Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 36085
Causa Nº MO-36085-2014 R.S.:202 /2020
Con fecha 30 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ DITTIERI EZEQUIEL ALEJANDRO C/ CAPPIELLO GASTON PABLO Y OTRO/A S(N4)/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-36085-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿ES justa la sentencia apelada?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora y la parte demandada. La primera formula sus agravios a través de la presentación electrónica 28816750, mientras que su oponente hace lo propio por medio de la presentación, de igual tenor, número 29182386.
II. El pronunciamiento en trance de revisión admite la demanda de daños y perjuicios incoada por Ezequiel Alejandro Dittieri contra Gastón Pablo Cappiello. En consecuencia condena a este último para que le abone al primero la suma total de $5.038.417,40 con más intereses calculados conforme al esquema contenido en el considerando séptimo. Asimismo le impone las costas del juicio y hace extensiva la condena a “Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina)S.A.”, en los términos del art.118 de la ley 17.418.
III. El demandante se disconforma con el pronunciamiento por cuanto estima que los importes fijados en concepto de daño físico y daño psíquico resultan escasos. Así, como sustento de su queja, arguye que conforme surge de las constancias de autos, en particular los estudios periciales, las lesiones que sufrió exhiben una magnitud tal que torna insuficiente las cifras establecidas. Circunstancia ésta que califica como conculcatoria de su derecho a una reparación integral. Por análogo motivo, exigüidad, objeta el importe asignado para el rubro gastos de atención médica y medicamentos. Para ello sostiene que se ha obviado considerar las múltiples prácticas que, en virtud de las lesiones sufridas, debió afrontar. También la cuantía del daño moral es motivo de discrepancia. Al respecto alude a que el monto establecido es incongruente con la entidad de los padecimientos espirituales que sufrió.
Por otro lado discute la tasa de interés aplicada, respecto de la que afirma que no cumple con la finalidad normativamente asignada. Lo que, añade, provoca que perciba una indemnización absolutamente depreciada. Por último se queja de que la condena se haga extensiva a la aseguradora, sólo en los términos de la cobertura. En su inteligencia tal temperamento es erróneo por cuanto desconoce la dimensión de aquel; amén que, afirma, el límite vigente a la época del ilícito es palmariamente inaplicable al presente.
A su turno la citada en garantía objeta el monto fallado para el ítem incapacidad sobreviniente. En tal sentido enfatiza lo desacertado de la aplicación de una fórmula matemática para cuantificarlo. Esto en tanto aquella omite la ponderación de múltiples variables; lo que se traduce en la fijación de una cifra desproporcionada. De igual manera se agravia, por estimarla abultada, de la suma estipulada en concepto de tratamiento psicológico. Cuando, dice, no se advierte fundamento para ello. También pretende la desestimación del ítem tratamiento de rehabilitación, cuando la perito no ha podido otorgar certeza sobre el punto. Respecto a los gastos médicos y de medicamentos también los tacha de excesivos, alegando como sustrato de tal crítica, que no existe probanza alguna en torno a su efectiva realización. Además que, agrega, no se ha considerado que el reclamante contaba con obra social. En relación al importe asignado en concepto de daño moral sostiene que es desmedido, por cuanto no guarda relación alguna con la entidad objetiva del daño causado y probado. Por último considera errónea la tasa de interés fijada; porque colisiona con el criterio fijado por el Superior provincial al que debía ajustarse imperativamente.
IV. Inicialmente me abocaré al examen de las quejas planteadas, por ambos contendientes, vinculadas con la entidad dineraria fijada en concepto de incapacidad sobreviniente.
Vengo afirmando que la indemnización por incapacidad sobreviniente encuentra su justificación en el menoscabo experimentado en los denominados derechos de la personalidad. Más específicamente en la prerrogativa a la integridad existencial de la persona (conf. mi voto, entre otros, Sala I de este Tribunal, causa 56.759).
Es decir que esta clase de resarcimiento tiene como teleología la reparación de la disminución física-psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación y restablecimiento (conf. S.C.B.A. Acuerdos 54.767, 79.922, entre otros).
En la especie la perito médica legista Bentaverri dictamina que, a raíz del accidente, el actor presenta: Síndrome meniscal en rodilla izquierda, impotencia funcional de hombro izquierdo y cervicalgia postraumática. Asimismo especifica que dicha afecciones conllevan una incapacidad, de tipo parcial y permanente, que porcentualiza en un 23,9 de la TV (ver escrito electrónico número 18241173).
Cabe añadir que, en la oportunidad de responder el pedido de explicaciones efectuado por la aseguradora, fundamenta las conclusiones precitadas en la mecánica accidental y en las atenciones médicas inmediatas posteriores al hecho, agregadas al expediente que documentan las lesiones. De igual modo puntualiza que la corta edad del actor (24 años) excluye la posibilidad de la existencia de enfermedades de tipo degenerativas (típicas de pacientes de edad más avanzada) y descarta también la existencia una eventual simulación del cuadro (ver presentación electrónica 18780511)
La copia del libro de guardia y la copia de la historia clínica confeccionadas en el Policlínico San Justo, agregadas a fs. 4/5 y a fs. 134/136 respectivamente, describen lesiones que, además de ostentar contemporaneidad con la data del accidente, se advierten consistentes con las descriptas en el peritaje médico referenciado (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal)
Por otra parte el perito psicólogo Pino dictamina que el reclamante, a raíz del accidente que protagonizara, padece de un desarrollo psíquico post traumático de grado leve. Especificando que aquel desencadena una incapacidad psíquica, parcial y permanente, que porcentualiza en un 10 % del Valor Psíquico Global (VPG) o Valor Psíquico Integral (VPI). Asimismo puntualiza que el peritado presenta una estructura neurótica de base; pero que aquella se encuentra dentro de los parámetros comunes de la población y no representa patología (arg. artículos 474 y concordantes del Código Procesal; ver presentación electrónica número 18107749)
A esta altura conviene enfatizar que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales médicos, cuya valoración no escapa a las reglas de la sana crítica, se encuentra inescindiblemente asociada a que sus conclusiones exhiban consistencia con los antecedentes que den cuenta de la atención médica recibida. En especial, aquellos producidos con inmediatez a la ocurrencia del ilícito (arg. artículos 383, 474 y concordantes del Código Procesal; 901 y concordantes del Código Civil, su doc.; conf., mi voto, Sala III, causa 10.611, entre otros). Amén de que sus conclusiones deben ser fruto de la aplicación del método lógico deductivo, concretado a partir de la consideración global e interrelacionada, de tales constancias, de los resultados que emerjan de los estudios complementarios y de la evaluación personal (arg. artículos 384 y 474 del Código Procesal, su doc.)
En mi criterio tales exigencias se encuentran satisfechas en estos actuados.
Ahora bien, cuando se trata de indemnizar la incapacidad sobreviniente, el valor resarcible en sí mismo es la integridad físico-psíquica genéricamente considerada (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil).
De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos; o de meros cálculos matemáticos efectuados en base al criterio de “expectativa de vida”.
Las indemnizaciones tabuladas son, por esencia, propias del ámbito del derecho laboral y, por ende, exclusivamente focalizadas en la capacidad de trabajar de la víctima. Tal característica deja, por si misma, su ontológica inaplicabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil.
Esto en tanto y en cuanto, en tal esfera, debe mensurarse no solo las limitaciones de índole laborativo. Sino también la proyección que aquellas exhiben, en todos los aspectos de la personalidad. Ello a fin materializar efectivamente el principio de la integralidad resarcitoria, inmanente al sistema de responsabilidad civil. (arg. artículos 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; ver mis votos, Sala I, causas 56.522 57.137, 57.175, entre varias otras).
Por ende esa clase de porcentajes sólo constituyen un mero elemento más, a considerar entre una multiplicidad de variables, referidas a la edad, el sexo, la actividad, la magnitud de la minusvalía en concreto en relación a las peculiaridades del sujeto damnificado.
En concordancia con la tesis sostenida se hace trascendente enfatizar que el resarcimiento de los daños, está intensamente signado por el particularismo. De modo que no puede pretenderse identificar una suerte de consistencia entre los diferentes casos.
La traducción en numerario de los perjuicios variará, en función de las peculiaridades que presente cada ilícito y cada damnificado. Pretender homogeneidad resarcitoria y, simultáneamente, predicar la inaplicabilidad de los métodos actuariales para la cuantificación (que, como se dijo, tienden a establecer uniformidad) resulta manifiestamente contradictorio (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Por ende se impone subrayar, en sintonía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aun cuando el porcentaje de incapacidad es un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efectos de fijar las sumas indemnizatorias, existen otros que también tienen decisiva incidencia; los que deben apreciarse interrelacionadamente y con el prisma de la razonabilidad económica (conf. doctrina sentada, en autos “Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.” del 11 de junio de 2019)
En la especie está probado que el demandante tenía 19 años de edad al momento del hecho, que es de profesión policía, que percibe haberes netos –a enero 2019- de $25.955,30 con estudios secundarios completos y que vive con su esposa y dos hijos menores de edad en el Partido de La Matanza (arg. artículos 375, 384 y concordantes del Código Procesal; ver expediente 15074 sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda, declaración jurada y declaraciones testimoniales contenidas en la presentación electrónica número y sus ratificaciones de fs. 14).
La correlación de las lesiones físicas sufridas-ya descriptas, con las consecuentes limitaciones funcionales también referidas- con las circunstancias personales acreditadas, como así también con el monto del salario mínimo, vital y móvil vigente, me convencen que la suma justipreciada en la sentencia recurrida, resulta excesiva.
Por tal razón he de propiciar su reducción a la suma de $ 500.000 (arg. artículos 1068 y concordantes del Código Civil; 165 del Código Procesal; ver pericial médica, presentación electrónica 18241173, ver pericial de psicología, presentación electrónica número 18107749; ver expediente 15074 sobre beneficio de litigar sin gastos, por cuerda, ver Resolución 6/19 del CNEPYSMVY y DNU 630/19).
Como se reseñara, también se encuentra impugnado el importe fijado para el reclamo por daño moral.
Para precisar la conceptualización del daño moral estimo acertada la tesis de Matilde Zavala de González quien- se empeña en subrayar- que el eje en torno al que gira esta especie de reclamo es el criterio de la alteración, o pérdida de “la armonía vital del individuo” (aut. cit. “Resarcimiento de Daños”, tomo 5-A- editorial Hammurabi, Bs. As. 2005, pg. 22).
Es decir que su funcionalidad transcurre por la reparación del desequilibrio en la normalidad existencial, sufrido por la víctima a raíz del evento dañoso.
Análogo enfoque le dispensa la Casación bonaerense, quien viene sosteniendo que no cabe limitarlo al tradicional pretium doloris , sino que se extiende a todas las posibilidades frustradas, por lógica a raíz de la lesión, que tiene el sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida (Ac. 78.851, entre otros).
En síntesis lo que se trata de resarcir con este ítem, es el detrimento que se opera en la vida que llevaba la persona antes de padecer el accidente; atendiendo esencialmente a que con su reparación debe procurarse el otorgamiento de satisfacciones sustitutivas al damnificado (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil, su doc).
En lo atinente a su prueba es evidente que no se requiere una demostración acabada; debiéndoselo tener por acreditado con la sola acción antijurídica, atento constituir un daño in re ipsa.
Como correlato de ello es una carga del responsable de aquel, la demostración cabal de la existencia de circunstancias que excluyan su procedencia (arg. artículo 1078 y concordantes del Código Civil, 375 y concordantes del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la S.C.B.A. Acuerdos 39.597, 46.960, 59.834, entre muchos precedentes análogos).
Ahora bien el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria y no existe razón jurídica que imponga una aritmética relación con la extensión y/o las particularidades, que tenga el daño físico-psíquico.
Tal solución obedece a la evidente disímil teleología que tiene cada uno de estos rubros. (arg. artículos 1075 y 1078 del Código Civil conf. doctrina sentada por la SCBA C. 55.728, Cám. civ. y com. Departamental, mis votos en Sala II, causas 49.945, 53.694, entre muchos precedentes análogos).
A partir de la consideración de la edad de la víctima al momento del hecho –19 años- del contexto socioeconómico en el que se desarrolla su existencia (del que ya he hecho mérito), de la clase de padecimientos físicos sufridos (que comportaron limitación funcional) , del tratamiento médico que se le ha prescripto (esencialmente FKT, crioterapia e ingesta medicamentosa)y del malestar inherente al trastorno de estrés postraumático, considero que la cifra justipreciada es excesiva (arg. artículos 1078 y concordantes del Código Civil, 165, 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal, ver informes remitidos).
Por tal motivo igualmente propicio su reducción a la suma de $ 200.000
También han cuestionado las apelantes la suma fijada en concepto de gastos de farmacia, asistencia médica y traslados.
Cabe apuntar que tal ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma, expresamente, alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia.
Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto por cuanto, y en los términos del artículo 1068 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
En cuanto a los presupuestos que lo tornan viable y a los parámetros a adoptar para fijar su extensión dineraria, hay consenso jurisprudencial y doctrinario en cuanto a que la demostración del daño psicofísico permite presuponer dichos desembolsos. Como así también que- es un auténtico hecho notorio- ni los hospitales públicos ni las obras sociales cubren, habitualmente, la totalidad de tales gastos. (conf. mi voto en Sala II, causa 5847, entre muchas otras)
Empero la tesis expuesta no conlleva una abrogación, lisa y llana, de la exigencia acreditativa que impone el artículo 375 del Código Procesal. Aunque, claro está, la ponderación de la satisfacción de tal carga procesal adopta una particular fisonomía, atento las particularidades que caracterizan a esta especie de erogaciones.
Es que usualmente se trata de desembolsos de escaso monto; de los que no se tiene el comprobante-recibos o instrumentos funcionalmente análogos- que permitan apreciar su existencia de un modo pleno.
Precisamente y por este motivo la jurisprudencia viene sosteniendo, de un modo pacífico, que la acreditación del daño psicofísico permite presuponer esta especie de desembolsos (conf., mi voto, en la Sala III de esta Cámara, causa 14.430, entre otros precedentes).
Por ende lo determinante es que denoten una adecuada vinculación-una suerte de relación de necesariedad- con los padecimientos sufridos por la víctima (arg. artículos 901, 1068, 1086 y concordantes del Código Civil; mi voto, Sala II, causa 41.262, entre otras).
En el caso concreto de autos se aprecia que para fijar el monto en la sentencia se han considerado, sustancialmente, las características de las lesiones sufridas.
Tal razonamiento probatorio no es inadecuado pues, tanto la experticia médica como la historia clínica labrada en el Policlínico Central de San Justo, demuestran la existencia de lesiones(arg. artículos 375, 384, 474 y concordantes del Código Procesal; ver pericial de medicina legal, presentación electrónica 18241173, e instrumento de fs. 134/136)
Con tales pautas, en mi criterio, el importe fallado en la sentencia de grado se aprecia como razonable; razón por la que propongo la desestimación de sendos recursos de apelación, con la consecuente confirmación de lo decidido (artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
La aseguradora, tal como se reseñara, cuestiona el importe asignado a la partida tratamiento psicológico.
Según se extrae del peritaje psicológico, a efectos de no agravar la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, se sugiere la realización de tratamiento psicoterapéutico. Especificándose frecuencia semanal y por un plazo no inferior al año. (ver pericial de psicología, presentación electrónica 18107749).
La consideración de los valores de la sesión especificados referencialmente en el peritaje, a la luz de las máximas de la experiencia, permiten predicar, desde mi óptica, el carácter excesivo del monto fijado en el decisorio apelado (arg. artículos 384 y 474 del Código Procesal). Por ende estimo razonable proponer su reducción a la suma de $20.000 (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal).
También la citada en garantía ha objetado la procedencia del ítem tratamiento de rehabilitación.
Es cierto que, como lo apunta la quejosa, en la pericial médica se indica la imposibilidad de precisar con certeza los tratamientos que debió realizar el accionante. Empero con el informe remitido por el centro de rehabilitación, agregado como fs. 117/124, se aprecia que el reclamante se sometió a sesiones de rehabilitación kinesiológica (arg. artículos 384 y concordantes del Código
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