar que la teoría de la prestación de la culpa fue abandonada, pues el art. 512 del Código Civil consagra una regla general que faculta al juez para evaluar la conducta del agente sin atención a tipos o moldes apriorísticamente fijados.
De acuerdo con ello, entonces, la culpa se debe apreciar en concreto, sobre la base de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, y las condiciones personales del agente sólo se computarán a los efectos de estimar el mayor deber de previsión impuesto por el art. 902, o cuando se trate de relaciones contractuales creadoras de deberes "intuitu personae" (conf. art. 909 del cód. cit.).
Y con dichos elementos concretos, el Juzgador formará un tipo de comparación, circunstancial y específica que sea representativo -axiológicamente- de la conducta que debió observar el sujeto en la emergencia, y entre la confrontación del actuar real y el debido (idealmente supuesto) obtendrá la conclusión buscada (conf. Bustamante Alsina, ob. cit. nro. 812, págs. 250/251).
En consecuencia, de todo lo expresado, el Juez se atendría (en el sistema genérico del art. 512), "in principium", a la naturaleza de la obligación o del hecho y a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, considerando las condiciones personales del agente, al único efecto de hacer mérito a la mayor o menor previsibilidad del daño impuesto en el caso, y con el resultado de dicha apreciación, el magistrado elaborará si el sujeto actuó en la emergencia ajustándose a la conducta debida.-
Esto en relación a los médicos.-
Con relación a las empresas involucradas es del caso señalar que en cuanto a la responsabilidad de los entes Hospitalarios, Sanatoriales y/o a empresas que se dedican a la prestación médica, por la indebida atención médica por los profesionales que laboran para tales establecimientos o empresas especializadas en tales labores, también antes de ahora he opinado que no existe uniformidad de criterios, aún cuando todos arriban al mismo resultado, en el sentido que dicha responsabilidad existe en todos los casos en que hay responsabilidad médica.-
Así encontramos una opinión que computa por un lado la autonomía científica que tiene el médico respecto de las autoridades del establecimiento, y por otro, la verdadera raíz de las declaraciones voluntarias vinculantes, y se concluye que entre la clínica -estipulante-, y el médico -promitente-, se celebra un contrato a favor del enfermo -beneficiario- y que de tal juego de relaciones, surge que las responsabilidades del galeno y del ente asistencial frente al paciente son directas y de naturaleza contractual; que el ejecutor material del último tramo del programa o plan de prestación por encargo del solvens es un auxiliar o dependiente del mismo y que cuando los poderes de contralor, dirección y otros se diluyen hasta un punto en que ni siquiera acudiéndose a una ficción puede concebírselos en su existencia, el deber de responder reflejo -o indirecto-, la garantía por el actuar ajeno dejar de ser tal, y da paso, o se transforma en un deber jurídico calificado tácito de seguridad, que funciona con carácter accesorio de la prestación principal, y cuya transgresión engendra una responsabilidad directa del deudor; que lo real es que la entidad sanatorial lucra y se beneficia con el suministro del servicio profesional, y de ahí que cargue con las consecuencias dañosas de la actividad imputable a los sujetos afectados a ese fin, y que el fundamento de dicha responsabilidad contractual, residirá en la existencia de una obligación de garantía por la conducta de los encargados o ejecutores materiales de la prestación, bien en la mediación de un deber de diligencia o vigilancia que las autoridades de la clínica tendrían que observar sobre las personas que concretaran efectivamente los servicios (ver Bueres, Alberto J.,"Responsabilidad Civil de las Clínicas y Establecimientos Médicos"; Belluscio, L.L., 1979, C-19, en especial nro. 5, pág. 23).-
A su vez, Bustamante Alsina, ha sostenido que si no hay nexo de subordinación en el aspecto técnico-científico entre el médico y la entidad, es impropio aludir a una responsabilidad refleja de dicha institución (proyección de la culpa ajena) apuntalada en la idea de garantía; o en la culpa in vigilando -noción subjetiva- presumida de manera irrefragable o simplemente "iuris tantum" (Responsabilidad Civil de los Médicos en el ejercicio de su profesión", págs. 66 y 67), pero cabe aclarar que el mismo autor entiende que existe por parte de la clínica una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesorio, que tiene lugar en los contratos que requieren la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que pueden originarse en la ejecución del contrato y que sería una obligación de medios por la cual la entidad respondería de los daños sufridos por el paciente todas las veces en que el médico incurriera en la omisión de la prudencia y la diligencia querida del caso.-
