Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7800
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso deducido por TPC Cia. de Seguros.
Asimismo, se confirma el fallo apelado en fondo de lo que resuelve, MODIFICANDOLA en cuanto a la imposición de costas, las que quedarán impuestas en el orden causado.
Costas de Alzada, en el orden causado (art. 68 2º p. del CPCC).
Causa Nº MO-7800-2014
Con fecha 07 de diciembre de 2021, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ACUÑA RAMON ORLANDO C/ TC HAEDO SRL Y OTRO/A S(N6)/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) Causa N º MO-7800-2014" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA dijo:
1. Contra el decisorio dictado el 12 de julio del 2021, se alzó la demandada interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación el 13 de julio y se fundó con el memorial presentado el 9 de agosto, confiriéndose el respectivo traslado el 10 de agosto.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
También apeló la mediadora, su recurso se concedió en relación y fue fundado con el memorial de fecha 5 de agosto de 2021, al que también cabe remitirse.
Igualmente apeló TPC Cia. de Seguros, su recurso se concedió en relación y se lo fundó con fecha 9 de Agosto de 2021.
2. El 2 de septiembre del 2021, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Preliminarmente, debemos señalar que se deberá declarar desierto el recurso deducido por TPC Cia. de Seguros, dado que de las constancias de autos surge que la presentación del memorial ha sido en forma extemporánea (art. 246 y 261 del C.P.C.C.).
Aclarado ello, y pasando al fondo de la cuestión estimo oportuno comenzar recodando que el artículo 53 de Ley de defensa al consumido en su parte correspondiente reza:
" (...) Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio"
Sobre el tema, lLa jurisprudencia bonaerense ha destacado que " Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado "de modo coherente con todo el ordenamiento", como acontece en la especie, máxime ello que la ley que pretende el impugnante que no sea aplicada es de orden público (art. 65, Ley 24.240 -LDC-). (C, 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2º, 129534 RSD 124/21 S 01/06/2021, "MAEBA S.R.L. C/ ARANGUREN MARTIN ALCIDES S/ COBRO EJECUTIVO").
Donde también se dijo que: "el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, "Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita", publicado en "La Ley" el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19) "
" Dentro del régimen de defensa del consumidor, hemos tenido oportunidad de expedirnos en cuanto a los alcances de la garantía de gratuidad allí consagrada y, en tal tarea, nos hemos inclinado por adoptar una postura amplia en el entendimiento de que la aplicación de dicha franquicia no se agota con la eximición de tasa y sellados, sino que comprende a todas las costas del proceso. Al receptarse el principio de justicia gratuita en el marco de los reclamos deducidos con fundamento en una relación de consumo, la normativa es clara en cuanto dispone que, al tratarse de acciones de carácter individual, la parte demandada puede acreditar la solvencia del consumidor mediante un incidente, en cuyo caso cesará el beneficio (art. 53 de la ley 24.240). En tanto medie el beneficio de gratuidad en cabeza del accionante, las costas del proceso impuestas a cargo del consumidor no resultarán exigibles. " (C. Civ. y Com,. Mar del Plata, sala 2ª, 165489 192-R I 05/06/2018, "ALFAGEME, ESTEBAN RAFAEL C/ BANCO FRANCÉS BBVA SA S/ DAÑOS YPERJUICIOS - ART. 250 CPCC) juba sumario B5050281.
Es definitorio, en este sentido, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 14 de Octubre de 2021 en "ADDUC y otros c. AySA SA y otro s/proceso de conocimiento", donde se dijo
" Que respecto de la reglamentación legal de la cláusula constitucional examinada, corresponde recordar que en el segundo párrafo del artículo 55 de la ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) se establece, en relación con las asociaciones de consumidores, que “[l]as acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.
A los efectos de determinar el alcance que cabe asignar a la frase “justicia gratuita” empleada por el legislador, es importante reparar en que tales términos también fueron incorporados en el párrafo final del artículo 53 de la misma ley, en el que se señala que “[l]as actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
8. Que una razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 -que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240-, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso .
En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente . Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada -en ciertos casos- la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte ".
Nos habla la demandada de la inaplicabilidad de la ley de defensa al consumidor a las profesiones liberales; a todo evento, serían los profesionales liberales quienes podrían esgrimir esta circunstancia y no ella, ligada indudablemente, en su carácter de prestadora de un servicio, al actor por una relación de consumo.
Ahora bien, aquella indicación de que la operatividad es automática, desplaza la exigencia de impetrar una solicitud al respecto.
Por lo demás, lo así expuesto resta virtualidad a los agravios de la demandada en cuanto pretende que el beneficio no comprenda la condena en costas.
Amén de ello, y si alguna duda quedara, la misma siempre ha de resolverse con el criterio mas amplio y favorable al consumidor (art. 42 Const. Nac., 3 ley 24.240).
Y en relación a la solvencia del consumidor, la norma comentada pone a cargo de quien pretendiera el cobro de las costas y gastos, su alegación y acreditación; por cierto ello implica promover la pertinente incidencia y que el tema se resuelva con debate y aporte de las pruebas respectivas.
De este modo, entiendo que el recurso de la demandada no es de recibo.
Por otra parte, muchos de los agravios de la mediadora que ha apelado encuentran respuesta en lo ya dicho.
Ahora, creo que le asiste alguna razón cuando nos habla de la imposibilidad de cobro de sus estipendios y, a mi modo de ver, su actuación ha sido ajena a la controversia existente entre las partes.
Luego, por mas que el actor sea un consumidor y ello le reconozca el beneficio de justicia gratuita, esto no puede implicar -a mi juicio- que la mediadora quede sin percibir sus honorarios.
De hecho, la situación del beneficio de litigar sin gastos en cabeza del condenado en costas está prevista en el art. 7 de la ley 13.951 y sus reglamentaciones (ver arts. 7 Dec. 2530/10, 43/19 y 600/21).
Y si bien esta norma no dice nada en cuanto al beneficio de gratuidad, las razones que subyacen a una y otra situación son exactamente las mismas.
Consecuentemente, sin perjuicio de lo que se ha resuelto, y confirmado, la mediadora podrá optar por intentar acreditar la solvencia del consumidor o transitar el camino de las normas reglamentarias antes aludidas, frente a lo cual quedará a cargo del juzgado de origen el actuar lo conducente para comunicar a los organismos competentes que, en el caso, se da una situación análoga a la del beneficio de litigar sin gastos, que conlleva la aplicación del aludido sistema.
Luego, por todo lo que llevo dicho y sin perjuicio de lo dicho en el punto anterior (que no conlleva la revocación del fallo), deberá confirmarse la resolución apelada, en lo principal que decide.
Con todo, y teniendo en cuenta lo objetivamente dudoso de la cuestión debatida, creo que hay razones suficientes como para imponer las costas en el orden causado (art. 68 2ª p, CPCC), tanto las de primera instancia, como las de Alzada.
Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor JORDA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso deducido por TPC Cia. de Seguros.
Asimismo, SE CONFIRMA el fallo apelado en fondo de lo que resuelve, MODIFICANDOLA en cuanto a la imposición de costas, las que quedarán impuestas en el orden causado.
Costas de Alzada, en el orden causado (art. 68 2º p. del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 3991/20 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL .
Firmas
Funcionario Firmante: 07/12/2021 11:58:49 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2021 12:17:59 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2021 12:19:12 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 07/12/2021 12:33:29 hs. bajo el número RS-127-2021 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia