Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 36925
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC).
Causa N ° MO-36925-2018
VISTO: el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 6 de Junio de 2022, concedido en relación y fundamentado con el memorial de fecha 24 de ese mismo mes y año, que no fue respondido y a cuyos términos cabe remitirse, en homenaje a la brevedad
CONSIDERANDO : Que a fin de resolver la cuestión traída, es necesario recordar que desde esta Sala se ha sostenido que:
" el artículo 53 de Ley de defensa al consumido en su parte correspondiente reza:
" (...) Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio"
Sobre el tema, lLa jurisprudencia bonaerense ha destacado que " Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado "de modo coherente con todo el ordenamiento", como acontece en la especie, máxime ello que la ley que pretende el impugnante que no sea aplicada es de orden público (art. 65, Ley 24.240 -LDC-). (C, 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2º, 129534 RSD 124/21 S 01/06/2021, "MAEBA S.R.L. C/ ARANGUREN MARTIN ALCIDES S/ COBRO EJECUTIVO").
Donde también se dijo que: "el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, "Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita", publicado en "La Ley" el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19)"
"Dentro del régimen de defensa del consumidor, hemos tenido oportunidad de expedirnos en cuanto a los alcances de la garantía de gratuidad allí consagrada y, en tal tarea, nos hemos inclinado por adoptar una postura amplia en el entendimiento de que la aplicación de dicha franquicia no se agota con la eximición de tasa y sellados, sino que comprende a todas las costas del proceso. Al receptarse el principio de justicia gratuita en el marco de los reclamos deducidos con fundamento en una relación de consumo, la normativa es clara en cuanto dispone que, al tratarse de acciones de carácter individual, la parte demandada puede acreditar la solvencia del consumidor mediante un incidente, en cuyo caso cesará el beneficio (art. 53 de la ley 24.240). En tanto medie el beneficio de gratuidad en cabeza del accionante, las costas del proceso impuestas a cargo del consumidor no resultarán exigibles." (C. Civ. y Com,. Mar del Plata, sala 2ª, 165489 192-R I 05/06/2018, "ALFAGEME, ESTEBAN RAFAEL C/ BANCO FRANCÉS BBVA SA S/ DAÑOS YPERJUICIOS - ART. 250 CPCC) juba sumario B5050281.
Es definitorio, en este sentido, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 14 de Octubre de 2021 en "ADDUC y otros c. AySA SA y otro s/proceso de conocimiento", donde se dijo
"Que respecto de la reglamentación legal de la cláusula constitucional examinada, corresponde recordar que en el segundo párrafo del artículo 55 de la ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) se establece, en relación con las asociaciones de consumidores, que “[l]as acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”.
A los efectos de determinar el alcance que cabe asignar a la frase “justicia gratuita” empleada por el legislador, es importante reparar en que tales términos también fueron incorporados en el párrafo final del artículo 53 de la misma ley, en el que se señala que “[l]as actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
8. Que una razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 -que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240-, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso .
En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente . Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada -en ciertos casos- la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte".
(...)
Ahora bien, aquella indicación de que la operatividad es automática, desplaza la exigencia de impetrar una solicitud al respecto.
Por lo demás, lo así expuesto resta virtualidad a los agravios de la demandada en cuanto pretende que el beneficio no comprenda la condena en costas.
Amén de ello, y si alguna duda quedara, la misma siempre ha de resolverse con el criterio mas amplio y favorable al consumidor (art. 42 Const. Nac., 3 ley 24.240).
Y en relación a la solvencia del consumidor, la norma comentada pone a cargo de quien pretendiera el cobro de las costas y gastos, su alegación y acreditación; por cierto ello implica promover la pertinente incidencia y que el tema se resuelva con debate y aporte de las pruebas respectivas " (esta Sala, causa nro. 7800 RS 127/21).
Consecuentemente, y descriptos así los alcances del beneficio de justicia gratuita, siendo indisputable que nos hallamos ante un caso atrapado por la normativa de consumo, el auto apelado -en cuanto desestima el pedido de intimación formulado por el letrado de la co demandada- se ajusta a derecho.
Por ello, el Tribunal RESUELVE : CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2022 09:29:36 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2022 10:08:21 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2022 10:11:30 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Funcionario Firmante: 22/09/2022 10:26:36 - GOMEZ Pablo Martin - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/09/2022 10:26:38 hs. bajo el número RR-183-2022 por GOMEZ PABLO MARTIN.
Fin de la sentencia