Con todo ello expuesto, y en cuanto a los medios de convicción útiles en estas controversias, he de recordar que "como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, SINO SELECCIONARLOS A FIN DE FUNDAR EL FALLO en lo mas fehaciente" (SCBA, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; SCJBA Agosto 4/53 "Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas") y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse, conforme las reglas de la sana crítica, las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa (esta Sala en causa nro. 56736 R.S.62/10, entre otras).-
Sabemos que en este tipo de procesos, cuando existen cuestiones médicas en juego, el medio probatorio pericial se torna fundamental (arts. 384 y 457 del CPCC).-
En efecto: el magistrado desconoce las reglas de la ciencia médica y, por ello, cuando alguien reclama en base a una potencial infracción a las mismas, es que se convocan al proceso profesionales idóneos en la materia para que aporten su conocimiento.-
Es entonces momento de recordar, en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Esta Sala ha señalado que “las conclusiones a que arriba el perito no atan al Juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas y es por ello que puede apartarse de las mismas, pero dando los fundamentos de su convicción contraria y tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria” (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras).-
Sobre este piso de marcha, y pasando al análisis de los agravios, aquí tenemos una primera cuestión por dejar expuesta.
En el caso han sido demandadas dos entidades, con sus respectivas aseguradoras.
La demanda, en verdad, no es del todo clara.
El actor efectúa el relato de los hechos y luego, específicamente, dice que se reclaman daños y perjuicios por las secuelas derivadas de un mal diagnóstico, señalando que " si bien la flebitis que se produjo es una complicación esperable, el procedimiento no debió realizarse dado que el error de diagnóstico que generó un procedimiento invasivo produciéndome las secuelas que deberán ser resarcidas " (textual, ver fs. 22vta.).
Así fue como se entabló liminarmente la pretensión (art. 330 incisos 3 y 4 CPCC) y fue respecto de dicho enfoque que las legitimadas pasivas replicaron (art. 354 CPCC).
Por cierto, la forma en que se entabló la pretensión (específicamente en lo que hace a los motivos por los cuales se considera responsables a los accionados) no puede, luego, modificarse en el curso del proceso desde que ello implicaría una mácula al derecho de defensa en juicio de quienes fueron convocadas al proceso a expedirse sobre un reclamo específico y formulado en unos términos puntuales.
Mas adelante se verá por que digo esto.
Respecto de ambas co demandadas se rechazó el reclamo, lo que agravia al actor.
Ahora bien, respecto de la existencia (o no) de un error de diagnóstico, la pericia médica llevada a cabo en autos (escrito de fecha 9 de Mayo de 2018) indica que los estudios solicitados eran acordes a la sintomatología y evolución del paciente.
El perito es concluyente al decir que de acuerdo a los antecedentes médicos hospitalarios acreditado en autos, no se incurrió en un error diagnóstico.
Incluso la parte actora le requirió explicaciones al respecto y el perito sostuvo que " el estudio contrastado tiene una correlación clínica-terapéutica para su solicitud y realización, según los antecedentes médicos hospitalarios acreditados en autos y el relato de los hechos manifestados por el actor en la demanda y ratificado en el interrogatorio efectuado durante el examen médico al Sr. ACUÑA RAMON ORLANDO " (ver escrito de fecha 23 de Mayo de 2018).
Respecto de esto, no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme de las conclusiones periciales en tanto las mismas emanan de profesional competente, están fundadas y no existe en autos prueba que la contradiga (arts. 384 y 474 del CPCC); y poco se hace en la expresión de agravios para dar razones que conduzcan al apartamiento del dictamen.
Entiendo, en este contexto, que el rechazo de demanda respecto de la co accionada Fundación Dr. Daniel F. Gómez -Clínica Modelo de Morón- es ajustado a derecho.
Ahora, respecto de la restante co demandada, cabe alguna precisión mas.
Es que, tal como surge del dictamen pericial, a resultas de la realización de un estudio médico con contraste, se le provocó al actor una flebitis, que le genera una incapacidad.
A este respecto, el Sr. Juez de Grado desestima el reclamo actoril argumentando la existe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.