Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 22779
Causa Nº MO-22779-2015 R.S.: 204 /2020
Con fecha 30 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ RIOS HERNAN SAMIR Y OTROS C/ LOPEZ JUAN JOSE Y OTROS S(N3)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ” Causa Nº MO-22779-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA/GALLO , resolviéndose plantear y votar las siguientes::
C U E S T IO N E S
1ra.: ¿Es justa La sentencia apelada de fs. 453/471?
2da. : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA dijo:
Contra la sentencia definitiva de fs. 453/471 apela la parte actora el día 4-12-2018 y la demandada y citada en garantía el día 30-11-2018. Expresan agravios tanto la actora como la demandada y citada en garantía, contestando posteriormente cada una de las partes el traslado de la otra.-
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda iniciada por Hernán Samir Ríos, Tamara Ayelén Sequeira y Miguel Angel Juarez contra Juan José Lopez y Satro SA. Haciendo extensiva la condena a Allianz Argentina Cia. De Seguros, en los términos del art.118 de la ley 17.418, con costas.-
Los actores y la demandada se agravian del fallo; los primeros porque estiman bajos los montos determinados para indemnizar 1) la incapacidad sobreviniente; 2) el daño moral y 3) la fijación del interés del 6%.-
Los demandados porque consideran elevados los importes
De los rubros 1) incapacidad sobreviniente; 2) daño moral y 3) tratamiento psicológico y fisiokinetico.-
Como ambas partes cuestionan los montos de la incapacidad sobreviniente y daño moral, la resolución que resulte será extensiva para la parte actora y la parte demandada.-
A ) .- Incapacidad Sobreviniente
1 ) .- Daño físico
Como consecuencia del accidente relatado en la demanda, los co actores sostuvieron que se les produjo determinado menoscabo físico.
A fs. 161/165 consta, con fecha 19-06-15 la atención del Sr. Miguel Juarez por protocolo de traumatismo en el Hospital Higa Guemes.-
A fs. 17 consta la atención del Sr. Hernán Ríos, el día 19-06-15 por parte del médico traumatólogo Dr. Kopelman.-
A fs. 22, el mismo profesional Dr. Kopelman, el mismo día 19-06-15, atiende a la Sra. Tamara Sequeira.-
A fs. 270/273 nos encontramos con la pericia médica a cargo del Dr. Lopardo , en ella relata el escrutinio médico efectuado a los tres actores.
Respecto del Sr. Hernán Samir Ríos , en el examén médico el experto comenta que éste “…no refiere antecedentes clínicos y/o traumáticos de relevancia “. Al examen de cabeza y cuello , no constata deformidades ni asimetrías. Raquis cervical , ”a la inspección no se observan deformaciones ni tumoraciones. Refiere cervicalgia a diario…”.-
Torax y abdomen “ no corresponden lesiones respecto al accidente en autos “. Miembro superior “ no corresponden lesiones con respecto al accidente en autos “. Raquis dorso lumbar “…a la inspección no se observan deformidades ni tumoraciones “. Miembro inferior “ no corresponden lesiones con respecto al accidente de autos “ .-
El examen médico efectuado al Sr. Miguel Angel Suarez y a la Sra. Tamara Ayelen arroja los mismos resultados negativos – ver fs. 271/272 -.-
En el informe radiológico realizado en F. K. T “Tratamiento y Rehabilitación“ firmado por el Dr. Nestor O. Aro se detecta en los tres actores pérdida de la lordosis fisiológica.- ver fs. 276/277/280 .-
En sus consideraciones medico legales, el perito llega a la conclusión que “…existe nexo causal entre las secuelas que presentan los evaluados y el accidente de tránsito que se denuncia en autos…” por lo que los co-actores, poseen cervicalgia y les otorga una incapacidad física parcial y permanente del 8% a cada uno.-
A fs. 296/97 la demandada impugna pericia médica, con el argumento que “…las alteraciones encontradas en las radiografías son de índole exclusivamente degenerativas…” por ello considera infundados y antojadizos los porcentajes de incapacidad.-
Dicho esto, cabe recordar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica “ un daño en el cuerpo o en la salud “ es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto, habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas debe ser adecuadamente protegidas. La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo ( arts. 33,75 inc.22 Const.Nac, 1086 del C.Civil).-
En las lides de la cuantificación dineraria el valor resarcible es precisamente la referida integridad físico-psíquica genéricamente considerada. De modo que, a mi juicio, el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, efectuados en base al criterio de “ expectativa de vida“ .-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que para evaluar el resarcimiento no es necesario ceñirse a rígidos criterios matemáticos, sino que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al criterio del juez, y este debe remitirse a sus propias máximas de la experiencia.-
“…prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y frios, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso “ ( Morello-berizonce, “Códigos procesales”,T II,pág.137) .-
Conforme lo dicho, valorando la incapacidad informada y las circunstancias personales de cada uno de los co actores, establezco la suma de $ 125.000.- (pesos ciento veinticinco mil ) para resarcir el daño físico, para cada uno de los tres actores (art. 165 del CPCC).-.-
Esta suma devengara un interés puro del 6% anual desde la fecha del ilícito –10-06-2015 - hasta la sentencia de grado ( arts. 772,y 1748 ) y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco Provincia en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa ( art. 622 del C.Civil).-
2 ) .- Daño psicológico.-
Los accionantes, en su demanda, a fs. 45 solicitan la designación de un perito psicólogo único de oficio, para que los examine.-
La demandada a fs. 92 y 101/102 impugna la presunta incapacidad psicológica y el monto solicitado.-
Nos encontramos, en archivo adjunto, al experto médico Dr. Lopardo, que se presenta como especialista en ortopedia, traumatología y en medicina legal, y contesta los puntos de pericia sobre la base de un informe psicodiagnóstico elaboradas por la Lic. en psicología Verónica Castro, haciendo suyas las conclusiones, sobre Hernán Samir Rios, obrante a fs. 311/314; sobre Tamara Ayelen Sequeira de fs. 321/324 y un tercero sobre Miguel Angel Juarez de fs. 330/333.-
En los tres informes, la especialista les otorga, a los actores, el 15% de incapacidad por padecer “…trastorno por estrés postraumático en periodo de estado moderado con incapacidad del 15%...”
Asimismo recomienda para los tres accionantes tratamiento terapéutico de una duración aproximada no menor a un año.-
La parte demandada, a fs. 367/369 formula observaciones al informe psicológico, las que son contestadas a fs. 379.-
La psicóloga de marras jamás fue designada judicialmente para intervenir en las actuaciones, ni autorizado el médico legista para actuar procesalmente como lo hizo, querer hacer valer una tarea pericial de una persona que no fue designada legalmente, ajena al proceso. Con el agravante que al pedir la parte demandada explicaciones del informe psicológico, las contesta el perito médico, fs. 379, experto que no posee esa especialidad.-
La responsabilidad es de la parte actora que había peticionado la indemnización del daño psicológico, la desansiculación de un perito psicólogo, ver fs. 45 y a quien le correspondia demostrar y acreditar el hecho fundante de su petición (arts. 375,384 del CPCC).-
Por lo expuesto, al no quedar demostrado el daño psicológico por prueba idónea, debe ser desestimado junto con el tratamiento psicológico, revocándose la decisión de primera instancia al respecto.-
B) Daño Moral
Ambas partes se quejan de la cuantificación, la actora por bajo y la demandada por elevado.-
El daño moral resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano.-
La determinación del monto es de asaz difícil fijación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos ni a procedimiento matemático alguno, por cuanto corresponde atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso.-
La suma que se fija por este concepto se halla librada a la interpretación que hace el juzgador a la luz de las constancias aportadas a la causa, tratando de formular un juicio prudencial, enmarcado en la normativa del art. 165 del CPCC).- Por ello propongo fijar el monto indemnizatorio en la suma de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) para cada actor, al cual se aplicará el mismo interés que el fijado para el daño físico, desde el día del infortunio, el 19-06-2015.-
C ).- Tratamiento psicológico
La queja de la demandada al respecto fue resuelta al rechazarse la incapacidad psíquica y el tratamiento.-
D ).- Tratamiento Fisiokinetico
La demandada solicita el rechazo de este rubro.-
El experto Dr. Lopardo recomienda “….tratamiento kinesiológico, con el fín de mitigar sintomatología y evitar agravamiento tensional “ indica 20 sesiones para cada actor tres veces por semana – ver fs. 273 –
La demandada en su rechazo a la pericia médica de fs. 296/297 no hace cuestionamiento alguno a las practicas kinesiológicas.-
El experto enfatiza la necesidad de la realización de estos tratamientos para superar o disminuir las inhabilidades físicas derivadas de la incapacidad sobreviniente.-
Este ítem resarcitorio encuentra apoyatura normativa en el artículo 1086 del Código Civil. Dicha norma expresamente alude al pago de todos los gastos de la curación y convalecencia. Por ende es incuestionable su condición de daño patrimonial indirecto, por cuanto y en los términos del artículo 1078 del mentado Código, constituye un verdadero perjuicio económico lesivo de los derechos del afectado.
Por ello considero que debe hacerse lugar a este reclamo y confirmarse la suma de $ 14.000.- ( pesos catorce mil ) para cubrir el tratamiento.-
E ) .- Calculo de intereses.-
Los actores en su expresion de agravios, cuestionan la fijación del interes del 6% solicitando la utilización de la tasa pasiva mas alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.-
Hasta el momento de celebrarse el acuerdo N° 839 de este Excelentísimo Tribunal, me había venido inclinando por la aplicación de la tasa pasiva digital, a partir de dicho Acuerdo me plegué a la postura de aplicar la tasa pura del 6%, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. En los casos “ Vera “ y “ Nidera “.-
Así lo hice por varias razones.-
En primer término, porque dicha postura se había tornado mayoritaria en el seno de esta Excelentísima Cámara. Por lo demás– desde mi punto de vista- era necesaria la unificación de posturas entre las diversas salas de este tribunal, para permitir que los justiciables, profesionales e incluso a los organos judiciales de la instancia previa, tener pautas certeras y uniforme acerca de la orientación jurisprudencial de la Excelentísima Cámara como Tribunal de Alzada. Con todo, la postura adoptada por la Suprema Corte en “ Vera “ y “ Nidera “ se ha tornado abrumadoramente mayoritaria en el ámbito de nuestra provincial.-
Así, la existencia de esos dos fallos ha generado – en la práctica – una uniformidad de criterios ( casi absoluta) en los organos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, no resulta razonable seguir manteniendo una postura que, a la fecha, resulta minoritaria no solo en el ámbito interno de esta Excelentísima Cámara sino en el ámbito provincial.-
En consecuencia he de rechazar la apelación interpuesta, pues estimo económicamente adecuado fijar un interes puro del 6% anual desde la fecha del ilícito – 19 de junio de 2015 – hasta la sentencia de grado ( arts. 772 y 1748 ) y de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta que pague el Banco provincial en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (art. 622 C. Civil SCBA Causa C119176 del 15-06-2016).-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia reduciéndose el monto a la suma de $ 189.000.- (pesos ciento ochenta y nueve mil) para cada uno de los tres actores.
Costas de la alzada a la actora vencida (art. 68 del CPCC).-
Voto en consecuencia,
PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO DIJO
Adhiero al voto que antecede por sus mismos fundamentos, con mas la aclaración que aquí efectúo, en cuanto a la tarifación de los montos y la tasa de interés.
En lo tocante al monto fijado por incapacidad, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente, la base referencial que estamos utilizando es la de $25.000 por punto de incapacidad (mi voto en causa 36.969, R.S. 20/20).-
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse –y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado –valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil).-
Por otro lado, es necesario añadir a todo lo dicho alguna consideración mas, en cuanto a la aplicación de una fórmula matemática (polinómica), a los fines de tarifar los resarcimientos.-
Al respecto, en varios precedentes la Suprema Corte de Justicia provincial, sin desconocer la utilidad de los cálculos matemáticos, ha reprobado los fallos que se apegaron excesivamente a los mismos; como lo dijo el Dr. de Lázzari las fórmulas juegan como un elemento mas a considerar junto con un haz de pautas fundamentales ajenas al
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