Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 54704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, a los apelantes vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).
Causa Nº MO-54704-2016 R.S.: 36/2021
Con fecha 25 de Febrero de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ CATELLA JORGE HUGO C/ BUERA SANDRA NORMA Y OTRO/A S(N0)/ DESALOJO FALTA DE PAGO ” Causa Nº MO-54704-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta por Jorge Hugo Catella, y en su consecuencia condenó a Sandra Norma Buera Karen Accorinti Buera y Gonzalo Brian Lizaso, al desalojo del inmueble sito en Barrio Cartero Bruno C. Ramírez, casa 365 de la localidad de Hurlingham, Pdo. del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, bajo expreso apercibimiento de decretar el lanzamiento del inmueble de mención. Asimismo rechazó el reclamo por cobro de mejoras inmobiliarias deducida por los nombrados en último término e impuso las costas de esta causa a la demandada perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, hasta tanto se acredite en autos el valor del inmueble a restituir.
2. Contra tal forma de decidir se alzó la parte demandada interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente el día 10 de marzo de 2020 y se fundo con la expresión de agravios presentada el 11 de septiembre de 2020, replicada por el actor el día 23 de septiembre de aquel año 2020.-
3. El día 15 de octubre de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Se agravian los demandados por cuanto a su entender el juez no tuvo en cuenta la defensa introducida de la posesión, como tampoco hizo lugar al reclamo de las mejoras.
Asimismo los quejosos cuestionan la imposición de costas.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, de todo comienzo es menester rememorar que el proceso de desalojo tiene como teleología asegurar la libre disponibilidad de los inmuebles al que tiene derecho a ello, cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en la posesión precaria o tenencia, mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden considerarse existentes o, en su caso, cuando se encuentran sin derecho a ello y contra la ley (conf. Alsina “Tratado de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, pg. 402 y ss.; mi voto, Sala I, causa 56.783, entre otros).
El análisis de los actuados devela que el demandante promueve la presente acción de desalojo invocando la existencia de un contrato de locación, el cual ha sido peritado y de cuyo dictamen se desprende que fue rubricado por la aquí demandada.
Al adeudar alquiler, el actor pretende el desalojo que se ventila en autos.
Por otra parte, el carácter de inquilina de la demandada ha sido confesa según se desprende del mandamiento de constatación obrante en autos.
Ahora bien, tal como ha quedado planteada la controversia, se torna indispensable enfatizar-como se anticipara- que este proceso especial tiene por único objeto la recuperación del uso y tenencia de un inmueble; no siendo factor de debate el dominio ni la posesión. Toda indagación, referida al ius possidendis o al ius possesionis, desnaturaliza la acción y la torna inviable (arg. artículo 676 del Código Procesal; conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdos 33.469, 79.953, 83.235; mi voto en la Sala II, causa 57.454; entre varios otros).
Sin embargo es necesario subrayar que la prueba de la posesión que se alega como hecho impeditivo de una pretensión de desalojo, no requiere de una prueba rotunda. Análoga a la que el ordenamiento jurídico exige para las pretensiones de usucapión sino que las probanzas deben demostrar, con suficiencia necesaria, la verosimilitud de dicha circunstancia sin resultar relevante ni el plazo de la misma, ni su legitimidad o ilegitimidad. Pues no se trata de producir una prueba acabada de la posesión, sino que es preciso una semiplena prueba del hecho que genere en el juez convicción suficiente acerca de la necesidad de que el debate se encuadre, en procesos de mayor amplitud cognoscitiva (esta sala en causa nro. MO15245-2018 R.S. 225/18)
Entiendo determinante realizar algunas apreciaciones liminares. Por un lado mal puede pretenderse que el reclamante demuestre su titularidad dominial sobre el bien, siquiera su posesión, por cuanto aquella no resulta ser una exigencia asociada a la capacidad de derecho para dar en locación una cosa; siendo suficiente con gozar de la mera administración de aquella (arg. artículo 1510 y concordantes del Código Civil, su doc.). Por otra parte precisamente el accionante apoya fáctica y jurídicamente su reclamo en el hecho de la concertación de dicho contrato, y no en orden a su eventual condición de propietario o poseedor. Y, por último, el recurrente ha expresado su voluntad de obligarse en tales términos contractuales al firmar el instrumento y reconocer su carácter de inquilina en el mandamiento de constatación de fs. 50.
Así las cosas es fácil advertir que, siendo irrelevante todo debate en torno a la existencia y validez del contrato de locación, la calidad de inquilinos de los demandados reconocida por aquellos, la pretensión de los mismos en el escrito de fundamentación en estudio, colisiona con la doctrina de los actos propios. Predicar que se es poseedor y, simultáneamente, convertirse en locatario de ese mismo inmueble lo afirma (arg. artículos 1198 y concordantes del Código Civil; su doc.). A lo que debe adunarse que no ha arrimado a los actuados siquiera mínimos elementos de convicción que otorguen el indispensable sustrato fáctico a su pretensión. (arg. artículos 375 y concordantes del Código Procesal.
En cuanto a las mejoras, es preciso decir en primer término que ha quedado demostrado en autos que las partes se encontraban ligadas por el contrato de locación obrante a fs. 3/4 vta.
Que de dicho instrumento se desprende que los locatarios recibieron el inmueble a su entera satisfacción en perfectas condiciones de conservación y uso (clausula primera); que reciben el inmueble un muy buen estado de uso y conservación que declaran conocer y aceptar (clausula 14) quedando prohibido a los locatarios introducir modificaciones o cambios en la estructura e instalaciones del inmueble; en caso de introducir modificaciones al inmueble locado los locatarios deberán pedir autorización por escrito al locador, quedando todas las mejoras en beneficio del locador sin que ello signifique pago o indemnización alguna a favor de los locatarios (clausula 16).
Sentado ello debemos decir que los argumentos traídos por los quejosos caen ante el tenor de dicha cláusula.
A mayor abundamiento no hay que perder de vista -también- que las mejoras realizadas por los locatarios no pueden ser tildadas de urgentes. Ello se desprende de los testimonios de los testigos Bertoloti (quien ha reconocido el presupuesto obrante a fs. 80 y la realización de aquellos trabajos).
Agrego -ademas- que aquellas mejoras no han sido notificadas al locador para su realización y no autorizan indemnización alguna en virtud a lo firmado en el contrato aludido precedentemente (ver clausula 16 última parte).
Por último, y en cuanto a las costas, diré que esta Sala tiene dicho en numerosas causas que: "La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p 202).
En otras palabras, las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30).
Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.
Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no está condicionada por la temeridad, mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso..." (esta Sala en Causa nº 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).
Entonces, conforme lo dispuesto por el principio objetivo de la derrota referido "ut supra", concretamente establecido por los arts. 68, primer párrafo, y 69, primer párrafo, del C.P.C.C. y de acuerdo a la forma en que se ha resuelto la cuestión sobre la el desalojo propiamente dicho y las indemnización por mejoras pretendidas por los demandados, corresponde confirmar la imposición de costas a los apelantes vencidos.
Las razones, tanto fácticas como jurídicas, explicitadas a lo largo del presente voto me llevan a proponer la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada a los apelantes vencidos (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Voto, en consecuencia, por
LA AFIRMATIVA .
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, a los apelantes vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 3991/20 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:09:41 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:17:05 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:17:33 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia