Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 57208
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la recurrente (art. 68 del CPCC).
Causa MO-57208-2019 R.I.:15/2021
AUTOS Y VISTOS : El recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 21 de Febrero de 2020, concedido en relación y fundamentado con el memorial de fecha 6 de Marzo de 2020, replicado con el escrito de fecha 15 de Marzo de 2020, presentaciones -ambas- a las que cabe remitirse en homenaje a la brevedad
CONSIDERANDO : Que la apelante viene quejándose de la suspensión que fuera dispuesta, en el auto apelado, respecto de la ejecución prendaria por ella entablada, hasta tanto recaiga resolución en la presente.
Abordando el asunto cabe señalar que, dentro del universo de posibilidades que se otorga al juez lo cautelar, la de suspender la tramitación de unas actuaciones es una alternativa posible, frente a determinadas condiciones (CAMPS, Carlos E., Derecho procesal civil y comecial eficaz, Erreius, Buenos Aires, 2017, T II, p. 1430 y siguientes; Corte Sup., Fallos 335:650; Sup. Corte Bs. As., 16/4/2014, "Álvarez, Raúl y otro c/Citibank NA medida cautelar (art. 250, CPCC)" , Cita digital: IUSJU217384D; C. Civ. y Com. San Nicolas, 25/10/2011, "Leiva Gonzalo c/Solanes Cesar Enrique y otros s/Ejecución de sentencia")
Lo cual, incluso, se refuerza -y torna un deber- ante la directiva de prevención de daños contenida en los arts. 1710 y ccdtes. del CCyCN, y mas aun si la cuestión involucra temas vinculados con los derechos de usuarios y consumidores (art. 42 Const. Nac., ley 24.240).
Frente a este cuadro de situación, cabe hacer notar -de todo comienzo- que, aun si no se hubiera dispuesto la suspensión decretada mediante el auto apelado, la ejecución hipotecaria no podría avanzar, a tenor de las prescripciones de la ley 15.172, modificada por la ley 15.193., hoy vigente.
Ahora, y al margen de ello, teniendo en cuenta los alcances de la pretensión aquí articulada (ver escrito liminar), y fundamentalmente el hecho de hallarnos frente a una relación de consumo (al menos ello podemos presumir, teniendo en cuenta la composición subjetiva de la litis, como así también el tipo de bien adquirido, no habiendo ningún elemento que nos indique lo contrario) parece razonable la decisión del Sr. Juez de Grado, avalada -en una aplicación analógica- por la pauta del art. 193 del CPCC y por la antedicha directiva de prevención de daños, en atención a las circunstancias (objetivas) descriptas en la pretensión inicial.
Por lo demás, y aquí lo fundamental, los agravios que declama la quejosa, objetando la suspensión y resaltando el perjuicio que ella le causaría para nada se condice con el hecho (objetivo) del escaso impulso de la ejecución prendaria ahora suspendida.
En efecto: aquel proceso fue iniciado en Mayo de 2019 (aludiendo, incluso, una mora que se remontaba a mas de un año atrás) y su impulso no fue c élere , hasta que la suspensión (casi un año después) fue decretada.
Frente a este cuadro de situación, no puede la quejosa venir a cuestionar aquella suspensión (a resultas de un juicio sumarísimo, que es la tipología procedimental mas breve) cuando ella misma no fue diligente ni en la promoción, ni en el impulso, del expediente suspendido.
Argumenta en cuanto a la eventual desfinanciación del grupo cuando, se insiste, fue ella misma la que demoro casi un año en promover la ejecución, sin enfatizar, luego, en su impulso.
Y mas aun, se insiste, cuando aquella suspensión -al margen de lo que aquí se hubiera dispuesto- deriva, actualmente y durante casi todo el período transcurrido, de aquellas normas.
De este modo, si en lugar de enredarnos en el abordaje de este recurso (el auto apelado es del mes de Marzo de 2020 y el expediente llegó a la Cámara a fines de Octubre de ese año) se hubiera avanzado en la tramitación de la acción principal, ello hubiera aparejado mejores resultados que los que, hasta ahora, se han producido.
Por si ello fuera poco, hay un dato que no es menor: la presente acción fue promovida en el mes de Febrero de 2020, luego de que -en la ejecución prendaria- la ahora apelante desoyera sendas convocatorias a audiencias fijadas por el Sr. Juez de Grado (ver actas de fecha 12 de Diciembre y 13 de Febrero de 2020); tal vez (no podemos saberlo a ciencia cierta), si allí hubiera comparecido, este proceso no hubiera sido instaurado.
Pero, desoyendo el llamado, dejó de comparecer.
Es esta una razón mas que avala lo decidido: si la apelante pudo, y debió, comparecer cuando el juez la convocó, en el marco del proceso que ella había promovido (la comparecencia hace a razones mínimas de respeto, no solo a la jurisdicción, sino también al consumidor) a una instancia donde la cuestión que aquí se ventila podía haberse canalizado, no puede quejarse -luego- si el consumidor promueve un reclamo del tenor del presente y ello apareja la suspensión del proceso principal.
Luego, y por todas estas razones, el auto apelado debe confirmarse.
Consecuentemente, la Sala RESUELVE : CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la recurrente (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 02/03/2021 09:09:53 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 13:45:32 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 13:46:20 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia